Javier Milei, Silicon Valley y la soberanía tecnológica en el siglo XXI.

La reciente columna publicada por Javier Milei en el Financial Times merece una atención particular. No solamente porque expresa la visión que el presidente argentino tiene sobre la inteligencia artificial, sino porque permite observar con claridad una forma de entender el mundo que comienza a mostrar sus límites frente a una de las transformaciones tecnológicas más profundas de nuestra época.

La tesis presidencial es conocida. Allí donde gran parte del mundo discute cómo gobernar la inteligencia artificial, cómo proteger los datos de sus ciudadanos, cómo desarrollar capacidades tecnológicas propias y cómo evitar nuevas formas de dependencia digital, Milei propone avanzar en sentido contrario. Menos regulación, menos intervención estatal, menos impuestos y mayores facilidades para las nuevas corporaciones tecnológicas. En su planteo, la innovación surgiría casi espontáneamente de la libertad económica y los mercados serían capaces de resolver por sí mismos los desafíos que plantea la revolución algorítmica.

Para justificar esta visión, el presidente recurre a una referencia histórica que resulta reveladora. Inspirándose en la experiencia de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, sostiene que la humanidad necesita nuevas formas institucionales para desplegar el potencial transformador de la inteligencia artificial. La analogía no es casual. Aquella compañía fue una de las grandes innovaciones organizacionales de los inicios del capitalismo moderno y permitió movilizar recursos financieros a una escala hasta entonces desconocida. Sin embargo, detenerse únicamente en esa dimensión implica omitir una parte fundamental de la historia.

La Compañía Holandesa de las Indias Orientales no fue simplemente una empresa exitosa. Fue también uno de los primeros grandes monopolios globales de la modernidad. Concentró comercio, financiamiento, información estratégica, logística e influencia política. Administró territorios, negoció tratados, organizó fuerzas militares e incluso ejerció atribuciones que hoy consideraríamos propias de los Estados. Su historia constituye una demostración temprana de que las innovaciones económicas capaces de expandir las fronteras de la producción también pueden convertirse en mecanismos extraordinarios de concentración de poder.

Tal vez allí radique el principal problema de la comparación propuesta por Milei. El desafío de nuestro tiempo no consiste en reproducir las condiciones que permitieron el surgimiento de aquellas corporaciones, sino en evitar que las nuevas infraestructuras digitales acumulen niveles de poder aún mayores. Porque la inteligencia artificial no representa simplemente una nueva actividad económica. Estamos hablando de tecnologías capaces de organizar información, producir conocimiento, modelar comportamientos, influir sobre decisiones y redefinir buena parte de los procesos económicos, políticos y culturales que estructuran la vida contemporánea.

Por eso resulta insuficiente abordar esta cuestión exclusivamente desde la lógica del mercado. Basta observar lo que ocurre en Estados Unidos, China o la Unión Europea para advertir que la discusión contemporánea ya no gira alrededor de cuánto Estado o cuánto mercado requiere la innovación. La cuestión central es quién controla las infraestructuras tecnológicas que organizarán la economía, la circulación de información y la producción de conocimiento durante las próximas décadas.

La inteligencia artificial se ha convertido en una cuestión de poder. Poder económico, porque redefine la productividad y la competitividad. Poder político, porque influye sobre la formación de preferencias y la circulación de información. Poder geopolítico, porque condiciona la posición relativa de los Estados en la competencia internacional. Y también poder cultural, porque modifica la manera en que las sociedades construyen sentidos compartidos y se relacionan con la propia condición humana.

Durante gran parte del siglo XX, los debates sobre desarrollo estuvieron asociados al control de los recursos naturales, la industrialización y la energía. Hoy asistimos a una transformación de magnitud comparable. Los datos, los algoritmos y la capacidad computacional se han convertido en recursos estratégicos. Quien controle estas capacidades dispondrá no solamente de ventajas económicas, sino también de herramientas decisivas para influir sobre la producción de conocimiento, la organización social y la distribución del poder en el siglo XXI.

No resulta casual que diversos autores hayan intentado conceptualizar este fenómeno desde perspectivas diferentes. Shoshana Zuboff describió la emergencia de un capitalismo de vigilancia basado en la apropiación sistemática de datos. Nick Srnicek analizó la consolidación de un capitalismo de plataformas construido alrededor del control de infraestructuras digitales. Yanis Varoufakis, por su parte, sostiene que estamos ingresando en una etapa de tecnofeudalismo donde el dominio de los entornos digitales comienza a resultar más importante que los mecanismos tradicionales del mercado. Más allá de sus diferencias, todas estas interpretaciones convergen en una advertencia común: la emergencia de actores privados que acumulan niveles de información, capacidad tecnológica y poder de intervención social que, en algunos aspectos, comienzan a rivalizar con atribuciones históricamente reservadas a los propios Estados.

La paradoja se vuelve todavía más evidente cuando se observan los debates que atraviesan a las propias élites tecnológicas estadounidenses. Buena parte de los autores y empresarios que suelen ser reivindicados por los sectores libertarios han llegado a conclusiones muy distintas de las que propone Milei. Peter Thiel construyó buena parte de su reflexión alrededor de la necesidad de preservar ventajas tecnológicas estratégicas para Occidente. Alexander Karp sostiene que las democracias occidentales atraviesan una crisis derivada de la creciente distancia entre sus capacidades tecnológicas y sus objetivos nacionales. Ambos pueden discrepar en múltiples cuestiones, pero comparten una premisa fundamental: la tecnología constituye una dimensión central del poder nacional.

En realidad, la competencia contemporánea entre Estados Unidos y China refleja precisamente esa convicción. La disputa por los semiconductores avanzados, las restricciones tecnológicas, las inversiones en inteligencia artificial, la carrera por la computación cuántica y las nuevas políticas industriales muestran que la cuestión tecnológica ha dejado de ser considerada únicamente como un asunto económico para convertirse en uno de los principales terrenos de la competencia geopolítica global.

La experiencia china resulta particularmente ilustrativa. Más allá de las diferencias políticas, institucionales e históricas que separan a nuestros países, existe una enseñanza difícil de ignorar. China no concibe la inteligencia artificial como una simple oportunidad de negocios. La considera una capacidad estratégica vinculada al desarrollo industrial, la educación, la investigación científica, la infraestructura y la modernización productiva.

La pregunta que orienta esa estrategia no es cómo maximizar la rentabilidad inmediata de determinadas empresas, sino cómo utilizar la innovación tecnológica para ampliar las capacidades colectivas de la sociedad y fortalecer la autonomía nacional en un contexto internacional crecientemente competitivo.

Vista desde esta perspectiva, la propuesta presidencial corre el riesgo de producir exactamente el resultado contrario al que promete. En nombre de la libertad podría facilitar nuevas formas de concentración de poder. En nombre de la innovación podría profundizar dependencias tecnológicas difíciles de revertir. Y en nombre del mercado podría acelerar la transferencia de capacidades estratégicas hacia un número cada vez más reducido de actores capaces de controlar datos, algoritmos, infraestructura digital y recursos computacionales a escala global.

Curiosamente, esta visión tampoco coincide plenamente con algunos de los principios centrales del liberalismo clásico que suele reivindicar. Adam Smith escribió contra los privilegios monopólicos otorgados por las monarquías europeas de su tiempo y desconfiaba profundamente de aquellas corporaciones capaces de restringir la competencia y capturar decisiones públicas. Para Smith, la riqueza de las naciones no surgía de la mera acumulación de activos o de posiciones dominantes, sino de la expansión de las capacidades productivas de una sociedad, del trabajo, de la innovación, del aprendizaje y del aumento sostenido de la productividad. La pregunta relevante para nuestro tiempo no consiste simplemente en facilitar la aparición de nuevas corporaciones tecnológicas, sino en determinar si esas capacidades contribuirán a ampliar el conocimiento, la productividad y el desarrollo colectivo o si terminarán consolidando nuevas formas de dependencia.

Pero existe una dimensión todavía más profunda. La reciente encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV introduce una cuestión que suele quedar relegada en los debates sobre inteligencia artificial. El documento reconoce el enorme potencial de estas tecnologías para mejorar la vida humana, pero advierte simultáneamente sobre el riesgo de desplazar progresivamente a la persona del centro de la vida social. La cuestión no es tecnológica. Es antropológica y política.

La historia demuestra que las sociedades no se construyen únicamente sobre criterios de eficiencia. También se construyen sobre valores, identidades y responsabilidades compartidas, además de decisiones que involucran dimensiones éticas imposibles de reducir a cálculos algorítmicos. Gobernar no consiste solamente en procesar información. Implica deliberar sobre fines, administrar conflictos, construir legitimidad y asumir responsabilidades frente a la comunidad.

Por eso la verdadera discusión sobre la inteligencia artificial no gira solamente alrededor de la innovación. Gira alrededor del poder, la soberanía y la condición humana. Si el siglo XX estuvo marcado por la disputa entre ideologías, modelos de desarrollo y bloques geopolíticos, el siglo XXI podría quedar definido por una tensión igualmente decisiva: aquella que enfrenta la expansión de la racionalidad algorítmica con la preservación de la autonomía humana y la decisión política. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial participará de los procesos de decisión colectiva. La pregunta es bajo qué principios será gobernada, quién establecerá sus límites y, sobre todo, al servicio de quién serán utilizadas las capacidades extraordinarias que hoy comienzan a transformar el mundo.

Sabino Vaca Narvaja – Perfil