El oficialismo fue duramente derrotado en el Congreso a pesar de haber sacado adelante la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La movilización inédita en redes sociales y más habitual en las calles –donde fue fuerte incluso con el capítulo de la modificación de la Ley de Tierras ya retirado de su tratamiento y en un día de lluvia de a ratos torrencial hasta que fue forzosamente despejada por la represión policial– fue imposible de ocultar hasta para el más entusiasta oficialista. El Gobierno no quería, de ningún modo, que los senadores votaran la ley bajo la presión de la movilización, ni que ningún incidente –que fuera cercano a la votación– pudiera servir de excusa para aplazar el momento del voto.

Aún así, La Libertad Avanza debió aceptar que, antes de la media sanción, el proyecto fuera despojado no sólo del capítulo sobre la Ley de Tierras Rurales, sino también del capítulo que derogaba la Ley de Manejo del Fuego, aprobada a instancias de Máximo Kirchner durante el gobierno de Alberto Fernández. Un movimiento que fue pedido por los aliados, operado visiblemente el día de la votación por Sergio Tomás Massa –como señaló de manera algo curiosa, en un mensaje publicado en X, y dirigido a la interna, Juliana Di Tullio– y también en la previa por su interlocutor en el peronismo, que hoy es el propio Kirchner –que llevó adelante un lobby intenso sobre los dos senadores santacruceños. La visibilidad otorgada con su retiro enfatiza la narrativa que se impuso, justa o injustamente, sobre la Ley de Tierras: de un gobierno que quiere transferir a un grupo pequeño de ricos y poderosos un patrimonio que pertenece a toda la comunidad. Una mirada que está presente en todos los estudios cualitativos.

La bronca de los legisladores oficialistas con Federico Sturzenegger, el ministro encargado de la agenda de desregulación, repite un problema clásico de la política. Sturzenegger reporta directamente a Javier Milei. Las crónicas que hablaban de su crédito menguante entre los armadores políticos del presidente, incluida la hermanísima, y su inexistente habilidad o falta de paciencia para la lógica de la negociación legislativa, suelen pasar por alto el modo en que “el Coloso” construyó una relación directa con el presidente justo en los temas de regulación económica, que son los únicos en los que Milei tiene interés. Tampoco Milei, que se encontraba fuera del país para no regalarle la posibilidad de votar, aunque fuera remota, a Victoria Villarruel, tiene paciencia para la negociación política.

La agenda se mantiene dinámica. El próximo debate, sobre la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, arriesga invertir los roles respecto de la discusión pública y las percepciones de los estudios cualitativos. El peronismo es percibido como poco interesado en combatir la inflación y es culpado por su crecimiento, incluso cuando otros gobiernos la mantuvieron inaceptablemente alta. El debate por el rol del Banco Central amenaza volver a colocar nuevamente en el centro miradas que son mayoritarias en las distintas tribus de la oposición peronista. La reaparición de Mercedes Marcó del Pont –con la declaración de que puede ser que se les “haya ido la mano” con la emisión–, un documento del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, que reporta directamente a Axel Kicillof –cuestionando los efectos distributivos tanto de la reforma propuesta, como de los procesos de estabilización y baja de inflación en general en todo el mundo– evidencian la incomodidad con la que el peronismo encara el asunto.

La incomodidad con la lógica económica, que mantienen casi todos los gobiernos del mundo, se expresa bien en un artículo de Página/12 en 2012, antes de la última gran reforma de la Carta Orgánica, en el segundo gobierno de CFK. La nota comenzaba con un destaque: “Después de atravesar la entrada principal de la entidad se accede a una antesala donde se puede leer en la parte superior de la pared: ‘Es misión primaria y fundamental del BCRA preservar el valor de la moneda’. La máxima neoliberal consagrada en 1992 será removida”. La moneda, el peso, rondaba en aquel momento los siete por dólar en el mercado paralelo y los cuatro en el oficial. Hoy cuesta más de 1.500.

Las limitaciones de las posiciones ideológicas tanto del oficialismo como de la oposición aparecen claras en las posturas frente al que es el fenómeno más relevante de la economía argentina en este momento, que es la fragmentación sectorial –a la que se caracteriza comúnmente como “economía de dos velocidades”– y que hace que las estadísticas de crecimiento muestren una utilidad (muy) limitada para entender el ánimo y la realidad cotidiana de los argentinos. Mientras los sectores basados en recursos naturales se encuentran casi treinta puntos por encima de los valores medios de los cuatro años anteriores a la asunción de Milei, el resto se encuentra por debajo de los valores de comienzos de 2023.

Esta dualidad supone que el aumento de la producción de los sectores caracterizados habitualmente extractivos -que aportan el combustible para la recuperación de reservas que tuvo lugar durante este año- son relativamente impotentes para traccionar el resto de la actividad. Es una muy mala noticia para el Gobierno, cuya apuesta económica está centrada casi con exclusividad en estos sectores, pero además, una confirmación de los problemas estructurales que presenta esta economía y que el oficialismo, lejos de atenuar, profundizó. El RIGI, aplicado incluso al upstream petrolero –un negocio que funciona por sí sólo con altos impuestos y que en Argentina llevaba un fuerte aumento de la inversión en condiciones de normalidad– no sólo supone una menor recaudación estatal por subsidios vía gasto fiscal y, por lo tanto, una menor capacidad de hacer políticas que redistribuyan parte del resultado del crecimiento de la actividad, sino que casi no tiene requisitos en materia de generación de ecosistemas locales que vinculen a los sectores dinámicos con proveedores de maquinaria e insumos, un factor que también impulsaría, de aplicarse, al menos la actividad económica circundante.

El problema de la oposición es el opuesto: el peronismo trata como renta, incluso como renta extraordinaria, cualquier ganancia que supere la del promedio de la actividad económica y promueve una mirada distorsiva en la que priman los subsidios cruzados, no sólo de productores a consumidores, sino incluso entre sectores económicos. Esta semana, Kirchner presentó un proyecto para declarar por doce meses –prorrogables por otros seis mediante una nueva ley– la emergencia pública en materia energética, alimentaria y de insumos productivos críticos, a partir de las dinámicas de precios emergentes del conflicto en Medio Oriente y su efecto sobre los mercados en la Argentina.

El proyecto busca apropiar, para la recaudación pública, el producido por el encarecimiento del petróleo, y el gas, en un país que se convirtió en exportador neto de energía. El argumento trata esta renta como “extraordinaria” y propone un mecanismo de retenciones móviles de entre el 40 y el 50 por ciento sobre los ingresos que excedan el precio de corte el promedio de los doce meses comprendidos entre febrero de 2025 y enero de 2026, calculado en alrededor de 68 dólares por barril. Busca crear “un Fondo Anticíclico de Emergencia Energética”, de carácter extrapresupuestario y administrado por la Secretaría de Energía, destinado a amortiguar vía subsidios el traslado del shock internacional a las tarifas, los combustibles y los alimentos y acumular reservas internacionales. El proyecto estima una recaudación de entre 490 millones si se utilizaban los precios FOB efectivamente obtenidos por el crudo argentino y 819 millones si se tomaba el Brent internacional. El proyecto extiende la misma lógica a los productos agropecuarios, aunque con un umbral más exigente. Las retenciones adicionales a la soja, el maíz y el trigo sólo se activarían cuando el precio FOB superara en al menos 20% el promedio móvil de los 36 meses anteriores, y alcanzarían exclusivamente a la porción excedente.

El proyecto insiste con la lógica que marcó los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, de recaudar y distribuir sobre lo producido por las actividades más dinámicas, muy por encima de lo que se grava a la economía en general, que también tiene problemas. Es muy difícil sostener que el auge de los sectores basados en recursos naturales es independiente de los cambios en la política fiscal y que las retenciones no tienen un efecto claro en la producción, aún cuando no sea del tamaño que las organizaciones empresariales de la ruralidad o las economías extractivas sostienen. El hecho de que las actividades sean rentables, por sí sólo, no significa que vaya a sostenerse un proceso inversor cuyo parámetro central son los niveles de rentabilidad y no la rentabilidad.

Puesto en ejemplo, el CFO de una multinacional que tiene que decidir si invertir en un proyecto en Texas, en Noruega, en Nigeria o en Vaca Muerta va a rankear cada proyecto de acuerdo a su costo frente a un valor del barril que es el mismo en todo el mundo. Como las retenciones no existen en casi ningún otro país, suponen un aumento muy significativo del costo argentino. Estos efectos también se verifican en la comparación internacional. Mientras Argentina triplicó sus exportaciones entre 2000 y 2024 por la mayor demanda de recursos naturales, Brasil y Chile las incrementaron entre seis y siete veces, y Perú más de diez. El hundimiento de la inversión en Bolivia tras la nacionalización –y el declive de sus pozos gasíferos– aporta un ejemplo precautorio adicional.

La respuesta, sin embargo, no tiene por qué ser la impotencia. Pero requiere aproximaciones más pragmáticas. Argentina tiene una petrolera de mayoría estatal que puede utilizar como vector para desarrollar proveedores locales, tanto en sus clusters industriales nacionales como en las provincias productoras. Los requisitos de desarrollo de proveedores también pueden vincularse a los beneficios que instrumentos como el RIGI conceden a cada nuevo proyecto.

Del mismo modo, los mecanismos de promoción estatal pueden incorporar esquemas que permitan compartir riesgos y beneficios entre el Estado y el sector privado. Existen experiencias internacionales, pero también antecedentes argentinos. Durante la pandemia, el llamado “barril criollo” permitió sostener a la industria petrolera cuando el precio internacional se había derrumbado. Una lógica semejante podría servir para pensar instrumentos en los que la adscripción voluntaria a mecanismos de asistencia pública destinada a sostener o promover una actividad –y que supone, finalmente, una transferencia de recursos públicos hacia actores privados– tenga como contrapartida mecanismos que moderen los impactos sobre los precios internos en períodos de precios altos.

Iván Schargrodsky | Cenital