Entre las aparentes paradojas de la política y la economía de la Argentina de los últimos meses, se destaca un deterioro de la imagen del gobierno que parece carecer de correlato en la conflictividad social. Una paradoja que además se amplificaría porque el malhumor civil no se produce en el vacío, sino alineado con los malos datos macroeconómicos y una evolución negativa del salario real durante los últimos meses.
De acuerdo al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC, la actividad cayó un 2,6% anual en febrero, con la serie desestacionalizada en su valor más bajo desde julio de 2025. En cuanto a los salarios, los formales –los más fácilmente verificables, que no sufren los problemas de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)– registran caídas mensuales en los primeros meses de 2026. En enero y febrero los trabajadores registrados tuvieron un aumento nominal del 3,9%, contra una inflación del 5,9%, una pérdida de un punto de poder adquisitivo por mes.
Un análisis más cercano, sin embargo, indica focos de crisis que toman formas distintas a las que estamos acostumbrados. Desagregada, sin consistencia política y muchas veces sin expresión organizada, pero que escenifica de todas maneras el deterioro de las condiciones sociales. Una acumulación de conflictos, tensiones y episodios de violencia que no se constituyen en protesta nacional, pero que tampoco pueden leerse como hechos aislados. Emerge una conflictividad fragmentada, dispersa, que atraviesa provincias, sectores sociales e instituciones, y que por su carácter descoordinado e inconexo, queda fuera del radar político y mediático, una omisión que converge con los intereses del gobierno nacional y los gobiernos provinciales.
Los conflictos alcanzan a los estatales de las provincias, de todos los signos políticos. Como es costumbre, los primeros en estallar fueron los docentes. En Córdoba, hubo medidas de fuerza y rechazos masivos a las propuestas salariales provinciales; en la Patagonia, Tierra del Fuego y Santa Cruz vivieron acampes y bloqueos, y parece enfrentarse la perspectiva de conflictos con huelgas prolongadas. Son las provincias donde están más avanzados, pero la situación no es excepcional. Formosa advirtió también estas semana sobre el desplome de la recaudación, mientras La Rioja y Santa Fe enfrentan las situaciones más críticas para sus sistemas de salud por la reducción de prestaciones del PAMI, que debe ser cubierta con recursos propios de las provincias, que carecen de ellos.
Una manera forzada de sostener el superávit fiscal que se mantiene como el máximo argumento de Luis Caputo en Washington, donde sostiene negociaciones con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. En este contexto, el interés del Gobierno en bajarle el precio al conflicto es evidente. Pero tampoco para los gobernadores es negocio subirlo e intentar utilizar la conflictividad para pelear recursos y alertar sobre su situación financiera. Una imagen de desorden podría amenazar un control territorial que en las últimas elecciones convivió con el apoyo nacional a La Libertad Avanza.
Junto con los conflictos que se multiplican sin conducción política unificadora, aparecen otras manifestaciones de deterioro acaso más preocupantes. El reciente caso reconstruido por la Justicia sobre un secuestro vinculado a deudas impagas expone otra dimensión: el crecimiento de circuitos de crédito usurario, coerción y violencia privada. No se trata de un fenómeno marginal. En contextos de caída del salario real y restricciones al crédito formal, estos mecanismos tienden a expandirse como sustitutos informales del sistema financiero.
En este marco de empeoramiento generalizado, el Gobierno continúa con sus mensajes envenenados. El tuit que Santiago Caputo publicó apuntando a Silvio Robles — y, de manera oblicua, a la familia Menem — no es un episodio aislado ni un exabrupto improvisado. Es, ante todo, un síntoma. Una señal de que la gestión de Javier Milei acumula capas de conflicto que ya no pueden disimularse bajo la retórica de la transformación ni el manotazo de las batallas culturales.
Caputo replicó una nota publicada originalmente en La Política Online a la que tildó de “operación” que revelaba un presunto encuentro entre Mauricio Macri y Ricardo Lorenzetti para “aislar” a Horacio Rosatti. En la Corte eligieron bajarle el tono al mensaje del asesor en jefe. Tiene algún sentido: desde que llegó Juan Bautista Mahiques, el Poder Ejecutivo envió 102 pliegos del sistema judicial, entre jueces, fiscales y defensores. Un desnivel muy nítido frente al otro esquema que está en disputa donde abreva el propio Caputo, un sector de Comodoro Py y otro del máximo tribunal.
Es ese grip sobre la nominación de jueces lo que está generando una tensión mayor a la esperada dentro del oficialismo. Lo peculiar de esta tensión es la borrosidad de sus contornos. No se trata de una fractura limpia, con trincheras visibles y bandos declarados. Las lealtades de hoy son, en este ecosistema, la materia prima de las traiciones de mañana. En un sistema de poder que parece haber perdido cualquier principio de orden interno, los reacomodamientos se producen con una velocidad que desafía cualquier cartografía. En ausencia de una oposición unificada y visible, los dos grandes bandos que hoy disputan dentro del Poder Judicial están haciendo su guerra en el interior mismo del oficialismo. La grieta, por el momento, no corre entre el gobierno y sus adversarios sino por el medio del gobierno.
Sobre este telón de fondo se recortan los señalamientos mediáticos hacia Andrés Vázquez, titular de ARCA. La denuncia tenía como fundamento que no habría declarado departamentos que serían de su propiedad. Vázquez lo niega. Dice que no son suyos. Caputo, jefe político de ARCA, contraatacó. Apuntó contra los medios de comunicación que “evaden impuestos”. En su entorno lo vinculan con una causa que, dicen, involucra al diario La Nación. En ese marco, Caputo pidió que “dejen de operar funcionarios” y que, si quieren incidir, armen un partido y ganen elecciones.
El episodio no quedó ahí. Esa declaración fue amplificada por la cuenta @mediceneljefe, atribuida a Shariff Menem, sobrino de Martín. El mensaje era, en sí mismo, envenenado: con una captura con la declaración del asesor presidencial, acompañado por un “Fin”, sugería que Caputo hace, en la práctica interna del oficialismo, lo mismo que cuestiona en público. Una crítica encapsulada dentro de la aparente defensa.
En ese clima de imprevisibilidad generalizada, el peronismo observa. Y en ese cálculo hay una conversación que ocurre en voz baja porque pronunciarla en público implicaría costos que pocos están dispuestos a pagar. Las declaraciones del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, (que recordó que “la que está proscripta es Cristina, no el peronismo”) y la respuesta de la diputada Teresa García (“lo de Bianco es de poca inteligencia política”) desnudaron las discusiones que, en general, ocurren en privado. Son pocos los dirigentes peronistas que intuyen que la consigna Cristina libre deba ser la prioridad de una estrategia electoral competitiva aunque todos ellos crean en la injusticia de la condena.
¿Por qué, entonces, casi nadie se atreve a formular lo primero en voz alta? La respuesta habla de la vigencia del kirchnerismo con una elocuencia que ni el primer anillo de CFK termina de reconocer y que los ajenos se resisten a admitir. Hay algo que opera sobre estos dirigentes con la fuerza de un mandato casi psicológico: el fantasma de una pregunta que ninguno puede descartar del todo. ¿Y si Cristina termina siendo la gran electora? Por eso, probablemente, irrite tanto Kicillof: porque con sus movimientos sembró una duda razonable sobre lo que, durante años, fue una certeza.
Es en ese marco que un sector del peronismo –corporizado por Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz– organizó un encuentro en Parque Norte para el 1 de mayo. Según pudo reconstruir este medio, el encuentro tendrá un documento con propuestas concretas sin nombres ni candidaturas. La mirada económica tendrá una novedad y es la demanda tácita de una revisión del programa de los últimos gobiernos peronistas. Esto incluye la necesidad del equilibrio fiscal, un programa antiinflacionario y estabilidad. Cuando se revisa la lista de convocados, el dato refuerza esa hipótesis. Hay dirigentes de peso, con representación en distintas provincias, que sin conformar un bloque homogéneo comparten una inquietud común: la necesidad de volver a discutir política productiva, desarrollo económico, inserción internacional. Es decir, volver a un terreno donde el peronismo históricamente supo construir identidad, pero que en el último tiempo quedó muchas veces subordinado a la disputa por el liderazgo.
La incógnita es si este intento logrará trascender el gesto inicial. Si podrá sostener en el tiempo una agenda programática o si, como ocurrió tantas veces, terminará absorbido por la dinámica de los nombres propios que hoy busca evitar. Por ahora, lo que se advierte es otra cosa: un grupo que, en medio de la fragmentación, decide empezar por discutir para qué quiere volver.
Last but not least. Si por la rotación regional informal América Latina aparece como la región favorita para demandar el cargo, parte de la sociedad civil reclama que sea asignado a una mujer. En 80 años de historia, la ONU nunca tuvo una secretaria general. Un obstáculo para Rafael Grossi que, sin embargo, aparecía como favorito en el mercado de apuestas de Polymarket, doblando a sus dos adversarias.
El argentino, cuya candidatura fue presentada formalmente por el gobierno de Javier Milei, es un cuadro diplomático de larga trayectoria, alejado en todo momento de la política partidaria. Como director general de la Organismo Internacional de Energía Atómica (AIEA, por sus siglas en inglés) desde 2019, tuvo un rol protagónico en dos conflictos de primer orden. La negociación por el programa nuclear iraní y la seguridad nuclear en la guerra en Ucrania, especialmente en el aseguramiento de la planta nuclear de Zaporiyia, bajo control de Rusia desde el inicio del conflicto en 2022.
Es en Ucrania donde mostró los resultados más relevantes. Estableció una relación pragmática con Vladimir Putin, que le permitió instalar una presencia permanente de la Agencia en la planta –un activo estratégico, expuesto a enormes riesgos– e incluso tuvo un papel relevante en la negociación de ceses de fuego locales para garantizar reparaciones o aseguramiento de infraestructuras críticas para evitar tragedias. En Irán, los resultados son menos impresionantes, aunque logró mantener en todo momento un equilibrio basado en el celoso relato de hechos que alguna vez irritó a la parte iraní, pero en el que nunca encontró una rebatida.
La Agencia será protagonista en cualquier acuerdo nuclear que se negocie para la salida de la guerra y, en esta semana, Grossi tuvo reuniones con rusos, chinos e iraníes para intentar encaminar la situación. Cualquier resultado en Irán aumentaría enormemente sus chances, pero –en un contexto de amenazas constantes y cruzadas para la paz y la seguridad–, Grossi, proveniente de la Agencia encargada de la muy sensible y amenazada agenda de no proliferación nuclear, presenta una candidatura adecuada a la etapa. Una hipótesis que se refuerza a partir de la sintonía que atribuyen propios y extraños a Grossi en sus interacciones tanto con los Estados Unidos como con Rusia, e incluso China. Su agenda, centrada en la seguridad, podría enfrentar alguna resistencia en el Sur Global, donde pesa más la de desarrollo, algo ajena a su trayectoria, con el interrogante de un posible veto británico por su condición de argentino que, con todo, no luce como lo más probable.
Entre quienes rivalizan con la candidatura de Grossi, Michelle Bachelet tiene la trayectoria de mayor peso político. Dos veces presidenta de Chile, directora de ONU Mujeres y Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su candidatura encarna no sólo materialmente, sino en términos de valores lo que tienen en mente quienes exigían que la ONU fuera liderada por primera vez por una mujer latinoamericana. Su postulación, sin embargo, es la más expuesta. Si bien cuenta con el apoyo de los dos países más importantes de la región, Brasil y México, perdió recientemente el apoyo del nuevo gobierno chileno, de José Antonio Kast, que le retiró el apoyo que había dado Gabriel Boric y, según todos los reportes, incluso Sebastián Piñera.
El argumento formal presentado en Santiago fue que la candidatura carecía de consenso interno y enfrentaba baja viabilidad internacional. El problema mayor, sin embargo, está en Washington. Legisladores republicanos pidieron al gobierno estadounidense vetarla por sus posiciones sobre aborto y derechos de las mujeres. Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU, declaró que comparte esas preocupaciones. Bachelet respondió defendiendo su compromiso: “Siempre estaré del lado de las mujeres”. Tampoco China, que fue objeto de cuestionamientos severos durante su gestión como Alta Comisionada de Derechos Humanos, aparece entusiasmada con su candidatura, que corre el riesgo de presentarse como una del arco progresista, que termine politizando no sólo a ella, sino también a sus rivales.
Rebeca Grynspan aparece como una opción de posibles consensos. Mujer, centroamericana, de origen vagamente socialdemócrata, pero con un perfil menos polarizante que Bachelet. Exvicepresidenta de Costa Rica y actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), combina su experiencia política, con un conocimiento interno del sistema de Naciones Unidas y un foco en la agenda de desarrollo. Por la lógica de la elección, donde no gana el que más ayuda sino el que menos molesta, posiblemente sus chances sean mayores a las que supondría su perfil.
En estas condiciones, hay buenas posibilidades de que un argentino ocupe la Secretaría General de Naciones Unidas. Infelizmente, Argentina no fue inmune al tribalismo que también invadió a Chile e intoxicó la postura del gobierno de Kast, aunque de signo opuesto. La mayoría de los sectores del peronismo acompaña la candidatura de Bachelet en lugar de la de Grossi.
Iván Schargrodsky | Cenital
