¿Puede el peronismo ganar y gobernar con un liderazgo proscripto o desplazado de la candidatura presidencial? La historia argentina ofrece una secuencia de experiencias que parecen responder negativamente. Desde Frondizi hasta Alberto Fernández, pasando por Illia y Cámpora, las fórmulas construidas para reemplazar o compensar la ausencia del liderazgo central terminaron enfrentando problemas de legitimidad política, conflictos de conducción o gobiernos truncos. Este artículo sostiene que las llamadas “candidaturas delegadas” constituyen una constante históricamente fallida del peronismo y que la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner vuelve a colocar ese dilema en el centro de la escena política argentina.

Los candidatos delegados no funcionan: una constante histórica del peronismo

Introducción

La historia no se repite mecánicamente, pero deja regularidades difíciles de ignorar. Cada vez que el peronismo debió competir sin su principal liderazgo, ya fuera por proscripción, exilio o condicionamientos políticos, recurrió a candidatos sustitutos. Arturo Frondizi, Arturo Illía, Héctor Cámpora y, más recientemente, Alberto Fernández expresan, con diferencias de contexto, una misma lógica: la escisión entre quien conduce políticamente y quien encabeza la fórmula electoral. El resultado fue, una y otra vez, una debilidad que terminó condicionando el ejercicio del gobierno. A la luz de esos antecedentes, la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner reabre un interrogante estratégico que trasciende la coyuntura: ¿puede el peronismo construir un gobierno sólido cuando liderazgo y candidatura no coinciden?

Fundamentos

La evidencia histórica es contundente. Cada vez que el peronismo enfrentó la proscripción o el impedimento de su liderazgo central y apeló a figuras delegadas —los llamados «candidatos sustitutos»—, el resultado mostró una regularidad difícil de ignorar: gobiernos con debilidad de origen, déficit de legitimidad política y serias dificultades para consolidar una conducción estable. No se trata de una ley histórica inmutable, sino de una regularidad empírica que atraviesa buena parte de la historia política argentina y merece ser considerada en cualquier discusión estratégica sobre el peronismo.¹

El primer antecedente es Arturo Frondizi en 1958. Llegó a la presidencia mediante el acuerdo alcanzado con Juan Domingo Perón, entonces proscripto y exiliado.² El denominado Pacto Perón-Frondizi le permitió acceder al gobierno gracias al respaldo electoral del peronismo, pero no resolvió la contradicción de fondo: el principal movimiento político del país continuaba excluido del sistema institucional. La presión de las Fuerzas Armadas, la resistencia de los sectores antiperonistas y la imposibilidad de estabilizar esa tensión condujeron finalmente al golpe de Estado de marzo de 1962.³

Arturo Illia ofrece un caso aún más elocuente. Electo en 1963 con apenas el 25,15 % de los votos positivos, asumió mientras el peronismo permanecía proscripto.⁴ Su gobierno dispuso de plena legitimidad constitucional, pero nunca logró construir una legitimidad política equivalente en una sociedad donde la principal fuerza popular seguía excluida de la competencia electoral. El Plan de Lucha de la CGT, la creciente presión militar y el golpe de junio de 1966 terminaron clausurando esa experiencia.⁵

El ejemplo más nítido es el de Héctor José Cámpora en 1973. La propia consigna sintetizaba la naturaleza de aquella candidatura: «Cámpora al gobierno, Perón al poder». El candidato sustituto obtuvo casi el 50 % de los votos, pero la subordinación política respecto del liderazgo impedido resultó insostenible. Apenas cuarenta y nueve días después de asumir presentó su renuncia para posibilitar nuevas elecciones y el regreso de Perón a la Presidencia.⁶

Existe aquí un aspecto especialmente relevante para el debate actual. En 1973 el peronismo como movimiento político no estaba proscripto. Quien permanecía impedido era exclusivamente Juan Domingo Perón, alcanzado por la denominada cláusula de residencia impuesta por la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse.⁷ Bastó esa restricción personal sobre el liderazgo para que el movimiento recurriera a una candidatura delegada. La experiencia mostró que ni una amplia victoria electoral ni el respaldo explícito del propio líder alcanzaron para resolver la tensión entre liderazgo efectivo y representación institucional.

La misma lógica reaparece en la experiencia de Alberto Ángel Fernández. La fórmula presidencial de 2019 constituyó, en esencia, una operación de candidatura delegada: Cristina Fernández de Kirchner, principal liderazgo político del espacio, designó al candidato presidencial y ocupó deliberadamente el segundo lugar de la fórmula.⁸ El triunfo electoral fue contundente. Sin embargo, el desarrollo posterior del gobierno volvió a poner de manifiesto las dificultades que aparecen cuando el liderazgo político y la conducción institucional quedan escindidos.

Con el paso del tiempo, Alberto Fernández fue construyendo crecientes márgenes de autonomía respecto de quien había impulsado su candidatura. Cristina Fernández de Kirchner cuestionó reiteradamente aspectos centrales del rumbo económico: la caída del salario real, el deterioro de las jubilaciones, el aumento de las tarifas y, especialmente, el acuerdo celebrado con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar —sin reestructurar sustancialmente— la deuda extraordinaria contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.⁹ Esa divergencia terminó debilitando la capacidad política del oficialismo y erosionando la potencia transformadora del proyecto que había triunfado en las urnas.

La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no encabezar la fórmula en 2019 tampoco puede comprenderse al margen del proceso de persecución judicial que ya atravesaba y que posteriormente culminaría con su condena e inhabilitación. A ello se sumó una construcción discursiva una verdadera proscripción narrativa promovida por buena parte de la denominada «patria consultora», resumida en la consigna: «con Cristina no alcanza; sin Cristina no se puede».

Desde la perspectiva desarrollada en este trabajo, aquella hipótesis constituyó un error de diagnóstico político no casual, pues suponía que el liderazgo debía correrse, – cuando no diluirse tras la elección -, para «ampliar» la competitividad electoral cuando la experiencia histórica parece indicar precisamente lo contrario.¹⁰

De esta secuencia —Frondizi, Illia, Cámpora y Alberto Fernández— emerge una conclusión consistente: cuando el liderazgo popular democrático es proscripto o impedido, las candidaturas delegadas tienden a arrastrar un problema de legitimidad política que condiciona la capacidad de gobierno. La legitimidad constitucional derivada de la elección no siempre alcanza para compensar la ausencia del liderazgo que concentra la representación efectiva del movimiento político.¹¹

Por eso la consigna «Cristina Libre» trasciende el plano electoral y el estrictamente judicial que expresa la afirmación de Cristina es inocente. Desde esta interpretación expresa la necesidad de restablecer la coincidencia entre liderazgo político y representación electoral. Ese correlato ineludible tiene una consecuencia concreta: Cristina debe ser candidata, Cristina volverá a ser presidenta.

El regreso exitoso de Perón a la competencia electoral en 1973 demostró, además, que las proscripciones pueden ser derrotadas mediante la persistencia política y la acumulación de fuerzas. La historia del peronismo sugiere que las soluciones de compromiso basadas en candidaturas delegadas rara vez  consiguen sustituir con eficacia al liderazgo histórico.¹2

A modos de conclusión

La evidencia histórica disponible permite sostener, entonces, que las delegaturas han mostrado límites estructurales para expresar plenamente la potencia política del peronismo. Naturalmente, esta constituye una interpretación histórica entre otras posibles. Pero la reiteración de los antecedentes invita, cuanto menos, a tomar en serio una hipótesis cuya consistencia empírica resulta difícil de desconocer.

Notas

1. Guillermo O’Donnell, Democracia, agencia y Estado, Prometeo, Buenos Aires, 2010; Robert A. Dahl, La poliarquía. Participación y oposición, Tecnos, Madrid, 1989.

2. Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina, t. II, Emecé, Buenos Aires, 1982; Félix Luna, Frondizi, Planeta, Buenos Aires, 1992.

3. Robert A. Potash, El Ejército y la política en la Argentina. 1945-1962, Sudamericana, Buenos Aires, 1981.

4. Dirección Nacional Electoral, Elecciones Presidenciales de 1963. Resultados oficiales.

5. Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina, t. II; Carlos Altamirano, Peronismo y cultura de izquierda, Siglo XXI, Buenos Aires, 2011.

6. Liliana De Riz, Retorno y derrumbe. El último gobierno peronista, Hyspamérica, Buenos Aires, 1987.

7. Robert A. Potash, El Ejército y la política en la Argentina. 1962-1973, Sudamericana, Buenos Aires, 1994.

8. Cristina Fernández de Kirchner, mensaje público del 18 de mayo de 2019 anunciando la fórmula presidencial.

9. Cristina Fernández de Kirchner, Sinceramente (edición ampliada); «Argentina circular» (18 de mayo de 2023); Ley 27.668 que aprueba el Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional.

10. La expresión «con Cristina no alcanza; sin Cristina no se puede» fue ampliamente difundida por consultores y analistas políticos entre 2017 y 2023 como síntesis de una estrategia electoral que proponía desplazar a Cristina Fernández de Kirchner de la candidatura presidencial.

11. Max Weber, Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 1992; Guillermo O’Donnell, Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización, Paidós, Buenos Aires, 1997; Robert A. Dahl, La democracia y sus críticos, Paidós, Barcelona, 1993.

12. Es el caso de Cristina Kirchner, Presidenta en el año 2007, tras el gobierno de Néstor Kirchner, entonces ejerciendo el liderzago pleno del peronismo. Una sucesión en condiciones de unidad político-afectiva, hoy irrepetible.

Contraeditorial