Enersa y las cooperativas le compran a CAMMESA, distribuidora nacional. Milei permitiría desregular, y que compren directo a Salto Grande y evitar el intermediario.
Entre Ríos, Corrientes y Misiones esperan la propuesta de Nación para adquirir energía de forma directa a Salto Grande y Yacyretá, dejando de lado el esquema vigente desde los ‘90. Esto reduciría el valor del fluido e impactaría en rebajas en las boletas de luz.
Después de 30 años, el marco energético armado por Roberto Dromi parece entrar en crisis. El secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo adelantó en la Amcham Summit que el esquema generación – transporte – distribución vigente desde los ‘90 mutaría. Esto abriría las puertas a que las distribuidoras compren directamente a las generadoras.
“En materia de electricidad, se deja el modelo centralizado, conducido fundamentalmente por el Estado y CAMMESA (compañía administradora del mercado mayorista eléctrico), y se pasa a un modelo descentralizado de responsabilidades fundamentalmente situadas en las inversiones privadas y en los agentes privados”, precisó el funcionario nacional.
Estudios demuestran que la decisión al momento de votar está muy ligada a la afinidad con el electorado, a su cercanía y si sus propuestas los representan. Algo tan importante como los destinos de un país, de una provincia o de una ciudad no pueden dejarse en manos de personas cuyas ideas sean totalmente ajenas.
En el escenario político, uno de los pilares fundamentales para una democracia saludable es la elección de líderes y representantes que genuinamente reflejen los valores, aspiraciones y necesidades de la población. Históricamente, los candidatos que logran una conexión cercana con la gente, cuyas propuestas resuenan con los electores y generan una afinidad genuina, son los que tienen mayores posibilidades de triunfar en las elecciones.
Esta cercanía no es solo una cuestión superficial, sino que se fundamenta en un conocimiento profundo del candidato por parte de los votantes, lo que subraya la importancia del compromiso y el trabajo previo de los aspirantes a cargos públicos.
El vínculo va más allá de las plataformas y promesas electorales. Los ciudadanos tienden a sentirse atraídos por quienes entienden sus preocupaciones, que demuestran dedicación y capacidad para resolver los problemas que enfrentan día a día. Esto requiere un esfuerzo sostenido por parte de los candidatos para comprender las realidades de sus electores y trabajar en consecuencia.
Los políticos que dedican tiempo a escuchar las voces de sus conciudadanos, a recorrer sus calles, a visitar sus hogares y a estar presente en eventos locales, construyen un puente de empatía que trasciende las diferencias partidarias. No obstante, la cercanía no es suficiente por sí sola. Los candidatos deben respaldar su empatía con un conocimiento profundo y una propuesta política sólida.
Los votantes no solo quieren sentir que un candidato está cerca de ellos, sino que también esperan que este candidato posea un entendimiento detallado de los problemas que enfrenta la sociedad y de las soluciones viables para abordarlos. Aquellos aspirantes que han demostrado un compromiso duradero con su comunidad a través de acciones concretas, como proyectos sociales, participación en debates y formulación de políticas coherentes, generan confianza en el electorado.
En un mundo cada vez más conectado, la información sobre los candidatos está al alcance de todos. Sin embargo, esta sobrecarga de información también puede llevar a la confusión y a la falta de claridad. Es aquí donde el trabajo constante y la cercanía de un candidato juegan un papel crucial. Los votantes buscan señales tangibles de autenticidad y coherencia entre lo que se promete y lo que se hace.
En resumen, la premisa de «no se vota a quien no se conoce» resalta una verdad innegable en el ámbito político: la importancia de la cercanía y el conocimiento en las elecciones. Los candidatos que se toman el tiempo para comprender a fondo a su electorado, que trabajan en su comunidad y que presentan propuestas sólidas basadas en un conocimiento profundo, tienen una ventaja significativa en la búsqueda de respaldo público. Esta relación bidireccional entre candidato y votante no solo fortalece la democracia, sino que también contribuye a la formación de un liderazgo político más auténtico y efectivo.
Hamas y Yihad Islámica han lazado esta mañana varios cohetes contra el centro de Israel que han sido interceptados
Tres días después del ataque sorpresa de Hamas, el ejército israelí ha anunciado que ha recuperado los últimos seis enclaves junto a la franja de Gaza que seguían en manos de los rebeldes, incluida la ciudad de Sderot, donde se ha luchado calle a calle y casa por casa. Tras el anuncio, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, anunció que ha ordenado el «bloqueo total» de la Franja, lo que significa que el enclave palestino quedará sin suministro de electricidad, alimentos, agua y combustible. «Nada entrará y nada saldrá. Estamos luchando contra animales y actuaremos de manera acorde».
El avance de las fuerzas israelíes en zonas urbanas, contra una guerrilla atrincherada y con rehenes civiles que utiliza como escudos humanos, es extremadamente complejo.
Las noticias que llegan del frente son confusas. Hamas y Yihad Islámica han lazado esta mañana varios cohetes contra el centro de Israel que han sido interceptados. Esto no ha impedido que las unidades de elite israelíes siguieran avanzando par acabar con las bolsas de resistencia.
Israel ha reclutado la cifra récord de 300.000 reservistas en su respuesta al ataque y está «pasando a la ofensiva», dijo el lunes el portavoz militar jefe. «Estamos llevando a cabo registros en todas las comunidades y despejando la zona», declaró en una rueda de prensa el contraalmirante Daniel Hagari.
Los oficiales militares habían dicho previamente que su objetivo era asegurar el lado israelí de la frontera antes de llevar a cabo cualquier escalada importante de la contraofensiva en Gaza.
Hagari dijo que 300.000 reservistas han sido llamados a filas por el ejército desde el sábado, una cifra que sugiere preparativos para una posible invasión, aunque tales planes no han sido confirmados oficialmente. «Nunca habíamos reclutado a tantos reservistas a tal escala», dijo. «Estamos pasando a la ofensiva».
Un par de horas antes de la noticia de que ya no había guerrilleros de Hamas dentro de Israel, el teniente coronel Richad Hecht había anunciado que “seguimos luchando”. El tono de su voz denotaba la transcendencia y dificultad de los combates. “Esta mañana pensábamos que estaríamos en una situación mejor”, había reconocido muy a su pesar.
En poco tiempo, sin embargo, la situación parece haber dado un giro radical y, si se confirma, será la primera buena noticia para Israel desde el inicio de la invasión de Hamas el sábado por la mañana.
Aún así, la valla que separa Gaza de Israel sigue rota en varios puntos por los que es posible que sigan entrando guerrilleros de Hamas en territorio israelí. Es por estas brechas, además, que los rebeldes se han llevado a unos 150 rehenes, entre ellos muchas mujeres y niños, un secuestro masivo que pesa como una losa sobre cada ciudadano israelí.
“Estamos luchando contra bestias humanas”, ha exclamado el ministro de Defensa Yoav Gallant.
Tel Aviv, motor económico y financiero de esta pequeña nación de start ups tecnológicas, ha perdido el dinamismo que la caracteriza. A pesar de ser lunes, las calles están muy vacías. Las escuelas permanecen cerradas, hay pocos comercios abiertos y muchas personas no han ido a la oficina. Se sienten más seguras teletrabajando desde casa. La bandera de Israel brilla en las pantallas luminosas que, repartidas por toda la ciudad, suelen anunciar productos comerciales. Los hospitales piden más donantes de sangre.
De lejos se escuchan las explosiones sordas de los bombardeos en Gaza, situada 70 kilómetros al sur de Tel Aviv, y de las defensas antiaéreas israelíes. Helicópteros y aviones de combate sobrevuelan la costa.
Los muertos en ambos bandos superan el millar, aunque es difícil precisar cuántas personas han perdido la vida porque la intensidad de los combates durante las últimas 36 horas impiden el acceso a muchas zonas en las que se ha luchado y ha habido víctimas.
Israel, reconoce que ha superado ya la cifra de los 700 muertos, entre ellos 73 miembros de las fuerzas de seguridad, y se prepara para llegar al millar dada la extrema gravedad de muchos heridos. Fuentes gazatíes informan de casi 500 muertos en la franja, balance que también subirá a medida que se extiendan los bombardeos.
La fuerza aérea ha comunicado la destrucción de 500 objetivos dentro de Gaza, entre ellos nueve centros de mando de Hamas, el grupo islamista que gobierna con puño de hierro esta ratonera del Mediterráneo habitada por más de dos millones de personas, que son víctimas del terrorismo y el bloqueo que sufren desde hace 16 años.
Bombardear desde el aire este territorio densamente poblado y desde el cual Hamas y Yihad Islámica lanzaron el sábado por la mañana más de 2.000 cohetes, es la parte más fácil de esta nueva guerra que Israel se ve obligado a librar por su supervivencia. La población apenas tiene refugios en los que guarecerse y los ataques aéreos se realizan sin aviso previo. La ONU informa de casi 125.000 desplazados. Después de que Israel cortara el suministro eléctrico, la franja está prácticamente a oscuras y aún lo estará más en los próximos días cuando la única central se quede sin combustible.
Mientras el ejército israelí no elimine las seis bolsas de resistencia islamista dentro de su territorio, no podrá pasar a la segunda fase de la guerra. Decenas de carros de combate y de vehículos blindados, así como decenas de miles de reservistas parecen listos para entrar en Gaza, una ofensiva terrestre que, según ha indicado el primer ministro Beniamin Netanyahu, debe servir para acabar con Hamas.
Netanyahu ha anticipado “una guerra larga y difícil para destruir a Hamas”, el enemigo que, con apoyo de Irán, “ha provocado un 11-S y un Pearl Harbor al mismo tiempo”, según reconocía un portavoz militar el domingo por la noche.
Israel, un país en la que casi cada ciudadano es un soldado, está conmocionado como lo estuvo Estados Unidos por el ataque japonés a la flota del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial y como volvió a estarlo el 11 de septiembre del 2001 con los ataques yihadistas en Nueva York y Washington.
Muchos países occidentales han expresado su solidaridad y apoyo a Israel. China y Rusia, sin embargo, no lo han hecho. Se han limitado a pedir contención. Egipto, Jordania, Qatar y otros países árabes estarían trabajando para desescalar el conflicto.
Estados Unidos ultima la entrega a Israel de un material militar que se mantiene en secreto, pero que es fundamental para facilitar el avance terrestre sobre Gaza. El grupo de combate del portaaviones Gerald Ford apoyará a la fuerza aérea israelí desde el Mediterráneo oriental.
Netanyahu, último responsable de la tragedia que vive el pueblo israelí y, en gran parte, responsable también de haber ahogado la viabilidad de un estado palestino, no tiene ahora más remedio que aniquilar a Hamas e imponer en Gaza una nueva autoridad.
“Hemos iniciado la fase ofensiva, que seguirá sin pausa ni limitaciones hasta que alcancemos los objetivos”, ha recalcado el primer ministro en un comunicado.
En un discurso, Abu Ubaida, portavoz de las brigadas Izz ad-Din al-Qassam, el ala militar de Hamás, afirma que los combates continúan en varias zonas cercanas a la frontera norte de Gaza, incluidas Zikim, Sufa y Mefalsim, y que Los terroristas lograron hoy tomar como rehenes a un nuevo grupo de israelíes en la Franja de Gaza.
Abu Ubaida afirma además que miembros de Hamás mataron e hirieron a un gran número de fuerzas israelíes en Mavki’im, al sur de Ashkelon, y se retiraron de forma segura de la base de Urim, que alberga la Unidad de Inteligencia 3200 de las FDI, añade.
El portavoz también alega que miembros de Hamás han documentado casos en los que las fuerzas israelíes mataron a varios cautivos israelíes detenidos por el grupo terrorista. Hamás ha hecho afirmaciones similares en el pasado, que luego resultaron ser falsas.
enero de 2017. (Abed Rahim Khatib/ Flash90)
En un discurso, Abu Ubaida, portavoz de las brigadas Izz ad-Din al-Qassam, el ala militar de Hamás, afirma que los combates continúan en varias zonas cercanas a la frontera norte de Gaza, incluidas Zikim, Sufa y Mefalsim, y que Los terroristas lograron hoy tomar como rehenes a un nuevo grupo de israelíes en la Franja de Gaza.
Abu Ubaida afirma además que miembros de Hamás mataron e hirieron a un gran número de fuerzas israelíes en Mavki’im, al sur de Ashkelon, y se retiraron de forma segura de la base de Urim, que alberga la Unidad de Inteligencia 3200 de las FDI, añade.
El portavoz también alega que miembros de Hamás han documentado casos en los que las fuerzas israelíes mataron a varios cautivos israelíes detenidos por el grupo terrorista. Hamás ha hecho afirmaciones similares en el pasado, que luego resultaron ser falsas.
En una declaración separada, otro portavoz de Hamás comentó sobre el envío de un grupo de portaaviones por parte de Estados Unidos al Mediterráneo oriental en apoyo de Israel, diciendo que Estados Unidos está intentando levantar la moral derrumbada del ejército israelí.
Los especialistas concuerdan que el caudal de precipitaciones en la región central y norte crecerá gracias al fenómeno de El Niño.
La falta de lluvias importantes sobre la región pampeana afectó la condición del trigo implantado y retrasó la siembra del maíz temprano, aunque los especialistas concuerdan que durante la primavera el caudal de precipitaciones crecerá gracias al fenómeno de El Niño.
Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), la carencia de lluvias significativas sobre gran parte de la región central y norte del país llevó a un desmejoramiento en el estado del trigo, que registra una condición regular a mala en el 33,1% de los lotes implantados, frente al 27,5% de la semana anterior.
Esto quiere decir que de las 5,9 millones de hectáreas implantadas, 1,95 millones presentan mal estado.
Este dato se agrava en la zona núcleo, que comprende el norte bonaerense y centro-sur de Córdoba y Santa Fe.
Allí, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que el 50% del millón de hectáreas sembradas con trigo están entre regulares a malas, como consecuencia de la falta de lluvias importantes, lo que también está retrasando la siembra de maíz temprano.
No obstante esta situación, el dato positivo es que por primera vez en varios meses se dieron lluvias generalizadas en la región, más allá de que los milímetros acumulados no fueron suficientes para recomponer el estado del cereal.
En diálogo con Télam, el responsable de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la BCR, Cristián Russo, indicó que «el gran problema que está afectando a la región pampeana es que no está lloviendo como debería».
Y agregó: «Esto es así porque está predominando la circulación de aire frío, pero esto empieza a ceder. Por primera vez en mucho tiempo en la zona núcleo vimos lluvias que, si bien fueron escasas, abarcaron toda la región».
«Hace mucho que no veíamos una tormenta generalizada. Este es un buen principio y una postal de que, quizá, podemos empezar a transitar un cambio», concluyó Russo.
Por su parte, la integrante del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar, Natalia Gattinoni, indicó que entre julio y septiembre las lluvias fueron inferiores al promedio histórico, «en particular entre un 40-80% de déficit en gran parte del área centro y oeste del país y la zona agrícola principal».
«Ante esta situación crítica y límite en cuanto a las condiciones hídricas en varias zonas, la expectativa de lluvias se vuelve clave para la toma de decisiones», remarcó Gattinoni.
En este sentido, puntualizó que se espera para los próximos meses de octubre, noviembre y diciembre, según la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su perspectiva climática, una «mayor probabilidad de transitar un trimestre con lluvias normales para la época sobre el centro del país (oeste de la región pampeana), mientras que sobre el este y sur de la misma son mayores las chances de un trimestre con lluvias normales a superiores».
Este escenario estaría acompañado de temperaturas en promedio más cálidas, destacándose que no se descarta la ocurrencia de períodos con temperaturas extremas sobre el norte argentino, agregó la especialista.
«Ante este escenario climático, con un pronóstico trimestral donde se tienden a favorecer las precipitaciones sobre el centro y este del país y un fenómeno de El Niño establecido, se espera que las mismas tengan más posibilidad de desarrollarse», planteó Gattinoni.
Aunque luego aclaró: «Es importante destacar que este fenómeno interactúa con otros que pueden potenciar o debilitar su señal en algunos meses, por lo que los pronósticos a corto y mediano plazo se vuelven una herramienta de consulta para la toma de decisiones».
Por su parte, el analista agro-meteorológico de la Bolsa de Cereales de Córdoba (Bccba), Tomás Kember, marcó que en el centro y norte del país «las lluvias no se acercaron al promedio histórico», impactando en la condición del trigo y el garbanzo.
Además, adelantó que para noviembre esperan la plena presencia del fenómeno de El Niño.
Según indicó Kember, la Bccba realizó un estudio que arrojó que en los últimos años en los que se hizo presente dicho fenómeno climático «las lluvias se dan más en noviembre, y eso es lo que están esperando los productores».
«Las siembras tempranas están atrasadas a la espera de lluvias. Ya en los últimos años en Córdoba se dio un corrimiento de las siembras hasta esas fechas. Pero cabe aclarar que El Niño está ratificado en 100% y hay que ver como se comportan las precipitaciones», concluyó.
El jueves el Indec publicará el informe de inflación de precios y el Banco Central revelará los resultados del REM, con la actualización de las expectativas inflacionarias. Se vota en 13 días.
La cuenta regresiva para las elecciones presidenciales está llegando a su fin y como era de esperar, una buena parte de la agenda económica está pasando por el dólar y los movimientos de los inversores en los mercados financieros. El viernes, el dólar paralelo llegó a rozar los $900 y hay mucha incertidumbre respecto a qué pueda pasar en los próximos días.
Por lo pronto, datos estadísticos publicados por el Banco Central la semana pasada confirmaron un interés cada vez menor por los plazos fijos y una tendencia a la dolarización de las carteras. Este contexto lleva a los especialistas a pensar en un escenario de mucha presión sobre la cotización del dólar en sus diferentes versiones. Por eso, será interesante ver los movimientos del Banco Central. De hecho, durante varias jornadas de la semana pasada la máxima autoridad financiera tuvo que salir a desprenderse de parte de sus reservas para calmar la demanda.
En relación a lo estrictamente vinculado al manejo de la cartera económica no se esperan grandes novedades, teniendo en cuenta que ya finalizó el plazo autorizado para que el ministro Massa realice anuncios de gestión.
Sí habrá actividad de mucha relevancia en el Congreso. El martes habrá sesión en Diputados, donde se tratarán varios proyectos de interés económico. Entre ellos, el más relevante para la población será el que propone la modificación de la Ley de Alquileres. La iniciativa ya había obtenido media sanción, pero regresó del Senado con algunos cambios que deberán ser evaluados.
En la misma sesión se tratarán dos proyectos de ley impulsados por el ministro de Economía, Sergio Massa. Se trata del programa «Compra Sin IVA» -hoy rige por decreto y el Ejecutivo busca hacerlo definitivo- y el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL), con el que se intenta promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.
El próximo jueves Hacienda encarará el primer llamado a licitación del mes, con la tranquilidad de haber logrado un canje de deuda del sector público exitoso. En el décimo mes del año el Gobierno nacional debe enfrentar vencimiento por cerca de $1,4 billones y el llamado a licitación de esta semana buscaría refinanciar $600.000 millones.
Inflación, la estrella de la semana
Como todas las semanas, los informes económicos serán una parte fundamental de la agenda de la semana. Sin duda alguna, el estudio que se llevará el mayor protagonismo será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.
El informé será particularmente importante por muchos motivos. Por un lado, se viene de un agosto histórico, en el que se registró la inflación mensual más alta desde la salida de la convertibilidad. Por otra parte, se podrá conocer cómo siguió impactando la devaluación del mes pasado y si las medidas tomadas por el Gobierno para contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo fueron suficientes o no para cubrir el avance de la inflación en los últimos dos meses.
En la previa, las consultoras privadas anticiparon sus mediciones y advirtieron que el IPC de septiembre habría subido entre 11% y 13,5%. También se puede tomar como referencia la «inflación paralela» que mide el Ministerio de Economía, pero el seguimiento de precios anunciado por Massa comenzó recién el 18 de septiembre pasado, por lo que no se puede tener una referencia de la variación mensual. Sí se puede mencionar que, según los números obtenidos por el Gobierno, las subas de precios habrían desacelerado hacia los últimos días de septiembre.
De cualquier manera, el dato oficial será dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) el próximo jueves a las 16. Será el último dato de inflación oficial que se publique antes de las elecciones presidenciales y por qué no, el resultado podría terminar de definir el voto de algunos indecisos.
Es importa recordar que en el acumulado de los primeros ocho meses del año el Indec midió un avance de la inflación del 80,2% y en la variación de los últimos doce meses registró un incremento del índice inflacionario de 124,4%.
Expectativas de precios y dólar
El mismo día que se publica la inflación, el jueves, el Banco Central presentará los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado en septiembre. Entre los datos que revelará la encuesta realizada a empresas, consultoras, especialistas e instituciones de todo el país, el más relevante será el que hace referencia a las expectativas inflacionarias.
Las proyecciones de los expertos han ido aumentando a lo largo del año junto a la aceleración del IPC. Agosto no fue la excepción. Luego de que el Gobierno devaluara, justo después de las PASO, los analistas empeoraron sus expectativas y pasaron a hablar de una inflación total anual del 178,2% para 2023, un valor que representó un incremento de 28,6 puntos porcentuales respecto a la estimación que habían realizado apenas un mes atrás.
En el estudio que saldrá el jueves, el BCRA exhibirá qué dijeron los empresarios en septiembre, luego del shock que representó la suba del dólar, pero aún con precios escalando en las góndolas producto de la incertidumbre.
En el mismo trabajo se presentarán además las perspectivas en relación a otros datos económicos, por el avance del tipo de cambio oficial, la actividad económica y la balanza comercial, entre otros puntos.
Actividad industrial
La industria no pasa por su mejor momento. La semana pasada se confirmó una nueva caída del índice de producción que llevó a que el sector perdiera todo el crecimiento que había logrado en la primera mitad del año, aunque condicionado por el mal desempeño de algunos sectores en particular, como la industria alimenticia, que aún sufre los efectos de la sequía.
El miércoles se sumará una pieza más al rompecabezas para conocer cómo le está yendo a las fábricas argentinas. El indec subirá a su sitio el informe con datos de agosto de la Utilización de la capacidad instalada de la industria.
Los últimos informes dejaron ver un retroceso en ese punto de análisis. En el primer semestre las industrias usaron mayor parte de su capacidad instalada que el año pasado, pero a partir de julio la tendencia se revirtió. Ese mes, el índice retrocedió de 67,9% a 65% interanual.
Si el informe sigue la misma tendencia que mostró el estudio de la semana pasada (producción industrial), se podría esperar una nueva caída también en el uso de la capacidad instalada.
No hay demasiado misterio con el informe de turismo internacional que subirá el Indec el próximo miércoles. El trabajo estadístico mostrará datos actualizados al mes de agosto y el Ministerio de Turismo de la Nación ya anticipó un crecimiento de la actividad turística para ese período.
En detalle, desde la cartera que conduce Matías Lammens informaron que se registraron más de 500 mil viajes de turistas no residentes durante el octavo mes del año. Es decir que más de medio millón de extranjeros hicieron turismo en la Argentina durante ese mes, con un impacto económico de USD 417 millones.
En cantidad de personas, se trató del mejor registro para un mes de agosto desde que inició la serie estadística, en el año 2.000. Es importante recordar que la suba del tipo de cambio favorece la llegada de visitantes desde el exterior, dado que la pérdida del valor del peso hace que sus monedas valgan más dentro de nuestro país.
En síntesis, sólo se pueden esperar resultados positivos para el trabajo que hará público el Indec dentro de dos días.
Minería
Quizás no sea el más relevante, pero en orden cronológico el primer estudio que publicará el Indec durante esta semana será el índice de producción industrial minero, que saldrá este lunes con datos actualizados al octavo mes del año.
Si continúa la tendencia de los meses anteriores, se verá una continuidad de la tendencia creciente del sector minero, de la mano de la extracción petrolera y la explotación de minerales no metalíferos.
Durante los 3 días del tradicional encuentro, se presentaron 20 propuestas para el desarrollo de Argentina
Con la asistencia récord de casi 1.000 empresarios y directivos de empresas, cerró este viernes la edición 59° del tradicional del Coloquio IDEA en la ciudad de Mar del Plata.
A lo largo de tres jornadas, se presentaron 20 propuestas para el desarrollo de la Argentina en temas como gasto público, modernización impositiva, sectores económicos de alto impacto, generación de empleo y transformación de planes sociales, 40 años de democracia y cambio climático.
Bajo el lema «Argentinos: volvámonos a ilusionar. Hagamos que valga la pena», durante los tres días del Coloquio, más de 90 CEOs de compañías, especialistas, referentes del arco político, sindical y económicos pasaron por el escenario del auditorio principal del Hotel Sheraton de Mar del Plata donde detallaron y debatieron cada una de las propuestas de IDEA.
«Presentamos una serie de propuestas concretas, que no son un plan de gobierno pero pueden ser un buen comienzo para la construcción colectiva de un país mejor. Por nuestra parte vamos a trabajar para que las propuestas se conozcan, se discutan e idealmente se ejecuten», señaló Paula Altavilla, presidente de IDEA y Country President Argentina, Uruguay & Paraguay de Schneider Electric.
Las propuestas son el resultado de un trabajo de más de seis meses, donde 67 CEOs de compañías socias de IDEA se reunieron en forma periódica -acompañados por equipos técnicos- para debatir y consensuar las medidas que consideran necesarias para el desarrollo futuro de la Argentina.
«Necesitamos recuperar la idea de que podemos progresar. Que podemos ser ese lugar donde los hijos tienen un porvenir mejor que el de sus padres. Este es un momento de inflexión. Y tenemos que aprovecharlo para revertir la tendencia», destacó Altavilla en el cierre del 59° Coloquio IDEA.
«Cuando las crisis son profundas, se producen movimientos profundos en la sociedad, algunas viejas estructuras ceden y se abren otras maneras de pensar el país, nuestra patria, la libertad y el cambio. Por eso es fundamental tener un propósito común, de desarrollo, que nos una como nación. Y más allá de que asuman distintos gobiernos, somos nosotros, cada uno de nosotros, no otros, los que vamos a poder hacer un cambio real en la Argentina. ¿Podremos? Nosotros en IDEA elegimos creer que sí», concluyó la presidente de IDEA.
Este viernes, durante la tercera jornada, se presentaron dos paneles con diagnósticos y propuestas sobre la urgencia del gasto público e impuestos para una Argentina competitiva. Además, Carlos Melconian, presidente del IERAL, Fundación Mediterránea y vicepresidente de Macroview, participó de un bloque del programa destinado a los referentes económicos de los candidatos presidenciales.
En el cierre de la jornada, el ex senador nacional Esteban Bullrich, propuso a los argentinos transformar la realidad dejando atrás la apatía. «Necesitamos dirigentes políticos con valores y ganas de transformar este país y salir adelante con un cambio profundo», dijo.
Las 20 propuestas de IDEA para el desarrollo de la Argentina
40 años de democracia y desafíos pendientes
Mejorar sustancialmente la cultura política democrática: Lograr que la dirigencia acuerde una estrategia de desarrollo con políticas de Estado que perduren más allá de los Gobiernos, y donde cada sector ceda algo para lograr consensos amplios, con compensaciones para los grupos más vulnerables.
Fortalecer las instituciones para que sean más eficaces: Acordar una Ley de Coparticipación entre Nación y provincias que evite discrecionalidad y condicionamientos. Y reformar la ley que regula el dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para evitar el hiperpresidencialismo y fortalecer el rol del Congreso.
Mejorar la eficacia del funcionamiento del Gobierno: A través de medidas como seleccionar a los directivos del sector público por mérito y crear un órgano de formación para administradores gubernamentales.
Sectores de alto impacto
Generar condiciones macroeconómicas propicias para el desarrollo de los sectores de alto impacto: Estabilidad fiscal, acceso a divisas, eliminación de las restricciones a las importaciones y reducción progresiva de los derechos de exportación.
Avanzar con ciertos ajustes regulatorios específicos de cada sector: El diseño e implementación de estas regulaciones deben coordinarse entre los distintos niveles de Gobierno para garantizar su alcance federal.
Generar empleo para una Argentina sostenible
Modificar el esquema de multas laborales: Contar con mayor previsibilidad y razonabilidad con valores fijos y topes.
Modificar el esquema de capitalización de intereses en juicio laborales: Cambiar la base de cálculo actual, que dispone que los intereses se capitalizan desde la notificación de la demanda y, anualmente, hasta el pago del juicio, lo que distorsiona los montos.
Generar incentivos a la contratación: La extensión del período de prueba a seis meses y la creación de un régimen simplificado que implique reducción en las contribuciones, junto con un sistema de registración y rectificación.
Actualizar los convenios colectivos de trabajo (CCT): Habilitar la opción de negociar a nivel de empresa y evaluar la regulación y validación de las unidades negociadoras.
De asistencia a oportunidad: transformando planes sociales en empleo
Confeccionar un registro único y público de beneficiarios de programas sociales: Para evitar la superposición entre planes nacionales, provinciales y municipales y lograr mayor equidad y desintermediación en la asignación de los planes.
Mejorar el programa de Puente al Empleo: Conservar los planes sociales en caso de cese de relación laboral hasta un año de la finalización del período de prueba; capacitación y formación específica para el empleo; procesos de acompañamiento y mentoreo público y privado.
Incentivar la implementación de programas de Primer Empleo: Hay evidencia que demuestra que estos programas cambian las trayectorias profesionales de quienes participan en ellos.
La sustentabilidad es negocio
Promover la transición hacia modelos de negocios sostenibles: Los mercados demandan más trazabilidad en la cadena de valor y las empresas deben avanzar a este cambio. La primera etapa es que midan su huella de carbono e impacto en el ambiente.
Fomentar la implementación de mesas sectoriales: Fomentar espacios de colaboración entre el sector público y privado para promover y habilitar acciones de descarbonización que consideren las particularidades de cada industria.
La urgencia del gasto público
Reordenar el sistema previsional de manera equitativa y sostenible: Reestructurar el sistema con racionalidad procurando cumplir con principios de cobertura, suficiencia, equidad y sostenibilidad.
Racionalizar y reducir los subsidios energéticos: Segmentación en dos categorías de consumidores según sus niveles de ingreso para los servicios de energía eléctrica y gas
Eficientizar el desempeño de las empresas públicas: Lograr que operen con presupuestos equilibrados sin las asistencias financieras del Tesoro para cubrir déficits operativos. Crear un régimen de transparencia y responsabilidad con normas similares a las que rigen para el sector privado.
Impuestos para una Argentina competitiva
Simplificar el sistema impositivo y mejorar la competitividad de las empresas:
Ingresos Brutos: se propone gravar solamente al último eslabón de la cadena como primer paso hasta su eliminación.
Impuesto a los débitos y créditos: se considera necesaria su eliminación, ya que atenta contra la formalización de la economía y la bancarización.
Impuesto a las exportaciones: como medida inicial, se propone eliminar las retenciones para el incremental de las exportaciones.
Tasas municipales: que sean determinadas en función del costo de la prestación.
Libre disponibilidad de saldos a favor de impuestos para pago de otros tributos o devolución.
Ampliar la base tributaria a través del combate a la evasión impositiva: Crear un régimen de transición entre monotributistas y el régimen general; fomentar el uso de herramientas bancarias y digitales; reducir los regímenes de retenciones que desalientan a permanecer en los sistemas formales y que el monto por el cual se hacen retenciones esté ajustado por inflación, entre otras medidas.
Nueva Ley Federal de Coparticipación de Impuestos
El actual sistema de distribución de fondos coparticipables conlleva desigualdades evidentes, donde algunas provincias resultan perjudicadas y otras beneficiadas en función de los que contribuyen y reciben.
Navitas y Rockhopper desafiaron las advertencias del Gobierno y ratificaron una inversión de US$ 1.800 millones para explotar petróleo cerca de Malvinas. El proyecto sigue en marcha y apunta a producir desde 2028, en medio de una nueva pulseada por soberanía, energía y sanciones.
Las petroleras que preparan una inversión de US$ 1.800 millones para explotar petróleo al norte de las Islas Malvinas salieron a responder al Gobierno argentino. Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration aseguraron que las nuevas sanciones anunciadas por Javier Milei no modificarán sus planes para Sea Lion y mantienen el objetivo de comenzar a producir en 2028.
La respuesta llegó después de que Milei anunciara por cadena nacional un paquete de medidas para endurecer las penalidades contra compañías que participen directa o indirectamente en la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina. Las empresas defendieron las licencias concedidas por las autoridades británicas que ocupan Malvinas, afirmaron que fueron «legalmente otorgadas» y remarcaron que cuentan con el «apoyo total y continuo del Gobierno británico».
Las petroleras desafían las advertencias de Milei
«No se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto», señalaron Navitas y Rockhopper en una declaración conjunta. Milei, en cambio, había advertido: «Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina».
El Presidente fue más allá y planteó que las compañías deberán elegir dónde hacer negocios. «Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas», afirmó.
Sea Lion: US$ 1.800 millones y petróleo desde 2028 Sea Lion está ubicado unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es controlado en un 65% por Navitas, mientras que Rockhopper posee el 35% restante. A fines de 2025, las compañías tomaron la decisión final de inversión para avanzar con la primera etapa del desarrollo, con un desembolso estimado en US$ 1.800 millones, de los cuales cerca de US$ 1.000 millones serían financiados mediante deuda.
Reservas estimadas: 216 millones de barriles.
Recursos totales: alrededor de 603 millones de barriles.
Inicio previsto de producción: 2028.
Producción inicial: unos 55.000 barriles diarios.
Inversión inicial: aproximadamente US$ 1.800 millones.
El desarrollo contempla pozos submarinos conectados a una unidad flotante para producir, almacenar y descargar el crudo. Para el Gobierno argentino, cualquier exploración o explotación de hidrocarburos en esas aguas requiere autorización nacional, debido al reclamo de soberanía sobre las islas y los espacios marítimos correspondientes.
Milei busca ampliar las sanciones contra las empresas
La Argentina ya dispone de herramientas para sancionar estas operaciones. Rockhopper fue penalizada en 2013 y, en 2022, la Secretaría de Energía declaró ilegales las actividades de Navitas vinculadas con Malvinas y la inhabilitó durante 20 años para operar en el país. Ahora, Milei busca ampliar el alcance de las restricciones hacia compañías prestadoras de servicios, accionistas y directivos involucrados en estos proyectos.
«Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora», afirmó Milei. El Ejecutivo enviará además al Congreso el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca modificar la Ley 26.659 y endurecer las consecuencias penales y administrativas.
Una nueva base naval en Tierra del Fuego
El paquete anunciado por Milei también contempla avanzar con una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, para lo cual el Gobierno ampliará los recursos del Ministerio de Defensa. «La Base permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y fortalecer nuestra proyección geopolítica», explicó el mandatario, y agregó que «defender nuestra soberanía requiere pensar en las próximas generaciones y no solamente en la próxima elección».
Milei también anticipó que buscará extender las restricciones a otras actividades económicas desarrolladas en las islas, como la pesca, el turismo de cruceros y la ganadería ovina. «Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto», sostuvo, antes de remarcar que «el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos».
El Reino Unido sostiene su posición sobre Malvinas
Tras los anuncios, funcionarios británicos ratificaron la posición de Londres sobre las islas. Milei, por su parte, afirmó que «el Reino Unido recorre un camino de declive y el futuro de Argentina es floreciente» y destacó que Estados Unidos está revaluando su posición histórica con relación a Malvinas». Según el Presidente, Washington «evalúa ese cambio de posición porque saben que en la Argentina tiene un socio confiable».
La Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Milei cerró su mensaje buscando colocar el conflicto por Sea Lion dentro de esa política: «Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional».
Consumo interno débil, suba de costos y aumento de las importaciones golpean al sector fabril.
El estallido de los índices de morosidad pasó a ocupar el centro del escenario político y económico en Argentina. No es para menos: 5,9 millones de personas registraron en julio atrasos superiores a 90 días en préstamos contraídos tanto con bancos como con Fintech y billeteras virtuales, según datos de la consultora Analytica en base a la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Esa legión de deudores, que se duplicó en los últimos dos años, viene provocando distintas reacciones, desde la presentación de decenas de proyectos en el Congreso por parte de sectores de la oposición para intentar encontrarle una solución al problema hasta la tajante negativa del gobierno a intervenir con el argumento que esas deudas surgieron de préstamos acordados entre privados.
Mientras ese debate copa la agenda, el salto de la morosidad en otros segmentos permanece más oculto. Según el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), la mora del sector productivo saltó de 0,7% en diciembre de 2024 a 3,8% en junio de 2026.
La quintuplicación de la irregularidad de las empresas industriales en apenas dieciocho meses fue impulsada por buena parte de los factores que también llevaron al alza los índices de morosidad de las familias. Después de una fuerte expansión del financiamiento entre fines de 2023 y mediados de 2025, la abrupta suba de las tasas de interés en el tercer trimestre del año pasado no solo frenó el crédito, sino que disparó la tasa de incumplimientos. En octubre del año pasado, las tasas de adelanto en cuenta corriente para personas jurídicas llegaron a alcanzar picos del 190%. Aunque luego de las elecciones parlamentarias bajaron, se mantuvieron en niveles relativamente altos en los meses siguientes.
En un contexto de contracción del consumo interno, fuerte suba de costos y aumento de las importaciones de bienes finales, muchos de los préstamos contraídos por empresas industriales se volvieron impagables. En junio, la mora alcanzaba a 4.231 empresas, el 12% de las compañías industriales con deuda bancaria. El 80% de las empresas en mora eran pagadoras regulares hasta 2024.
En ese marco que no admite demasiados festejos, el sector celebra un nuevo Día de la Industria. Para pulsar los efectos del fenómeno de la morosidad y del panorama general de un rubro que representa más del 15% del PBI y el 19% del empleo formal, El Economista conversó con Diego Coatz, socio fundador de la consultora I+D (Industria y Desarrollo) y ex economista jefe y director ejecutivo de la UIA.
-¿Los altos niveles de morosidad llegaron para quedarse en el sector industrial? ¿Qué impacto tiene esa irregularidad sobre las empresas?
Con el empleo cayendo, el salario real estancado y el freno en el crédito, la mora en las familias termina afectando casi directamente a la industria, sobre todo a las pymes, porque baja el nivel de consumo. Ese escenario de demanda a la baja, con costos en alza para las empresas, hace que también suba fuerte la mora en las industrias: sin recuperación de la actividad, esas 4.000 a 4.500 empresas que hoy están en situación de mora tienen riesgo de no poder aguantar.
-¿El salto de la morosidad está volviendo más reticentes a los bancos a la hora de otorgar crédito a las empresas industriales?
Los bancos ya tienen señales de la macro de que no tendrán mayor nivel de liquidez, mientras que de la micro surge en muchas de sus carteras que crece la mora. Eso, sumado a que los bancos no están acostumbrados a prestarles a las pymes, marca que el crédito claramente no será un factor dinamizador de la actividad. Con la política macroeconómica actual, que tiene a los encajes y a las tasas de interés como variable central para controlar al tipo de cambio, no se visualiza un escenario en el que el crédito empuje a la actividad. Es muy importante bajar la inflación, todo el mundo está de acuerdo en que el orden y la estabilidad son activos muy importantes, pero tampoco sirve de nada la paz de los cementerios.
-¿Qué medidas podría tomar el gobierno para dinamizar el crédito?
Una opción sería reducir los encajes bancarios y ampliar las franquicias para dar más liquidez al sistema financiero. Eso, que es central hacerlo rápido, se podría combinar con el fondo de garantías como mecanismo de apalancamiento para que bancos públicos y privados puedan ampliar su cartera crediticia. El FOGAR es un fondo de garantía que quedó de la pandemia y que tiene U$S 1.500 millones. Una parte del riesgo puede asumirlo el FOGAR. Eso, en un marco en que los bancos tienen resistencia a prestar por los altos niveles de mora, podría bajar un poco el riesgo y ampliar el crédito. El pragmatismo tiene que ser un activo porque hoy el panorama es claramente negativo. Desde mediados de 2023 se han cerrado casi 5.000 industrias y el sector viene perdiendo empleo. Son ya 90.000 empleos directos perdidos más otros 40.000 indirectos. La producción en promedio está alrededor de 11% por debajo del nivel de 2022.
– ¿Los costos siguen subiendo a mayor velocidad que los precios industriales?
Hay un «efecto sandwich». Los costos en dólares, como la energía, producto también del ancla cambiaria, siguen subiendo y eso no se puede trasladar a precios porque la demanda está muy débil. Entonces, eso termina afectando los márgenes, el capital de trabajo y después la caja de las empresas. En 2024 era normal que hubiera una baja de márgenes dado que el año anterior se venía trabajando con márgenes altos producto de que nadie sabía a qué precio iba a poder pagar las importaciones, por ejemplo. Sin embargo, que los costos sigan subiendo muy por encima de los precios está generando problemas importantes. En los últimos dos años, el promedio de los precios de salida de fábrica creció 145%, el Índice de Precios al Consumidor fue de 240% y los servicios aumentaron arriba del 400%. Eso está generando un cambio de precios relativos y un problema delicado en la vida diaria de sectores industriales.
-Si el rumbo económico actual se mantuviera sin grandes cambios y no se aplicaran medidas específicas para el sector, ¿cuál sería el efecto sobre la industria?
Si seguimos así, más que un proceso de destrucción creativa vamos a otro de destrucción regresiva, donde se pierden empresas y empleos formales y aumentan los empleos precarios, lo que achica la clase media. Para este año estamos calculando entre directos e indirectos una pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo, y una pérdida de empresas en torno a 3.000. Y eso continuaría también en el 2027. Argentina tiene una oportunidad, pero hay un problema en el diseño de la macroeconomía actual: los dólares de Vaca Muerta y de la minería sirven para estabilizar, pero no están llegando a la actividad, al consumo y la inversión. En la agenda micro, hay que pensar Super RIGIs muy audaces para todo el ecosistema de los sectores ganadores porque lo peor que puede pasar es que con el dumping y las políticas agresivas sobre todo de países asiáticos, se terminen trayendo equipamientos, materiales para la construcción y campamentos de China a precios subsidiados. Hay que generar una red de incentivos para que los 1.000 proveedores que hoy abastecen a Vaca Muerta y a la minería se cuadripliquen. Los sectores ganadores tienen que ser ganadores porque de lo contrario, la economía va a entrar en un terreno de aumento del desempleo y de la informalidad que va a derivar en una nueva frustración. Los recursos naturales son una gran oportunidad, pero tienen que traducirse en la macro en crecimiento y en la micro en un ecosistema de proveedores, y eso requiere de una política productiva, tecnológica e industrial como hace todo el mundo.
La nueva sensación del mercado inmobiliario porteño son departamentos de 15 metros cuadrados que se agotan antes de que empiecen a publicitarse. En dos semanas puede venderse un edificio entero, aseguran sus impulsores. Uno de los proyectos tiene 165 unidades sobre la calle Perón, a dos cuadras del Obelisco. Otro se levanta sobre Luis Sáenz Peña, en el barrio de Monserrat. Las unidades más chicas arrancan en 35 mil dólares y son las primeras en encontrar comprador.
Quince metros cuadrados es, para ponerlo en perspectiva, un único ambiente de tres por cinco. Adentro hay que hacer entrar una cama, una cocina, un baño y la vida cotidiana. La solución arquitectónica a esta limitación extrema consiste en hacer que algunas cosas desaparezcan: la cocina puede esconderse en un placard y el lavamanos salir del baño para liberar unos centímetros. En otras palabras, lo que no entra en el departamento se terceriza en el edificio. El desarrollador del proyecto de Perón al 1200, por caso, ofrece 2.500 metros cuadrados de “amenities”. La vivienda se achica, las partes comunes se agrandan.
La tipología comenzó a verse en Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, favorecida por una flexibilización del Código de Edificación que permitió una vivienda mínima de ambiente único que integre estar, comedor, dormitorio y cocina en un mismo local de uso de permanencia cuya superficie sume apenas 18 m², además del baño. Pero si bien este punto normativo abrió la puerta a las unidades ultracompactas, sería injusto limitar la responsabilidad del fenómeno a un solo gobierno, nacional o local, ya que parte de su condición de posibilidad fueron los largos años de ausencia de crédito hipotecario.
El producto
En la era de Javier Milei, los microdepartamentos dejaron de ser una excentricidad o una apuesta experimental de algún arquitecto obsesionado con Marie Kondo para convertirse en un producto inmobiliario más.
Lo primero a entender es que no son viviendas propiamente dichas sino estudios profesionales o habitaciones tipo petit hotel, ya que la normativa urbanística y edilicia no permitiría aprobar legalmente un depto de 15 m² como vivienda, me explica Micaela Alcalde, especialista en temas urbanos de la Fundación Metropolitana. Claro que en tiempos de crisis se ofrecen, efectivamente, como “primera vivienda” y, según explica Infobae, atraen tanto a inversores como a personas solas, divorciadas o jubiladas, aunque la ecuación parece inclinarse hacia la renta. De hecho, casi todas las unidades de la calle Perón fueron adquiridas por inversores para uso turístico o alquiler temporario.
El microdepartamento es la prueba definitiva que no hace falta construir un buen hogar para hacer un buen negocio: hace tiempo que el mercado de la vivienda se desenganchó de las necesidades de uso de la población. Hay algo elocuente en esta novedad. Gabriel Maioli, director de la comercializadora M&M Propiedades, reconoce que el formato está “lejos de ser lo ideal” y que lo deseable sería que todos pudieran acceder, al menos, a un monoambiente de 40 metros cuadrados (hasta sus impulsores, como el economista Martin Tetaz, reconocen que estas unidades son “casi una cochera con baño”). Pero ahora que el hogar digno se volvió inaccesible, su respuesta es reducir el departamento, adaptando el producto a la capacidad de pago disponible. Un poquito más al alcance del público general y mucho más rentable para los desarrolladores, que hace una década admiten que el precio de alquiler de un microdepartamento es similar a una unidad de 35 metros cuadrados.
Casas sin gente
La paradoja del momento actual es que las grandes ciudades argentinas no solamente enfrentan un problema de falta de acceso. También tienen viviendas que nadie está usando. Un informe reciente del Lincoln Institute of Land Policy estudió la vacancia en Buenos Aires, Córdoba y Rosario a partir de un indicador más preciso que la fotografía censal: el consumo eléctrico. El trabajo distingue entre vacancia friccional (viviendas desocupadas durante hasta 6 meses), transicional (entre 7 y 12 meses) y estructural, cuando el bajo consumo se prolonga por más de un año. Esta última categoría, dicen los autores del informe, es la que debería concentrar la atención de las políticas públicas.
La distinción importa porque no toda vivienda desocupada está realmente disponible. Por ejemplo, una propiedad puede estar justo en el período de ventana entre un inquilino y otro, en refacción o atravesando un trámite sucesorio. Pero cuando el vacío se prolonga durante años, la situación se convierte en un stock habitacional que permanece fuera de circulación.
Córdoba y los inmuebles patrimoniales
En Córdoba, el nivel de viviendas sin habitar de manera estructural alcanza el 4%, cifra que asciende al 12,5% si se tienen en cuenta aquellas que pueden considerarse en transición entre una ocupación y otra. La mayor concentración de unidades vacías se da en el área central de la ciudad (el casco histórico y Nueva Córdoba), donde las cifras rozan el 20%.
El informe del Instituto Lincoln también arroja una pista para otro debate: “En algunas zonas del área central, la existencia de regulaciones patrimoniales y normativas de construcción limitan la reutilización de inmuebles. Un ejemplo de ello es la vacancia estructural identificada a lo largo de la Avenida Colón, donde las restricciones patrimoniales dificultan la adaptación de inmuebles antiguos a nuevas funciones”.
Rosario y la inseguridad urbana
En el caso de Rosario, el boom inmobiliario post convertibilidad a partir de las rentas extraordinarias de la actividad agropecuaria tuvo su expresión en unidades pequeñas que funcionan como refugio de valor o fuente de ingreso adicional. Sin embargo, estos departamentos no necesariamente se ajustaron a las necesidades de la demanda, como lo atestigua un informe de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) donde se observa un amplio desacople entre oferta y demanda en los distritos Centro y Norte de la ciudad.
En Rosario, la vacancia se explica, también, por factores vinculados a la inseguridad urbana (“sobre todo en el barrio conocido como Ludueña, en torno a la troncal ferroviaria”) y, cuando se consideran todas sus variantes, asciende al 21,5%. Si se contabiliza únicamente la vacancia estructural, el 8,6% de las viviendas está claramente deshabitada. El dato saliente para Rosario, que desmiente la narrativa sobre acaparamiento de unidades en barrios ricos, es que los huecos de largo aliento son mucho más altos en los radios censales de nivel bajo y medio bajo de la ciudad. “Estos datos permiten pensar en situaciones vinculadas al deterioro de las viviendas y del entorno urbano”, sostiene el informe.
Buenos Aires y el microcentro semivacío
En Ciudad de Buenos Aires el análisis sólo pudo hacerse a partir de los datos de consumo de la empresa Edesur, que si bien compone el 70% del total de medidores de la ciudad excluye la zona norte, la más rica. De acuerdo con estos datos, la vacancia estructural en la capital argentina alcanza el 6,7% del total de viviendas, lo que la sitúa en un punto intermedio entre lo observado Córdoba y Rosario. Si se consideran también las friccionales y transicionales, el porcentaje trepa al 14,1%.
De manera poco sorprendente, el mayor índice de vacancia se observa en el microcentro porteño y en los barrios de San Nicolás, Monserrat, Balvanera y Recoleta, donde alcanza porcentajes de hasta el 30%. También hay niveles altos de viviendas vacías en San Cristóbal, Constitución y San Telmo, y en los entornos de las estaciones de tren.
Un caso especial es el de Recoleta, barrio que según el Lincoln Institute concentra departamentos grandes y antiguos, con mayores gastos de mantenimiento, y que a su vez tienen precios altos, lo que no se acomoda a la actual demanda habitacional. “Además, es una zona donde hay escasez de algunos equipamientos urbanos, como jardines maternales o equipamiento educativo, que limitan el perfil de hogares que puede elegir esta zona para residir”, dice el informe.
Una propuesta
Lo narrado hasta aquí es la historia de un desacople: entre ingresos y vivienda deseada, entre la oferta disponible y la demanda efectiva.
Los microdepartamentos son la respuesta del mercado a una crisis de vivienda que tiene varias expresiones, una de las cuales es la falta de crédito hipotecario. Pero la oferta realmente disponible también está limitada por cuestiones que sí pueden ser abordadas con otros instrumentos.
Algunas viviendas están vacías por sucesiones pendientes o herencias vacantes: la implementación de medidas que faciliten la regularización dominial de algunos inmuebles podría acelerar su incorporación al mercado de venta o de alquileres. Otras unidades están ubicadas en barrios donde falta inversión pública o herramientas financieras que faciliten la renovación edilicia. En los centros históricos y financieros hay decenas de miles de oficinas vacantes esperando ser reconvertidas en viviendas pero cuyos dueños no pueden hacerlo sin una ayuda de los gobiernos locales que adopten la forma de planes de fomento o permisos más flexibles.
Con un poco de decisión política, estas herramientas podrían ampliar la oferta de viviendas dignas y poner en circulación parte del stock que hoy permanece vacío. Tal vez entonces la respuesta a la crisis habitacional no sea achicar el lugar donde vivimos.
El Gobierno porteño confirmó a Clarín que el proyecto no se llevará adelante.
Es luego de que el tema llegara a la Justicia a través de un amparo.
La Ciudad decidió dar de baja la licitación para instalar un gift shop en una bóveda del Cementerio de la Recoleta. «La medida responde a la judicialización de la caducidad del permiso de la bóveda, que se iba a usar para avanzar con la concesión», dijeron a Clarín fuentes del Gobierno porteño.
La noticia se conoce casi en simultáneo con que la Justicia decidiera frenar el proyecto a través de una cautelar, debido a un pedido de amparo presentado hace una semana por la familia dueña de la bóveda en la que se iba construir el emprendimiento.
El espacio se ubica en la Sección 17, Tablón 201, con una superficie cubierta aproximada de 24,55 metros cuadrados. «Es una antigua bóveda que, tras completarse el procedimiento administrativo establecido por la Ley, fue restituida al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», explicaron las fuentes oficiales.
Y agregaron que «los 30 propietarios de la bóveda no pagan el mantenimiento desde hace 20 años y deben $22.215.070 por el período 2007/2026. También deben la obra de reparación de la bóveda, que hizo la Ciudad: $15.587.653. Se enviaron cartas documento y se publicaron edictos desde 2025 y nadie se ocupó del pago de la suma adeudada».
Aclararon que «el procedimiento de expropiar bóvedas es el mismo de siempre, en todos los cementerios: se notifica a los titulares y si no se presentan el expediente judicial avanza».
Ante la publicación de la licitación, los propietarios se presentaron y plantearon un recurso de amparo en la Justicia porteña (Girado Lucía contra GCBA sobre amparo, Expte 193444/2026-0. Juzgado CAyT N° 6, Lopez Vergara), que solicitó la nulidad del procedimiento de caducidad de la concesión de la bóveda familiar.
Qué dice la cautelar
El juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 de la Ciudad, dispuso al Gobierno de la Ciudad «abstenerse de dictar la caducidad de la concesión del terreno formado por las sepulturas 1 a 12 y demasía del n° 201, Sección 17 del Cementerio de la Recoleta, así como de disponer su eventual licitación o remate público».
En otro párrafo de la cautelar, «requirió que se suspenda y se abstenga de realizar la Licitación Pública n° 10002-1251-LPU26 para la concesión comercial de la bóveda vinculada con las sepulturas antes referidas, que tiene por objeto la concesión de uso y explotación comercial onerosa por el término de cinco años para tienda de recuerdos y local gastronómico».
El juez Gallardo «hizo hincapié en que, a raíz de la declaración de caducidad, el Gobierno habría iniciado una segunda etapa de su accionar, dirigida esta vez a emprender una explotación comercial onerosa y lucrativa en un lugar que se encontraría fuera del comercio».
En ese sentido, señaló que «el cementerio, como bien jurídico, constituiría un lugar de paz y descanso para los deudos, y no un centro comercial, como pretendería convertirlo el Gobierno de la Ciudad. Por ello solicitó que se haga lugar a la acción de amparo, se declare oportunamente la nulidad pretendida y se ordene al Gobierno porteño abstenerse de continuar con el proceso licitatorio».
La reunión del Consejo del Salario terminó sin acuerdo entre sindicatos, empresarios y Gobierno. De cuánto es la diferencia entre las partes
La discusión por el salario mínimo dejó en evidencia las distancias que separan hoy a sindicatos, empresarios y Gobierno a la hora de fijar un número que impacta de manera directa en los ingresos de los sectores más postergados del mercado laboral. La reunión que debía definir la próxima actualización del piso salarial terminó sin acuerdo entre las partes, en un esquema que desde hace más de dos años queda, en la práctica, en manos de una decisión unilateral del Poder Ejecutivo.
El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es el piso salarial que debe percibir un trabajador por una jornada legal completa y funciona además como referencia para la actualización de programas sociales, prestaciones y subsidios. En agosto, el monto vigente asciende a $376.600, luego de un incremento de 1,13% respecto de julio, un ajuste que quedó muy por debajo de la inflación del mes, que fue de 2,1 por ciento. Ese cronograma de subas había sido definido en diciembre de 2025, cuando el Consejo del Salario tampoco logró un consenso entre las partes.
Para actualizar ese piso de cara a los próximos meses, el Gobierno convocó este viernes a una nueva sesión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el organismo tripartito donde participan representantes del Estado, los sindicatos y las cámaras empresariales. El encuentro se desarrolló de manera virtual, en medio del reclamo sindical de que la discusión fuera presencial, y terminó con la salida anticipada de la CGT y las dos CTA antes de que se realizara la reunión plenaria.
Qué pidieron los gremios
En la comisión técnica, las tres centrales obreras presentaron una propuesta conjunta que ubicaba el salario mínimo en $911.000 para julio y en $993.000 para diciembre. El planteo sindical tomó como referencia el valor de la canasta básica familiar, que hoy se ubica en $1.564.716, aunque los propios dirigentes admitieron que ese monto sería inaceptable para el Gobierno.
El cotitular de la CGT Jorge Sola, del gremio de Seguros, calificó de insuficiente la oferta que recibieron del sector empresarial y sostuvo que lo ofrecido no alcanzaba siquiera para comprar un kilo de pan. En la misma línea se expresó Cristian Jerónimo, cotitular cegetista del sindicato de empleados del vidrio, quien anticipó que el sector sindical no convalidará la propuesta empresarial ni participará del plenario que debía darle quórum a la decisión.
Además de la discusión por el monto, los gremios reclamaron que se reactivaran las otras comisiones del Consejo del Salario, las de Formación Profesional, Empleo y Productividad, con el argumento de que esos espacios son necesarios para discutir la situación del empleo en el país.
La oferta empresarial
Del otro lado de la mesa, el sector empresarial, integrado en el Consejo por la Unión Industrial Argentina (UIA) junto a otras entidades como la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y cámaras de los sectores hotelero, gastronómico y agrario, presentó una propuesta de incrementos escalonados y mucho más acotados que la sindical.
La oferta contemplaba una suba de 1,8% para septiembre y de 1,7% mensual desde octubre hasta abril del año próximo, un esquema que llevaría el salario mínimo recién a $468.000 en abril de 2027. Esa cifra fue la que generó mayor rechazo entre los dirigentes gremiales, que consideraron irrisoria la diferencia entre ambas posturas.
Cómo se define el salario mínimo
El mecanismo de actualización del SMVM está a cargo del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que reúne a representantes del Estado, los trabajadores y los empleadores. En la instancia técnica, cada sector presenta su propuesta de incremento y, si las partes logran consenso, ese acuerdo pasa a la reunión plenaria para su ratificación.
Cuando no hay consenso, la definición puede resolverse por votación entre los integrantes del Consejo o, en caso de que tampoco allí se alcance una mayoría, queda en manos de la Secretaría de Trabajo, que fija el aumento mediante una resolución. Ese fue el mecanismo utilizado en la última actualización, el 26 de noviembre pasado, cuando el Poder Ejecutivo estableció por decreto una serie de aumentos escalonados que llevaron el salario mínimo de $334.800 en su primer tramo hasta el valor actual de $376.600.
En paralelo a esta discusión, la Secretaría de Trabajo impulsa un concepto distinto al del SMVM: un salario mínimo garantizado de $1.070.000 para agosto, que buscaría incorporarse como cláusula en los convenios colectivos de trabajo. La idea oficial es que, si un trabajador cumple una jornada completa de ocho horas y su remuneración, sumados adicionales y premios, no alcanza ese piso, la empresa deba completar la diferencia. El esquema no reemplazaría la pauta de las paritarias, que seguirían con topes de 2% mensual más bonos adicionales, y ya comenzó a transmitirse a sectores con salarios bajos como Maestranza, la UOCRA y Sanidad.
El deterioro de fondo que explica la tensión entre ambas posiciones se refleja en la evolución del poder adquisitivo del salario mínimo. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet (IIEP), el poder de compra del SMVM cayó 0,8% en términos reales en julio, con lo que acumuló trece meses consecutivos de retroceso. Desde noviembre de 2023, la pérdida acumulada llega a 40,5% en términos reales, un derrumbe que ubica el valor actual del salario mínimo por debajo del nivel que tenía en 2001, antes del colapso de la convertibilidad. De acuerdo con el mismo estudio, el deterioro representa una erosión del 67% respecto del máximo histórico de la serie, registrado en septiembre de 2011, lo que deja al salario mínimo actual en apenas un tercio de aquel valor.
La medida de fuerza involucra a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y tendrá lugar esta semana, los días 3 y 4 de septiembre. La amenaza al Gobierno: “Si no se abre una instancia de diálogo, el conflicto se va a profundizar”
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una jornada nacional de lucha de 48 horas para el jueves 3 y el viernes 4 de septiembre en más de 27 aeropuertos de todo el país. La medida, que involucra a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), incluye paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias diarias: de 9 a 12 y de 18 a 21. Durante esos períodos, únicamente quedarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.
El alcance de la protesta abarca los principales nodos del sistema aéreo nacional, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, aunque la medida fue planteada con carácter federal. Fuera de las franjas establecidas, las operaciones continuarán con normalidad, pero los pasajeros con vuelos previstos en esos lapsos podrían enfrentar demoras, reprogramaciones o cancelaciones en los servicios comerciales.
El conflicto tiene como trasfondo una acumulación de incumplimientos que el sindicato atribuye al gobierno nacional. Según ATE, desde enero las autoridades no han abonado adicionales salariales acordados en paritarias, y la negociación sectorial sigue sin reabrirse. A eso se suma, según el gremio, un deterioro sostenido de las condiciones laborales y el desfinanciamiento de áreas operativas y de fiscalización en los aeropuertos del país.
“Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, advirtió Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
El dirigente también responsabilizó directamente a las autoridades por las consecuencias que pueda tener la medida sobre el tráfico aéreo: “Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”.
En la misma línea, Aguiar precisó que “desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos”.
El secretario general cerró su postura con una advertencia: “Si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”.
El paro no implica la suspensión total de las operaciones aéreas durante las 48 horas. El impacto estará acotado a las franjas de protesta y dependerá de las decisiones que adopten las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias. Por ese motivo, desde ATE indicaron que la medida fue comunicada con anticipación para que los distintos actores del sistema pudieran organizarse.
El reclamo gremial se inscribe en un contexto más amplio. Según ATE, el poder adquisitivo de los trabajadores de la administración pública nacional acumula una pérdida superior al 40% desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. En ese marco, los empleados de ANAC sostienen que su situación es especialmente crítica, dada la naturaleza de las tareas que realizan en un sector considerado estratégico.
El sindicato también puso en foco una obra en curso en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza: advirtió que el proyecto de refacción y ampliación de esa terminal, de carácter millonario, avanza sin la actualización de las partidas presupuestarias del área, lo que, a su entender, compromete tanto la seguridad de los trabajadores como la de los pasajeros por la falta de herramientas y recursos adecuados para su ejecución.
Ante la falta de respuesta oficial, ATE formalizó tres demandas concretas: el pago de los salarios con los aumentos correspondientes a ítems extra paritarios ya acordados, la apertura de la paritaria sectorial y el financiamiento para las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de fiscalización en los aeropuertos. El gremio sostuvo que, si el Gobierno no da respuesta a esos reclamos antes del inicio de la medida de fuerza, el conflicto podría extenderse más allá de los dos días previstos.
Las provincias que están atravesadas por el petróleo y gas, y no son Neuquén, se debaten cómo reactivar su economía cuando todos los ojos están puestos en otro lugar.
Hace tiempo ya que Vaca Muerta se lleva gran parte de las miradas cuando se piensa en los hidrocarburos nacionales. Sin embargo, otras cosas suceden a lo largo y ancho del territorio, como efectos colaterales de la gran transformación estructural que está viviendo el país.
La vecinita tiene un pozo
Pese a que la tan famosa formación rocosa no distinga los límites jurisdiccionales trazados para separar a las provincias de Neuquén, Rio Negro y Mendoza, la mayor parte de la actividad hidrocarburífera ocurre en la primera de ellas y representa el 66% de todo el petróleo extraído en el país. Río Negro, a pesar de que avanza lentamente, produce nada más que el 2% del petróleo y aún menos del gas nacional.
Sin embargo, esta situación no impide que la provincia se lleve algunas miradas. En particular, como gran parte de las inversiones actuales están destinadas a la exportación de petróleo y de gas natural licuado (GNL), Río Negro tiene la puerta de salida de esas potenciales divisas por medio del Golfo San Matías y Punta Colorada.
Según los datos relevados por el grupo de investigación en Desarrollo e internacionalización productiva (DESIP-IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Río Negro participa en siete proyectos RIGI, cuatro de ellos con otras provincias, que representan el 38,4% de los 185 mil millones de dólares anunciados (tanto aprobados como en evaluación) por parte de este régimen para todo el país.
Seis de estos proyectos pertenecen a la cadena hidrocarburífera, y en particular son de transporte o exportación, marcando de esta manera el carácter de territorio de transición y no tan productivo en los términos convencionales. El problema de esto es que los puestos de trabajo que se van a generar en la provincia por el RIGI están principalmente ligados a la construcción y la ingeniería de los proyectos, pero una vez acabada esta etapa van a requerir menos trabajos, vinculados al mantenimiento y la operación de algunas partes. Distinto es el caso de Neuquén, donde las inversiones requieren trabajos directos de extracción, que van a tener una mayor duración.
Esta condición intermedia entre la extracción y la salida final de exportación plantea a Río Negro un escenario particular. Se encuentra muy atravesada por la dinámica petrolera, pero no va a recibir una parte relevante de la torta: las regalías.
Tan solo en julio, Neuquén recibió 374 mil millones de pesos en concepto de regalías de petróleo y gas, número que con los años probablemente va a crecer por la evolución de los proyectos. Esto se explica porque las regalías, monto extra al pago de impuestos coparticipables, están dirigidas a la provincia de origen del mineral, por lo que la gran beneficiada en términos fiscales por el aumento de la producción hidrocarburífera es Neuquén.
Del otro lado de la frontera provincial, Río Negro quedó en una situación un tanto particular. Los proyectos de Vaca Muerta en la provincia no terminan de arrancar, los viejos pozos petroleros de la zona de Catriel sufrieron una reducción del monto de regalías que pagan, para que sigan operando y no se abandonen, pero por la provincia pasan los ductos y los proyectos necesarios para que Argentina se convierta en una potencia petrolera y gasífera a nivel internacional.
En ese marco, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, planteó a principio del año pasado la intención de cobrar una especie de regalía del 1% del valor exportado en su territorio. Si bien parece poco, los cálculos de la provincia equivalen a un aproximado de 45 millones de dólares anuales en las primeras etapas, luego de 2028 serían aproximadamente 140 millones.
En el caso del proyecto VMOS, unos meses después de ese tironeo, se logró el compromiso de que las firmas paguen mil millones de dólares en 13 años a la provincia. En gran medida, este plus que va a recibir la provincia, que no podría haberse dado en el marco del RIGI, que garantiza estabilidad fiscal, ocurre por la posibilidad de Río Negro de no autorizar los proyectos en sus mares. Por lo que, probablemente, es una discusión que se vuelva a tener más adelante con próximos proyectos similares.
Ahora bien, ser vecino de la gallina de los huevos de oro trae sus complicaciones. El aprovechamiento por parte de Río Negro de la cercanía a Neuquén para discutir las regalías, también implica que por la provincia circulen una gran cantidad de camiones. Para explotar Vaca Muerta se requieren una gran cantidad de productos provenientes de todo el país e importados. Uno de estos productos, de los más importantes, es la arena silícea, que sirve para realizar las fracturas de la roca que contiene los hidrocarburos.
Esa arena proviene, en la actualidad, principalmente de Entre Ríos y como no existe un tren que haga el recorrido, viaja en camiones diariamente. Las rutas, cada vez con menos mantenimiento producto de la subejecución de las obras y la reasignación de los fondos para ahorro por parte del Gobierno nacional. Las rutas sufren un rápido deterioro por las cargas pesadas y el intenso tráfico –para el que inicialmente no estaban pensadas–, por lo que se gestó una fuerte discusión interjurisdiccional sobre su mantenimiento y operación.
En particular, las rutas nacionales 22 y 151 que atraviesan parte de la provincia quedaron en el eje de la disputa y recientemente se firmó un acuerdo entre la Nación y la provincia para el traspaso de su operatoria, lo que habilita el cobro de peajes para su sostenimiento.
De igual manera, hay un proyecto de la provincia de crear la Ruta de las Arenas, un corredor únicamente destinado al tránsito pesado que conecte General Roca con Añelo. Es decir, en ambos casos se trata de una discusión de fondo en torno a las necesidades territoriales para abordar la logística de los nuevos sectores productivos y la discusión central es quién paga por eso que se usa y cómo se cobra desde otros territorios.
El imperio antiguo
Mientras en el norte de la Patagonia la discusión pasa por cómo repartir lo que llega, mil kilómetros más al sur el problema es cómo administrar lo que se va. La Cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ) produce petróleo desde 1907, fue la cuna de YPF y durante buena parte del siglo XX fue la punta de lanza en los intentos de obtener el tan preciado autoabastecimiento energético. Hoy esa misma transformación estructural que hace crecer a Neuquén le pasa por encima a Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia –las dos ciudades insignia del Golfo–, con una caída del 20% en la producción de petróleo y del 33% en la de gas entre 2017 y 2025.
No se trata de una cuestión de buenos y malos, sino más bien de escasez. Ante recursos finitos, tanto de capital como de gente, las operadoras fueron reasignando lo que tenían hacia donde el retorno de la inversión fuera mayor. En la CGSJ, después de un siglo largo de explotación, los yacimientos que quedan son maduros, por lo que extraer petróleo ya no es tan fácil como era antes.
Si bien quedan aproximadamente el 70% de los recursos originales, las técnicas para extraerlo cuestan entre 28 y 35 dólares, mientras que en el no convencional neuquino ese número se encuentra en torno a los 10 dólares, aunque este es un número que no está exento de controversias. Adolfo Storni, CEO de Capsa Capex, contó hace unos días que un pozo que hace pocos años se hacía con 500 mil dólares hoy sale USD 1.200.000, dado el proceso de inflación en dólares que viene sufriendo la economía argentina.
Con esos números, la perforación se derrumbó de 680 pozos anuales en 2015 a 187 el año pasado, por lo que la preocupación principal de las operadoras que quedan es cómo comenzar a reducir el alto costo de los yacimientos aún en pie.
El problema es que ese ajuste se hace sobre un entramado de más de un siglo de madurez. YPF dejó sus áreas convencionales en Chubut y Santa Cruz, Halliburton y SLB, ambas empresas encargadas de perforaciones y servicios petroleros, se llevaron sus equipos a Vaca Muerta. Según lo relevado por el periodista Raúl Figueroa en ADNSur la semana pasada, las pymes que quedaron renegociaron contratos con bajas del orden del 25%, algunas se achicaron hasta un contrato residual y otras se mudaron a Neuquén, donde tampoco es sencillo entrar.
En el medio aparecieron jugadores nuevos, más chicos y locales, que aprovecharon el hueco para pasar de prestadoras a operadoras. Para colocar un área como Restinga Alí, que produce 330 barriles diarios, la provincia tuvo que bajar las regalías al 5%, lo que puede significar un sostenimiento de parte de los puestos de trabajo, pero también una disminución de las arcas estatales –aunque sin producción tampoco habría regalías, por lo que no hay cálculo obvio–. Las regalías explican el 17,4% de los ingresos de Chubut y el 13,8% de los de Santa Cruz, y en los últimos años perdieron 19% y 30% de su valor real, por lo que el efecto se siente también en las posibilidades de los gobiernos provinciales y municipales de llevar adelante una estrategia de remediación.
En ese marco asoman algunos proyectos nuevos, bastante más chicos y mucho más lentos. A 90 kilómetros de Comodoro, la empresa Powerhaus puso a consulta el estudio de impacto ambiental del proyecto Malbec, una exploración de uranio de entre 3 y 4 millones de dólares que apunta a la recuperación in situ, que esquiva la prohibición provincial de la minería a cielo abierto. Si todo sale bien, recién en cinco o diez años se sabrá si hay algo explotable, pero incluso de ser exitosa la escala es relativamente pequeña. Del otro lado de la provincia, el diputado Juan Pablo Luque impulsa la recategorización de las arenas silíceas de Dolavon para venderlas como arenas de fractura, con el argumento de que están a 900 kilómetros de Neuquén mientras las entrerrianas se hacen 1.200 en camión.
Mi Buenos Aires querido
Las patas de la vaca (muerta) son más largas de las que, a veces, uno se imagina. El crecimiento de la producción hidrocarburífera tiene un claro correlato positivo en cuanto a la generación de divisas, que nos permite relajar un poco la famosa restricción externa. O al menos podrá relajar la restricción externa si algún día la industria vuelve a crecer.
Pero, además de eso, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, hizo unos tweets sobre el crecimiento de las actividades industriales en su provincia. En particular, lo que muestra –uno de los gráficos a continuación– es que las actividades de mayor crecimiento en el último año y de las pocas que aumentaron su producción desde 2023 hasta ahora fueron la de productos químicos y la refinación de petróleo, vinculadas a la energía y al agro.
Además de la inversión que Pampa Energía suscribió mediante el RIGI –mencionada en Cenital–, destinada a la producción de fertilizante, Argentina ya tiene una planta de urea en Bahía Blanca perteneciente a Profertil dentro del polo petroquímico de la ciudad. Allí se produce también PVC, combustibles, polietileno, entre otros productos derivados del petróleo y estuvo en el eje de las discusiones hasta el año pasado, en torno a los anuncios de inversión vinculados al GNL.
Pero, además de Bahía, como puerta de entrada industrial de los hidrocarburos, Buenos Aires también cuenta con las principales refinerías del país. Dejando de lado la de Luján de Cuyo, que es la segunda en relevancia a nivel nacional, PBA tiene la principal de YPF en Ensenada, la de Dock Sud de Shell (Raizen), Axion Energy de Pan American Energy en Campana y Puma Energy en Bahía Blanca. Es decir, la mayor parte de las grandes refinerías del país se concentran ahí. En ellas se produce gran parte de la nafta y el gasoil, así como también lubricantes y otros productos que requieren autos y maquinarias pesadas en el día a día.
Ahora bien, la pregunta es por qué crece. Más allá de que haya más petróleo en el país, el precio de los combustibles está relativamente caro tanto en términos históricos –con muchas épocas de controles de precio y fijación de valores máximos– como con respecto a otros países como Brasil. Entre los elementos que explican el crecimiento se encuentran la recuperación de las paradas técnicas realizadas por Axion y por la refinería de La Plata en 2025 por un lado, y por un proceso de sustitución de importaciones, gracias al excedente generado por Vaca Muerta. Tanto es así que debemos irnos hasta 2009 para encontrar un año de menor importación de combustibles, más allá del pandémico 2020.
Sin embargo, el uso de la capacidad instalada para refinación de petróleo se encuentra en valores cercanos a los máximos (89% y el año pasado llegó al 91%), por lo que el proceso de reducción de importaciones, probablemente se encuentre con un límite físico para seguir expandiéndose. Eso nos lleva, nuevamente, a discutir la necesidad de pensar en estrategias de agregación de valor, más allá de la extracción y exportación del hidrocarburo.
Impactan los datos que recopiló el Instituto Periferias, dirigido por Daniel Menéndez, sociólogo y subsecretario de Economía Popular de la PBA sobre endeudamiento en los barrios más pobres:
3 de cada 4 hogares no llegan a cubrir los gastos mínimos
Más de 6 de cada 10 tienen actualmente algún tipo de deuda financiera
El 59,8% tuvo que pedir plata prestada o endeudarse para comprar comida
43,7% atraviesa inseguridad alimentaria grave, es decir que pasó días sin comer.
El diputado brindó un discurso a cuatro años del atentado a la expresidenta, apuntó a quienes la trataron “como una mierda humana” y deslizó: “Si nadie la quiere, ¿qué más lindo que arrasarla en una elección?”.
En el ingreso a San José 1111, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, una multitud se congregó para pedir por su libertad a cuatro años del atentado del 1 de septiembre de 2022 y escuchó en el cierre del acto al diputado Máximo Kirchner, quien afirmó que su madre “se está preparando”, exigió que la dejen competir en elecciones y afirmó: “CFK no está proscripta, estamos proscriptos los que la queremos votar”.
«Llama la atención que muchos de los que dicen que Cristina ya fue no acompañen el pedido para que pueda presentarse en elecciones. Si ellos tienen razón y nadie quiere a la compañera, ¿qué más lindo que arrasarla en una elección? Pero saben que eso no va a pasar. No quieren que vote la gente. No está proscripta CFK, estamos proscriptos y proscriptas los que la queremos votar. Nos quieren decir qué sí y qué no», arremetió el dirigente de La Cámpora en el cierre del acto esta noche en el barrio porteño de Constitución.
Embanderado como portavoz y posible sucesor de la exmandataria, Máximo agregó que CFK «hace gimnasia, lee todo, estudia y se prepara» para su eventual regreso a la política, que para el kirchnerismo debe incluir una candidatura en 2027: «Por eso fue a la ONU a reclamar por sus derechos políticos. Nos está diciendo que no nos quebremos, que puede haber momentos duros y difíciles pero tiene la autoestima alta y se prepara».
En ese marco, el diputado recordó que cuatro años atrás «Cristina iba desde el Senado de la Nación a su casa tras haber recibido a la gente de Petronas por Vaca Muerta y el gas licuado, trabajando para hacer crecer a su país», pero agregó que se había vivido una escalada de violencia en torno a su persona durante los días precedentes: «Esos días había mucha movida, venía de muchísimos días de un hostigamiento permanente y constante sobre su figura. La compañera Cristina había sido tratada por muchos medios de comunicación, por el fiscal Diego Luciani y por gran parte de una mafia enquistada en el Poder Judicial como una verdadera mierda humana«.
En tanto, sobre la carrera por 2027 y el posible regreso del peronismo al poder, Máximo alentó: «Los argentinos tenemos que volver a encontrarnos, abrazarnos, debatir y discutir en todos los lugares que podamso el país que queremos. Nuestro puebnlo no pide ser el dueño de una telefónica, de una petrolera de Vaca Muerta o de una empresa tecnológica – nuestro pueblo pide trabajo, pide una oportunidad, quiere poder comer los domingos en familia. Necesitamos mirarnos a la cara, debatir frontalmente, volver a darnos una oportunidad porque nuestro país lo merece«.
La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García, puso bajo la lupa el proceso de designación de jueces y lanzó un fuerte reclamo para que los abogados que ejercen la profesión tengan las mismas oportunidades que quienes desarrollaron su carrera dentro del Poder Judicial. Durante el acto por el Día del Abogado, García expuso (ante un colmadísimo auditorio) un dato que, según planteó, revela el desequilibrio existente en el acceso a la Magistratura: de los últimos 170 magistrados designados, solamente seis ejercían la abogacía.
