Detrás de la pelea entre Axel Kicillof y La Cámpora hay una discusión política, que a veces parece tener otros elementos, pero es –por sobre todas las cosas– una cuestión electoral. Para entenderla, según la óptica del kirchnerismo, hay que mirar al conurbano bonaerense. En el ecosistema cristinista existe la convicción de que el conurbano es el territorio donde la política todavía conserva una centralidad que perdió en otras regiones del país. Allí la gente consume más información política, sigue con mayor intensidad las disputas internas del peronismo y, sobre todo, distingue con más nitidez los matices entre Cristina Fernández de Kirchner y Kicillof.
El objetivo del kirchnerismo, entonces, es consolidar la diferencia entre Kicillof y CFK en el conurbano. De allí se explica quiénes emiten en el enfrentamiento con el gobernador. Solo por mencionar los ejemplos más evidentes, Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli, Emmanuel Santalla son, antes que dirigentes o seres humanos, distritos: Quilmes, La Matanza, Avellaneda. ¿Representativos? Seguramente Mendoza lo sea más en Quilmes que Santalla en Avellaneda, pero el objetivo es hacer explícitas las diferencias en un conglomerado donde el electorado compartido todavía le guarda, en una proporción para nada anecdótica, lealtad a CFK. En el interior bonaerense, la diferenciación entre Kicillof y Cristina –que favorecería al gobernador– podría ser más lenta y haber una dificultad mayor para encontrar matices entre ambos.
Al margen de la estrategia –que posiblemente sea inteligente desde el punto de vista político–, hay aspectos y símbolos en el discurso de Máximo Kirchner en Parque Lezama que son imposibles de obviar. El primero es la imagen. A excepción de algunos intendentes relevantes, otra vez, del conurbano bonaerense –Federico Otermin, Federico Achaval, Gastón Granados– y Juan Grabois, el acompañamiento dirigencial fue de figuras con un peso político y electoral relativo. Si el objetivo es la liberación de Cristina para que pueda ser candidata, la pregunta pertinente es si el camino no debería ser el inverso. Probablemente, si uno observa los movimientos del kirchnerismo en las últimas cuatro elecciones importantes, ese sea el horizonte: acumular todo lo que pueda desde la fuerza propia para negociar con mayor fortaleza en una eventual PASO. ¿Y si el gobierno las elimina? ¿Cual es el plan B?
Es una discusión envenenada para el peronismo porque reúne dos verdades que, lejos de anularse, conviven incómodamente. Por un lado, si el estándar aplicado a la condena de Cristina fuera consistente, habría que construir cárceles para alojar a buena parte de la dirigencia política argentina. Y también es cierto que muchos de los medios y dirigentes que hoy la presentan como el paradigma de la corrupción fueron los que ubicaban en ella la contracara institucionalista de Néstor Kirchner cuando querían demoler la figura del expresidente. Basta revisar el archivo para comprobarlo.
El problema es que esa constatación, aun siendo válida, no resuelve el desafío político de construir una alternativa. Porque puede ser tan dañino para Kicillof que prospere la narrativa de una supuesta deslealtad hacia quien lo promovió como dirigente, como perjudicial para el conjunto del peronismo quedar atrapado en una discusión que le impida procesar la aparición de nuevos liderazgos en un contexto en el que Cristina difícilmente vuelva a competir electoralmente. Ahí aparece la verdadera inquietud: si es posible compatibilizar la idea de que CFK fue sometida a un proceso plagado de irregularidades, que su condena resulta injusta y que sus condiciones de detención son desproporcionadas, con el surgimiento de una nueva construcción política, discusión que no nació con la condena sino que ya estaba en marcha mucho antes del fallo de la Corte.
El señalamiento de Máximo también alcanzó a “ex militantes devenidos en consultores”. Si bien en la última etapa el proyectil podía ir dirigido a Juan Cabandié –que hizo algunas apariciones con críticas a La Cámpora–, un mensaje parecido de Kirchner había alcanzado a Emmanuel Álvarez Agis o Nicolás Arceo. Acá hay dos aspectos que son particularmente complejos para la discusión pública. El primero es la falta de nombres propios. Al periodismo y la política solo le queda intuir que las críticas fueron para las personas mencionadas como que el destinatario de no visitar frecuentemente a Cristina en su departamento de San José 1111 era Kicillof, pero no tiene certezas porque no hay mención. Son oraciones con sujeto tácito. Esos “consultores” tienen la misma mirada macroeconómica que le compartieron a CFK cuando fueron convocados al gobierno. Pensar que tener diferencias sobre la política energética del último gobierno o con la propuesta de no pagar la deuda responde a una cartera de clientes tiene el mismo formato de razonamiento que sugerir que utilizar todo ese dinero para hacer obra pública responde a una relación política con la llamada patria contratista. Un argumento que anula la discusión política y sobre todo económica.
En ese contexto, cobra relevancia el posicionamiento económico de los distintos sectores con posibilidades de acceder al gobierno. Si la semana pasada señalábamos intentos de un sector del peronismo de acercarse al agropecuario, esta semana Federico Basualdo, quien fuera subsecretario de Energía Eléctrica, fue entrevistado en Futurock. Allí reivindicó el esquema de subsidios del último gobierno. Sin mención al largo congelamiento de tarifas que había acompañado la respuesta a la pandemia, Basualdo revivió su pelea con Martín Guzmán y reivindicó un esquema nominal de subas de tarifas inferiores a la inflación, es decir, el aumento de la cuenta de subsidios, que en el último gobierno superó los dos puntos del producto.
Más complejo, señaló que cualquier alternativa era inviable políticamente. Es interesante, porque habría que preguntarse qué fueron, entonces, los aumentos durante el interinato de Sergio Massa y, luego, los mucho mayores de Javier Milei con nulo efecto sobre su popularidad. Se trata, además, de un esquema de subsidios sin paralelo en la región. Basualdo también reivindicó las retenciones al sector de hidrocarburos, el sector que más capacidad tiene de aportar dólares para el crecimiento futuro y, eventualmente, la reconstrucción de una agenda de distribución del ingreso.
Las declaraciones de Basualdo son interesantes por su cercanía a los centros de toma de decisiones de la oposición y, por su simultaneidad, con otra noticia latinoamericana. Presionada por Estados Unidos, Cuba aprobó estas semanas el paquete de reformas económicas más ambicioso desde 1959, para fomentar la inversión extranjera y de cubanos exiliados. El programa incluye una venta muy significativa de activos estatales, derechos de tierras para extranjeros y una apertura significativa tanto del mercado cambiario –con una fuerte devaluación– como del sector financiero, mientras se eliminan controles de precios y se pasa de subsidios generalizados a subsidios focalizados. El presidente Miguel Díaz Canel señaló que la necesidad de reformas precede al bloqueo de Donald Trump. Le asiste, por supuesto, razón. La isla ya sufría apagones diarios y había perdido, desde la pandemia, más de un millón de personas a manos de la emigración. Quizás no sea tarde para que transfiera parte del espíritu autocrítico y del balance que venza a la inercia burocrática sobre el propio pasado.
En la otra orilla, la situación de Manuel Adorni en este momento es particular. Con nula credibilidad ante la opinión pública y sin crédito entre la política –más allá del aplazamiento de su presentación en el Congreso y del apoyo irrestricto de los Milei–, desde este espacio se insiste en que su defensa no está dirigida a la credibilidad política sino a salir airoso en la Justicia. De la mano de una defensa técnica sólida, es posible que lo consiga.
Adorni presentará saldos de “billeteras de liquidación” correspondientes a operaciones con criptomonedas concluidas que, por supuesto, son anteriores a su asunción como funcionario público. Las operaciones alegadas –muy favorecida en su construcción de verosimilitud jurídica por el carácter anónimo aunque trazable de las operaciones con bitcoin– comienzan en 2014 y la defensa alega una operatoria constante y repetida en la que Adorni no habría conservado sus criptomonedas sino que habría comprado, tomado ganancias y guardado el dinero físico por un tiempo hasta que comenzó a adquirir inmuebles y realizar gastos junto a su esposa.
Se trata de una narrativa intragable para la sociedad, pero dirigida a establecer que el enriquecimiento precede a la llegada a la función pública. La lógica es sencilla. La causa penal investiga al jefe de Gabinete por haber tenido ingresos no justificables como funcionario público. La temporalidad es importante: el delito de enriquecimiento ilícito sólo aplica a los funcionarios públicos hasta dos años después de haber cesado en el cargo. Si el dinero precediera a la llegada a la función pública, Adorni no debería probar ninguna otra cosa para excluir el delito de enriquecimiento ilícito. Las billeteras que prueban estas operaciones, en principio anónimas, se llevarían la marca.
Excluido el enriquecimiento ilícito, Adorni debería responder por acusaciones de evasión, lavado de activos y omisión maliciosa. Nuevamente, operan a su favor las normas y los tecnicismos. El delito de evasión excede la mera actuación económica “en negro” que Adorni asumió de forma frenética y requiere un monto mínimo de 100 millones de pesos por cada tributo y ejercicio anual. Por menos que esos montos, la situación sería una infracción administrativa, incluso en momentos previos a la sanción de la Ley N° 27.799 –cuando los montos límites para penalizar una conducta eran menores– por aplicación del principio de ley más benigna en favor del imputado. La operatoria con criptomonedas, si fuera aceptada por el Poder Judicial, también excluiría el delito de lavado de activos, ya que dichas operaciones, cuando existen, son de origen lícito, y el lavado castiga la puesta en circulación de fondos provenientes de ilícitos penales.
Pasada a pérdida cualquier aspiración electoral, Adorni quedaría discutiendo judicialmente apenas un delito de omisión maliciosa, menor, excarcelable, que sólo lo inhabilitaría para aceptar cargos públicos –algo que, por fuera de la actual gestión, no corre ningún riesgo de ejercer. Respecto de ese delito, la posición del jefe de gabinete es que cometió un error al copiar la declaración de bienes de años anteriores y que dicho error no constituye malicia sino apenas torpeza, que excluye el tipo de intencionalidad que el delito requiere. Adorni presentó declaraciones juradas y pagó impuestos –sólo por los períodos no prescriptos– y llegará al momento clave de la instrucción con los papeles más prolijos. De nuevo: una verdadera obra de arte.
El oficialismo tuvo una buena noticia de la mano de la fortaleza del sector extractivo. El índice de Confianza en el Gobierno, que mide la Universidad Di Tella arrojó una suba del 3,9% respecto del último mes. Se trata de la primera suba en el índice que el sistema mira por su relación con el desempeño electoral desde el comienzo de 2026. Si bien la variación interanual sigue siendo negativa, el valor de 2,07 sólo es inferior a los que se observaban durante el auge del kirchnerismo. Como en meses anteriores, la confianza en el Gobierno es mayor en el interior que en el conurbano bonaerense y entre varones que entre mujeres.
La base económica del veranito está en el desempeño del sector energético que impulsó un superávit comercial que en mayo superó los 3.500 millones de dólares y lleva más de 11 mil millones en lo que va del año. De esos, el superávit energético explica casi la mitad del resultado, de la mano del boom de Vaca Muerta. El sector explica también que las exportaciones alcanzaran en mayo su récord nominal histórico, con una suba de más de 30% en el año, impulsadas no sólo por los precios sino por una suba muy significativa en las cantidades exportadas.
El anverso es la caída de la industria y la debilidad del consumo de las personas que determinan que la suba de las exportaciones no tenga una contrapartida proporcional en el aumento de las importaciones, permitiendo así una acumulación de reservas récord para el Banco Central, como interesa al FMI y una situación de calma cambiaria que sostiene la baja todavía moderada de los altos niveles de inflación de comienzos de año. Una situación muy lejana a lo óptimo, pero en la que el Gobierno se siente cómodo y con márgenes de mejora, ya que, en poco tiempo, sumarán dólares también del sector minero.
En una nota de Cenital, Martín Schapiro discute la idea de que el triunfo del colombiano de De la Espriella consolide una ola derechista regional. Sostiene que, a diferencia de las privatizaciones de los 90 o la redistribución de los recursos provenientes de las ventas de commodities a Asia en los 2000, hoy no hay un esquema económico consolidado con recursos para sostener un modelo de crecimiento. Al menos en Argentina, sin embargo, podría haber una excepción al panorama regional. Los dólares del petróleo y la minería podrían igualar los recursos del campo en un plazo relativamente corto y proveer un combustible de crecimiento para los años por venir.
Last but not least, el video de los dólares hallados en un vestidor de la casa que Martín Insaurralde compartía con Jésica Cirio tiene un atractivo irresistible para la conversación pública argentina. Cirio venía denunciando desde hace tiempo una situación de presunta extorsión vinculada a su exmarido, Elías Piccirillo. La historia de Piccirillo ya era, por sí sola, opaca. No terminó detenido por evasión, lavado de dinero, infracciones cambiarias o alguna de las múltiples irregularidades económicas que suelen rodear a personajes de su perfil. Su detención ocurre por haber organizado una maniobra para plantar droga en el vehículo de un acreedor y utilizar a dos efectivos de la Policía de la Ciudad para concretar una detención fraguada. El acreedor era Francisco José Hauque, célebremente conocido por haberse asociado con Milei –en sus tiempos de diputado– en la promoción de las empresas CoinX y Qpons.
La reconstrucción judicial sostiene que Hauque le había prestado aproximadamente cinco millones de dólares para concretar negocios durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández. El dinero nunca habría sido devuelto. Cuando comenzaron los reclamos para recuperarlo, la respuesta no habría sido una negociación sino una operación policial clandestina destinada a neutralizar a Hauque en su rol de acreedor.
Es desde ese contexto que adquiere relevancia la aparición del video. Según distintas versiones que circulan alrededor del expediente y del entorno de los protagonistas, Piccirillo conservaba desde hacía tiempo material audiovisual comprometedor de su exesposa y lo estaba usando para ver qué podía conseguir tanto de la modelo como del exintendente de Lomas de Zamora. Acá surgen las hipótesis. Una de ellas es que no obtuvo la respuesta esperada a su propuesta transaccional. Otra, más humana, señala que Piccirillo recibió de muy mal gusto la noticia del embarazo de Cirio. La última, incomprobable, es que –anoticiados de la existencia del video y de la complicación en ambas causas–, nexos con el gobierno coordinaron la difusión a cambio de algún compromiso en sus expedientes.
El propio comunicado difundido por Cirio durante el fin de semana pareció sugerir la primera hipótesis sin mencionarla explícitamente. Como suele ocurrir en este tipo de episodios, el texto decía menos por lo que afirmaba que por lo que dejaba entrever. El mensaje parecía destinado no solamente a responder por las imágenes conocidas sino también a anticipar que podrían aparecer otras. Circula una presunción adicional: que existiría al menos otro registro audiovisual todavía más comprometedor que el difundido hasta ahora. Un material que, según quienes dicen conocerlo, volvería a mostrar importantes cantidades de dinero en efectivo y agregaría elementos capaces de aumentar la incomodidad de los involucrados y el impacto del tema.
Más allá de lo obvio, hay varias preguntas que surgen a partir del registro difundido por el diario La Nación. Si los videos son de 2023, ¿por qué surgen ahora? ¿Es Cirio un instrumento que trabaja con alguna de las estructuras del hampa a nivel nacional o simplemente una dama indiscreta? ¿Por qué los peronistas afectos a la seducción rentada y al físico tienen tantos menos reparos a la hora de la discreción que sus rivales políticos que frecuentan las mismas prácticas? ¿De dónde salió ese dinero?
Ahora surge un interrogante: ¿mantendrá la dirigencia peronista la indignación por el caso Adorni? ¿Sabrá esa misma dirigencia que en el vestidor de la casa de Insaurralde se podía comprar no el departamente sino el edificio entero donde vivía el jefe de Gabinete? Con estos ejemplos, difícilmente pueda convencerse a los argentinos de que es falaz el discurso que postula que los problemas del país se deben a una casta dirigencial que vive una vida faraónica a costa de su pobreza. La diferencia, hoy, es que Adorni arrastra también a Milei a esa miscelánea.
Iván Schargrodsky | Cenital
