El gobierno se jacta de reducir “el gasto” y coloca a las personas como bienes de intercambio. Mientras echan a más de 60 empleados, aumenta la incidencia de Estados Unidos en el complejo energético con pérdida de soberanía
Si un marciano llegara a la Argentina no entendería un desquicio semejante. Se trata del único país del mundo que desguaza el Estado en beneficio de empresas privadas locales y extranjeras –todas vinculadas a la alianza de ultraderecha en el gobierno nacional-, mientras saquea la soberanía energética y alimentaria de 48 millones de personas.
Hasta 2015, la Argentina fabricaba satélites propios, los enviaba al espacio en colaboración con Francia y la NASA, poseía un sistema interconectado de energía nuclear e hidráulica capaz de garantizar el sistema eléctrico en el país y había avanzado en la invención y fabricación de un reactor nuclear mediano para distribuir energía a regiones o ciudades pequeñas del interior.
Pero algo sucedió. Llegó al poder un sujeto blandiendo una motosierra prometiendo que iba a achicar el Estado y disminuir el pago de impuestos. ¿Conclusión? En dos años y medio, los argentinos pagan los alimentos más caros que en Canadá, la luz, el gas y al agua a valores europeos, pero sin mediación estatal de regulación, con el agravante de que el país es productor de esa riqueza. O sea: la población está sometida a una economía sustentable solo para el 3% con salarios depreciados en pesos.
Ahora, las represas y las centrales nucleares están a punto de ser asaltadas junto al capital humano científico por los intereses del Departamento de Guerra de Estados Unidos. Aumentan los medicamentos esenciales para enfermedades crónicas –cuyas marcas están en Washington-, la medicina prepaga, los alquileres de viviendas, y la energía eléctrica de los hogares. Desde la Casa Rosada recomiendan que la ciudadanía “se abrigue más”, con temperaturas que en estos días alcanzan los niveles de bajo cero en zonas urbanas de Buenos Aires.
Los voceros de la gobernanza percibida liberal libertaria difunden estadísticas de reducción del déficit fiscal, sin contar que están atentando contra la vida de millones de trabajadores y trabajadoras. La clase media se reduce cada día más y las estadísticas determinan que aumentan las muertes evitables en mayores de 65 años y en jóvenes vulnerables que terminan sus días suicidándose.
Todo con una ambientación militarizada dentro de los organismos públicos llamados “estratégicos” por los flamantes decretos de Seguridad, Defensa e Inteligencia, que permiten que Javier Gerardo Milei mande a la Gendarmería Nacional para reprimir a empleados eyectados sin ningún motivo de sus labores en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La situación social se tensa al ritmo de la carestía de la vida cotidiana, el desempleo vigente, la inflación y el desamparo.
Promesas de EE.UU.
Ante el vaciamiento de la CNEA, apenas un día después de la radicalización del conflicto con los trabajadores despedidos, el gobierno nacional aprovechó para anunciar la construcción de una nueva central nuclear “con capitales privados” provenientes de EE.UU. Según el portal de noticias Infobae, “la iniciativa de Meitner Energy, del Ansari Group y con participación del Invap, plantea un reactor modular de 300 MWe con capitales estadounidenses. Podría entrar al Súper RIGI”. La supuesta inversión sería por 1.200 millones de dólares con la promesa de generar 2.000 puestos de trabajo directos en el desarrollo del proyecto. La gestión estaría a cargo de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina SA, que fuera potenciada durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner desde 2003 hasta 2015.
A cargo de esa compañía estratégica estuvo, desde abril de 2025 hasta febrero pasado, Demian Axel Reidel un cuestionado funcionario que pasó a la posteridad durante una conferencia en Estados Unidos en la que afirmó que el problema de Argentina, según él, eran “los argentinos”.
Dos meses después de irse de la empresa tras el escándalo por los gastos exorbitantes con su tarjeta de crédito corporativa, el fiscal federal Ramiro González imputó a Reidel por supuestos gastos de “índole personal” en su rol como exfuncionario público del Estado.
Ante el vaciamiento de la CNEA, apenas un día después de la radicalización del conflicto con los trabajadores despedidos, el gobierno nacional aprovechó para anunciar la construcción de una nueva central nuclear “con capitales privados” provenientes de EE.UU.
Uno de sus reemplazantes, Pablo Franzetti, director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de Nucleoeléctrica Argentina SA, presentó la propuesta de inversión de Ansari Group y la construcción de un reactor nuclear pequeño en Atucha. Tal como lo confirmara poco después el ministro de Economía, Luis Caputo, citado por el portal cercano a la embajada de Estados Unidos.
De esta forma el gobierno de Milei pone a los privados extranjeros en la tarea de inversión nodal del Estado. La diferencia con Estados Unidos es abismal: allí impera una asociación entre las empresas de tecnología y los intereses estratégicos del Pentágono. Aquí el gobierno argentino lotea la tierra y la creación de proyectos científicos con empresas foráneas que están conectadas con el sistema financiero y tecnológico de la nueva oligarquía tecnocrática de los millonarios estadounidenses.
Voces del desierto
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado de la Capital Federal (ATE), se denunció que “la (CNEA) atraviesa una jornada de extrema tensión. Desde las primeras horas del día, contratados comenzaron a recibir, a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), las notificaciones del vencimiento de sus contratos, sin garantías de continuidad laboral a partir del 1° de julio. Mientras se multiplican las notificaciones, las autoridades de la CNEA se niegan a recibir a los representantes de los trabajadores, profundizando un conflicto que mantiene en estado de alerta a toda la comunidad del organismo. Desde temprano las protestas comenzaron en la sede de la calle Libertador de CABA, el Centro atómico Bariloche, en La mina de Sierra Pintada en San Rafael en la provincia de Mendoza, Trelew y la provincia de Córdoba”.
El gremio ATE asegura que “la soberanía energética está en riesgo”. El gobierno, por supuesto, ni siquiera habla de soberanía y niega cualquier acusación. El mes de julio empezó con una toma de la CNEA por parte de los trabajadores despedidos sin causa, que derivó en la salida bajo custodia policial de las funcionarias y funcionarios responsables de las desvinculaciones injustificables y la posterior represión brutal por parte de fuerzas federales pertrechadas como para ir a una guerra entre argentinos.
E gobierno de Milei pone a los privados extranjeros en la tarea de inversión nodal del Estado. La diferencia con EE.UU. es abismal: allí impera una asociación entre las empresas de tecnología y los intereses estratégicos del Pentágono. Aquí el gobierno argentino lotea la tierra y la creación de proyectos científicos con empresas foráneas
Si uno pasaba por la Avenida Libertador –sede la CNEA- se visualizó hasta 10 vehículos blindados de fuerzas especiales con personal enmascarado y armado con fusiles de asalto, ametralladoras, pistolas automáticas y bastones con chalecos antibalas. En los alrededores del club Defensores de Belgrano la escena dejaba absortos a los cultores de los gimnasios y pisos de lujo. Las tropas pasaban al lado de obras de mega torres en construcción con trabajadores paraguayos todavía felices por el triunfo ante la selección de Alemania en el Mundial de Fútbol que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
El diario La Nación se ocupó de divulgar las presuntas razones del gobierno. Los motivos detrás del conflicto en la CNEA. La no renovación de 61 contratos derivó en protestas y los gremios denuncian un supuesto proceso de desmantelamiento para privatizar el organismo; “no hubo despidos de ingenieros nucleares ni de personal técnico-especializado”, indicaron desde la entidad. Nótese la frase “no renovación de 61 contratos” y no los evidentes despidos. En el texto de nota aparece un mensaje publicado en la red social X por el funcionario Federico Sturzenegger donde habló de “un ahorro de 2.800 millones de dólares” y terminó con la clásica arenga hedonista “Viva la libertad, carajo”.
La posición opuesta de la Central de los Trabajadores Argentinos CTA-Autónoma, que difundió un comunicado en la misma línea que ATE Nacional y Capital. “Trabajadores de la CNEA denuncian el vaciamiento del sector nuclear y convocan a una movilización. Los trabajadores de la CNEA convocaron a una movilización para este miércoles 1º de julio frente a la sede central del organismo, mientras realizan una toma del organismo en rechazo al salvaje ajuste que impulsa el gobierno de Javier Milei sobre el sistema científico y tecnológico nacional”.
Desde el portal especializado, EconoJournal, se dijo: “CNEA despidió a 61 contratados y reforzó la seguridad con Gendarmería por las protestas: quiénes son y en qué dependencia trabajaban”.
La fotografía del artículo refleja a gendarmes vestidos de verde militar con pistolas y cascos en la sede central de la CNEA. Donde hasta 2015 había científicos y trabajadores calificados, con Milei hay hombres de verde oliva como en 1976.
El diario Página/12 dio a conocer una imagen del nuevo directorio. “Amedrentamiento y vaciamiento: los trabajadores del CNEA desmienten al gobierno”, se dijo desde el título. El epígrafe contiene los nombres de los miembros del flamante directorio que entrega la soberanía argentina: “Juan Martín Campos asumirá la presidencia de Nucleoeléctrica. Bioquímico especializado en seguridad nuclear, llega desde la Autoridad Regulatoria Nuclear y Dioxitek. El nuevo directorio se completa con Martín Porro como vicepresidente y las incorporaciones de Diego Chaher, Diego Garde y Javier Grinspun”.
Todos con las necesidades básicas satisfechas y salarios millonarios.
Epílogo
La dependencia de la administración libertaria capitalista, por llamarla de alguna forma, con los intereses de Estados Unidos es absoluta. Se hace todo lo que demanda la administración de Donald Trump y la ultraderecha supremacista blanca estadounidense.
Al cierre de esta pieza periodística, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi apartó de la causa penal por la presunta estafa global con la criptomoneda $LIBRA a todas las querellas de la causa. Se trata de la pavimentación de la impunidad de Javier Gerardo Milei, Karina Elizabeth Milei y Manuel Adorni.
Además de los asesores del presidente, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y el norteamericano cercano a la familia Trump, Hayden Mark Davis con residencia en Texas. El expediente pasó por cuatro jueces, dos fiscales y tres camaristas. Poco antes, la esposa de Martínez de Giorgi había sido nombrada magistrada en los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo Nacional.
Se nota mucho.
diario-red.com