El peronismo tuvo el domingo el encuentro como precondición para la unidad que se había gestado en la cumbre entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof el jueves anterior a la condena de la ex presidenta. “Lo importante fue la reunión en sí misma, no tanto el contenido”, resumió uno de los presentes ante la consulta de #OffTheRecord. Si bien en el mitin no se habló de nombres propios –aunque Máximo Kirchner plantea en privado su incomodidad frente a la posibilidad de ser candidato en la tercera sección electoral– el careo entre las tres tribus justicialistas sirvió como un movimiento simbólico previo a la discusión sobre las listas. Frente a esto se impone una pregunta: si todos los cierres son conflictivos, ¿por qué este no lo sería con las múltiples complejidades que se suman a las discusiones naturales de estas etapas? “Si no quisiéramos la unidad no nos estaríamos cagando de frío acá y ahora”, resumió entre risas uno de los presentes.
Las fricciones políticas que se transformaron hace tiempo en enconos personales sobrevolaron el encuentro teñido por un video en el que el día anterior al cónclave, en La Plata, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, apuntaba contra La Cámpora y repetía el “sin chistar” que tanto irritó al resto del peronismo bonaerense. Sergio Massa lo recordó, a modo de ejemplo, el domingo ante el propio Bianco: “No me cuadré ‘sin chistar’ con Cristina en 2012, no lo voy a hacer ahora que está todo en discusión”. El kicillofismo deberá entender que el deseo de la mano derecha del gobernador no se materializará solo por expresarlo, así como la constitución de un movimiento no se erige solo por mencionarlo, incluso si a Bianco le asistiera la razón sobre la conducta tóxica de la organización preferida de CFK. Aún con estas tensiones, el peronismo se encamina a un rolleo de las discusiones para priorizar la unidad, pero –aparentemente– el clima va a empeorar antes de mejorar.
Mientras tanto, como si la realidad quisiera terciar sobre las discusiones que la oposición no logra dar, Juan Monteverde ganó las elecciones en Rosario en un acuerdo amplio, pero que cambió las caras, las ideas y el modo de construcción. Ciudad Futura, el espacio que confluyó con el peronismo, se transformó desde la militancia social en un partido político con una suerte de plebiscito originario casa por casa en los barrios en los que tenía trabajo territorial. Ahí podría situarse el kilómetro cero de esta experiencia que estuvo a punto de ganar la intendencia de la ciudad en las últimas elecciones.
Es difícil no ver en la experiencia rosarina una posibilidad insuficiente para demostrarle a la nacional que la fricción con la sociedad no es con el peronismo, con el PRO o con la UCR sino con lo que huela a pasado: lo viejo no funciona, Juan. Surge la excepción de una Cristina que mantiene su fortaleza y centralidad en el peronismo, pero que difícilmente podría haber sido una opción ganadora en 2027. También es pertinente remarcar la máxima tocquevilleana de que el nuevo régimen no se construye sobre el viejo régimen sino con el viejo régimen. Monteverde acordó, con un pragmatismo celebrable, con los senadores peronistas de Santa Fe en aquella diferencia que Héctor Cavallero sindicaba entre el río pequeño y cristalino contra el Paraná marrón y tumultuoso. Cambiar la realidad o narrarla. Monteverde repite en privado una frase de los movimiento latinoamericanos que condensa la importancia del tiempo en este tipo de construcciones: “La mayor victoria de los de arriba es habernos convencido a los de abajo que lo que no se consigue rápido y fácil no se consigue nunca”.
Sin embargo, no es la unidad del peronismo el principal problema para Javier Milei. El dólar volvió a meter presión esta semana y lo que era un pasilleo por lo bajo en el mercado terminó de explotar con el informe de JP Morgan que recomendaba “tomar ganancias” sobre las posiciones en pesos a corto plazo que había recomendado en abril. Los fundamentos coyunturales parecen una colección de lugares comunes, casi obviedades, pero son a su vez difícilmente rebatibles.
Meses complejos después de la liquidación del agro, con ingresos de dólares acotados y, en cambio, una fuerte presión de salida por turismo, la clásica dolarización de cartera pre electoral –que al Gobierno le gusta presentar como “riesgo kuka”– y un rendimiento decepcionante del peso. Sobre esto último, en Casa Rosada especulaban –tras el acuerdo con el FMI– con que llegara a tocar el piso de la banda y, en cambio, viene resistiendo en el centro sólo por las intervenciones en el mercado de futuros.
El herramental que otorgó al oficialismo el endeudamiento adicional con el Fondo, sin embargo, debería permitir al Gobierno llegar a octubre en condiciones razonables aún en las peores hipótesis, pero los riesgos políticos y económicos son altos. Esta entrega los aburrió demasiadas veces sobre los problemas estructurales de la excesiva apreciación del peso y las dificultades de sostenibilidad que acarrea. Sobran las razones para mantener esa mirada negativa. Que el oficialismo haya tenido que acudir a la intervención vía futuros para sostener el valor del dólar, incluso en el período de mayor liquidación del agro, evidencia una presión alcista del valor de la divisa. La necesidad de sostener el dólar apreciado también está afectando a las PyMES, muy expuestas a las altas tasas de interés en pesos necesarias para desincentivar la dolarización de carteras.
El problema ligado al dólar relativamente barato y las dificultades que genera en el balance externo no se limita a la cuestión fiscal. Para la economía argentina, el problema no se limita a si los dólares los requieren los privados o el Estado. Es cierto que, a diferencia de lo que sucedió en 2018 con Mauricio Macri, sin déficit fiscal no habría endeudamiento neto, por lo que en teoría la devaluación no debería estar acompañada de un ajuste del gasto. En la práctica, es más dudoso, ya que la deuda, más allá de la reducción del stock, está sometida a su flujo de vencimientos. En cualquier caso, la idea del balance externo como un “problema entre privados” no sólo ignora ejemplos históricos, como la crisis del Chile de Pinochet en el 82 -la peor de la historia del país trasandino y tal vez la más mencionada en este newsletter-, también con superávit fiscal y -con el sector externo en rojo furioso o más acá en el tiempo- la crisis asiática de fines de la década del 90 del siglo pasado. También disimula que el modo en que los privados, con tipo de cambio flotante, aseguran una corrección en los desequilibrios externos, es con una devaluación que pondría presión sobre el proceso de desinflación vigente.
En concreto, la situación del déficit externo se encamina a superar las previsiones de comienzos de año y terminaría por encima del 2,5% del PBI. La explicación oficial, que lo atribuye sólo al boom de inversión no se sostiene con los datos. Es cierto que las importaciones de capital vuelan, pero también lo hacen las restantes y la salida de argentinos al exterior. El vigoroso crecimiento de abril, por encima del 7% anual, es una buena noticia para el Gobierno, pero significa una presión adicional sobre el dólar, tanto por la vía de las importaciones como de la cuenta de turismo –creciendo al 114% anual la salida de dólares por este rubro. Por cada punto de crecimiento hay uno mayor de las importaciones de bienes y servicios o, lo que es lo mismo, salen más dólares de los que ingresan.
En este marco, posiblemente el proceso electoral podría dar pie a una corrección, que arriesgaría a desanclar la inflación o el Gobierno podría quedar expuesto a la pérdida de reservas y terminar acoplándose a una devaluación desordenada impuesta por el mercado. Antes de la elección, posiblemente se presenten dificultades. Estacionalmente, en el tercer trimestre el ingreso de dólares es escaso contra la demanda y muy probablemente sean varios los actores que, como aconseja JP Morgan, quieran tomar ganancias y, en todo caso, reingresar en una posición más cómoda en el futuro con un valor del dólar más sostenible.
Por lo demás, el segundo argumento del Gobierno, sobre los ingresos de Vaca Muerta, también tiene problemas materiales y temporales. No sólo parece estar gastando esos dólares con su propia tarjeta de crédito, ya que el equilibrio con las nuevas exportaciones recién llegaría luego de pasado este período de gobierno, sino que las previsiones expresadas por el secretario de Política Económica, José Luis Daza, parece quedarse con las proyecciones de exportaciones de gas, petróleo y minería sin considerar las necesidades que generará en materia de importación de bienes de capital y de insumos que requieren esos sectores. En la mirada del chileno, pareciera que el petróleo será extraído con las manos desnudas sobre el suelo neuquino.
Las previsiones sobre Vaca Muerta recibieron un golpe simbólico y potencialmente material por el fallo de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que ordenó la entrega a Burford Capital, Eton Park y Petersen Energía, del 51 % de las acciones Clase D de YPF, correspondientes al Estado, que deberían ser depositadas en un plazo de 14 días en una cuenta del Bank of New York Mellon y transferidas a los beneficiarios un día hábil después. En la práctica, no se cumplirá, ya que la decisión será apelada ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito y, eventualmente, incluso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fallo se inscribe en una serie de lecturas particulares sobre la aplicación de la ley argentina y estadounidense por parte de Preska, que hizo una interpretación cuestionable tanto de la legislación que rige en materia de expropiaciones en el país, como en materia de intereses, enfocándose sólo en las previsiones de derecho privado que regían al estatuto de YPF. En este caso, ejecutar su decisión ordenando desapoderar al Estado argentino de un bien de su patrimonio situado en el país es problemática también en términos de la legislación estadounidense, por lo que pondrá también a prueba las eventuales ventajas que el Gobierno atribuye a su relación política con su contraparte estadounidense.
En noviembre del último año, el Departamento de Justicia de EE. UU. decidió intervenir en el juicio por la expropiación de YPF en apoyo a la posición argentina, presentando un escrito como amicus curiae ante el tribunal que conduce Preska. La administración norteamericana argumentó entonces que permitir la entrega forzosa del 51 % de las acciones de YPF a los fondos demandantes vulneraría principios fundamentales del derecho internacional y del marco legal estadounidense.
El principal argumento del gobierno estadounidense se basa en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés), que protege a los Estados extranjeros frente a la ejecución de sentencias judiciales en territorio norteamericano. El escrito señaló que las acciones de YPF no deberían ser consideradas bienes sujetos a ejecución en EE. UU. porque están registradas en Argentina y no en territorio estadounidense, por lo que los tribunales de ese país no tienen jurisdicción sobre dichos activos.
El gobierno norteamericano advirtió también sobre las implicancias diplomáticas de esta decisión, que podría abrir la puerta a represalias en otros países, afectando bienes estadounidenses en el extranjero, ya que podrían dañarse los principios de inmunidad soberana y poner en riesgo el sistema internacional de protección recíproca de activos estatales, lo que, de acuerdo al Departamento de Justicia, sería contrario a la política exterior histórica de Estados Unidos, que siempre se opuso a la confiscación de bienes de gobiernos extranjeros fuera del territorio nacional.
La jueza rechazó estos argumentos al alegar que las acciones en cuestión constituyen una propiedad vinculada a actividades comerciales en Estados Unidos, porque YPF cotiza en la Bolsa de Nueva York, emite deuda para inversores estadounidenses y tiene ADRs registrados ante la Securities and Exchange Commission (SEC). Con base en estas consideraciones, sostuvo que el caso queda comprendido dentro de la “excepción comercial” contemplada en la FSIA, por lo que el Estado argentino no puede ampararse en la inmunidad jurisdiccional para evitar la ejecución de la sentencia, que se fundamenta en la normativa del estado de Nueva York. Esto habilita la ejecución forzada de acciones comercialmente transferibles cuando se encuentran en custodia en instituciones financieras con sede en dicho distrito, aún cuando las mismas están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires.
Se trata de un nuevo capítulo de los evidentes problemas lógicos de la sentencia, que por una parte minoritaria de las acciones asigna un valor de 16.100 millones de dólares, que supera con creces el de la totalidad de la compañía y que podría todavía incrementarse con un nuevo cálculo de intereses devengados. La iteración entre el monto de la sentencia y el contenido sustancial de la orden suma un ruido político y económico al Gobierno, que difícilmente pueda evitarse señalando imprevisiones o malas ejecuciones por parte de Axel Kicillof al momento de la expropiación.
El nulo resultado de la intervención del Departamento de Justicia mostró que el Gobierno estadounidense no puede sencillamente torcer el contenido de un fallo. Las dificultades de Donald Trump con sus propias órdenes ejecutivas en las cortes estadounidenses son una muestra de esa impotencia. Sin embargo, es imposible subestimar las herramientas del gobierno para impulsar a los juzgados a considerar los argumentos de la apelación argentina, tanto para su consideración en las Cortes de Apelaciones como para que el máximo tribunal estadounidense decida eventualmente tomar o no el caso entre los pocos cientos que decide tratar cada año. El gobierno estadounidense podría ir más lejos e, incluso, intentar impugnar la pertinencia de tratar el caso como un aspecto comercial y pedir la consideración de las cuestiones de ejecución involucradas como una cuestión de política exterior, privativa del presidente de los Estados Unidos, que limitaría el poder de las instancias judiciales.
La última semana, Steve Bannon, uno de los principales mentores del movimiento trumpista, calificó a la Argentina como un “aliado” en una estrategia en la que los Estados Unidos priorizaría el continente americano. La designación de un funcionario como Marco Rubio al frente del Departamento de Estado es un testimonio de esa prioridad que debería poder ser explotada por el Gobierno argentino. Las primeras declaraciones del presidente, que habló de “un fallo contra Kicillof” no parecen abrigar la expectativa de una presión diplomática intensa en busca de apoyos de la administración estadounidense. No hacerlo sería un error severo o una admisión de impotencia.
Ejecutar el fallo pondría al Gobierno ante la disyuntiva de incumplir con la justicia norteamericana o con la legislación argentina, que exige la voluntad del Congreso para enajenar las acciones de YPF en poder del Estado, lo que podría suponer incluso responsabilidades penales por el eventual cumplimiento de la sentencia. Políticamente, podría ser interpretado como una rendición de la soberanía nacional ante la voluntad unilateral de una jueza de distrito por una demanda de una empresa corrupta, así como la enajenación de un patrimonio nacional que todas las encuestas confirman como ampliamente apreciado por la mayoría de los argentinos. En el entorno del presidente sostienen que, cualquier decisión que se tome, deberá tener el aval del Congreso de la Nación.
Como hasta ahora, será la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo –aka ministra de Leyes–, María Ibarzábal Murphy, que responde a Santiago Caputo, la encargada de diseñar la estrategia jurídica del país, que deberá acompañar la diplomática con el gobierno de Trump y la prosa repetida sobre responsabilidades pretéritas, que se repiten como si el Gobierno se recibiera con beneficio de inventario. Desde el desarrollo de Vaca Muerta hasta la mirada sobre la soberanía, el fallo amenaza poner en cuestión varios de los fundamentos de la gobernanza oficialista. La respuesta debería trascender un par de tuits del presidente.
Iván Schargrodsky | Cenital
