La semana terminó, inevitablemente, con los ecos del aumento en las dietas que votaron los integrantes de la Cámara de Senadores. Se habló del monto que van a percibir, si fue legal, si votaron todos, si puede prosperar un proyecto para dar marcha atrás. En lo que no se reparó fue que para que se cobre esta suma, tiene que estar contemplada dentro del presupuesto que el Gobierno le gira al Poder Legislativo. El segundo dato es que el presidente Javier Milei no reclamó de la misma forma que lo hizo en marzo, cuando se votó el primer aumento en las dietas (luego frustrado). El primer mandatario se conformó con exponerlos, y augurar esos miembros de la casta que levantaron la mano que van a perder por paliza en 2025. Ese mismo jueves por la noche, el Ministerio de Capital Humanos (de quien depende la Secretaría de Educación), anunció un acuerdo -luego relativizado- para girarle fondos a las universidades en abril y mayo, con un refuerzo para los hospitales que dependen de la casa de estudios (por la mañana, se había hecho el abrazo simbólico al Clínicas). Como se ve, algo de plata hay. El discurso intransigente empieza a mostrar sus limitaciones. Pero a la vez, empieza a aflorar un realismo que no puede ser definido aún como una estrategia nueva de gobierno, aunque lo parece. Veamos el semáforo de la semana.

No hace falta entrar en detalles o enumerar cifras para remarcar el optimismo con el que, semana a semana, sigue operando el mercado financiero. El conflicto en Medio Oriente le dio un golpe al riesgo país, pero el índice se recuperó con la visita de Luis Caputo a Washington, en donde insistió en que el rumbo de su política económica no será corregido.

El ministro de Economía empezó a asumir que no va a haber fondos adicionales que refuercen el plan de salida del cepo cambiario. El FMI aplaude los logros alcanzados en materia fiscal y de inflación, pero nada más. Quiere ver gobernabilidad y leyes antes de comprometer algo más. No le importa tanto el Pacto de Mayo (el organismo hace décadas que escucha promesas de reformas estructurales, casi siempre incumplidas), como el hecho de que el Congreso avale alguna de los proyectos remitidos por la Casa Rosada.

Caputo participó en encuentros con inversores y les anticipó que tiene prácticamente cumplidas las metas con el FMI (fiscal y de acumulación de reservas). Aunque el resultado fiscal de marzo haya sido mucho menos favorable, el acumulado del trimestre muestra un superávit como hace años no se conseguía. De hecho, la Argentina vuelve a mostrar superávits gemelos, algo que enorgullecía a Néstor Kirchner en sus primeros tiempos de gestión. El Indec informó ayer que la balanza comercial arrojó un saldo positivo de u$s 2000 millones el mes pasado (con una fuerte y previsible caída de las importaciones).

Lograr u$s 15.000 millones para levantar el cepo es cada vez más una quimera. No solo esperar que los aporte el Fondo, sino otro país u organismo con ganas de ser generoso con la Argentina. Economía podría gestionar un préstamo bancario de tipo Repo, pero tiene que dar títulos de deuda como garantía y pagar un interés alto por esos fondos, con lo cual se vuelve a la discusión de si el riesgo y el costo de la operación están justificados, o es preferible esperar a que los dólares del agro (y también del sector energético) sigan entrando las arcas del BCRA.

Las consultoras privadas empiezan a hablar de inflación de abril. Hay pronósticos que arrancan en 8% y otros que terminan en 11%. El Palacio de Hacienda se tiene fe con el dígito, porque los precios que componen la inflación núcleo se derrumbaron. Solo queda ver cómo funcionará el componente tarifas de servicios públicos, que se empezarán a pagar en mayo pero el Indec seguramente los compute como incremento del mes en curso. Habrá que ver.

En materia de inflación, una incógnita es qué pasará con los aumentos anotados para la medicina prepaga. Es posible que le pulseada abierta por la Secretaría de Comercio para que retrotraigan los precios quede judicializada. Algunos podrían ilusionarse con recalcular el IPC, pero para eso debe haber una resolución que deje firme.

Antes de hablar de si hay o no hay plata, hubo otros gestos que celebró el Gobierno esta semana. Uno fue la decisión de la Corte Suprema de desestimar los dos primeros recursos que recibió el DNU 70/23, la primera herramienta desreguladora de la gestión Milei. Todavía es pronto para anticipar si habrá un fallo sobre la cuestión de fondos, porque para eso tiene que evaluar todas las demás presentaciones. Los jueces piden que el reclamo no sea abstracto, y por eso lo rechazaron. Es el primer pronunciamiento que toma el tribunal, y no es casual que haya sido hecho después de que el Ejecutivo ratificara sus candidatos para cubrir las vacantes de la Corte.

La segunda señal que celebró en reserva el equipo económico fue la revisión de la paritaria camionera. El gremio aceptó que los aumentos nominales tuvieron un porcentaje levemente superior a la inflación de marzo y a la esperada de abril (anotaron un optimista 9% de mejora), pero como había empresas que ya habían pagado el 45% fijado en la versión original, la diferencia quedó como una compensación extraordinaria. El dato es que ahora el acuerdo fue sellado por tres meses, y en mayo no habrá aumento.

La discusión que quedó abierta en el Senado por las dietas ofrece más de una lectura. Un analista político preguntó el jueves por la Ley Bases, con el clásico «¿Cómo la ves?». Mi comentario fue: «En Diputados parece encaminada, no sin debate, pero en la Cámara alta van a tener que trabajar más». «Yo creo que ya empezaron a trabajar, apareció algo de plata», fue su respuesta.

El aumento de las dietas definitivamente no fue una jugada hecha a espaldas del Gobierno, sino con su consentimiento tácito. Se acordó incluir el proyecto en la sesión semanal, pero sin ponerlo en el temario, para no generar expectativa previa. Se votó sobre tablas y a mano alzada. El Presidente no lo puede vetar, porque es una resolución interna del Senado. Victoria Villarruel tampoco lo puede desactivar, porque no tiene los votos. Y aunque algunos legisladores intentarán dar vuelta la decisión, que eso suceda es poco probable. Martín Lousteau, senador porteño y presidente de la UCR, lo dijo así: «no puede ser que un senador gane menos que un tuitero oficial». ¿Servirá este sacrificio para aceitar los votos que necesitará el Gobierno el día que le toque aprobar la Ley Bases? Se verá. Pero por lo menos ayer consiguieron que se aprueben por unanimidad -implica que tienen el respaldo del kirchnerismo- los pliegos de seis embajadores, entre ellos los de Gerardo Werthein (Estados Unidos), Ian Sielecki (Francia), Alex Wahnish (Israel), Guillermo Nielsen (Paraguay) y Sonia Cavallo (OEA). Para el que considere que el precio es alto para conseguir la atención de los senadores, no hay que olvidar que Raúl Alfonsín creó el régimen de promoción industrial que favoreció a La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis (todas provincias gobernadas por el peronismo), a la espera de recibir sus votos en leyes clave.

Ultimo gesto de «hay plata» de la semana. El jueves, un rato después de que el Senado se autoaumentara las dietas, Capital Humano vendió un acuerdo con los rectores universitarios que implicaba aumentar los desembolsos presupuestarios de abril y mayo. Aunque las autoridades luego lo relativizaron, porque dijeron que no estaba respaldado por todo el CIN y porque lo entendieron como una fórmula para desactivar la marcha del próximo martes, lo real es que el Gobierno abrió la billetera. Si los gremios docentes y las agrupaciones políticas, oposición incluida, quieren aprovechar el consenso que tiene en la sociedad el rechazo a estos recortes, es un argumento válido. Pero hay votos radicales en el Senado (empezado por el de Lousteau, cuyo sector tiene entre sus referentes a Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA) que se van a quedar más tranquilos si cuando les toque votar el conflicto presupuestario está cerrado. Todavía falta tiempo, pero como se ve, todo es cuestión de consensuar una cifra.

En esta semana de grises y de noticias con doble lectura, la pulseada con las prepagas también fue foco de debate. Porque el Gobierno desactivó las normas que obligaban a los privados a respetar el precio fijado por la Superintendencia de Salud, pero nunca aclaró que debían seguir un rumbo determinado. No lo consideraron apropiado. Cuando comunicaron la seguidilla de incrementos, lo consideraron una traición. Y ahora que la Comisión de Defensa de la Competencia emitió un dictamen en tiempo récord para prevenir los efectos de la cartelización, el sector siente que hubo parcialidad y denuncia discriminación. «Si el Estado puede subir las tarifas de luz y gas para que lo que pagan los usuarios permita cubrir los costos de la energía, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros?», se preguntan sus directivos.

El Gobierno abrió de esta manera la discusión sobre si hay ajustes buenos o ajustes malos, y si el sector privado tiene libertad de fijar sus precios libremente o no. Si en el caso de la salud no es así, debería ser corregido el DNU e incorporar las cláusulas de la resolución de la Secretaría de Comercio.

Así como muchos asalariados pagaron Ganancias por demás, porque el Estado fijaba alícuotas innecesariamente altas con un fin recaudatorio en lugar de darle una progresividad lógica, sucedió lo mismo con las obras sociales. Su atención deficitaria llevó a que muchos empleados formales tuvieran que destinar una mayor parte de sus ingresos a financiar un tercer sistema de salud (sus impuestos financian el público y sus aportes, el solidario). Habrá que retomar la discusión sobre el sistema de salud. La competencia que habilitó el Gobierno no quedó bien diseñada, ya que de hecho ninguna prepaga se anotó en el registro habilitado para tal fin.

Después del ataque de misiles lanzado por Irán el sábado pasado, Israel finalmente decidió devolver el golpe. Lo hizo pese a la insistencia de sus aliados, que no querían ver un conflicto de mayor escala en Medio Oriente, ya que todavía está abierto el enfrentamiento generado por Hamás en la franja de Gaza.

Las fuerzas de seguridad israelíes aplicaron una ofensiva limitada. El blanco fue Isfahán, una provincia ubicada en el centro del país, que mantiene el antiguo esplendor del imperio persa. Pero el régimen iraní le dio otro carácter: se trata ahora de un centro de producción e investigación de misiles y drones y también es la base de desarrollo de su plan nuclear.

El Organismo Internacional de Energía Atómica aseguró que ninguna planta sufrió daños. Irán asegura que derribó tres dones y sus funcionarios dicen que por ahora no habrá otra respuesta.

Pero lo cierto es que este histórico enfrentamiento entró en un terreno incierto. Después de ataques a sus respectivos territorios, nadie está en condiciones de asegurar que el status quo podrá ser mantenido. El mundo respira porque no hubo más misiles cruzando el cielo, pero nadie sabe hasta cuándo.

El Cronista