Pablo Picasso pintó El Guernica como respuesta al bombardeo de la ciudad vasca durante la Guerra Civil Española. Era una de las obras más icónicas del arte moderno hasta esta semana que, según pudo saber #OffTheRecord, Manuel Adorni presentará su declaración jurada.
El documento que presentará el jefe de Gabinete ocurre en un momento donde la justicia dejó trascender una inminente citación a indagatoria como paso previo a un procesamiento. Es probable que cuando se conozcan los detalles de la presentación, mediáticamente genere reacciones que incluyan la indignación, la sorna o sea parte de conversaciones de cafetín. Sin embargo, el objetivo de Adorni no es inmediatamente reputacional sino legal y apuesta a que cumpla con tal fin.
Esto se da en el marco de un escándalo de menor envergadura institucional, pero más colorido que es el caso de Facundo “La Liebre” Leal. El miércoles 27 de mayo, en el marco de una causa que originalmente investigaba el presunto robo de equipamiento tecnológico de ARSAT, la Policía Federal ejecutó una serie de allanamientos que derivaron en la detención de Leal. Abogado mendocino de 51 años, Leal tenía en su departamento de Palermo 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal de MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo además de, aproximadamente, 2.300.000 dólares en efectivo entre su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y el mendocino.
El caso tiene una genealogía institucional llamativa. Leal fue presidente de ARSAT durante el gobierno de Alberto Fernández –período sobre el cual se investiga la causa que dio lugar al allanamiento– y, posteriormente, ya bajo la gestión de Javier Milei, fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Dentro de esa órbita, adquirió un papel de gran relevancia en la Secretaría de Transporte bajo las órdenes del ex secretario de Transporte Luis Pierrini que es quien lo convoca nuevamente a la gestión pública.
La defensa prepara, según fuentes allegadas al caso, un argumento que la justicia escuchará con interés y cierto escepticismo: las drogas encontradas no estaban destinadas a la comercialización, sino que formaban parte del ritual de fiestas privadas que Leal organizaba con un círculo de mendocinos de trayectoria reconocida — profesionales, empresarios, gente con nombre — , para quienes ese tipo de consumo constituía una forma extravagante, pero no del todo infrecuente, de esparcimiento. Es la línea que separa al narcomenudista del anfitrión excéntrico.
Hay una imagen que resume todo. El lunes, mientras el abuelo de Agostina Vega reclamaba en la calle por su nieta, el ministro de seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, pasaba a dos cuadras con la caravana de Belgrano “como hincha y como funcionario”. En ese gesto — o en su ausencia — no hay sólo una omisión personal. Hay un sistema que se explica a sí mismo.
Para entender qué es ese sistema hay que saber quién es quién. Quinteros era un hombre de Luis Juez con un ímpetu opositor a las administraciones peronistas. Un caso parecido al de Liliana Montero, hoy virtual ministra de Desarrollo Social, que fue en su momento la denunciante de Juan Schiaretti en la causa Odebrecht por los gasoductos troncales. Un caso parecido al de Aurelio García Elorrio, una figura ligada a la curia cordobesa — primo lejano de los García Elorrio que participaron del asalto a La Calera, aunque situado en las antípodas ideológicas: conservador, clerical, ajeno a cualquier épica revolucionaria. Los tres formaban el núcleo opositor que hostigaba al peronismo desde afuera. Dos de ellos tres –Quinteros y Montero– hoy forman parte del dispositivo político de Martín Llaryora. El peronismo, mientras tanto, gobierna Córdoba desde 1999: tres mandatos de José Manuel de la Sota, tres de Schiaretti, uno de Martín Llaryora. Veinticinco años de acumulación ininterrumpida.
Quinteros, en ese esquema, no es un recién llegado a la zona gris. Meses después de haber nombrado a Alejandro Mercado como subjefe de Policía, el uniformado fue descubierto como parte central de una banda que revendía celulares robados y falsificaba denuncias de robo de neumáticos para cobrar seguros. El ministro intervino, el episodio se administró y el escándalo no llegó a salpicarlo. Un alivio: Quinteros quiere ser intendente de la capital. Eso no es un dato biográfico menor sino que es la clave para leer su comportamiento.
El femicidio de Agostina, sin embargo, no admite demasiadas rugosidades. Claudio Barrelier, el principal sospechoso, es señalado como barra brava de una de las dos facciones que desde hace años fragmentan al Club Atlético Instituto y es, además, empleado municipal cobijado por Ricardo Moreno, un concejal marginal del peronismo cordobés. En 2025, Barrelier había secuestrado a una joven, la ató de pies y manos y la obligó a desnudarse a punta de pistola. La chica logró escaparse. La justicia caratuló el hecho como privación ilegítima de la libertad y Barrellier estuvo 20 días detenido. Poco más de un año después de recuperar la libertad, Barrelier cometió el crimen que ahora sacude a Córdoba. Moreno lo defendió cuando se le imputó el primer episodio. Hoy lo defiende su yerno. La pregunta que instala esa trayectoria no es policial sino política: ¿por qué Barrellier siguió formando parte de la administración pública luego de aquel episodio? ¿Cómo ingresa esta clase de lumpenaje, que está en la frontera con el delito, al Estado? Una respuesta posible y documentada es la eliminación de los concursos para el ingreso a la planta municipal.
La seguridad no es una agenda solo de nuestro país. A veces, desde la Argentina, es conveniente mirar a la región para intentar pensarnos. La victoria –todavía reversible– de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta de las elecciones colombianas, que lo convierte en un favorito claro para la segunda vuelta que se disputará el 21 de junio, deja algunas definiciones que son de interés vistas desde la realidad local.
La ligazón del favorito colombiano con Milei es lineal. Lo destacó como una referencia al inicio de su campaña y su agenda económica incluye medidas de liberalización económica y bajas de impuestos para las empresas diseñadas bajo el molde del presidente argentino. Hace algunos meses, cuando De la Espriella todavía era uno más en el lote de candidatos opositores, la comparación con Milei era una forma de darse importancia. La otra referencia, que sobrevive hasta hoy, era Nayib Bukele.
A diferencia de Argentina, la economía no era el punto débil sino el punto fuerte del oficialismo. La inflación anual en Colombia oscila entre 5 y 6 por ciento. El último año, Gustavo Petro aumentó fuerte el salario mínimo y los indicadores sociales como desempleo y pobreza son los mejores en quince años. Los problemas económicos que se acumulan –déficit fiscal, externo, caída de la inversión y la producción petrolera– todavía no se reflejan en la vida cotidiana de los colombianos. Las debilidades se veían en materia de seguridad y extensión de la violencia, por lo que el fuerte del ganador de la primera vuelta fue el discurso de mano dura. La seguridad viene teniendo un lugar protagónico en las elecciones, al menos, sudamericanas: Brasil, Chile, Ecuador. Argentina es una feliz excepción y, aún así, el discurso de Milei en la materia –similar al de sus pares regionales– cosecha adhesiones y redundó en popularidad para su referenta, la senadora Patricia Bullrich.
De la Espriella pertenece a un lote de candidaturas en el que se inscriben Milei, los Bolsonaro (Jair y su hijo Flávio), el chileno Antonio Kast, el ecuatoriano Daniel Noboa. Son candidaturas personales, sin una gran densidad partidaria o, de mínima, construidas fuera de los partidos tradicionales, con un discurso extremista, ubicado en la derecha más desenfadada. Todos forman parte, también, del club político que conduce Donald Trump, otro gran ganador de las elecciones colombianas de ayer, aunque su nombre no estuviera en la boleta.
Hay otros datos importantes de la elección. Petro nunca rompió con las instituciones como sí lo hizo el chavismo, pero impulsó una agenda de reformas bastante ambiciosa que chocó con el Congreso, el Poder Judicial y los organismos de control en demasiadas ocasiones. Cuando eso sucedió, confrontó abiertamente, recurrió a la movilización popular –más y más a medida que se deshacía su coalición parlamentaria– y al señalamiento de esas instituciones con propuestas como la reforma constitucional.
Desde sectores tradicionales en la política y los medios, ubicados en la oposición, se lo señaló una y otra vez como una suerte de pichón de Nicolás Maduro por sus tendencias autoritarias. De la Espriella, como Milei, como Jair Bolsonaro, como Noboa o como Kast, es imposible de encasillar en ninguna postura de regeneración institucional. Por el contrario, ninguno huye del autoritarismo discursivo y en sus discursos la democracia ocupa un lugar, en el mejor de los casos, secundario.
Otra cuestión relevante es la polarización ideológica. Como en Brasil o en Ecuador –Chile fue excepcional — no hubo lugar para posturas centristas o de centro derecha. Un polo oficialista ubicado decididamente en la izquierda y el candidato outsider, de ultraderecha como gran opositor. Malas noticias para quienes intentan construir por fuera de la polarización con discursos “racionales” y escapar a la fuerza centrípeta del peronismo que se disputan Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof y del libertario que encarna el presidente. En Colombia, el oficialismo hizo una elección que superó las previsiones de las encuestas. Su gran problema fue que en el polo opositor, un candidato dejó atrás a todos los demás y la segunda vuelta casi se adelantó a pesar de un sistema diseñado expresamente para que eso no pase.
Respecto de las encuestas, otro gran ganador de la noche fue la consultora Atlas Intel, a la que acusaron de estar operando para De la Espriella, por captar su ascenso meteórico de las últimas semanas. Atlas vio venir a Bolsonaro en Brasil –su país de origen–, a Trump en los Estados Unidos y también a Milei en las PASO argentinas y el ballotage. No hay batacazos así de Atlas para espacios progresistas, lo cual, junto a su salida del consenso de las encuestadoras, le valió señalamientos. Hasta ahora, casi siempre tuvo razón Atlas y se equivocaron sus críticos. El problema de la consultora, si algo, es que quedó corta. Anunciaba un empate técnico –39 a 38 para el oficialismo era el resultado de la última encuesta–. La cuestión es importante para Argentina, donde Atlas vio un derrumbe de la imagen de Milei y un ascenso de la trotskista Myriam Bregman –la dirigente con mejor imagen del país, según la consultora–, pero también de Kicillof y de CFK.
Iván Schargrodsky | Cenital
