Diez mandatarios provinciales acudieron de forma presencial y otros cuatro se conectaron por videoconferencia al encuentro en Casa Rosada en el que decidieron no acatar el fallo del Máximo Tribunal sobre la coparticipación
En el mediodía de este jueves, Alberto Fernández mantuvo un encuentro en la Casa Rosada con 14 gobernadores para unificar una postura con respecto al fallo de la Corte Suprema sobre el porcentaje de coparticipación que el Gobierno nacional le había quitado a la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, se dio a conocer la decisión que tomaron en esa reunión en Balcarce 50: no acatar la decisión del Máximo Tribunal y recusar a los jueces.
“En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016. En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”, consignaron en un comunicado oficial que difundieron desde Presidencia de la Nación.
“Sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”, se agregó.
¿Quiénes son los 14 gobernadores que firmaron ese documento y que acompañaron al Gobierno nacional en la decisión? En el encuentro de hoy estuvieron en forma presencial Axel Kicillof (Buenos Aires); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gustavo Bordet (Entre Ríos): Sergio Uñac (San Juan); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Mariano Arcioni (Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca). En tanto, por videoconferencia se conectaron Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
En el comunicado que llevó esas 14 firmas, concluyeron: “En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad. Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria ‘in extremis’ de la resolución cautelar dictada”.
Oscar Ahuad por su parte firmó otro documento junto a tres gobernadores que no fueron parte de la reunión con el Presidente y que también manifestaron su “preocupación” por el fallo de la Corte pero no hicieron mención a la decisión tomada por sus pares con Alberto Fernández.
Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén) señalaron que la decisión del Máximo Tribunal “asigna montos que incrementan en forma desmedida los fondos de la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de fondos correspondientes a la Nación Argentina en su conjunto”.
“El traspaso jurisdiccional de la Policía, desde la órbita federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado en el año 2016, es un hecho cuyos costos fueron determinables, y que se demostró fehacientemente que la transferencia original de fondos nacionales a CABA, fue superior a la necesaria para absorber el traspaso policial”, criticaron.
Por otro lado, “es importante destacar que esa es una circunstancia que es común a todas las provincias: pagar con nuestros recursos nuestra propia policía. Estamos convencidos de que ninguna jurisdicción, en este caso CABA, debe percibir recursos por encima del costo real de las nuevas responsabilidades que le fueran asignadas; pero también sostenemos firmemente que esos fondos nacionales, al momento de ser retrotraídos deben indefectiblemente ser distribuidos de forma absolutamente federal y equitativa entre todas las jurisdicciones que conformamos la Nación Argentina”.
En este marco señalaron que esta situación no hace más que ”profundizar la falta de genuino federalismo que las provincias del interior padecemos desde hace décadas y que se materializan en inequidades y desproporcionadas asimetrías”.
Este miércoles el máximo tribunal, a través de una medida cautelar, resolvió que se entregue al gobierno porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. De esa forma terminó con una extensa disputa que comenzó a mediados del 2020, en plena pandemia, cuando el Presidente decidió quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad para otorgárselo a la provincia de Buenos Aires.
Esa decisión fue tomada en un momento donde Axel Kicillof enfrentaba un conflicto salarial con la Policía Bonaerense. A las pocas horas el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se presentó en la Corte Suprema e inició un recurso de amparo para frenar el decreto que había sacado el Presidente.
Con el correr de los días el conflicto dejó de ser entre la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. Los gobernadores entendieron que el gobierno porteño se estaba quedando con un porcentaje de coparticipación que no debía – que había sido otorgado durante el gobierno de Mauricio Macri -, que volvía a la Ciudad más rica de lo que ya es y que les impedía a ellos sumar ingresos coparticipables.
Cuando ayer se conoció la resolución, se generó un estallido en el grupo de mandatarios. Creen, en gran medida, que fue fallo con condimentos políticos que busca empujar la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta.
El alcalde porteño cree lo contrario. Sostiene que el fallo les conviene a los gobernadores, porque genera la jurisprudencia necesaria para permitirles asegurarse que el gobierno nacional, sea cual sea el color político, no pueda quitarles en el futuro, porcentajes de coparticipación en forma arbitraria. Dos miradas bien distintas sobre un conflicto que atraviesa al país.
Infobae
