El Gobierno prepara planteos ante el máximo tribunal. El historial de sentencias no acatadas.
Mientras el Gobierno nacional y dieciocho mandatarios provinciales afinan la estrategia judicial con la que responderán a la medida cautelar de la Corte Suprema que benefició a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la discusión por los fondos coparticipables, en algunos despachos supremos deslizan ironías por anticipado, torean, y casi dan por sentado que sea lo que sea que se plantee será rechazado. Por lo pronto, lo que anunció el Poder Ejecutivo es que recusará a los supremos y que presentará un pedido para que revoquen su propia decisión (se llama revocatoria «in extremis»), algo que no está previsto en ningún código pero que se aplicó cierta vez. Todo esto puede ser útil para ganar tiempo –algo clave en el reino de las demandas judiciales–, y también dependerá de cuánto demore el tribunal en dar respuesta (por lo pronto faltan días para la feria) y de otros planteos en sentido contrario que presentaría el gobierno porteño para reclamar la ejecución del fallo, para lo que anunció que podría pedir un embargo. Luego vendrá la otra cuestión que quedó insinuada: la posibilidad de que el Estado nacional ignore las directivas cortesanas. No será la primera vez que alguien desconozca una sentencia. Hay varios antecedentes, en especial de parte de estados provinciales y del Congreso.
Un efecto notable que generó la Corte es que se habla de la medida cautelar como si ya hubiera una resolución definitiva sobre la discusión de fondo respecto de los decretos y normas que establecieron el porcentaje de coparticipación que necesita para la transferencia de funciones de seguridad a la Ciudad de Buenos Aires. Diferir esa sentencia es parte del juego político de los supremos que le concedieron una decisión favorable a un candidato presidencial de Juntos por el Cambio y a la vez habilitaron un margen para hacer crecer un virtual conflicto de político y de poderes donde ellos insisten en presentarse como quienes tienen la sartén por el mango. Claro que hay matices dentro del tribunal, pero no hay ninguna duda que la mayoría –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda– es opositora al gobierno de Alberto Fernández. El único fluctuante es Ricardo Lorenzetti quien, de todos modos, firmó la cautelar con el resto, aunque se desmarque de comentarios mordaces internos frente a la reacción oficial.
Escenarios
* El Gobierno nacional prepara planteos ante la Corte: anunció la recusación de los integrantes del máximo tribunal y un pedido de revocatoria de su propia sentencia. La lógica indica que ambas cuestiones deberían ser resueltas por conjueces, no por los propios cuestionados, pero las apuestas en el Palacio de Justicia dicen que resolverían ellos mismos, como lo hicieron ante pedidos de apartamiento en los últimos tiempos. La revocatoria de sus propias decisiones es algo excepcional, ante errores groseros o fallas sustanciales que puedan derivar en situaciones de injusticia. Lo habitual es que se rechace (el PRO, por ejemplo, en su momento lo intentó contra la Ley de Medios, y le fue mal). Un antecedente de revocatoria suprema que invocan algunos juristas es la de una sentencia que había dictado la Corte en 2007 para que se pudiera seguir investigando al excomisario René Derecho, por torturas contra un artesano, Bueno Alves, para que incriminara a su abogado. Lo que sucedió en este caso es que medió una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
* Rodríguez Larreta, en tono triunfalista, anunció que exigirá al máximo tribunal que se ejecute la medida cautelar y que para eso podría reclamar el embargo de los fondos que debería percibir de acuerdo al cálculo que hicieron los supremos sin dar argumentos, según el cual el porcentaje de masa coparticipable que deber recibir la Ciudad es 2,95 por ciento. Otra aspirante presidencial del PRO, Patricia Bullrich, se subió a la controversia con un tuit de tono amenazante dedicado a Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación –quien además conoce bien la temática de los tiempos en que se ocupaba de la relación con las provincia en el ministerio del Interior. Bullrich le dijo que debía enviar el dinero de inmediato o de lo contrario ella y su directorio deberían responder con su patrimonio. Así planteada la discusión pareciera que el Estado estuvo privando de fondos a la Ciudad desde 2020 y no es así, ya que recibió todo este tiempo –desde el decreto de Alberto Fernández que redujo los fondos que Mauricio Macri había triplicado y luego se aprobó una ley en igual sentido–, un 2,32 por ciento. Por otro lado, lo que plantea el Gobierno ahora es que es impracticable lo que indica la Corte porque no está incluido en la ley de presupuesto 2023 votada en el Congreso.
* Nada hace suponer que la Corte vaya a beneficiar al Estado Nacional ante sus recursos, y habrá que ver si evalúa viable un embargo o alguna otra clase de medida para la ejecución de la cautelar. Esto último tramitaría en un nuevo incidente. «La cancha está inclinada por ahora (a la derecha)», hay quienes admiten en el cuarto piso de Tribunales. No suena descabellado que el gobierno de Fernández lleve el litigio a un extremo a las puertas de un año electoral. Al hacer planteos, tampoco se podría hablar de un desacato liso y llano si decidiera no pagar o postergar las transferencias que los supremos ordenaron que fueran diarias y automáticas. De todos modos, no sería raro que haya denuncias por incumplimiento ya que «la guerra» está declarada.
Historia de incumplimientos
El jefe de gobierno porteño quiso resaltar que «desde 1983 no hay antecedentes de que un presidente no cumpla con un fallo de la Corte Suprema». Sin embargo, es extensa la lista de sentencias no acatadas, en especial por estados provinciales o en exhortaciones dirigidas al Congreso, aunque no hay ningún expediente exactamente comparable al que ahora está en el centro de la escena. El que más pudo haberse acercado tuvo relación con el traspaso del SUBTE en 2012, la Corte buscó no intervenir y hubo un acuerdo político.
Algunos casos judiciales con incumplimientos se prolongaron por años, y pocos tuvieron consecuencias concretas. La más recordada es la que en 2009 ordenó (con un antecedente en 2001) reponer al exprocurador ante el alto tribunal de Santa Cruz, Eduardo Sosa, que había sido apartado a raíz de una reforma en 1995. El fallo nunca fue acatado, se amagó con una intervención de la justicia. El exgobernador Daniel Peralta fue condenado por desobediencia en 2018. Entre las exhortaciones supremas al Congreso que no fueron cumplidas, hay una impactante: la designación de Defensor del Pueblo de la Nación, un cargo que está vacante hace 13 años; la sanción de una ley que permita el voto de las personas condenadas; cuando los supremos firmaron el fallo Badaro I para actualizar las jubilaciones, el Congreso no siguió sus lineamientos y terminó saliendo el fallo Badaro II. En otras disputas sobre coparticipación, donde los supremos le dieron la razón a las provincias, no hubo acatamiento directo, en el caso del gobierno de Mauricio Macri, sino que con el correr del tiempo fue estableciendo acuerdos con cada gobierno local. El fallo conocido como FAL (que ratificaba los casos de aborto no punible ya establecidos por el Código Penal), que exhortaba a las provincias a sancionar protocolos, no todas cumplieron, algunos se tomaron su tiempo. Un fallo más reciente aún no acatado es el relacionado con el Río Atuel que ordenó a la provincia de Mendoza garantizar un caudal inicial mínimo permanente de 3,2 m3/s en el límite con La Pampa.
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