“La repercusión fue pésima, está todo mal. No sé cuáles son las derivaciones que pueda haber. Los de abajo ya nos están puteando a nosotros porque nos quedamos. Nos dicen ‘estos nos quieren matar y estamos adentro’”. La reflexión de un dirigente de frecuencia diaria con Cristina Fernández de Kirchner tiene múltiples lecturas y responde a una conversación entre Alberto Fernández y Roberto Navarro en El Destape. “Vamos a una PASO, por ejemplo, con Coqui Capitanich. Si él le gana al presidente sale tan fortalecido que es un gran candidato para llegar a la presidencia. Si yo le gano, como Coqui será el candidato de Cristina, seré el que terminé con 20 años de kirchnerismo y puedo ganar las elecciones”, dijo el Presidente.
El momento para la tensión no podría ser menos oportuno. La vice reaparecerá el viernes en Río Negro con un discurso que, según lo anunciado, orbitará sobre lo económico, pero difícilmente prescinda de algún mensaje político. “La línea del 10 será la columna vertebral del 11”, dicen, lacónicos, en su entorno. CFK no va a ir al plenario en Avellaneda que, entre otras cosas, pedirá por su candidatura presidencial, a menos que antes Cristina sugiera su apoyo a otro candidato en su presentación en la Universidad. Algo que nadie se anima a descartar. El tono del encuentro militante dependerá de los oradores. Aún no se sabe quién abre la jornada, pero muy probablemente la cierre Axel Kicillof. Cristina, mientras tanto, continúa la validación de Sergio Massa. “Es excelente”, reflexionó en voz alta mientras miraba el anuncio del ministro de Economía ayer por la tarde.
El Presidente, por su parte, da señales de querer competir. Adelgazó 12 kilos y, en privado, habla de los proyectos que tiene para 2024. Asegura que tres meses atrás, Cristina conservaba dos tercios de los votos del Frente de Todos y el resto se lo repartían entre él y Massa. Hoy, la ecuación, siempre según le cuenta Fernández a su círculo íntimo, se revirtió: la vice tendría una tercera parte del apoyo de los electores oficiales. Es una ecuación singular. Encuestas encargadas por funcionarios de su confianza muestran que, con el apoyo de Cristina, cualquier candidato del FdT empieza con 35%. Tal vez por eso Antonio Aracre le dijo a Mariano Martín, sobre una eventual PASO de un candidato K con el Presidente: “Hay que ver quién se le anima”. Parecía un empleo excesivo y desordenado de palabras causado por un determinado estado de excitación, pero luego lo repitió Aníbal Fernández. Esa lectura de Alberto que replicaron dos de sus colaboradores más cercanos hace carne en un análisis: “Si aparece un candidato K y me gana, suma peso político y es el futuro presidente. Y si alguien le gana al candidato de CFK, es presidente porque termina con un ciclo”.
Fernández tiene claro que quiere representación en las listas por d’hondt y habla de buscar algo innovador entre otras cosas “porque el estigma de La Cámpora es gravísimo”. En conversaciones privadas, el Presidente pone de ejemplo a Gabriel Katopodis: “Nunca vi un funcionario igual”. En una reunión privada con intendentes y dirigentes del peronismo bonaerense, la vice había hecho también un reconocimiento al ministro de Obras Públicas. Sin embargo, Fernández sostiene que él es el que está en mejores condiciones, pero que no le alcanzaría al peronismo para ganar. Sobre Massa, difiere con Cristina. Cree, según pudo reconstruir #OffTheRecord, que “la llama de expectativa que despertó se apagó rápidamente”. Ya en Provincia de Buenos Aires tiene nombre propio para rivalizar con Axel Kicillof: piensa en la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. De indudable capacidad de trabajo, tiene dos antecedentes electorales esquivos: la elección legislativa de 2021 y la interna que perdió en La Plata con Florencia Saintout.
El Presidente quiere que haya PASO en todos lados “para replicar Menem-Cafiero” y asegura que “hasta fines de mayo hay tiempo” para definir si será o no candidato. Una demora inaceptable para el kirchnerismo y, por lo que se desprende de la conversación de la mesa política del FdT, también para otros dirigentes de pedigree no K. En un reportaje con C5N aseguró que “Cristina puede ser candidata cuando quiera”. Si bien la pregunta era electoral, la respuesta escondía un argumento político-jurídico: no está proscripta. Todo esto valida las últimas intervenciones de Aracre y Aníbal. Fernández profundiza: sostiene que si a Cristina la condenan y la inhabilitan para ser candidata, él la indultaría, aunque, reconoce, CFK rechazó hace meses esa posibilidad.
A la interna con olor a ruptura se le sumó un episodio de impacto global: el ataque al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo. Si bien todas las versiones apuntan a una guerra entre bandas en las que están mezcladas el narcotráfico con el fútbol, inteligencia criminal le dijo al Presidente que el episodio no estaba vinculado a un ajuste narco sino a la interna opositora en la ciudad de Rosario donde un sector del radicalismo vinculado a Maximiliano Pullaro quiere arrastrar a Pablo Javkin a Juntos por el Cambio. Desde el entorno de Pullaro lo desmienten categóricamente: “Sólo una mente extraviada puede decir algo así”.
Sin embargo, hay elementos que muestran que la metástasis del crimen organizado en Rosario excede y por mucho a los espacios políticos mayoritarios y alcanza a todo el sistema institucional y empresarial del corazón productivo de la Argentina. Los miércoles hay reunión de comando conjunto de las fuerzas federales con las provinciales. Lo conversado internamente, donde muchas veces se definen allanamientos, sale publicado en los medios al día siguiente. Una infiltración enquistada en todos los niveles. Si bien Omar Perotti apuntó contra el Poder Ejecutivo, los números son elocuentes: su gestión tuvo cuatro ministros de Seguridad y cambió 10 veces el jefe de policía en Rosario. Una situación que lleva años a la deriva. Igual que las soluciones: el gobierno nacional recomendó para Rosario el reconocimiento facial que rechazó en la Ciudad de Buenos Aires.
El ataque al supermercado de la familia Roccuzzo puso en primer plano nuevamente el debate sobre la seguridad, que parece llamado a protagonizar la campaña junto a la economía. Presta a propuestas efectistas, la cuestión de la seguridad y el combate al narcotráfico en Argentina tiene un interesante potencial para el próximo gobierno, que en materia económica enfrentará fuertes dificultades al menos al inicio. Argentina no tiene rasgos de falencia estatal como los que presenta, por ejemplo, México, donde las bandas parecen tener control de partes enteras del país. Enfrentarlo requerirá construir módicas capacidades con elementos que pueden priorizar las acciones “de derecha” o “de izquierda”, pero precisarán, al menos, incrementar el control sobre las relaciones de los traficantes con las instituciones y las fuerzas de seguridad e incrementar el control sobre las cárceles, donde se alojan casi todos los líderes relevantes, sin que ello haya afectado sus capacidades de mando.
Mientras tanto, las miradas de la oposición respecto de la república y el estado de derecho merecen ser repasadas no en búsqueda de intenciones ocultas sino a partir de lo que queda por escrito, lo que se dice expresamente. El ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, profesor adjunto de la Universidad de Harvard y posiblemente el economista del PRO con mayores pergaminos académicos en el país que consolidó la idea de los marcos institucionales y el rule of law, publicó el domingo, en el diario Perfil, un texto sobre el tema de moda desde el lanzamiento presidencial de Horacio Rodríguez Larreta.
El artículo es ilustrativo por varias razones relacionadas a los puntos que plantea y algunas hasta son compatibles con el debate democrático y el Estado de Derecho. Por ejemplo, señalando algunos regímenes problemáticos como el de Tierra del Fuego, Sturzenegger propone echar por tierra la totalidad de las iniciativas de política industrial del Estado Argentino, incluyendo, entre otras, el exitoso régimen de economía del conocimiento. Gobernar es tocar intereses. De imponerse estas ideas, posiblemente Argentina se ubicaría en la vereda de enfrente del mundo entero, donde, en un marco de creciente competencia, desde Washington a Beijing y de Kuala-Lumpur a Berlín, florecen las iniciativas de política industrial, pero ese eventual regreso al liberalismo desabrido podría bien ser un producto de elecciones democráticas.
La elección de los ejemplos del apartheid sudafricano y la Alemania nazi como los espejos en los que reflejar el debate sobre lo que debería hacer con el kirchnerismo un eventual gobierno opositor que se impusiera en las próximas elecciones es, si cabe, mucho menos feliz. Tanto el apartheid como el nazismo, en distintas escalas, representaron expresiones de sometimiento de la condición humana, que abrazaron expresamente el racismo y las formas más extremas de opresión y persecución. No hay nada en ninguna fuerza política relevante en la Argentina de los últimos cuarenta años que se haya parecido a eso que, sin embargo, se permite a la hora de las analogías quien se supone debería ser una de las voces más mesuradas y preocupadas por el carácter del debate en la coalición opositora.
Pero incluso esto podría quedar en apenas una exageración retórica, medido contra el argumento que hace propio respecto de los eventuales errores que, caracteriza, redundaron en el fracaso del gobierno que encabezó Mauricio Macri. El ex banquero central eligió citar a Roberto Dromi, al que señala correctamente como el arquitecto jurídico de las reformas del Estado producidas durante el menemismo, y le atribuye ideas sobre las medidas prioritarias que habría desarrollado durante una cena privada producida a mediados del 2015. Las mismas incluían, de acuerdo al textual de Sturzenegger, “expropiar C5N” e “intervenir los hoteles de Cristina” entre otras. Es curioso. A mediados de 2015, los medios todavía atribuían a Dromi el rol de asesor de Julio De Vido. Tras explicar que, en el momento de la cena, él mismo disentía con Dromi y prefería enfocarse en medidas económicas, Federico Adolfo termina por señalar que, en retrospectiva, habría sido Dromi quien tenía razón.
Esa última sentencia es desconcertante. Por dos motivos. En primer lugar, el gobierno macrista empujó al máximo la persecución judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la que denunciaron funcionarios de ese gobierno en causas ridículas como la del dólar futuro -que, sin embargo, derivaron en procesamientos y embargos- o la del Memorando con la República Islámica de Irán que derivó en el tratamiento inhumano que recibió Héctor Timerman. En cuanto a C5N, la persecución está acreditada administrativa y judicialmente y no se limitó a los excesos habituales de la política argentina en el reparto de la publicidad oficial sino que incluyó la detención arbitraria de los accionistas del canal en una causa por la que ambos resultaron absueltos. No ir más lejos fue fruto de los límites que impone el funcionamiento de la democracia argentina y no de la falta de voluntad.
Aún peor, si cabe, es que Sturzenegger deje por escrito aquella receta como guía para un eventual próximo mandato. Si diéramos crédito a sus palabras, Dromi estaba proponiendo medidas que básicamente significarían una persecución arbitraria sobre cualquier influencia comunicacional o económica que pudiera conservar la oposición relevante. Avezado abogado, seguramente Dromi tuviera en mente coberturas más o menos jurídicas para tales persecuciones. No era una tarea para dejar en manos de economistas.
Se trata de un giro paradójico para quienes se consideran la reserva contra un peronismo presuntamente autoritario. Los cierres, expropiaciones e intervenciones con visos de legalidad son característicos de las etapas tempranas de gobiernos pre democráticos. Una hipótesis que se verifica y vale para las relaciones con los opositores políticos y empresariales en países lejanos como Rusia o Turquía, pero también para el control de la policía de Nicaragua durante el primer y segundo mandato de Daniel Ortega en este siglo, y para varias de las políticas seguidas en medios e instituciones por el partido de gobierno en Venezuela.
Cualquier atisbo de reconstrucción del diálogo político y los acuerdos sociales fundamentales requerirá de un ejercicio de docencia de muchos de los representantes empresarios. Mercado Libre es una de las empresas más dinámicas del país. Valuada en más de 60 mil millones de dólares, se expandió a Brasil y México, donde compite exitosamente contra el gigante estadounidense Amazon, mientras mantiene un liderazgo indiscutido en e-commerce y sistemas de pago online, al tiempo que se cuenta entre los mejores empleadores de la Argentina medidos por los sueldos que pagan. Su fundador y principal decisor, Marcos Galperín, secundó a Fernando Iglesias en una acusación muy poco velada que atribuyó al ministro de Seguridad haber baleado el supermercado de la familia política de Messi en Rosario como represalia por la foto que el mejor jugador de todos los tiempos se sacó con el presidente de la Fundación FIFA. La sofisticación de la empresa para transitar contextos desafiantes y crecer contrasta con la vulgaridad de las manifestaciones que tantas veces exhibe o hace suyas el empresario. La separación es tan necesaria como compleja.
Desde el PRO también coincidieron en repudiar, antes de su anuncio, el canje que el ministro de Economía, Sergio Massa, pactó con los bancos para despejar incertidumbres en relación a casi 10 billones de deuda en pesos que vencen antes de junio. Hernán Lacunza, Luciano Laspina y Guido Sandleris, a pesar de las diferencias de terminales, coincidieron en valorar como dañino para el país el acuerdo alcanzado y lo calificaron como una suerte de seguro de cambios perjudicial para el Estado argentino y como un favor a los bancos. Les respondió Javier Bolzico, titular de ADEBA, que señaló que no se trataría de un seguro de cambios sino de una deuda parcialmente dolarizada y que los bancos no son el único actor que sería alcanzado por el canje, que afectaría a todos los bonos en pesos emitidos en las mismas condiciones.
Las verdades, son, como suele suceder, parciales. Es cierto que el bono que se recibirá contra el canje es oneroso. Un bono dual, al vencimiento paga al acreedor el mayor valor entre la tasa de inflación y la de devaluación. Es decir, gana o gana. El instrumento, que fue creado por Luis Caputo durante el gobierno de Macri, fue pensado para situaciones límite, donde lo que aparece en cuestión es la solvencia del deudor -en este caso el Estado argentino. El principio es que, cuanto mayor es el riesgo de impago, mayor debe ser el atractivo de cualquier instrumento financiero en términos de ganancia esperada. Un principio que vale en cualquier lugar del mundo y que incluso fundamenta indicadores famosos como el de “Riesgo País”. En el caso de la deuda en pesos emitida por el Tesoro, el cuestionamiento opositor tendría mucho de profecía autocumplida. El reciente comunicado de Juntos, la fuerza que en principio mantiene favoritismo para hacerse con la presidencia, en que se cuestionó la sostenibilidad del endeudamiento en pesos, incrementó objetivamente el riesgo financiero asociado al proceso electoral. Ese incremento del riesgo impulsa a su vez al tesoro a emitir instrumentos en peores condiciones que, a su vez, motivan nuevos cuestionamientos. Un círculo vicioso con escasa salida.
El problema de fondo, sin embargo, es lo que revela respecto del programa económico opositor. Como ya se ha insistido en esta columna, no hay grieta en el PRO respecto de la necesidad de que las decisiones se implementen a toda velocidad. El problema de la sustentabilidad de la nueva deuda estará en la evolución de la tasa de devaluación del dólar oficial y la inflación, sin posibilidad de licuar. Posiblemente el problema no sean las condiciones de endeudamiento en sí mismas sino los que surgen de un programa en que las tarifas posiblemente multipliquen en varias veces una inflación que supera el 100% anual y busquen una devaluación real que acerque los valores no ya a la inflación sino a una convergencia “en el que el dólar de abajo suba y el de arriba, baje”.
Iván Schargrodsky – Cenital
