Hasta mayo, el Indec revelaba que los salarios reales formales habían bajado, pero el SIPA todavía daba dos décimas arriba de noviembre de 2023.
Pero con los datos actualizados a junio ya ni siquiera eso. Los salarios formales promedio dan 2,9 puntos abajo y los privados 3,6 puntos abajo (los públicos ni hace falta aclarar) respecto a cuando Milei asumió.
Datos procesados por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Javier Slucki
La solicitud provino después de una reunión de la junta directiva de la Unión Industrial Argentina ante «la asfixia financiera derivada de la suba de tasas, la caída de actividad y la restricción del crédito». El pedido viene luego de las múltiples repercusiones que tuvo el caso de una metalúrgica que se atrasó en el pago del IVA -por la demora en el abono de uno de sus principales clientes- y el Estado amenazó con trabar sus cuentas.
La Unión Industrial Argentina (UIA) formalizó un pedido ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que se suspendan por 180 días los embargos y ejecuciones fiscales a las pequeñas y medianas empresas. La solicitud de la entidad fabril se da en un contexto complejo para el sector manufacturero, el cual acumula una caída del 2% en lo que va del año y enfrenta dificultades en varios sectores para sostener su capital de trabajo.
El reclamo institucional viene a la par de la viralización de un caso testigo expuesto por el analista económico Damián Di Pace. A través de la red social X (ex Twitter), el consultor relató la situación límite que atraviesa una pyme metalúrgica del conurbano bonaerense que, tras el atraso en el pago de un cliente, no logró abonar la totalidad del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el lapso de apenas una semana fue intimada y quedó al borde de un embargo preventivo de sus cuentas bancarias.
Frente a este complejo escenario, la cúpula de la UIA alertó sobre la necesidad impostergable de acompañar al entramado productivo. Durante un encuentro entre el Departamento de Política Tributaria de la entidad y las autoridades de ARCA, los representantes industriales enmarcaron su pedido de suspensión como una medida transitoria frente a la asfixia financiera generada por las altas tasas, la merma en la actividad económica y la profunda restricción del acceso al crédito.
Durante su reunión mensual celebrada este martes 25 de agosto, la Junta Directiva de la UIA repasó el paquete de propuestas presentadas ante el organismo de recaudación. Si bien los representantes de la industria valoraron positivamente la reapertura del régimen de facilidades de pago (RG 5875/2026) —que permite incluir obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026 y deudas aduaneras—, insistieron en que se requiere un esfuerzo mayor por parte del Estado.
En esa línea, solicitaron a las autoridades habilitar la migración entre planes y evaluar una reducción de la tasa de financiación. Desde el sector remarcaron que dicho costo no disminuyó para las pymes a pesar de la desaceleración de la inflación. Además del freno por seis meses a los juicios y embargos, la UIA propuso reducir y automatizar los anticipos de Ganancias, diferir por 180 días los vencimientos de IVA para las actividades estacionales, postergar las contribuciones patronales en el caso de las economías regionales y flexibilizar el uso de reintegros de exportación.
Según indicó la entidad, ARCA se comprometió a analizar varias de estas alternativas operativas, y pautaron un nuevo encuentro para dentro de 45 días.
La urgencia detrás del pedido fabril quedó perfectamente graficada en el caso que difundió Damián Di Pace. El periodista describió el drama de una pyme metalúrgica que emplea a 18 personas, tiene su facturación completamente en blanco y abona los sueldos al día. El problema de la firma comenzó cuando uno de sus clientes más grandes se atrasó 45 días en pagar una factura de gran volumen.
Esa rotura en la cadena de pagos hizo que la empresa no llegara a juntar el dinero completo para afrontar el vencimiento del IVA, que operó el pasado 15 de agosto. Lejos de ofrecer un margen de flexibilidad, la maquinaria estatal actuó con una velocidad implacable: el 22 de agosto, la pyme ya contaba con la boleta de deuda y el juicio de ejecución fiscal en marcha.
Para el martes 25, la compañía recibió el mandamiento de intimación de pago con un plazo límite de 5 días hábiles, mientras el abogado de ARCA ya solicitaba el embargo preventivo.
«Sin cuentas no pagan sueldos ni proveedores. Sin proveedores paran la producción. Sin producción despiden gente. Esto no es ‘cobrar lo que se debe’. Esto es asfixiar a la pyme que genera trabajo real en menos tiempo del que tarda en llegar un cheque diferido«, apuntó el periodista.
La ferocidad tributaria contrasta directamente con una economía real que opera a la baja. De acuerdo con el Informe de Actualidad Industrial (CEU-UIA), la producción manufacturera se encuentra en un estado de estancamiento crónico desde mediados de 2025. En lo que va de 2026, la industria acumuló un retroceso del 2% interanual y sus volúmenes productivos actuales se ubican un 10% por debajo de los registros de 2022 y 2023.
Aunque los datos adelantados de julio marcan un aparente rebote interanual del 1,4%, la UIA se encargó de aclarar que esto obedece exclusivamente a una base de comparación estadística muy baja. De hecho, al medir julio contra junio, la actividad sufrió una nueva contracción del 0,6% sin estacionalidad. Los sectores que traccionaron estos números hacia abajo durante el semestre fueron los bienes durables y semidurables (desplome del 21,2% por menor demanda de vehículos y electrodomésticos), el sector automotriz (caída del 18%) y la indumentaria y calzado (baja del 14,1%).
Por fuera del complejo escenario tributario, la Junta Directiva de la UIA analizó el impacto de la política comercial de los Estados Unidos sobre el país.
Según indicaron, Argentina logró mantener una posición relativa favorable con una alícuota del 10% (comparada con el 12,5% general y el 37,5% que enfrenta Brasil), un beneficio que alcanza al 22% de sus exportaciones bilaterales.
Sin embargo, los industriales advirtieron que es necesario consolidar la certeza jurídica de estos beneficios, para lo cual anunciaron el lanzamiento de una innovadora plataforma digital que centralizará el monitoreo de mercados globales y aranceles.
Río Negro Económico
El gobernador reunió a intendentes y ministros para dar detalles del plan que tendrá por objetivo prevenir y dar respuestas a las posibles consecuencias que tendrá en el territorio el fenómeno climático conocido como “Super Niño”.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó una conferencia e Gobernación, junto a ministros e intendentes para presentar las medidas que se llevaran adelante para paliar los efectos del “Super Niño”.
Acompañaron al gobernador el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y sus pares de Infraestructura, Gabriel Katopodis, de Seguridad, Javier Alonso, y de Ambiente, Daniela Vilar.
Kicillof anunció la creación de una mesa interministerial con vínculo directo con los intendentes para coordinar las acciones de prevención, planificación y respuesta frente al fenómeno climático. Además, detalló que la Provincia tiene invertidos durante su gestión unos $2,3 billones en total para afrontar sus posibles consecuencias.
Durante el anuncio, Bianco señaló que se trata de una situación que genera preocupación para todo este año y la primera mitad de 2027. Según explicó, los pronósticos meteorológicos anticipan la posibilidad de eventos climáticos adversos que obligarán a reforzar las tareas de prevención y respuesta.
El antecedente bonaerense es uno de los principales motivos de preocupación. Según detalló Vilar, los tres grandes eventos registrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante los últimos 35 años ocurrieron en contextos de El Niño.
La situación puede agravarse cuando las lluvias se suceden en períodos cortos. La mayor frecuencia de las precipitaciones incrementa la humedad del suelo, reduce su capacidad de infiltración y puede provocar la saturación de los terrenos. A eso se suma la crecida de arroyos y lagunas, que puede favorecer la repetición de episodios de anegamiento.
El escenario también contempla un factor adicional: si los suelos ya se encuentran saturados por lluvias anteriores y los cursos de las distintas cuencas están elevados, nuevos eventos pueden generar impactos mayores. Para la Provincia, el cambio climático complejiza todavía más ese panorama.
El pronóstico presentado durante la jornada marca una alta probabilidad de lluvias superiores a las normales entre agosto y octubre en buena parte del territorio bonaerense. En el sudoeste provincial, en tanto, la probabilidad es considerada muy alta. La situación podría empeorar hacia el último trimestre del año, aunque todavía no están disponibles los datos trimestrales del Servicio Meteorológico Nacional que permitirán precisar ese escenario.
Frente a este panorama, Vilar presentó un esquema de prevención que contempla un diagnóstico territorial, un mapa municipal de riesgo y un inventario de las capacidades y el equipamiento disponible en cada distrito.
El plan también incluye el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana mediante nuevas estaciones meteorológicas, protocolos de vigilancia y herramientas de preparación comunitaria.
En concreto, la Provincia anunció la instalación de 24 nuevas estaciones meteorológicas, la entrega de kits de gestión de riesgos a municipios y la incorporación de pluviómetros comunitarios.
El ministro de Infraestructura detalló tres niveles de acción que lleva adelante la Provincia. El primero está vinculado al monitoreo y la información, con el objetivo de ampliar la red de estaciones meteorológicas y contar con mejores datos para planificar las obras.
En ese marco, anunció la construcción de un visor provincial único que reunirá en tiempo real la información de las estaciones disponibles. La herramienta incorporará las 42 estaciones del Ministerio, otras 208 que se encuentran licitadas o planificadas y las que se sumen mediante convenios de colaboración. El objetivo es que todos los intendentes puedan acceder al sistema y conocer el estado de las cuencas y las condiciones meteorológicas.
Katopodis también puso el foco en la situación actual de los suelos. Según un informe de la Autoridad del Agua (ADA), las zonas centro, este y noroeste de la Provincia presentan niveles de saturación considerados muy críticos. Siete municipios, además, ya superaron el 50% de la media anual de precipitaciones.
El ministro explicó que, si el fenómeno de «El Niño» se prolonga, el suelo podría recuperar progresivamente parte de su capacidad de absorción. Pero advirtió que la situación requiere medidas de prevención, especialmente en las cuencas vinculadas al Río de la Plata, el Paraná y el Río V, en el límite con La Pampa.
En ese sentido, anticipó que durante la reunión que Kicillof mantendrá con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto se trabajará sobre protocolos conjuntos para medir los caudales y establecer qué niveles permiten liberar agua sin trasladar el riesgo de inundaciones hacia la Provincia.
El segundo nivel de intervención contempla acciones concretas de prevención. Katopodis informó que ya fueron contratadas más de 33 mil horas de máquinas, con una inversión de $5.700 millones, para tareas vinculadas al mantenimiento y la respuesta ante posibles emergencias. También se prevé la limpieza de arroyos mediante cooperativas y el mantenimiento de la accesibilidad a través de Vialidad.
A eso se suma un plan de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios públicos, con protocolos junto a cooperativas y la incorporación de sistemas móviles de almacenamiento de energía.
El tercer nivel corresponde a las obras estructurales, que según explicó Katopodis cuentan con un presupuesto plurianual de $2,1 billones. Actualmente hay 139 obras y proyectos hidráulicos en desarrollo, entre ellos intervenciones en Bahía Blanca, la obra del Canal Maldonado, el Plan del Río Salado y la presa de Pergamino, próxima a ser licitada.
En este punto, el ministro cuestionó el freno de obras nacionales y señaló que el Gobierno nacional no terminó el tramo IV del Plan del Río Salado. También criticó el desfinanciamiento de las políticas hídricas y la paralización de créditos, al advertir que existen recursos del impuesto a los combustibles destinados al Fondo Hídrico que, según indicó, no fueron utilizados.
El ministro de Seguridad sumó al plan cuatro ejes: alerta temprana, coordinación, fortalecimiento logístico y articulación con agencias y organizaciones de la sociedad civil.
El esquema contempla el acompañamiento a los municipios, monitoreo permanente y coordinación entre la Policía, equipos de rescate, Bomberos y Defensa Civil, que está organizada en 12 zonas. Además, la Provincia reforzó su logística con patrulleros, motos de agua, gomones, embarcaciones y aeronaves.
Finalmente, el encargado de la cartera de Seguridad puntualizó que el fin del plan es que el 80% de los municipios pueda implementar sistemas de alerta temprana, además, destacó el trabajo conjunto con las tres federaciones de Bomberos, la Superintendencia Siniestral y Seguridad Rural, con especial atención a zonas como el Delta.
Cronos
La Cámara Baja provincial sesionará el jueves con proyectos sobre violencia digital, uso de imágenes de estudiantes, inclusión laboral para personas con discapacidad y protección de la biodiversidad.
La Cámara de Diputados bonaerense realizará el jueves a las 14 horas su cuarta sesión ordinaria de 2026, con un temario que incluye proyectos sobre violencia digital, protección de menores, discapacidad y ambiente. La jornada buscará acelerar una actividad legislativa que tuvo una producción mesurada en cuánto a tratamientos durante el año.
Entre las iniciativas que llegarán al recinto se encuentra la denominada Ley Ema, impulsada por la diputada Mayra Mendoza. El proyecto propone crear un programa provincial para prevenir y abordar de manera integral la violencia digital en las escuelas, con herramientas destinadas a estudiantes, docentes y autoridades educativas.
La iniciativa toma su nombre del caso de Ema Bondaruk, una adolescente bonaerense que murió en 2024 luego de la difusión no consentida de imágenes íntimas en su entorno escolar. El texto plantea incorporar contenidos sobre ciudadanía digital, consentimiento, privacidad, protección de datos y uso responsable de las nuevas tecnologías, además de establecer capacitaciones para trabajadores de la educación.
Otro de los proyectos que concentrará la atención apunta a regular la utilización de imágenes, videos y audios de alumnos en las redes sociales de las escuelas. La propuesta de Luciana Padulo contempla mecanismos para autorizar o revocar el uso de esos registros y permitiría pixelar rostros, distorsionar voces o eliminar elementos identificatorios cuando el contenido sea difundido públicamente.
En materia de discapacidad, Diputados podría avanzar con la adhesión bonaerense al Régimen Federal de Empleo Protegido, destinado a fortalecer los derechos laborales de quienes trabajan en talleres protegidos. La Provincia concentra 177 de los 263 establecimientos de este tipo existentes en el país, según datos citados durante el tratamiento parlamentario.
Finalmente, el recinto abordará iniciativas ambientales vinculadas con los desarrollos inmobiliarios y la preservación de la biodiversidad. Uno de los proyectos propone incorporar corredores biológicos y medidas para reducir el impacto de las urbanizaciones sobre la fauna y flora autóctonas, además de establecer sanciones para los emprendimientos que incumplan las disposiciones.
Cronos
El magistrado concedió un plazo de 15 días “en resguardo de la garantía del derecho de defensa y de su posibilidad de acceder a aquellos elementos que estén vinculados con el objeto procesal”
El juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido de la defensa del exjefe de Gabinete Manuel Adorni de suspender el plazo vigente para cumplir con el requerimiento de informe patrimonial que había planteado el fiscal Gerardo Pollicita y le concedió una prórroga de 15 días.
Adorni había solicitado formalmente más tiempo para presentar la documentación. El lapso original otorgado por Pollicita para responder al pliego con las supuestas inconsistencias financieras vencía este miércoles 26 de agosto.
Su abogado, Matías Ledesma, explicó que precisaba interrumpir el plazo actual hasta obtener copias de los archivos de la extracción forense que fueron usados en el requerimiento de justificación y, además, extenderlo por 15 días desde su vencimiento.
Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, los pedidos de Adorni se basaban en un mismo argumento, ya que conceder la prórroga —por no haber sido posible acceder a la totalidad de la prueba citada en el requerimiento de justificación patrimonial— volvía inviable el pedido de suspensión.
Por ese motivo, el tribunal resolvió rechazar la petición de suspender los plazos en trámite y conceder la prórroga, a partir de su vencimiento, por el mismo plazo.
El magistrado, “en resguardo de la garantía del derecho de defensa y de su posibilidad de acceder a aquellos elementos que estén vinculados con el objeto procesal”, autorizó las copias de los archivos, diligencia que será llevada a cabo por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales.
El fiscal Gerardo Pollicita firmó hace tres semanas un dictamen de 207 páginas en el que enumeró 20 preguntas que estarían vinculadas con los bienes de Manuel Adorni.
La investigación abarca el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, fecha en la que formalizó su renuncia al cargo de jefe de Gabinete.
Entre los puntos que deberá aclarar figura el origen de los dólares en efectivo mencionados bajo el rubro “venta de activos”, con detalle de los bienes enajenados, los compradores y la documentación respaldatoria.
Además, Pollicita solicitó que acredite la existencia de préstamos familiares, la procedencia de los fondos para comprar un vehículo Jeep y la adquisición y remodelación de una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
El requerimiento también pidió explicaciones sobre la operatoria con criptoactivos que no habría sido declarada ante la Oficina Anticorrupción.
Por último, Adorni deberá explicar el presunto pago de consumos con tarjetas de crédito ajenas, la cancelación de deudas con el Banco Galicia y el origen de acreditaciones no salariales en su cuenta sueldo del Banco de la Nación Argentina.
La fiscalía detectó fondos en una billetera virtual que Manuel Adorni validó con su identidad, pero omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción, además de presuntas inconsistencias en las declaraciones rectificativas del ejercicio 2023.
Esta etapa de la causa es la primera instancia que tiene el exfuncionario para justificar el origen de su patrimonio. Con esas respuestas, el fiscal estará en condiciones de plantearle al juez Lijo si acepta las explicaciones presentadas o si lo convoca a indagatoria.
Infobae
La Libertad Avanza y sus aliados lograron bloquear las propuestas de la oposición para emplazar los proyectos que tratan la crisis que atraviesan deudores y morosos de préstamos bancarios y de billeteras virtuales. Tampoco tuvo éxito la intención de prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El oficialismo y sus aliados circunstanciales bloquearon las propuestas presentadas por la oposición para incluir en el temario de la sesión de hoy proyectos de ley que intentaron darle una salida a la crisis que atraviesan los miles de deudores y morosos de préstamos bancarios y de billeteras virtuales.
La problemática había sido presentada en dos oportunidades para ser tratada en sesiones especiales, pero los bloques de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR y demás aliados no dieron el quórum necesario. Hubo otras dos que se intentaron instalar mediante un paréntesis en los temarios de sesión previstos, pero también fracasaron.
El quinto intento fue en la sesión convocada para hoy, que tiene dos temas centrales: el tratamiento de la ampliación del denominado Régimen de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), ambos impulsados por el mileísmo. Pero el tema del sobreendeudamiento volvió a fracasar.
Las propuestas sobre el tema que días atrás motorizó una masiva movilización en Plaza de Mayo fueron presentadas a través de pedidos de apartamiento del temario de sesión y con el fin de incluir el debate sobre los deudores.
“Estamos hablando de un universo de endeudados en mora cercano a los 20 millones de argentinos, por lo tanto una problemática de este calibre no puede estar ausente del debate parlamentario”, cuestionó durante la sesión el diputado de Unión por la Patria (UxP) Germán Martínez.
El legislador nacional también denunció el bloqueo del oficialismo en las comisiones de la Cámara de Diputados para tratar los proyectos presentados. “Entiendo que el Gobierno diga que es un tema entre privados” pero “imposible que este tema no se pueda tratar aquí”, insistió.
Así y todo insistió para que el caso se debata. Las propuestas de la oposición fueron leídas durante un tramo de la sesión, pero el oficialismo no hizo lugar al pedido de apartamiento del temario. Y como en las votaciones no se llegó a las tres cuartas partes de apoyo necesario (107 votos negativos, 133 afirmativos y 11 abstenciones), las mociones fueron cayendo.
Las propuestas aglutinadas en expedientes presentados por distintas bancadas relativas al endeudamiento familiar tuvieron que ver con la creación de mecanismos de salvataje para quienes deban a bancos o FinTech.
El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano resaltó que cada una de esas propuestas “no tiene costo fiscal” para el Estado, y que por lo tanto no contradice el discurso del mileísmo de no tocar el erario público.
También se puso a consideración la creación de un régimen temporario para que personas y pequeñas empresas puedan sanear su situación de endeudamiento. Tampoco prosperó.
La crisis por la que atraviesan los deudores no fue la única razón por la cual se pidieron apartamientos del temario original para la sesión de hoy. El diputado de UxP Juan Marino también pidió ese mecanismo para tratar la prórroga por un año la Emergencia en Discapacidad. Pero el oficialismo volvió a dar la espalda.
Página/12
Patricia Bullrich gestiona los acuerdos con bloques aliados para sesionar el jueves. Entre las postulaciones sobresalen Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Federal porteña, un tribunal estratégico que interviene en investigaciones sensibles para la Casa Rosada.
La Libertad Avanza convocó a una reunión de Labor Parlamentaria en el Senado para el miércoles 26 a las 14. La intención de la bancada oficialista es realizar una sesión el jueves 27 con el objetivo de tratar una agenda promovida por el Poder Ejecutivo, que incluye el proyecto de Ley Hojarasca y la aprobación de 60 pliegos de jueces federales.
Entre las postulaciones destacan las de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para ocupar cargos en la Cámara Federal porteña, un fuero determinante por tramitar causas por corrupción, delitos económicos, lavado de dinero y crimen organizado.
La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, encabeza las conversaciones con los sectores dialoguistas para asegurar el cuórum y blindar los votos necesarios. En paralelo, la agenda legislativa prevé el abordaje del proyecto de Ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La relevancia de la Cámara Federal porteña radica en que allí tramitan expedientes de fuerte impacto político. Entre las investigaciones bajo su ámbito figuran el caso de la criptomoneda $LIBRA y las supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) —expediente derivado tras la desvinculación de su exdirector Diego Spagnuolo—, además de causas vinculadas con un presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni.
El avance de estas designaciones forma parte del plan que el presidente Javier Milei proyecta sobre el fuero federal, tras la incorporación de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Bajo la coordinación del senador riojano Juan Carlos Pagotto, la Comisión de Acuerdos dictaminó los pliegos luego de recibir esta semana a 13 postulantes para vacantes en el territorio bonaerense, Salta, Córdoba, Catamarca y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para concretar la convocatoria a la sesión, Bullrich mantiene negociaciones abiertas con bloques de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales. Estos sectores solicitaron la inclusión de proyectos propios en el temario, como las propuestas medioambientales sobre el mercado de carbono impulsadas por la salteña Flavia Royón y la misionera Sonia Rojas Decut. Bullrich garantizó que abrirá el debate para las iniciativas aliadas una vez cumplido el objetivo prioritario fijado para el 27 de agosto.
Durante la instancia en la Comisión de Acuerdos, las presentaciones de Bertuzzi y Yadarola se desarrollaron sin objeciones de peso, ante la ausencia del bloque Justicialista conducido por José Mayans, que decidió no participar de la audiencia. En el recinto participaron representantes de Convicción Federal como Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, quienes tampoco formularon cuestionamientos a los candidatos.
Bertuzzi se desempeña en la Cámara Federal porteña desde 2018, tras un traslado dispuesto durante la gestión de Mauricio Macri. Su situación quedó supeditada a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dispuso que debía completar el concurso formal previsto por la Constitución para su confirmación en el puesto. Yadarola, por su parte, repasó su trayectoria de dos décadas en investigaciones sobre crimen organizado y delitos complejos dentro del Poder Judicial.
De convalidarse los 60 nombramientos en la próxima sesión conducida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, el Gobierno nacional alcanzará las 170 vacantes judiciales cubiertas desde el inicio del mandato. Además, está previsto el ingreso de otras 15 propuestas que pasarán a revisión de la Comisión de Acuerdos.
Río Negro
La discusión sobre los vínculos entre Fernando Cerimedo y La Derecha Diario suma un nuevo capítulo. Mientras Javier Negre sostiene que Cerimedo ya había vendido su participación antes del ataque contra Nadia Beller, registros sobre el dominio del medio plantean interrogantes sobre cuándo se produjo efectivamente el traspaso.
La controversia alrededor de Fernando Cerimedo y La Derecha Diario vuelve a quedar en el centro de la escena.
Una de las versiones difundidas sostiene que Cerimedo se había desprendido de su participación del 49% antes del intento de femicidio contra Nadia Beller. Sin embargo, información vinculada al registro del dominio del medio plantea una cronología diferente y abre nuevos interrogantes sobre la relación entre el exasesor político y la estructura de comunicación.
Según los registros mencionados en la disputa, el día del ataque contra Beller el dominio de “La Derecha Diario” todavía figuraba registrado a nombre de Fernando Cerimedo.
El dato resulta relevante porque permitiría establecer, al menos respecto del dominio, que el cambio de titularidad no se habría producido antes del episodio, como sostienen algunas versiones.
La información difundida señala que el traspaso del dominio se habría concretado recién el 22 de agosto, cuando pasó a estar registrado a nombre de una persona de 22 años.
La diferencia de fechas es el punto central de la discusión.
Si el dominio continuaba formalmente asociado a Cerimedo el día del ataque, entonces la afirmación de que ya había quedado completamente desvinculado de La Derecha Diario antes de ese episodio requiere, como mínimo, una explicación.
Hay que distinguir, de todos modos, entre la titularidad de un dominio y la propiedad societaria de una empresa o medio de comunicación. Que una persona figure como titular registral de un dominio no demuestra por sí solo quién posee una participación societaria ni quién toma las decisiones editoriales.
Por eso, para establecer con precisión qué ocurrió, sería necesario conocer también la documentación societaria correspondiente y las fechas exactas de cualquier eventual cesión del 49%.
La polémica adquiere mayor dimensión por las acusaciones cruzadas que surgieron en los últimos días alrededor del entorno de Cerimedo.
La pregunta que queda planteada es si, después del ataque contra Beller, hubo movimientos destinados a modificar o despejar los vínculos formales entre Cerimedo y La Derecha Diario.
El cambio registral del dominio, si se confirma documentalmente y coincide con la fecha señalada, se convierte en un elemento que merece ser analizado dentro de esa cronología.
No se trata solamente de quién figura hoy como titular.
La pregunta fundamental es quién figuraba como titular cuando ocurrieron los hechos y cuándo se produjo exactamente el traspaso.
En una disputa cargada de acusaciones, filtraciones y versiones contrapuestas, los documentos adquieren un peso decisivo.
Las declaraciones públicas pueden ser contradictorias. Las versiones pueden cambiar.
Pero los registros de dominio, los documentos societarios y las fechas de las transferencias permiten reconstruir una cronología objetiva.
Por eso, antes de cerrar la discusión con declaraciones políticas o mediáticas, hay que mirar los papeles.
Si el dominio estaba efectivamente registrado a nombre de Cerimedo el día del ataque y fue transferido recién el 22 de agosto, ese dato merece una explicación.
La cuestión ahora es determinar qué ocurrió con el supuesto 49%, cuándo se concretó esa operación y si existe documentación que respalde la versión difundida.
Porque en esta historia, más allá de los relatos, hay una pregunta que permanece abierta:
¿Cuándo dejó realmente Fernando Cerimedo de estar vinculado a La Derecha Diario?
HORA REIMON
Sólo como recordatorio, el 25 de agosto a la mañana dejará de operar Aeroparque por obras de mantenimiento en pista. Todo estará interrumpido hasta el 27 de agosto por la tarde.
Evito poner horarios precisos por las dudas, porque cada uno tiene que ver eso en su web checkin y desde mañana o el lunes sería lógico que pueda hacerlo para estos días con la operación «mudada».
Por eso, si tenés vuelos en estos días o conocés a alguien que vuele cabotaje o tenga algún regional también, REVISEN BIEN TODOS LOS DATOS cuando hagan en el web checkin para ver si cambió el número de vuelo, si cambió a Ezeiza o lo que sea. Pero pudo haber sido alterado y no todos lo vieron previamente.
Y también si ya viste que está todo ok, considerá ir con más tiempo a Ezeiza tanto si tenés vuelo nacional como internacional, porque habrá mucho más gente y los procesos de seguridad pueden ser más lentos.
Lo mismo si pensabas ir con el auto… ¿A qué aeropuerto? ¿Volvés al mismo? OJO
Igualmente, en esos casos es habitual la conexión de uno al otro mediante los buses de Tienda León, pero consideren eso también.
Pero temo que haya personas llegando a Aeroparque para su vuelo propio o para esperar a alguien en estos días, son decenas de miles las que vuelan por Buenos Aires cada día.
Será una semana algo apretada para los vuelos por la falta de Aeroparque en los dos días y un cachito.
Sir Chandler Blog
–El reconocimiento de patrones podría ser mi habilidad neurodivergente menos favorita. “Oh… Veo exactamente hacia dónde va esto. Seguro que todos los demás también lo ven, ¿verdad?”. Oh. No lo ven. Supongo que solo me sentaré aquí en un horror silencioso y veré cómo se desarrolla el desastre exactamente como predije.
El tuit citado por Santiago Caputo, acompañado por un “Verdadero”, grafica la situación que atraviesa el asesor en jefe del Gobierno de Javier Milei. Como anticipó Manuel Jove, hubo un take over de la comunicación oficial por parte del esquema más cercano a Karina Milei que derivó en un repliegue forzado de Las Fuerzas del Cielo. Con la comandancia de Santiago Oría y la validación política de la hermanísima, Bambi fue relegado hace al menos 30 días de sus funciones y mantiene, a juzgar por su actividad en X, una incomodidad que el tiempo dirá cuánto es tolerada por propios y extraños.
En cuestiones estructurales –y a pesar de los innumerables señalamientos de economistas que incluso apoyan al Gobierno y desean la reelección del presidente–, Milei parece no dar crédito al malestar que atraviesa una parte mayoritaria de la sociedad en su vida cotidiana. O, acaso más precisamente, considera que ese malestar existe pero no tiene la entidad suficiente como para convertirse en un riesgo electoral. La discusión no es menor: incluso economistas que reconocen los logros del programa económico advierten sobre las dificultades de la economía real y el deterioro que todavía sienten amplios sectores de la población.
Milei está tan convencido de ese diagnóstico que, según cuentan en el oficialismo, son manifestaciones que también realiza en privado y hasta con cierto fastidio por los números de los sondeos que les acercan consultores que hasta ayer se alegraba recibir. Una anécdota lo grafica: Agustín Laje expresó recientemente una preocupación bastante parecida a la que el propio presidente había deslizado en su discurso por el paso a la inmortalidad del general José de San Martín: “Si la libertad no consigue traducirse en bienestar y prosperidad, el descontento puede terminar erosionando el respaldo social al proyecto”, había dicho Milei. La diferencia es que, siempre según esas versiones, Laje recibió después el rigoreo presidencial por haber avanzado sobre ese argumento en un reportaje con Infobae.
El episodio permite comprender algo más profundo. La posición de Milei no parece ser simplemente una performance pública destinada a sostener las expectativas de sus votantes o evitar cualquier señal de debilidad. El presidente está convencido de su interpretación de la realidad: cree que buena parte del clima de malestar que se fue construyendo en los últimos meses — cada uno sabrá explicar desde dónde — no se corresponde con la situación efectiva del país o, al menos, está sobredimensionado. Y atribuye esa distancia entre percepción y realidad, en buena medida, a sectores de la oposición interesados en instalar la idea de que el programa económico comenzó a encontrar un límite social.
Para los oficialismos suele ser un problema discutir las percepciones de la población como si fuera a ser alterada por una presentación de datos del presidente o sus ministros. Un error recurrente cuyo riesgo es alimentar el enojo que se cuestiona y que en el caso de Milei tiene un problema adicional: los datos que cita no sirven para retratar la realidad que comenta. Una trampa que, en última instancia, se hace a sí mismo. Esta semana, expuso ante el Council of the Americas. Allí negó que existiera un problema de ingresos. Aseguró que el salario privado formal “está igual”, destacó la mejora de las remuneraciones informales y afirmó que “se crearon puestos de trabajo”.
Los propios datos oficiales ofrecen una imagen bastante menos tranquilizadora. Durante el primer semestre de 2026, los salarios privados registrados aumentaron 14,5%, frente a una inflación acumulada de 16,8% y en los últimos doce meses subieron 29,6%, contra 33,5% de inflación. La medición de aumento de los ingresos informales en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) indica que crecieron 29,4% durante el semestre, pero la metodología tiene problemas. El propio INDEC advierte que se trata de información que publica con cinco meses de rezago, es decir, no es una foto de datos actuales, sino de hace casi medio año. Por otro lado, varios investigadores señalaron oscilaciones en las declaraciones de ingresos que no tienen que ver con variaciones reales, sino con la naturaleza de la medición, que está basada en una encuesta, no en datos oficiales que surgen de registros. A fines de 2024, investigadores como Leopoldo Tornarolli o Daniel Schteingart atribuían parte de la mejora estadística a una optimización en la captación de datos cuyo resultado era una menor subdeclaración de ingresos.
La supuesta creación de empleo también tiene dificultades. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 desaparecieron 241.176 puestos asalariados privados registrados, una caída de 3,8%. La industria manufacturera perdió 85.561 empleos, equivalentes al 7,2% de su dotación y a más de un tercio de la destrucción total; la construcción sumó otros 62.747. Esos puestos de trabajo se trasladaron al sector informal, algo que, en toda América Latina es un indicador de precariedad y desprotección, no de mejora. Se trata de puestos protegidos que desaparecen, mientras crecen las alternativas de subsistencia. Presentar el resultado agregado como una creación exitosa de empleo exige ignorar precisamente aquello que distingue una mejora laboral de un deterioro. La respuesta presidencial frente al endeudamiento familiar rozó la arenga violenta. Allí, las dificultades de pago serían, fundamentalmente, un problema de quienes contrajeron deudas. El Banco Central informó que la mora bancaria de las familias alcanzó 12,8% en junio, difícilmente atribuible a una situación de normalidad.
En las usinas oficialistas compartían un análisis de Matías Fernández, cuyos resultados, bien leídos, eran muy malos para el oficialismo. Para todo el crédito bancario y no bancario, incluyendo bancos, fintech, casas de crédito y tarjetas no bancarias. Incorporando a estas entidades, la proporción de mora se eleva al 15,5%. Los números son de una complejidad elocuente. En Brasil, un país con serios problemas de endeudamiento, la mora es del 5,2%. En Chile, ese número es 3%. Si en lugar de montos adeudados se cuentan personas, el porcentaje de deudores con obligaciones impagas pasó de 13,6% en octubre de 2024 a 27,8% en junio de 2026. Semejante aumento del incumplimiento describe un problema económico y social evidente, pero el presidente lo atribuyó a la adquisición de televisores mundialistas.
El informe de Fernández se detiene también en el caso de Concordia, el aglomerado urbano más pobre del país. Allí, solamente 39,9% de los adultos accede al crédito, la proporción más baja a escala nacional. Sin embargo, el 13,7% del total está en mora, prácticamente igual al promedio nacional de 13,5%. La aparente igualdad esconde una diferencia decisiva: como quienes consiguen crédito son muchos menos, la proporción de aquellos con dificultades para pagarlo es mayor. Según el mismo estudio, la pobreza explica aproximadamente una cuarta parte de las diferencias de morosidad entre ciudades, uno de los factores más relevantes junto al deterioro del poder adquisitivo.
Que la deuda sea un contrato entre particulares no vuelve privadas sus causas, e impulsa a modificar cuestiones. El Banco Central hizo una admisión del problema esta semana, estableciendo un tope a las tasas de interés e impulsando a las entidades bancarias a refinanciar deudas de alto riesgo. Un primer paso para corregir una mala política que hizo coincidir un deterioro de ingresos con una expansión descontrolada del crédito. Como con toda política deficiente, toca lidiar ahora con quienes querrán convertir estos problemas en un rescate masivo a manos de los contribuyentes y dictar un nuevo pagadios en todas las deudas existentes, grandes y chicas, vulnerables o no, trasladando el riesgo al Estado o a todo el sistema financiero.
En el horizonte del presidente hay también otros problemas. No hay drivers claros para la recuperación económica de cara al año electoral fuera de los sectores extractivos y poco intensivos en empleo que siguen alimentando la estadística de crecimiento de la economía argentina. La inflación mayorista “que empieza con cero” que destacó en su discurso no incluye ni el salario ni el costo de los servicios, que sigue creciendo por encima de la inflación. Son costos de bienes que siguen, sobre todo, al dólar planchado.
De allí vino otra señal de preocupación. La brecha entre el dólar oficial y el financiero –el llamado contado con liquidación– alcanzó en algunas jornadas el 7%. Se trata de una señal de que hay inversores dolarizando cantidades grandes, que no pasan por el mercado oficial, donde la señal del gobierno fue clavar el tope del valor del dólar en $1.500. Estas señales de dolarización de cartera podrían acentuarse de cara al evento electoral, particularmente en un contexto en el que la mayoría de las medidas sobre el valor de la moneda indican una moderada apreciación del peso que probablemente resulte problemática si no se corrige lejos de las elecciones. Quizás a favor del gobierno, de producirse, la corrección podría ser gradual. A diferencia de Mauricio Macri, Milei no recibió 60 mil millones de dólares de inversión financiera que puedan ponerse en la cola para salir del país.
Last but not least, en los últimos días, dos decisiones de gobiernos peronistas volvieron a mostrar el pobrísimo estado del debate público –que contamina a sectores relevantes tanto de la militancia como de lo que Macri bautizó el círculo rojo– y el riesgo de que los intereses nacionales –del Estado y de la ciudadanía– se vean afectados por consignas y postulaciones ideológicas cuyo contenido no resiste siquiera un análisis superficial.
Por un lado, la provincia de Buenos Aires adjudicó a Huawei la provisión de baterías para reforzar su sistema eléctrico. La decisión fue presentada como una suerte de desafío a los Estados Unidos, luego de que el embajador estadounidense, Peter Lamelas, reclamara excluir a la compañía china de proyectos estratégicos en Vaca Muerta. Por otro, el exministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, debió dar explicaciones por los convenios de asistencia técnica que doce provincias firmaron con Mekorot –la empresa estatal de aguas israelí, especializada en gestión hídrica– durante su gestión. La acusación rozaba el surrealismo. Desde parte de la militancia kirchnerista, señalaban a Wado como parte de un plan para “entregar el agua”, una consigna que tuvo cierto predicamento con la campaña “Fuera Mekorot”, a la que se sumaron varios partidos de izquierda y algunas organizaciones relacionadas con el peronismo.
En ninguno de los dos casos aparecía la única pregunta relevante a la hora de un acuerdo vinculado a servicios públicos, que es si los mismos tenían el potencial de mejorar su provisión. La respuesta, si a alguien le importara, parece obvia. Huawei presentó la mejor oferta para equipar un sistema que va a reemplazar generadores a gasoil en cuatro localidades bonaerenses por un esquema limpio. Los equipos serán propiedad provincial y el sistema estará operado por una empresa pública. Los acuerdos con Mekorot contemplaban consultorías para mejorar la administración del agua en provincias sometidas a estrés hídrico, con proyecciones de oferta y demanda, evaluación de alternativas de desalinización, reúso de efluentes y planificación de infraestructura. Ninguno contemplaba transferir la gestión del servicio.
Argentina mantuvo una postura en materia de derechos humanos que, hasta la asunción del gobierno de Milei, tenía elementos de política de Estado. Sobre la ocupación de los territorios palestinos, apoyó –contra la firme oposición del gobierno israelí y a iniciativa de Michelle Bachelet– la creación de una instancia permanente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Una medida muy contundente, anterior a la ocupación militar de Gaza, sin antecedentes para otros países. Cómo llega alguien a creer que no hay que contratar a una empresa por una situación de violación de derechos humanos en su lugar de origen o por cuestiones de derecho internacional que no involucran a nuestro país es cualitativamente distinto. Supone, se intuye, aplicar un criterio que nadie sostiene para empresas estadounidenses, sauditas, chinas o incluso británicas.
Si alguien se tomara seriamente la vara de excluir a cualquier compañía por las políticas de su Estado de origen, la Argentina tendría que revisar más de la mitad de sus inversiones, importaciones y proveedores de tecnología. Huawei, sin ir más lejos, es un proveedor relevante del Ejército de Liberación Popular chino. A nadie se le ocurre que la provisión de baterías suponga quedarse con la energía de las localidades. Presumir que una consultoría sobre recursos hídricos implicaría quedarse con el agua tiene la misma densidad intelectual que afirmar que contratar un electricista pone en riesgo la propiedad sobre una casa: una confesión de inteligencia limitada.
Iván Schargrodsky | Cenital