LEY DE TIERRAS: LA CORTE SUSPENDIÓ SU DEROGACIÓN POR EL DNU 70

El tribunal supremo dictó una medida cautelar interina que suspende los efectos del artículo 154 del decreto. La decisión responde a un reclamo ambiental; regirá hasta que la Justicia de Bariloche resuelva.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras Rurales, mediante una medida cautelar interina dictada en el marco de una causa iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie.

La resolución fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. El ministro Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

La suspensión se mantendrá hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y examine el pedido de medida cautelar presentado por la asociación.

El máximo tribunal consideró necesario adoptar una decisión provisoria para garantizar la tutela judicial efectiva y evitar posibles daños irreparables al ambiente, debido a que los tribunales inferiores no habían resuelto los planteos formulados por los demandantes.

Por qué la Corte suspendió la derogación de la Ley de Tierras

La Asociación Civil Árbol de Pie y otros particulares iniciaron a fines de diciembre de 2023 una acción de amparo colectivo ante la Justicia federal de Bariloche.

En su presentación solicitaron que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, al considerar que la derogación de la Ley 26.737 comprometía el derecho a un ambiente sano y equilibrado, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Los demandantes sostuvieron que la eliminación de esa legislación ponía en riesgo la utilización racional de los recursos naturales, la preservación de la naturaleza y la diversidad biológica.

Sin embargo, el Juzgado Federal de Bariloche remitió el expediente a la Cámara Federal de La Plata, donde tramitaba otra causa vinculada con la misma disposición del decreto.

Posteriormente, el expediente llegó a la Corte Suprema sin que los tribunales anteriores se pronunciaran sobre la legitimación de los actores ni sobre la medida cautelar solicitada.

Las diferencias entre los casos Árbol de Pie y CECIM

El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema rechazó la demanda presentada por CECIM, que cuestionaba la derogación de la Ley de Tierras a partir de una presunta afectación de la soberanía nacional.

En aquella resolución, el tribunal consideró que la entidad carecía de legitimación activa para impulsar el reclamo, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023.

Tras ese fallo, los representantes de Árbol de Pie solicitaron que se aclarara si la decisión también alcanzaba a su presentación y reiteraron el pedido de protección cautelar.

La Corte distinguió ambos expedientes porque el planteo de Árbol de Pie se encontraba vinculado con la protección del ambiente, mientras que CECIM había fundamentado su demanda en cuestiones de soberanía.

El tribunal destacó que el trámite judicial había dejado sin respuesta los pedidos de los demandantes y que estaban comprometidos tanto el derecho a obtener una decisión judicial oportuna como la protección ambiental.

En ese contexto, resolvió suspender los efectos de la derogación hasta que el juzgado competente examine los planteos pendientes.

La disidencia de Rosenkrantz

El juez Rosenkrantz se pronunció en contra de la medida adoptada por la mayoría. Aunque reconoció que la legitimación invocada por Árbol de Pie difería de la planteada por CECIM, consideró que la Corte Suprema carecía de competencia para dictar una medida cautelar o interina en ese expediente.

Por ese motivo, sostuvo que correspondía remitir la causa a la Justicia federal de Bariloche sin disponer ninguna suspensión. Esa posición habría mantenido vigentes los efectos derogatorios del artículo 154 del DNU 70/2023 mientras continuaba la tramitación judicial.

La decisión mayoritaria, en cambio, establece una protección provisoria y no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.

Agencia NA

BIANCO: “LA CULPA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ES DEL PRESIDENTE MILEI”

El ministro de Gobierno bonaerense brindó una rueda de prensa acompañado por su par de Seguridad, Javier Alonso, y la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, brindó hoy la habitual conferencia de prensa de los lunes en la sede del Ejecutivo provincial, acompañado por su par de Seguridad, Javier Alonso, y la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios. Las autoridades brindaron un panorama respecto de diversos temas de la actualidad nacional y provincial y presentaron iniciativas del Gobierno de la Provincia.

En primer lugar, Bianco repasó los últimos indicadores económicos y sociales. La actividad industrial registró una caída interanual del 3% en el acumulado entre enero y agosto, mientras que en agosto la baja mensual fue del 0,3%; en materia de inversión también se informó una caída interanual del 7,9% durante agosto; el sector textil registró una baja interanual del 22,6% durante los primeros siete meses del año y acumula más de 28 mil puestos de trabajo perdidos desde diciembre de 2023; el patentamiento de vehículos cayó un 11,4% en septiembre y acumula un retroceso del 13% durante el año; la industria acumula una pérdida de 86.500 empleos y la construcción otros 44.600 desde diciembre de 2023; en cuanto al consumo se informó una nueva caída interanual del 1,1% en el consumo de los hogares durante agosto, mientras que las ventas de productos lácteos retrocedieron un 3,4% respecto de julio. “Todos los indicadores son malos. Esto confirma que se consolida ya la situación de recesión en la economía argentina. Para el presidente Milei está todo bien, no hay ningún problema y cree que la culpa la tienen los que les va mal. Sabemos que no es así, la culpa la tiene quien está a cargo del Ejecutivo nacional, que es Milei, y su equipo económico”, señaló el titular de la cartera de Gobierno.

A continuación, Bianco destacó que la Provincia de Buenos Aires continúa llevando adelante obra pública pese a la reducción de los recursos disponibles impuesta por los recortes del Gobierno nacional. En ese sentido, explicó que durante este año ya se lanzaron 87 licitaciones de obra pública por un monto total de $741.270 millones. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos concentra 53 de esas licitaciones, por más de $500 mil millones. También se realizaron licitaciones a través de la Dirección Provincial de Vialidad, Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), Aguas Bonaerenses (ABSA), el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, el OPISU y la Dirección General de Cultura y Educación. “El contraste es muy severo. Mientras la Provincia de Buenos Aires hace todo esto, el Gobierno nacional hace cero obra pública y además es una bandera que muestra con orgullo. Nosotros si no podemos hacer más obra pública es debido a la escasez de recursos que hoy tiene la Provincia por los recortes del Gobierno nacional, y no por una cuestión de decisión política”, indicó Bianco.

Finalmente, el ministro Bianco presentó las promociones del Banco Provincia para el mes de octubre, que incluyen beneficios con tarjetas de crédito y Cuenta DNI y pueden ser consultados en la web oficial del banco (http://www.bancoprovincia.com.ar/). “Es una ayuda muy importante en este duro contexto para las más de 11 millones de personas que tienen la Cuenta DNI y que pueden llegar a ahorrar muchísimo dinero usando los beneficios”, explicó Bianco.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, informó los resultados del operativo desplegado durante la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, que reunió a más de 2,7 millones de personas a lo largo del recorrido de 56 kilómetros entre la iglesia de San Cayetano, en Liniers, y la Basílica de Luján. El operativo se extendió desde la madrugada del sábado hasta el domingo a las 13 hs. y contó con más de 1.000 efectivos policiales, 165 móviles, motos y personal de caballería, además del trabajo articulado con Defensa Civil y distintas áreas de la Provincia y los municipios. El ministro también destacó que el operativo constituye un antecedente para la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina. “Una vez más, un fenómeno de millones de personas en la calle reflejando un baño de esperanza y de fe. Celebramos esta actividad y agradecemos el compromiso de los más de 6.500 voluntarios”, señaló Alonso.

A su turno, la directora ejecutiva del OPISU presentó, en el marco del Día Mundial del Hábitat, las principales políticas que desarrolla la Provincia para mejorar las condiciones de vida en barrios populares. Desde el inicio de la gestión se acumulan 472 obras ejecutadas mediante licitaciones, convenios con municipios y el trabajo de cooperativas integradas por vecinos y vecinas en 309 barrios populares de 82 municipios, que alcanzan a una población de 537.748 personas con una inversión total de $565.809.000.000. “Buscamos sostener un modelo de integración que combine obra pública, políticas sociales, desarrollo productivo y regularización dominial, con una planificación que permita que las intervenciones sean sostenibles en el tiempo. Lamentablemente estamos en un contexto de abandono por parte del Gobierno nacional, que genera impactos muy negativos sobre nuestra población, con gran cantidad de obras paradas, otras que no se han podido iniciar y situaciones que ralentizan también nuestra perspectiva de trabajo”, afirmó Barrios.

Las presentaciones expuestas durante la conferencia están disponibles en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1VfiGRKGAGArFP9ynCwtwkFDsiYLLE9lk

Noticias de la Provincia

EL CASO ROBERTITO: SI NO REACCIONAMOS, PERDEMOS TODOS

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El periodista Roberto Funes Ugarte contó que Telefe quiere terminar su relación de dependencia para obligarlo a facturar como monotributista. Si acepta, pierde la estabilidad, la indemnización y sus derechos adquiridos.

Este caso demuestra cómo la reforma laboral – incluso en grandes empresas que cumplían con la ley- aprovechan la falta de sanciones y la desprotección legal para precarizar y contratar empleo basura. Que quede claro: ser un “talento” o ser monotributista no es una categoría laboral. Si cumplís horario y dependés de una empresa, tenés que estar en relación de dependencia. Cualquier otra cosa es FRAUDE e ILEGAL.

Si no querés que te pase como Robertito, la salida es organizarnos sindicalmente en cada medio. Tenemos que defender nuestros convenios colectivos y el #EstatutoDelPeriodista, que será derogado el 1 de enero de 2027 si no logramos su vigencia en el Congreso. Nos solidarizamos con Robertito y llamamos a todos los compañeros y compañeras forzados a facturar a dar la pelea.

SiPreBA – Sindicato de Prensa de Buenos Aires

STELLANTIS NO DESCARTA CERRAR UNA O LAS DOS FÁBRICAS QUE TIENE EN ARGENTINA

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Lo dijo Herlander Zola, quien preside la compañía a nivel regional. El directivo responsabilizó al «libre mercado» y remarcó que «el costo de producción es muy alto» en nuestro país. ¿Por qué El Palomar corre más riesgo que Ferreyra?

El Presidente de Stellantis Sudamérica, Herlander Zola, reconoció que la compañía atraviesa un momento delicado en Argentina debido a los costos poco competitivos y a la creciente competencia con las marcas chinas, y que en ese contexto la compañía podría cerrar una o las dos plantas que opera en nuestro país.

En declaraciones al medio brasileño Auto Industria, el máximo directivo expresó que «el libre mercado en Argentina nos ha dejado fuera de juego, y cualquier cosa puede pasar. Podríamos cerrar una o ambas fábricas, o podríamos mantenerlas. Pero el costo de producción es muy alto ahí; el costo de la mano de obra, por ejemplo, duplica el de Brasil. Además, la cadena de suministro es corta, la mayoría de las piezas provienen de Brasil».

La referencia de Zola es para las plantas de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, y de Ferreyra, en Córdoba, donde se producen los modelos Peugeot 208 y 2008, y Fiat Cronos, Fiat Titano y RAM Dakota, en cada caso. Además, a fin de año comenzará la producción del motor 2.2 diesel Multijet que hasta ahora se importaba.

Según el citado medio, también comentó que la producción en nuestro en Argentina es mucho más competitiva en el caso de las pick-ups que en automóviles, lo que se alinearía con la intención tácita del Gobierno nacional de que el país se especializa en este tipo de vehículos tanto para abastecer el mercado interno como de exportación.

Esto -a priori- dejaría peor parada a El Palomar que a Ferreyra, a pesar de que ambas plantas recibieron inversiones hace relativamente poco tiempo: de US$ 270 millones y US$ 385 millones, respectivamente.

El mandamás del grupo automotor más importante, ya que controla nada menos que siete marcas, indicó  que la decisión relativa a Argentina guarda relación con el contexto regional, señalando que Brasil representa el 65% del negocio del Stellantis en Sudamérica.

Durante el período de elecciones presidenciales, Zola afirmó que la previsibilidad es necesaria y que lo que suceda en Brasil influirá en las futuras decisiones de la empresa en la región.

¿Qué dicen en Stellantis Argentina?

Si bien lo de Zola es una declaración nueva (y muy fuerte, por cierto) durante una rueda de prensa que tuvo lugar el viernes pasado en Expo Auto Chino 2026, El Economista Motor le preguntó puntualmente a Martín Zuppi, Presidente de Stellantis Argentina sobre los rumores que circulan en torno a la planta de El Palomar.

Algunas de esas versiones hablan de un cierre o de una eventual reconfiguración junto a Dongfeng, con quien el Grupo tiene una alianza estratégica. El diálogo fue el siguiente:

-¿Sos consciente de la cantidad de rumores y versiones que hay sobre la planta de El Palomar en particular?
-Sí. Hoy tenemos producción en Palomar, tenemos por delante todavía la producción de este año, el año que viene y seguimos trabajando para poder sostener una producción que sea acorde a la sustentabilidad de la planta.

Pero ahí tenemos también dos grandes variables: la primera es el mercado interno, porque Peugeot 208 y 2008 se venden en el mercado interno bastante bien. Y la segunda es qué pasa con la exportación, cómo es el desarrollo de la marca Peugeot por la producción Palomar en Brasil.

Qué es lo que pasa con el mercado brasileño y cómo la aceptación de la marca. Porque si Brasil repunta un poco a nivel de ratio con Peugeot, eso claramente nos juega a favor en la producción local.

-Hoy en día eso no está ocurriendo, viene bajando.
-Hoy en día viene bajando, sí. Pero estamos haciendo cosas como para poder sostenerlo. Pero, de nuevo: los rumores existen hace bastante tiempo, nosotros seguimos con la producción, bajamos un turno, reacomodamos la velocidad diaria, pero seguimos con producción local.

-¿Qué porcentaje de lo que se fabrica en Palomar se exporta?
-Hoy en día entre el 35% y el 40%.

El Economista

NUEVA ALARMA POR LA MOROSIDAD: LOS BANCOS DETECTAN UNA PREOCUPANTE TENDENCIA Y CASI 6 DE CADA 10 RECURRIERON AL CRÉDITO

Los bancos detectan un dato inquietante entre quienes refinanciaron sus deudas y volvieron a atrasarse. La mora familiar ya está en niveles récord, crece el uso del crédito para comer y pagar gastos básicos, y el Congreso empieza a mirar el problema.

Los planes para refinanciar deudas empezaron a mostrar un problema que preocupa a los bancos: una parte de los clientes que consiguió reordenar sus compromisos volvió a dejar de pagar. La reincidencia amenaza con demorar la recuperación de una cartera que ya registra elevados niveles de irregularidad.

Según información recogida entre entidades financieras, en algunos bancos alrededor del 30% de los clientes que ingresaron en planes de refinanciación volvió posteriormente a incumplir. El dato aparece justo cuando otros indicadores comenzaban a sugerir que el deterioro podía estar acercándose a un techo.

La mora de las familias llegó al 12,9%

El Banco Central informó que la irregularidad de los hogares alcanzó el 12,9% en julio de 2026, frente al 12,8% de junio. En tanto, la mora del crédito total al sector privado se ubicó en el 7,7%.

Otro indicador seguido de cerca es la mora temprana, que comprende atrasos inferiores a 90 días. Después de superar los 6 puntos en noviembre de 2025, había retrocedido hasta alrededor de 4 en julio, una evolución que llevó a los bancos a proyectar una estabilización hacia fines de 2026. La reincidencia de los refinanciados vuelve a poner esa expectativa bajo presión.

Detrás del deterioro aparecen distintos factores, entre ellos las dificultades del ingreso real para recuperarse, la fuerte expansión inicial del crédito y la flexibilización de las condiciones de otorgamiento durante la etapa de mayor competencia entre entidades.

El crédito no bancario enciende otra alarma

La situación es todavía más delicada fuera del sistema bancario tradicional. Datos recientes ubican la morosidad del crédito no bancario entre el 25% y el 30%, dependiendo de la compañía, varias veces por encima de los registros de los bancos.

En agosto, el financiamiento no bancario aumentó 1,5% real mensual y alcanzó un stock de $16,3 billones, mientras que el crédito bancario cayó 0,8% real. Parte de ese crecimiento se explica por usuarios que recurren a fintech y otras plataformas después de perder acceso al financiamiento tradicional.

El problema genera un círculo difícil de romper: cuanto mayor es la cartera irregular, más estrictas se vuelven las condiciones para prestar. Menores montos, mayores requisitos y costos financieros más elevados pueden restringir todavía más el acceso al crédito y afectar al consumo.

Casi seis de cada diez recurrieron al crédito

Un informe de la Fundación Pensar, el think tank del PRO que encabeza María Eugenia Vidal, aporta otra dimensión del problema. El estudio señala que el 58% de los argentinos tomó un préstamo, utilizó crédito o financió algún gasto durante los últimos meses. La proporción aumenta al 63% entre las mujeres y al 65% en los sectores de menores ingresos.

El dato más significativo está en el destino del dinero. Entre quienes recurrieron al financiamiento, el 26% lo utilizó principalmente para comprar alimentos, el 21% para gastos cotidianos del hogar, el 15% para servicios, impuestos u otras obligaciones y el 14% para cancelar deudas anteriores. Alimentos, gastos diarios y servicios concentran así el 62% de los principales destinos.

Pensar también indicó que el 54% de los consultados declaró haberse atrasado o dejado de pagar alguna obligación por motivos económicos en los últimos meses. El propio informe aclara que ese porcentaje no equivale a la mora bancaria ni significa que más de la mitad de la población esté incumpliendo obligaciones con entidades financieras.

Jóvenes y hogares de menores ingresos, los más expuestos

Las dificultades muestran una fuerte brecha según los ingresos. Los atrasos declarados alcanzan al 72% en los sectores de menores recursos, frente al 43% en los sectores medios y al 30% entre los de mayores ingresos.

Los jóvenes también aparecen entre los más comprometidos: dentro de quienes tienen crédito, el 37% de los deudores de entre 18 y 25 años registra mora, el mismo porcentaje que entre quienes tienen de 26 a 35 años. Entre los mayores de 66, la proporción baja al 16%.

El escenario ya llegó al Congreso. La oposición busca tratar el 15 de octubre iniciativas vinculadas con la morosidad y el sobreendeudamiento familiar, mientras el oficialismo impulsa medidas para transparentar el costo financiero total y reforzar la educación financiera. La oposición, en cambio, plantea alternativas que incluyen topes a las tasas y límites al peso de las cuotas sobre los ingresos.

La preocupación de los bancos ahora tiene una dimensión adicional: ya no se trata solamente de determinar cuándo comenzará a retroceder la mora, sino de saber cuántos de los clientes que consiguieron refinanciar sus deudas podrán sostener los nuevos pagos sin volver a caer en incumplimiento.

El Economista

RENAULT INICIÓ LA PRODUCCIÓN DE SU PICK-UP Y LLARYORA PROMETIÓ UNA LEY DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL

La Niagara comenzó a ser producida en serie en Fábrica Santa Isabel, provincia de Córdoba. Será lanzada comercialmente en noviembre y exportada a 19 mercados de América Latina.

Renault Argentina dio este martes inicio formal a la producción en serie de la pick-up Niagara en Fábrica Santa Isabel, provincia de Córdoba, tras un proceso de transformación industrial que fortalece el perfil exportador de la planta.

«Niagara es la única pick-up de su categoría producida localmente. Fue concebida y desarrollada para responder a las necesidades de los clientes latinoamericanos, y es el resultado de más de cinco años de trabajo conjunto entre equipos de diseño,  ingeniería, manufactura, calidad, logística y desarrollo de proveedores. Su llegada representa uno de los proyectos industriales más importantes para la filial argentina en las últimas décadas y reafirma la capacidad industrial local con alcance regional», destacó la automotriz.

Para producir Niagara, la compañía llevó adelante una profunda modernización de su planta cordobesa, incorporando nuevas tecnologías, procesos productivos y estándares de calidad.

En total se gestionaron 278 proyectos, que abarcan desde obras de infraestructura y mantenimiento hasta importantes mejoras en nuestros procesos productivos. Fueron incorporados más de 60 robots para el inicio de la producción de carrocerías, junto con nuevas tecnologías que mejoran la precisión, la calidad y la eficiencia de las operaciones.

La transformación permitió adecuar la planta a los requerimientos de un vehículo concebido para competir en uno de los segmentos más dinámicos y exigentes de América Latina, ya que -en principio- será exportada a 19 mercados de la región.

«Niagara es un proyecto concebido para América Latina, desarrollado en nuestra región y producido en Argentina. Refleja la confianza de Renault en las capacidades industriales del país y consolida a Santa Isabel como un activo estratégico para el futuro de la marca, posicionándola como un verdadero hub de producción de vehículos utilitarios y fortaleciendo su perfil exportador, con más del 50% de su producción destinada a mercados externos», destacó Pablo Sibilla, Presidente y Director General de Renault Argentina.

Antes de iniciar su producción, Niagara atravesó uno de los programas de validación más exigentes realizados por Renault en la región, con más de 800.000 km de pruebas y más de 50.000 horas de ensayos en distintas condiciones de utilización.

Este proceso permitió verificar su desempeño, durabilidad y confiabilidad para acompañar tanto las exigencias del trabajo como los desafíos de la vida cotidiana.

Luego de su develación mundial el pasado 10 de septiembre en Buenos Aires, y el inicio de producción industrial este martes, queda ahora por delante su lanzamiento comercial, el cual está previsto para noviembre.

Fábrica Santa Isabel, que en 2026 cumplió su 71 aniversario, está inmersa en un predio de 200 hectáreas. A lo largo de este tiempo se lleva fabricados más de 3.500.000 unidades y Niagara se convierte en el modelo número número 35.

Actualmente trabajan 1.300 colaboradores y se emplean 195 robots en el proceso productivo.

Llaryora prometió una nueva Ley de Promoción Industrial

El Gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, fue el último orador en el acto protocolar que tuvo lugar en Santa Isabel, y aprovechó la ocasión no sólo para celebrar este hito industrial sino para anunciar el envío del proyecto de una nueva Ley de Promoción Industrial para potenciar a toda la cadena de valor.

Tras el evento, el gobernador posteó en su cuenta de X: «Esto es parte del modelo cordobés: trabajo conjunto entre el sector público y el privado, seguridad jurídica y reglas claras. Decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. La Niagara representa justamente eso, alguien que trabaja y alguien que emplea, unidos por una Córdoba que produce.

En ese camino, ya enviamos a la Legislatura de Córdoba el proyecto de una nueva Ley de Promoción Industrial, para tener una legislación cada vez más competitiva, y avanzamos también en una Ley de Autopartes para fortalecer todo el ecosistema productivo.

Queremos pensar Córdoba al mundo, que nuestra provincia siga siendo el corazón industrial de Argentina y uno de los polos industriales más importantes de Sudamérica. Este es el modelo cordobés: planificar, producir y generar trabajo.» 

El Economista

UN REGISTRO NACIONAL PUSO CIFRAS A LAS MUERTES EN CÁRCELES, COMISARÍAS Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD

El informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura relevó por primera vez los fallecimientos registrados en todo el país entre 2022 y 2024. El 43% de las muertes en la vía pública con intervención de agentes armados involucró a policías que estaban fuera de servicio.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura relevó por primera vez las muertes ocurridas en cárceles, comisarías y durante intervenciones de fuerzas de seguridad en todo el país. Entre 2022 y 2024 se registraron al menos 1.716 fallecimientos. En el 43% de las muertes ocurridas en la vía pública en las que intervinieron agentes armados, los policías estaban fuera de servicio.

Por primera vez, la Argentina cuenta con un registro nacional que permite dimensionar cuántas personas mueren mientras están privadas de su libertad o durante intervenciones de las fuerzas de seguridad. El dato es contundente: entre 2022 y 2024 murieron al menos 1.716 personas, un promedio de una cada 16 horas.

La cifra surge del Primer Informe del Registro Nacional de Muertes bajo Custodia y en Intervenciones de las Fuerzas de Seguridad (RNM), elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que reunió información de las 24 jurisdicciones del país.

Hasta ahora, la falta de información sistematizada y el subregistro impedían tener una dimensión nacional del fenómeno. Para elaborar el informe, el CNPT cruzó datos oficiales con información aportada por el Poder Judicial, los mecanismos locales de prevención de la tortura y otros organismos de control.

Del total relevado, 1.115 personas murieron en cárceles, 212 en comisarías o dependencias policiales y 389 durante intervenciones de fuerzas de seguridad en la vía pública.

Este último dato presenta uno de los aspectos más llamativos del informe. Ocho de cada diez muertes ocurridas durante intervenciones en la vía pública se produjeron por el uso de armas de fuego. Pero además, en el 43% de esos casos los agentes involucrados estaban fuera de servicio.

Quiénes mueren

El registro también permite conocer el perfil de las personas fallecidas. El 94% eran varones, el 4% mujeres y el 0,5% personas trans.

Más de la mitad de las víctimas tenía menos de 40 años. Según el informe, en ese grupo etario el riesgo de morir mientras se está privado de la libertad duplica al de las personas que no están detenidas.

La diferencia también aparece al analizar las causas de las muertes, que varían significativamente según el lugar donde se producen.

En las cárceles, las enfermedades son la principal causa: explican siete de cada diez fallecimientos. En cambio, tanto en las dependencias policiales como en las intervenciones en la vía pública predominan las denominadas causas externas.

Entre ellas, el suicidio ocupa un lugar central. El informe advierte que la tasa registrada es cinco veces superior a la de la población general.

También aparecen otros episodios, como incendios, electrocuciones e intoxicaciones, que en conjunto representan el 6,6% de las muertes relevadas.

El dato que todavía no tiene explicación

Uno de los puntos del informe es que el 17% de las muertes ocurridas bajo custodia tiene causa no determinada. En esos casos existen investigaciones en curso, versiones contradictorias o información que todavía no permite establecer con precisión qué ocurrió.

Para el CNPT, contar con este tipo de información no es solamente una cuestión estadística. El objetivo es que los datos permitan detectar patrones, identificar lugares o situaciones de riesgo y adoptar medidas de prevención antes de que se produzcan nuevas muertes.

El organismo destacó que disponer de información “rigurosa y sistemática” constituye una herramienta central para la prevención y un paso necesario para determinar dónde y cómo debe intervenir el Estado.

El registro, que reúne por primera vez información de todo el país, busca así poner cifras a un fenómeno que durante años permaneció fragmentado entre distintas jurisdicciones y organismos.

Ambito

URUGUAY EXTIENDE LA DEVOLUCIÓN DEL IVA PARA TURISTAS

Hace mucho tiempo que Uruguay tiene un beneficio de devolución de IVA a los turistas extranjeros, o mejor dicho de no cobro cuando abonan con tarjeta de crédito algunos rubros.

En estos días fue noticia porque lo prorrogaron, pero porque también hay un beneficio interno en el rubro turismo que es interesante para contar también, que beneficia directamente a los uruguayos, pero que son menos puntos de IVA que les reducen.

Vamos por partes, son dos beneficios distintos.

El 1º de octubre de 2026, el gobierno uruguayo firmó el Decreto 235/026 y prorrogó hasta el 30 de abril de 2027 la rebaja de 9 puntos porcentuales de IVA para determinados consumos turísticos pagados electrónicamente. La medida anterior vencía el 30 de septiembre de 2026. Esto es lo de los uruguayos.

Qué entra en la prórroga

La DGI actualizó la información el 2 de octubre. La rebaja de 9 puntos alcanza a:

  • Restaurantes, bares, cafeterías y gastronomía.
  • Gastronomía dentro de hoteles, siempre que no forme parte del alojamiento.
  • Catering y determinados servicios para fiestas y eventos.
  • Alquiler de autos sin chofer.
  • Intermediación en alquileres de inmuebles con fines turísticos.
  • Algunas actividades de enoturismo, como visitas guiadas y degustaciones en establecimientos registrados.

La DGI dice expresamente que alcanza a residentes y no residentes, siempre que sea consumidor final y se utilicen los medios electrónicos admitidos.

El mecanismo tampoco suele ser un descuento que haga el restaurante en la factura. Se cobra el importe y la administradora del medio de pago aplica posteriormente la reducción, que aparece en la liquidación. Acá lo que cuento que he vivido siempre de que me cobró de menos en el autorizador de la tarjeta

Pero para extranjeros es superior

Uruguay ya viene de antes con un régimen de reducción del 100% del IVA para personas físicas no residentes que pagaran con tarjetas de crédito o débito emitidas en el exterior. Ese beneficio rigió del 15 de noviembre de 2025 al 30 de abril de 2026 y alcanzaba gastronomía, catering/eventos y alquiler de autos sin chofer. Esto aparece acá en el sitio del gobierno uruguayo.

Y el Ministerio de Turismo anunció en septiembre que la exoneración total del IVA para turistas no residentes se extenderá durante la temporada 2027, para gastronomía, alquiler de vehículos sin chofer y servicios de fiestas y eventos. El Gobierno calcula una renuncia fiscal de unos US$14 millones (no es tanto…)

Además sigue existiendo otro beneficio muy bueno para argentinos: IVA cero en hoteles y alojamientos durante todo el año. En este caso no hay devolución posterior: al acreditar que sos no residente, directamente el alojamiento se factura sin IVA. Esto es algo similar a lo que hace Argentina o Chile con los extranjeros.

En el decreto oficial hablan desde 2021

En concreto, esto ya estaba, pero no sabía que lo tenían que extender cada año, como lo que ahora han hecho.

Sir Chandler Blog

LA DEUDA QUE NO TE CUENTAN

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La deuda externa de la Argentina alcanzó USD 327.855 millones al 30 de junio de 2026, según el informe de balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa del INDEC. Es el valor nominal más alto de la serie. Respecto del trimestre anterior, cuando sumaba USD 323.131 millones, el aumento fue de USD 4.724 millones.

Al cierre de 2023, cuando asumió el actual gobierno, la deuda externa era de USD 285.951 millones. La diferencia es de USD 41.904 millones, un 14,7%.

Quién debe

La deuda externa incluye las obligaciones del sector público, del Banco Central y del sector privado con acreedores del exterior. Dentro de ella, el Gobierno central debe USD 164.004 millones y los gobiernos provinciales y municipales, USD 17.109 millones.

Los organismos internacionales concentran USD 97.572 millones de la deuda del Gobierno, el 59,5%. Los tenedores de bonos suman USD 63.379 millones, el 38,6%. Los títulos de deuda crecieron USD 4.493 millones en el segundo trimestre, un 7,6%.

El principal acreedor individual es el Fondo Monetario Internacional. Según datos del organismo relevados por MDZ en julio, la Argentina le debe USD 59.147 millones, el 35% de toda la cartera del Fondo. El segundo deudor, Ucrania, debe USD 14.681 millones. Desde 2018, el país pagó USD 15.611 millones en intereses al FMI, de los cuales USD 5.880 millones corresponden a la actual gestión. Hasta 2030 se proyectan otros USD 12.700 millones solo en intereses.

Dos formas de medir

El Gobierno sostiene que durante su gestión la deuda se redujo. Para eso utiliza un indicador de deuda neta consolidada, que suma las obligaciones del Tesoro y del Banco Central y descuenta los pasivos que se deben entre sí. Con ese criterio, la deuda total muestra una baja de entre USD 17.000 y 20.000 millones.

La metodología que la Secretaría de Finanzas publicó históricamente muestra otro resultado. Según un análisis de la Agencia Paco Urondo sobre esos datos, la deuda pública bruta pasó de USD 370.700 millones en diciembre de 2023 a USD 483.800 millones en marzo de 2026: un aumento de USD 113.200 millones, del 30,5%. El principal componente fueron los intereses capitalizados, por USD 89.800 millones, es decir, intereses que no se pagaron y se sumaron al capital.

Chequeado llegó a una conclusión intermedia. Con el criterio consolidado, la deuda total cayó. Pero la deuda en moneda extranjera, sin contar la del sector privado con el Estado, aumentó USD 24.800 millones entre noviembre de 2023 y el primer trimestre de 2026, sobre todo por obligaciones con organismos internacionales y bancos del exterior.

Familias en mora

El endeudamiento también creció en los hogares. Según el Banco Central, la mora en los créditos a las familias llegó al 12,9% en julio de 2026, el nivel más alto desde 2004. Un año antes era del 5,6%. En los préstamos personales, la irregularidad llegó al 16,7%, y en las tarjetas de crédito al 12,8%. El BCRA atribuyó el aumento a las tensiones sobre los presupuestos familiares y a las tasas de interés reales elevadas.

Consultado en agosto sobre una posible ayuda a los deudores, el presidente Milei respondió en una entrevista con Luis Majul: «¿Les pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse?». Calificó la morosidad como un problema «entre privados».

Empresas con problemas de pago

En el sector productivo, la mora de los créditos a empresas pasó del 1,2% al 3,6% en un año. Según el índice SERF de la consultora Fidelitas, más de 57.000 empresas operan en situación de mora, casi el 12% de las activas, un 56,5% más que un año antes. Se rechazan alrededor de 80.000 cheques por mes por falta de fondos. Un relevamiento de PwC y el Instituto Argentina Grande contabilizó 21.948 empresas clasificadas como deudoras irrecuperables, un 65% más que el año anterior.

Lo que decía Milei

El 14 de septiembre de 2019, cuando era economista y panelista, Milei escribió en la red social X: «La deuda pública es inmoral. Implica que la fiesta de gasto público sea financiado por generaciones que no sólo no han votado sino que no han nacido. Así, la generación actual se roba los ingresos de generaciones futuras. Por ende, un gobierno que endeuda jamás podrá ser liberal».

Lo que viene

El cronograma con el FMI se extiende hasta 2046. La deuda en moneda extranjera con organismos internacionales es la más difícil de reestructurar, y su crecimiento condiciona el margen del próximo gobierno, sea cual sea.

La discusión sobre cómo medir la deuda no es menor. Si el Estado cambia la forma de contar sus obligaciones, la sociedad pierde la posibilidad de evaluar el rumbo económico con datos comparables. Publicar de forma clara la deuda bruta, junto con la consolidada, es una obligación de cualquier gobierno que diga defender la transparencia.


Fuentes y respaldo para edición


Detrás de las Noticias

BRASIL, UN ESPEJO PARA MILEI Y CRISTINA

La elección de primera vuelta en Brasil tiene dos interpretaciones posibles. Como parte de una ola de derrotas de los oficialismos en toda América del Sur, un proceso que, mirado de ese modo, llevaría ya al menos una década y que explicaría comportamientos pendulares confundidos con oleadas. Primero de gobiernos de derecha y centroderecha, luego de izquierda y centroizquierda y, finalmente, la actual donde toda la política sudamericana aparece marcada por gobiernos de derecha dura que –si se confirman en segunda vuelta los resultados de la primera– gobernará en todos los países latinos de América del Sur, con la excepción de Venezuela, que estaría nítidamente en este bloque sin el fraude de Nicolás Maduro en 2024 y hoy aparece alineada por su adaptación a la subordinación a los deseos de Donald Trump tras la extracción, violenta e ilegal, del propio Maduro.

La otra mirada posible supone que esa coincidencia de gobiernos de derecha tiene que ver con transformaciones más estructurales y proyecta, aún sin asegurarla, una nueva etapa de hegemonías políticas. Cuestiones como la crisis del trabajo asalariado y el auge del cuentapropismo, la centralidad de la cuestión de la seguridad y el crimen organizado, y la proliferación de valores que, por distintos motivos, conectan con un mayor conservadurismo social –desde el auge del evangelismo en distintos países hasta el antifeminismo de los varones jóvenes– supondrían así un cambio más profundo que el mero hartazgo.

Hay elementos para pensar en ambos. Los pasos en falso y la baja popularidad de líderes como Kast en Chile, Noboa en Ecuador, el propio Jair Bolsonaro durante la mayor parte de su gestión y el mismo Milei tras su victoria en la elección de medio término, muestran una fragilidad a la que la hipótesis de la nueva hegemonía difícilmente pueda responder, pero al mismo tiempo la persistencia de estas fuerzas, su capacidad de seguir polarizando y sobrevivir a escándalos serios y hasta manifestaciones severas de desgobierno como la gestión bolsonarista de la pandemia, evidencian una resiliencia política que excede la demostrada capacidad de este sector para equivocarse de manera persistente cuando están en el gobierno.

La victoria parcial de Flávio Bolsonaro es en este sentido sintomática. Jair Bolsonaro fue derrotado por un frente político amplio, encabezado por Lula da Silva, pero que integró figuras de centro y centroderecha. La diferencia, a pesar de una gestión caótica, deslucida y marcada por las 600 mil muertes por el COVID-19, fue sumamente exigua en favor de Lula. Apenas dos puntos. Bolsonaro complotó con los militares para intentar impedir su asunción. Fue condenado por el Supremo Tribunal, con una tonelada de pruebas, por un intento de golpe de Estado en el que estaba involucrada una fracción minoritaria, pero expresiva del generalato. Debió cumplir pena de prisión y aún hoy se encuentra en domiciliaria, con una salud precaria e impedido judicialmente de poder hacer ninguna manifestación pública en medios o redes sociales.

A pesar de eso, se impuso a nombres relucientes de la derecha, algunos más moderados, otros menos, para nombrar a su hijo –un dirigente sin brillo, caracterizado por el sistema como poco carismático y potencialmente problemático– como candidato presidencial. Bolsonaro demostró primero un liderazgo expresivo en la derecha y luego una capacidad brutal de ganar elecciones. Flávio superó su desempeño comparado tanto con la primera vuelta de 2022 como con la primera vuelta de 2018. El PL, su partido –a esta altura una empresa familiar– tendrá la mayor bancada legislativa desde la recuperación democrática y no aparece tan lejos de poder generar mayorías para aprobar fácilmente enmiendas constitucionales y juicios políticos.

Vale repetirlo, todo tras una gestión deslucida y una condena por golpismo que la mayoría de la población consideraba, según las encuestas, justa. Por segunda vez en una gran democracia americana –la primera fue Donald Trump–, una persona que es responsable de un atentado contra la democracia está accediendo al poder después de ese atentado contra la democracia. La crisis del sistema es evidente. La discusión sobre las instituciones recuerda la charla en Berlín entre Mirabeau y Federico el Grande. Mientras el francés describía la Norteamérica republicana, Federico lo interrumpió. “Señor”, le dijo, “conocí a un joven que, después de una visita a las regiones donde reinaba la Libertad y la Igualdad, se empecinó en establecer todo aquello en su país. ¿Sabe qué le ocurrió?”. “No, Majestad”, respondió Mirabeau. “Fue colgado, señor”.

Un dato interesante es que los votantes de Bolsonaro no se perciben a sí mismos como antidemocráticos, sino que atribuyen esa característica a sus rivales. La falta de discursos compartidos es otro dato relevante. En cualquier caso, condenas que en otro tiempo terminaban con una carrera política hoy lucen no irrelevantes, pero sí de efecto extremadamente limitado y acompañan narrativas de persecución de forma transversal en el espectro político. De ganar, Flavio Bolsonaro controlará mayorías en el legislativo y en los gobiernos de los estados. Puede ser que sea parte de una ola antioficialista, pero la potencia y coherencia electoral de los resultados es expresiva.

Esa mayoría significa que –nuevamente, de ganar– Bolsonaro va a tener muy probablemente la capacidad de rehacer las instituciones. Van a nombrar tres jueces de la Corte Suprema, pero además de esos tres jueces, muy posiblemente haya un juicio político contra Alexandre de Moraes, el juez nombrado por Temer que condujo la investigación por la cual Bolsonaro terminó siendo condenado y que hoy está involucrado en una causa de corrupción. Junto a André Mendonça, Luiz Fux y Kassio Nunes Marques, a los que se podrían sumar otros, los números sobran para la construcción de una mayoría en el máximo tribunal. Es decir, va a tener un poder, si gana, que es inédito en Brasil desde la vuelta de la democracia. Si ganara Lula, en cambio, probablemente debería enfrentar el mismo nivel de inestabilidad que enfrentó Dilma Rousseff cuando gobernó desde 2014 con un Congreso hostil. Lula es infinitamente mejor para la negociación política que Dilma, pero la contingencia es alta: Rousseff terminó destituida por juicio político.

Esta victoria bolsonarista, todavía parcial, tiene varias razones. Hay un deseo de cambio en el electorado, una promesa de bienestar que no llegó y problemas para pensar desde lo económico. Está el endeudamiento de las familias y el modo en que afecta al poder adquisitivo del salario. La idea de que, más allá de si los sueldos le ganaron o no a la inflación –lo hicieron–, los bienes básicos como la comida y los combustibles están caros. Una sensación que, si uno mira la evolución de los ingresos, su aumento superó el aumento de los precios. Los más pobres mejoraron, y también lo hicieron el mercado de trabajo formal y los índices de desempleo, pero la mayoría de los brasileños compran sus bienes durables en cuotas y las cuotas tienen cada vez más intereses, es decir, son cada vez más caras. La mejora del poder adquisitivo queda fuertemente relativizada, el costo del dinero no sale en el índice de inflación.

Más allá de los problemas, la economía muestra buenos números. Es difícil explicar el triunfo de Bolsonaro sólo por factores económicos. Brasil está a la derecha de hace una década y, si prestamos atención a las mediciones, más allá de las coincidencias entre sus gobiernos, es también mucho más conservador que la Argentina de hoy. A Lula, como al peronismo, los afecta la transformación del mercado de trabajo, donde proliferan los cuentapropistas y los que venden su trabajo a través de aplicaciones. El PT nació al amparo de una sociedad sindicalizada que ya no existe. Incluso el trabajo registrado dejó de ser un aspiracional de los jóvenes, quienes prefieren emprender.

Por último, la seguridad encabeza las preocupaciones en la agenda de la ciudadanía y la mayoría cree que el progresismo no le da respuestas. No importa si las intervenciones de unos u otros son más o menos eficientes. El caso de un operativo en dos complejos de favelas de Río de Janeiro el año pasado es ilustrativo. Hubo más de 100 muertos. La consultora Atlas/Intel midió un apoyo que superaba el 85% entre los habitantes de las favelas cariocas. Aunque la operación no impactó sobre el poder de las bandas narcocriminales, que siguen operando con normalidad, la muestra de poder represivo estatal cosechó apoyos.

En Argentina, Milei apostó temprano por Flávio. Una apuesta riesgosa, ya que el hijo de Jair no era favorito en ninguna encuesta. Sacrificó por meses las relaciones con Brasil. Antes había apostado por Trump decididamente –¿acaso sin especulación?– ante el descontento de la administración Biden, cuando la elección tenía resultados más que inciertos. Es la segunda vez que juega en la ruleta de la afinidad política una relación para el país y, salvo que caiga una bomba atómica en las próximas tres semanas, será la segunda vez que acierta. Hay quienes especulan sobre si el presidente va a perder protagonismo, convertido en una suerte de número tres en las prioridades de Washington, detrás de Colombia y Brasil, sin contar el activo romance de Trump con Delcy Rodriguez. La pregunta sobre el protagonismo de Milei y el ego frágil está abierta, pero medida en impactos concretos no está claro que sea tan importante. Esta misma semana, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, volvió a destacar el apoyo que le había dado a la Argentina frente a la acción “desestabilizadora” de la oposición y dijo que estaría dispuesto a hacer intervenciones de ese estilo en el futuro, como parte de una apuesta de seguridad nacional. En ese escenario, el mayor riesgo que enfrenta Milei no es la pérdida de protagonismo, sino una debacle republicana que se anticipa en las legislativas de noviembre.

Mirando la elección, debería preocupar más a Milei la insatisfacción económica que evidenció el voto de los brasileños aún ante una gestión económica razonable. El Presidente seguramente se beneficia de algunos cambios sociales análogos aunque menos marcados que los que empujaron las velas del bolsonarismo. Sin embargo, los resultados de su gestión económica brillan menos que los de Lula. Cuando se miran los datos de consumo, la evolución de la situación de los ingresos personas y la insatisfacción con la realidad económica personal, la evidencia se vuelve preocupante para el oficialismo. Los datos de crecimiento e inversión argentinos son peores que los brasileños y el único logro relevante que tiene el Gobierno en materia económica, que es grande, es la baja de la inflación. Es un activo cada vez más apagado, la caída pronunciada queda cada vez más lejana en el tiempo y la inflación parece haberse estancado –con meses mejores y meses peores– en un nivel relativamente alto en el último año y medio, mientras la tendencia es recesiva incluso con un contexto externo relativamente favorable.

En el peronismo, seguramente, toman nota. Hay otro dato importante para la oposición. Más allá de sus afinidades ideológicas y afectivas con Lula, Cristina Fernández de Kirchner debe haberse dejado tiempo para una pequeña sonrisa egoísta a la hora de analizar el resultado. El arquitecto de la victoria de Flávio es Jair Bolsonaro. Preso con domiciliaria, impedido incluso de expresarse públicamente por entrevistas y en redes sociales. El costo político que pagó por su condena es cero. La dinámica de la polarización hizo que sus seguidores descarten las acusaciones como intrínsecamente injustas, mientras a los indecisos le resultaron irrelevantes. La condena, si tuvo algún efecto, fue volverlo menos peligroso a los ojos de esa parte de la ciudadanía. Y quienes toman la condena como algo grave e inhabilitante ya estaban convencidos de eso antes de que se produjera. Antes que él, Lula también ganó las elecciones después de haber estado preso y se mantuvo antes como líder indiscutido del espacio de izquierda y centroizquierda, incluso después de haber sido sometido a un proceso de deslegitimación por el sistema. En la derecha brasileña, a diferencia de la izquierda lulista, había liderazgos potencialmente más atractivos electoralmente que el de Flávio, pero Jair impuso, contra el deseo de consejeros y figuras de la política, a su persona de mayor confianza como candidato, y se quedó con todos los votos. Rafael Correa lleva tiempo ejerciendo su liderazgo en la izquierda de Ecuador, y si bien sus candidatos no llegan a ganar, llegaron competitivos a todas las segundas vueltas.

En ese contexto, Cristina tiene derecho a entonces a tomar el ejemplo y cuestionar, severamente –como lo hace– cualquier desafío a su liderazgo. En cambio, puede pensar que, aún sin un nombre especialmente fuerte, podría poner su propio peso detrás de una candidatura de su mayor confianza y esperar que la lógica de la polarización y la precariedad de la economía de las familias hagan el resto.

El problema de la economía de Milei puede adquirir una dimensión política más profunda que el desgaste mencionado. Según diferentes sondeos, empieza a crecer otra demanda: que el Estado intervenga donde el mercado no consigue ofrecer una respuesta. Hoy el votante libertario –duro o blando– celebra la baja de inflación, pero espera que el Gobierno haga algo cuando sus ingresos no alcanzan para afrontar servicios esenciales. Una obviedad que no lo debe ser tanto porque, hasta el momento, el presidente no atendió esa demanda.

Esto abre un escenario interesante. De profundizarse esta tendencia, el Gobierno tendrá que implementar medidas que su discurso contribuyó a deslegitimar y, lo más importante, deberá hacerlo mientras intenta convencer a los inversores que la continuidad de su programa está asegurada. La inflación durante la presidencia de Alberto Fernández –con Sergio Massa al frente de Economía en su último tramo– produjo algo más que una pérdida de ingresos. Los precios cambiaban antes de que los consumidores terminaran de acostumbrarse a los anteriores, la carga impositiva seguía ahí y las prestaciones, en cambio, perdían calidad. Educación, salud, transporte: cada servicio tenía su explicación particular para funcionar peor, pero el contribuyente recibía la cuenta total.

Para defender ese Estado hacía falta una vocación que muchos argentinos habían perdido. Los que podían pagaban dos veces –los impuestos y la solución privada a lo que esos impuestos debían garantizar– y el que no, se quedaba con la prestación deteriorada. “Caen en la educación pública”, diagnosticó de manera temprana Mauricio Macri. Milei encontró una sociedad a la que resultaba cada vez más difícil explicarle qué recibía a cambio de sostener una estructura tan costosa y su discurso tenía la ventaja de convertir una frustración cotidiana en una explicación general.

La motosierra ofreció una respuesta reconocible a ese malestar. Después vino la parte más difícil que era conseguir que el recorte se pareciera, para quienes lo habían votado, a una mejora. Algunos sondeos empiezan a registrar un cambio en aquella disposición social. Crece la demanda de un Estado que intervenga donde el mercado no llega a resolver. Conviene mirar con cuidado qué significa. Un votante puede seguir rechazando el déficit, el empleo público utilizado como refugio partidario y los privilegios de los funcionarios, y pedir que alguien haga algo con el costo de la salud, el transporte o los servicios. Las preferencias de los ciudadanos tienen menos criterios dogmáticos que los discursos de la casta.

En términos conceptuales, la sociedad parece estar migrando hacia la fórmula popularizada por Willy Brandt: “Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”. Esta mirada describe una combinación de preferencias, convertirla en una mayoría electoral es bastante más difícil. En esta época, dominada por el fanatismo ideológico, una política desapasionada ideológicamente y libre de imperativos morales es tan necesaria como un vaso de agua en el desierto, pero probablemente de fracaso asegurado en términos electorales. La Argentina conoció varias versiones de esa expectativa centrista y pocas experiencias capaces de organizarla políticamente. ¿Encontrará esta vez una representación? Cristina parece creer que sí. La expresidenta advierte que, si se eliminan las PASO, la próxima elección podría organizarse en cuatro fórmulas competitivas así como en 2023 anticipó la “elección de tercios”. Esto, naturalmente, aumenta la incertidumbre que importa especialmente para una economía cuya estabilidad depende, en parte, de las expectativas sobre el próximo gobierno.

Para Milei, esa incertidumbre tiene un costo potencial que excede las encuestas. El horizonte financiero necesita alguna expectativa sobre el horizonte político. Y la expectativa política del oficialismo necesita que el financiero no se desordene. Es una relación incómoda porque cada uno le pide al otro que garantice lo que todavía no puede garantizar por sí mismo. Sin embargo, lo más relevante de la lectura de Cristina es qué sectores identifica en esas cuatro fórmulas: Milei, una opción del establishment con rostro humano y dos candidatos del peronismo. CFK sugiere, así, que un candidato será el que ella elija. ¿Y el otro? ¿Kicillof? ¿Anticipa un movimiento o amenaza para negociar? Como siempre con Cristina, no lo sabemos.

El vínculo entre el riesgo electoral y el financiero estuvo presente en las conversaciones de Argentina Week en París. Una búsqueda de refugio por parte de los inversores, una mayor dolarización o un aumento del riesgo país podrían complicar el horizonte del oficialismo. Las declaraciones de Luis Caputo permiten observar esa preocupación. El ministro llamó “anticristo” a Kicillof y explicó que el Gobierno se prepara para un escenario adverso. Enumeró respaldos financieros y sostuvo que dispone de recursos para afrontar una mayor dolarización electoral. La confianza declarada convive con la necesidad de explicar cómo actuaría si esa confianza no fuera compartida por los inversores. Caputo había dicho que el “riesgo kuka” era “cero”. Fue el 28 de abril de este año. Hace menos de tres meses.

Patricia Bullrich introdujo una ambigüedad distinta. Al hablar de la próxima elección, destacó la importancia de que “este proyecto pueda avanzar” y agregó: “No sé en qué lugar me va a encontrar”. La frase admite una lectura sobre sus aspiraciones, aunque todavía no constituye una definición de candidatura y también deja abierta una pregunta sobre el oficialismo: hasta qué punto la continuidad del programa y la reelección del presidente seguirán siendo una misma causa. Sería apresurado convertir esa declaración en el anuncio de una candidatura, por dentro o por fuera de La Libertad Avanza, pero Bullrich eligió hablar del futuro del proyecto y dejó indeterminado su propio lugar.

La hipótesis Bullrich tiene un punto de apoyo porque su imagen positiva la vuelve una alternativa verosímil para quienes buscan preservar el rumbo con otro liderazgo, pero la política argentina tiene una larga tradición de candidaturas que funcionan mejor en la mesa de arena del círculo rojo que cuando la sociedad entra al cuarto oscuro. La pregunta es en qué escenario podría ganar Bullrich. Si heredara la candidatura porque Milei hubiera agotado sus posibilidades, también heredaría las razones de ese agotamiento. Cuesta imaginar que un proyecto llegue suficientemente herido como para abandonar la reelección de su fundador y recupere competitividad con un cambio de nombre. Bullrich podría ofrecer atributos propios, aunque tendría que explicar por qué merece continuar un gobierno cuyo presidente ya no consigue hacerlo.

La otra posibilidad es que decida disputar por sus aspiraciones, aun con Milei en carrera. Podría encontrar apoyo en sectores empresariales interesados en una continuidad menos incierta y convertirse en esa cuarta candidatura que imagina Cristina. Tendría entonces un problema distinto: si Milei conservara un núcleo cercano al 30%, buena parte del electorado libertario seguiría con él. Bullrich tendría que buscar los votos que le faltaran entre los desencantados del Gobierno y los ciudadanos que esperan una oferta más moderada. Ese desplazamiento tampoco sería sencillo. Bullrich tiene audacia, coraje y una identidad construida alrededor de la confrontación. Son atributos que le dieron reconocimiento y que no puede modificar de un día para el otro. En una campaña presidencial tendría poco tiempo para ponerse el sobretodo de la moderación.

Aparece ahí una paradoja que, con todas las distancias políticas, también alcanza a Myriam Bregman: una imagen favorable puede extenderse bastante más allá del electorado disponible. Ambas figuran entre las dirigentes mejor valoradas en distintas mediciones, pero ese reconocimiento no resuelve dónde podrían reunir una mayoría. La encuesta permite aprobar a varios dirigentes al mismo tiempo. La boleta obliga a elegir uno, pero, en intención de voto, la líder del PTS se ubica en los dos dígitos en un sondeo reservado del Gobierno al que tuvo acceso #OffTheRecord.

Milei necesita que esas dos continuidades sigan juntas, defender el programa económico tiene que implicar defender su reelección. La dificultad crecerá si una parte de la sociedad empieza a pedir correcciones y una parte de quienes sostienen el rumbo empieza a preguntarse quién está en mejores condiciones de preservarlo. El presidente construyó su ascenso interpretando lo que los argentinos ya no querían tolerar del Estado. Ahora tiene que interpretar qué esperan que haga. Mientras tanto, sus aliados empiezan a hablar del futuro. Habrá que escuchar a quién nombran.

Last but not least, los resultados de las elecciones brasileñas confirman la consolidación de un espacio de derecha en la región cuyo discurso colisiona con varios derechos que hasta hace poco considerábamos garantizados.

Iván Schargrodsky | Cenital