El ministro desregulador Federico Struzenegger salió al cruce de las propuestas de “compre local” que impulsan algunas provincias para favorecer la venta de materiales e insumos locales a las grandes empresas (varias de ellas multinacionales) que operan allí. El funcionario encargado de borrar la intervención del Estado en cualquier intersticio empresarial afirmó que los emprendimientos provinciales atentan contra el desarrollo de compañías a gran escala y sostuvo que ello hará “que los beneficios de energía y minería no se distribuyan más equitativamente”. “Si en cada provincia vamos a acotar la provisión a pequeñas empresas locales no vamos a poder desarrollar una economía de escala y vamos a hacer que los beneficios de energía y minería no se distribuyan más equitativamente”, afirmó Sturzenegger durante la apertura del foro “Vientos de Cambio” que organiza la Fundación Libertad y Progreso y se desarrolla en un hotel céntrico. Contra los gobernadores El mensaje del ministro es una afrenta a todos gobernadores, pero golpea con más fuerza en los aliados que a menudo negocian y proveen votos en el Congreso a las iniciativas del oficialismo. Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) son algunos de los mandatarios que desde hace meses impulsan acuerdos con las multinacionales para la asociación con proveedores locales. De hecho, a mediados de agosto pasado, hubo una reunión al respecto en el Consejo Federal de Inversiones. Allí, el mandatario catamarqueño expresó ante representantes de multinacionales y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que “el verdadero crecimiento minero se logra trabajando codo a codo con las pymes locales, las empresas y las cámaras de proveedores”. El objetivo que persiguen es equilibrar la competitividad industrial, favorecer la utilización de recursos provinciales y aumentar la contratación de mano de mano de obra local, entre otros. “Limita el uso de los derechos de propiedad” Pero según el gobierno Javier Milei, esas iniciativas irían a contramano de los efectos que se pretenden a partir de la sanción del RIGI y la modificación (judicializada) de la Ley de Glaciares, que apuntan a favorecer el extractivismo. Por eso, Sturzenegger salió una vez más a expresarse en contra de los intereses nacionales y de los proyectos de compre local de los gobernadores. Su argumento es que “una regulación limita el uso de los derechos de propiedad”.
Hoy entró en vigencia un nuevo incremento en la tarifa del Subte, que llevó el valor de $1684 a $1753. En los próximos meses, el valor seguirá actualizando mensualmente por encima de la inflación. Además, aumentaron los colectivos porteños y provinciales. A su vez, rige desde hoy el último tramo de aumento en trenes metropolitanos.
Desde este martes 1° de septiembre, el valor del boleto del Subte pasó de $1684 a $1753. El Premetro (simple), por su parte, ahora cuesta $ 613,55.
El esquema aprobado en audiencia pública en febrero, además del actual aumento, prevé posteriores incrementos mensuales de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 2%.
Cabe recordar que originalmente se había anunciado un esquemaque implicaba un aumento de la tarifa a $1336 y posteriores aumentos mensuales correspondientes al IPC más un 1%. Sin embargo,días después se dio marcha atrás y se avanzó con la nueva fórmula, que implica aumentos superiores a lo inicialmente previsto.
El nuevo esquema estableció un incremento inicial a $1363 en marzo y a $1414 en abril, con posteriores actualizaciones de acuerdo a la citada fórmula (IPC +2%).
En aquel entonces, desde la Ciudad habían justificado la decisión en el hecho de que la tarifa técnica, que resulta de dividir los costos operativos por la cantidad de pasajeros transportados, ascendía a $2299,64 (sin IVA) y a $2541,10 (con IVA). A su vez, el GCBA atribuye el valor a que “los costos de explotación están principalmente relacionados con la estructura de retribución prevista en el contrato de concesión”.
Los citados precios regirán para el pago con tarjeta SUBE registrada o medios alternativos (tarjetas de crédito, débito, NFC y pago con código QR). En cambio, quienes abonen con tarjeta SUBE no registrada abonarán una tarifa notablemente más alta.
Sin embargo, existen mecanismos que permiten pagar menos que la tarifa plena:
los usuarios frecuentes acceden a tarifas que disminuyen progresivamente una vez superados los 20, 30 y 40 viajes mensuales, siempre que utilicen el mismo medio de pago.
los usuarios que abonen con medios alternativos pueden acceder a descuentos y promociones bancarias que ofrecen significativos ahorros. No obstante, las promociones se han reducido en los últimos tiempos y aplican topes definidos por cada entidad, que han quedado atrasados a raíz de los aumentos mensuales.
A su vez, continuarán en vigencia los beneficios de la tarifa social ($613,55, 35% de la tarifa plena), para estudiantes de secundarios y terciarios privados ($245,42, 14% de la tarifa plena), docentes ($543,43, 30% de la tarifa plena), y pases gratuitos para estudiantes estatales o privados subvencionados al 100%, personas con discapacidad y trasplantadas y jubilados, pensionados y retirados de las fuerzas armadas y de seguridad, a los que se accede mediante tarjeta SUBE. Los términos y condiciones pueden consultarse aquí.
Este mecanismo permitía acceder a descuentos sobre el segundo viaje (descuento del 50%) y sobre los subsiguientes (descuento del 75%) dentro de las dos horas de iniciado el primer viaje. Desde principios del mes pasado, el beneficio dejó de estar vigente para quienes utilicen el Subte como segundo o tercer viaje, luego de haber utilizado el tren como primer viaje. De esta manera, los usuarios deben pagar tarifa completa al pasar por molinetes. No obstante, continúa estando vigente en sentido inverso: si el Subte fue el primer viaje, en el tren o en colectivos (nacionales o porteños) se abonará tarifa al 50%.
La Red SUBE había sido introducida en 2018 como un esquema para morigerar el impacto de los aumentos tarifarios, pero, aunque sigue vigente, las restricciones han desvirtuado notablemente su naturaleza.
Tambíén aumentan los colectivos
Detalle del cuadro tarifario para las líneas de jurisdicción porteña
Desde este martes 1° de septiembre, los colectivos de jurisdicción porteña aumentaron sus tarifas, con valores que oscilarán entre$887,99 y $1.138,77.
Al mismo tiempo, los colectivos de jurisdicción provincial también incrementaron sus valores, con boletos que van desde$1.158,97 hasta $2.043,84.
En cambio, y al igual que el mes pasado, en septiembre no habrá aumento en los colectivos de jurisdicción nacional. Cabe recordar que estas tarifas se actualizaron en tres tramos, a mediados de mayo, junio y julio. Por el momento no hay nuevos aumentos anunciados para estas líneas, que no tienen previsto un mecanismo de actualización mensual como las porteñas y bonaerenses.
En cuanto a los trenes metropolitanos, entrará en vigencia el último tramo de aumento: el boleto oscilará entre un mínimo de $450 y un máximo de $790 en las líneas metropolitanas y entre $360 y $1300 en las suburbanas diésel (“local extendido”). Al igual que con las líneas de colectivos, no hay nuevos aumentos anunciados sobre este esquema, que implicó un aumento del 60% en promedio desde mayo.
Los aumentos de la tarifa del Subte agudizan la brecha existente con la tarifa de los colectivos. La existencia de tres jurisdicciones con tarifas distintas, sumada a las citadas restricciones de la Red SUBE, no hace más que empeorar el panorama. A su vez, las tarifas de las líneas nacionales están desfasadas tanto de la tarifa de sus homólogas porteñas y provinciales como de la del Subte.
En cualquier caso, se trata de cifras muy por debajo de la tarifa del Subte. Vale recordar que al menos durante toda la década del 90 y hasta 2012 -cuando el Subte fue transferido a la Ciudad- el valor de la tarifa estaba equiparado con el boleto mínimo de colectivo.
La situación es tan confusa que un viaje de la misma extensión y de condiciones similares puede terminar costando valores muy distintos dependiendo de si se realiza en Subte, en un colectivo porteño o en un colectivo nacional, cuyas trazas muchas veces se superponen. Si a esto se suman factores como los descuentos por usuario frecuente del Subte, la Red SUBE o las promociones bancarias, resulta muy difícil para el usuario tener claridad acerca de cuánto efectivamente se paga por ese servicio o cuál es realmente la opción más económica.
Tras el colapso de una escalera mecánica en la estación Sáenz de la línea Belgrano Sur, que dejó como saldo 11 heridos, desde Trenes Argentinos explicaron que había sido inspeccionada el 13 de agosto pasado. Las causas del incidente se encuentran bajo investigación.
Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) emitió un comunicado sobre el incidente ocurrido en la tarde de este lunes en la estación Sáenz de la línea Belgrano Sur.
Desde la empresa explicaron que, por causas que todavía se encuentran bajo investigación, ayer a las 16 horas se registró el colapso de una de las escaleras mecánicas que comunica la zona de andenes con el vestíbulo de la estación. Como resultado del mismo, 11 personas resultaron heridas y fueron atendidas por el SAME.
Escalera luego del incidente. Fuente: Tiempo Argentino
Desde Trenes Argentinos detallaron que la escalera mecánica en cuestión había sido inspeccionada y había recibido mantenimiento preventivo el 13 de agosto pasado, de acuerdo con los protocolos habituales seguidos por la empresa.
“Las causas del desperfecto son materia de investigación (…) Como parte de las pericias serán analizadas las cámaras de seguridad de la estación”, agregaron desde SOFSA.
Cabe recordar que la estación Sáenz es una de las pocas estaciones de la red ferroviaria que cuenta con medios de elevación.
Más allá del incidente, desde la firma detallaron que el servicio funciona con normalidad durante la jornada de hoy.
La capitana de la selección argentina de hockey habló tras el regreso al apís con la tercera Copa del Mundo y destacó al deporte como una herramienta de inclusión, igualdad y derechos
Tras regresar al país como tricampeonas mundiales de hockey, luego de vencer a Países Bajos este fin de semana, la capitana de la selección argentina, Majo Granatto, hizo un fuerte llamado de atención por la inversión en el deporte.
Granatto, que marcó el gol en la final, habló con la prensa en el aeropuerto de Ezeiza, donde muchos fanáticos se acercaron a recibir a las jugadoras. “Necesitamos mucho más inversión en el deporte. El deporte es inclusión, es derecho, es igualdad. Y creo que nosotras como equipo intentamos transmitir también esos valores. Si esto lo hicimos con lo que tenemos, imaginate con más apoyo”, advirtió.
Familiares, amigos y decenas de hinchas se acercaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para recibir al plantel. Con banderas argentinas, camisetas de la Selección y mucha emoción, los fanáticos esperaron a las campeonas del mundo para celebrar junto a ellas la histórica consagración.
Con un planteo que buscó ir más allá de la épica deportiva, Cande puso el foco en las condiciones en las que el seleccionado argentino sostiene, desde hace 25 años, su lugar entre los mejores equipos del mundo.
“Las Leonas no deberían estar en una final del Mundo”, comienza el texto. La frase, lejos de cuestionar al equipo, funciona como punto de partida para destacar la magnitud de lo conseguido por las jugadoras argentinas a pesar de las dificultades estructurales que atraviesa el hockey en el país.
“Hasta las lágrimas. Gracias”, escribió Granatto en ese posteo.
El mandatario fue acusado de abuso de autoridad, discriminación y violación de los deberes de funcionario público por sus dichos contra la oposición y la prensa en una escuela. Afirman que es delito «propagar discursos de superioridad ideológica» e incitar “al odio ideológico”
El presidente Javier Milei fue denunciado de forma penal por el discurso que brindó en el colegio ORT frente a alumnos de 4° y 5° año, en el que apuntó duramente contra la oposición y el periodismo.
La presentación fue realizada por la organización Reset Republicano, por el delito de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y discriminación. El caso quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 de Comodoro Py.
“El presidente, en ejercicio de su cargo y valiéndose de la estructura oficial de comunicación institucional de la Presidencia, utilizó un espacio escolar para menores de edad, con el fin de desplegar una arenga de carácter proselitista, agraviar a opositores y compeler a un auditorio de adolescentes a hostigar públicamente a la prensa”, dice la denuncia.
Los abogados de la entidad cuestionaron que Milei “abandonó su deber de priorizar el interés público sobre el particular intercalando afirmaciones de corte claramente partidario” en su discurso y realizar “declaraciones contrarias a la libertad y pluralismo políticos”.
“Al hacerlo, omitió deliberadamente su deber primordial como jefe de Estado de ejecutar, respetar y garantizar las leyes de orden público que protegen la salud democrática y la integridad de las infancias”, sumaron según informó la agencia Noticias Argentinas.
Los denunciantes remarcaron que “abusó de la relación asimétrica que la ocasión le atribuía para imponer a adolescentes insólitas y académicamente cuestionables teorías sobre el origen ‘satánico’ del marxismo”, y que “promovió entre adolescentes su conocido odio al periodismo”.
Durante su disertación en la ORT, el presidente volvió a cuestionar el rol de la prensa y arengó a los alumnos a abuchearla: “Si quieren hacerlo más fuerte se los voy a festejar”, dijo.
“La jurisprudencia argentina ha establecido que la palabra presidencial posee un efecto multiplicador y un peso institucional que de ninguna manera puede equipararse al de un ciudadano común. Al usar el aparato de comunicación estatal para propagar discursos de superioridad ideológica y conminar a menores de edad a participar de actos de repudio público, el mandatario desborda los límites de la libertad de expresión para ingresar en el terreno de la incitación al odio ideológico, perfeccionando la conducta típica prevista en la ley antidiscriminatoria”, manifestaron.
Dispuso una recomposición salarial para las FFAA y diferentes suplementos para la Policía, Gendarmería, Prefectura, PSA y Servicio Penitenciario.
El Gobierno Nacional anunció una nueva recomposición salarialpara las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad que comenzará a aplicarse en septiembre. En el caso de los militares, los haberes acumularán un incremento del 12,22% entre septiembre y diciembre de 2026, mientras que para las fuerzas de seguridad se dispusieron aumentos del haber básico y modificaciones en distintos suplementos y compensaciones.
Para las Fuerzas Armadas, el primer incremento será del 6,9% desde el 1° de septiembre y alcanzará a todo el personal, independientemente del grado o la jerarquía. También impactará sobre los suplementos que se calculan tomando como referencia el haber.
La suba abarcará además al personal retirado. Según informó el Gobierno, entre enero y agosto los salarios militares acumularon un aumento del 17,62%, por lo que con las nuevas actualizaciones el incremento proyectado para todo 2026 se ubicará cerca del 32%.
A ese esquema se agrega el Suplemento por Título implementado recientemente, que establece adicionales del 10%, 15% y 25% sobre el sueldocorrespondiente al grado de acuerdo con el nivel educativo alcanzado.
Finalmente, desde septiembre también habrá un suplemento específico para el personal de Comandos y Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas y para quienes desempeñan funciones vinculadas al Programa F-16 Peace Condor, referido a los aviones caza adquiridos por el Estado este año.
El Gobierno dispuso un aumento para las Fuerzas de Seguridad
Por otra parte, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso desde septiembre un aumento transversal del haber básico para la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. También avanzará con nuevos suplementos y la actualización de compensaciones existentes.
«El esquema busca corregir asimetrías históricas entre las Fuerzas Federales, extendiendo reconocimientos entre fuerzas y actualizando los suplementos territoriales según las diferencias reales en el costo de vida», explicó el Gobierno en un comunicado.
En Gendarmería, el suplemento Destino Estratégico de Operaciones se extenderá a 3.510 efectivos desplegados en planes operativos del Ministerio, con mejoras de entre 20% y 30% del haber neto y de hasta 35% para las jerarquías más bajas. Prefectura incorporará el mismo adicional y sumará un suplemento de Alto Riesgo para la Agrupación Albatros. Además, Gendarmería y Prefectura actualizarán el Suplemento Zona para aproximadamente 16.500 efectivos, con incrementos de entre 10% y 30%.
En la Policía Federal se creará un suplemento de Responsabilidad Profesional Sanidad y aumentarán 30% la Compensación Custodia, la Compensación Ferroviaria y los Servicios Adicionales. En la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), una nueva bonificación por Destino de Alta Complejidad alcanzará a 2.100 efectivos de Aeroparque y Ezeiza, con mejoras de hasta 15% del haber neto en las categorías más bajas.
Para el Servicio Penitenciario Federal se actualizará el Suplemento Zona y se incorporarán adicionales por riesgo, grupos especiales, responsabilidad profesional y tareas con personas privadas de la libertad de alto riesgo.
Tres consorcios privados concentran el 60% de los ingresos de las rutas privatizadas. Los contratos proyectan un negocio de 10 billones de pesos.
Tres grupos empresariales se quedaron con el 60% de la recaudación total de las rutas privatizadas tras la adjudicación de los primeros 9.000 kilómetros concesionados por el Gobierno nacional.
En total, los concesionarios de estos tramos recaudarían solo por el cobro de peajes $518 mil millones por año, lo que a dólar oficial equivale a US$343 millones, constituyendo un negocio de al menos $10 billones, o US$6.800 millones, durante el período de veinte años que estipula el contrato, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, no ejecuta el dinero para el mantenimiento de los corredores.
El gran ganador de la compulsa fue el grupo Cartellone, cuyo presidente y CEO es Alejandro Cartellone, que se quedará con un negocio de $135 mil millones por año mediante dos empresas: Autovía Construcciones y Servicios, y José Cartellone Construcciones Civiles.
La primera se quedó con el Tramo Oriental por una tarifa de $ 2.945 sin IVA para gestionar las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que incluyen las estaciones Zárate, Colonia Elía, Yeruá y Piedritas por un total de $97,4 mil millones, al tiempo que logró el Tramo Noroeste junto a Vapeu SRL y Guigivan SRL por $21,3 mil millones con una tarifa de $ 2.285, según consigna el diario Perfil.
Por su parte, la firma José Cartellone Construcciones Civiles SA resultó adjudicada para el Tramo Centro Norte por una oferta de $ 2.175 que le reportará $16 mil millones por las barreras de Ceres y Fernández, pese a figurar en la central de deudores del Banco Central de la República Argentina con una deuda irrecuperable con el Banco Nación superior a los $16 mil millones.
En el segundo puesto se ubicó el grupo oferente compuesto por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco, cuyo socio mayoritario es precedido por Sebastián Galluzzo, el cual obtuvo el tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur con una tarifa ofertada de $ 997 para operar las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Ricchieri y Jorge Newbery, y las rutas nacionales 3, 205 y 226, alcanzando una facturación anual de $128 mil millones en el corredor de mayor recaudación.
El tercer lugar correspondió a la unión de empresas Basaa y Cecosa, encabezada por Horacio Miró, que logró el Tramo Puntano tras ofertar $1.440,08 para generar $36 mil millones al año en las cabinas de Larena, Solís, Venado Tuerto y Sampacho.
Asimismo, según supo la Agencia Noticias Argentinas, las firmas Obring, Pitón y Rovial obtuvieron el Tramo Chaco-Santa Fe y el Tramo Conexión Puente Rosario–Victoria en UTE con Edeca y Pietroboni por una tarifa de $2.798,18, obteniendo $12 mil millones anuales.
Además de garantizar un ingreso tributario mínimo de $109 mil millones por año en concepto de IVA para el Estado, las compañías cuentan con la previsión en pliegos para instalar nuevos peajes y aplicar actualizaciones tarifarias regulares.
Del mismo modo, el contrato de explotación las faculta, previa habilitación de Vialidad Nacional, a desarrollar emprendimientos comerciales en los predios concesionados, que incluyen estaciones de servicio, paradores de camiones, paradores de transporte de pasajeros, centros logísticos, depósitos fiscales, locales gastronómicos, hoteles, sucursales bancarias, cajeros automáticos, redes de fibra óptica, antenas de telecomunicaciones y refugios de transporte público.
Los acuerdos quieren cambiar para proteger a las industrias nacionales y piden que las inversiones en materia de inteligencia artificial tengan su propio sistema energético.
El Gobierno busca aprobar sin modificaciones el proyecto del denominado Súper RIGI, pero La Libertad Avanza no tiene los votos para imponer su propia versión y Patricia Bullrich tuvo que abrir una negociación con los bloques aliados para evitar que la iniciativa vuelva a trabarse en el Senado.
La situación expone una de las principales dificultades parlamentarias del oficialismo: el Gobierno pretende avanzar con una de sus principales apuestas económicas, pero su propia bancada reconoce que no tiene fuerza suficiente para aprobarla sin hacer concesiones.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aceptó cambios reclamados por la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, principalmente en dos puntos sensibles: la protección de las empresas nacionales y el abastecimiento energético de los grandes centros de datos vinculados con la inteligencia artificial.
La negociación dejó además una señal de tensión dentro del propio oficialismo. Mientras Bullrich avanzaba durante los últimos quince días en conversaciones con los bloques aliados para reunir los votos necesarios, el equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo, no fue consultado sobre esas modificaciones y tomó conocimiento de los cambios cuando ya habían trascendido públicamente.
Desde el Gobierno hicieron saber entonces su rechazo a algunas de las reformas negociadas, en particular a la exigencia de que las nuevas industrias electrointensivas —entre ellas los mega centros de datos— cuenten con sistemas propios de generación eléctrica para evitar que el incremento de la demanda recaiga sobre las redes provinciales y termine afectando el abastecimiento de la población, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.
“Me encantaría tener 37 votos, pero lamentablemente tengo 21, con lo cual tengo que cerrar acuerdos para las leyes”, reconoció Bullrich ante sus allegados, en una frase que sintetiza la relación de fuerzas que enfrenta el oficialismo en el Senado.
El planteo adquiere mayor peso porque el Súper RIGI constituye una de las apuestas centrales del Gobierno para atraer inversiones de las grandes compañías tecnológicas, las nuevas industrias vinculadas con la inteligencia artificial y los proyectos relacionados con minerales críticos.
El régimen ofrece un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios de fuerte magnitud. El desafío político para el oficialismo es conseguir que esos incentivos sean aprobados sin que los bloques aliados consideren que se está dejando en segundo plano a la industria nacional o trasladando a las provincias los costos de las nuevas inversiones.
La industria nacional, en el centro de la negociación
Uno de los cambios que el oficialismo está dispuesto a aceptar apunta a precisar el alcance de la obligación de contratar proveedores locales.
El proyecto aprobado por Diputados establece que los planes de inversión deberán contemplar un compromiso de contratación de proveedores locales por un mínimo equivalente al 20% del monto destinado al pago de proveedores, siempre que exista oferta nacional en condiciones de mercado en materia de precio y calidad.
Los bloques aliados reclaman que esa protección quede circunscrita a bienes producidos efectivamente en el país.
Durante la última reunión, Diego Leal, presidente del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la UIA, pidió que el 20% se refiera exclusivamente a bienes producidos en la Argentina. “Hoy la industria es un sector transable que compite con el mundo y estamos a favor de una economía abierta, pero de forma inteligente”, sostuvo.
El planteo introduce una discusión política de fondo sobre el modelo de desarrollo que pretende impulsar el Gobierno: si los beneficios extraordinarios estarán orientados únicamente a atraer capitales o si también habrá mecanismos para garantizar que una parte de esas inversiones se derrame sobre la producción nacional.
La pelea por la energía
El otro punto que genera resistencia está vinculado con los denominados inversores “electrodependientes”.
Los bloques provinciales pretenden que los grandes proyectos que requieran enormes cantidades de energía —especialmente los centros de datos destinados a inteligencia artificial— desarrollen su propio sistema de generación para evitar que el aumento de la demanda recaiga sobre las redes existentes.
La preocupación de los gobernadores tiene un fundamento político y económico: los megacentros de datos y la infraestructura digital están entre los sectores estratégicos que busca atraer el Súper RIGI, pero su funcionamiento requiere un consumo energético considerable.
Para las provincias, el interrogante es quién deberá financiar y sostener la infraestructura necesaria para abastecer a esas nuevas industrias.
El Gobierno, en cambio, teme que imponer demasiadas condiciones termine restándole atractivo al régimen y desaliente precisamente las inversiones que busca captar.
Un proyecto que vuelve a Diputados
Los cambios que finalmente se incorporen obligarán a que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados vuelva a ese cuerpo para su revisión.
Por eso, todavía no estaba definido si el próximo miércoles el plenario de las comisiones de Presupuesto, de Economía e Inversión y de Legislación General, presididas por Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez (LLA), respectivamente, emitirá el dictamen necesario para intentar llevar el proyecto al recinto el 10 de septiembre.
Qué propone el Súper RIGI
El proyecto establece un régimen de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para grandes inversiones.
Entre sus principales beneficios contempla:
Reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, con amortización acelerada de las inversiones: 60% durante el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes.
Certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales, con una alícuota única del 10%.
Deducción de quebrantos sin límite temporal y una reducción progresiva de la carga sobre dividendos: 7%, con una baja al 3,5% después de cuatro años de adhesión.
Exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación y supresión de restricciones y cupos para operar.
Disponibilidad progresiva de las divisas generadas por exportaciones, hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año.
La Provincia busca contener el impacto de las tarifas sobre las familias y aseguró que analizará cada situación de deuda antes de disponer una eventual interrupción del servicio.
El secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, explicó que la Provincia busca sostener distintas herramientas de asistencia frente al escenario económico y el incremento de los costos de los servicios públicos.
“Estamos atacando todos los frentes y tratamos de hacer el máximo esfuerzo posible. Hemos congelado las ejecuciones, hemos congelado los cortes de luz, hemos congelado la suba de las tarifas”, afirmó Herrera en diálogo con Fénix.
El funcionario reconoció, sin embargo, que el aumento del consumo durante los períodos de altas temperaturas representa una dificultad adicional tanto para las familias como para las cuentas provinciales. En ese contexto, señaló que la Provincia intenta absorber parte del impacto generado por los incrementos definidos a nivel nacional, aunque advirtió que existe un límite sobre los recursos que puede destinar el Estado.
Herrera puso como ejemplo la evolución del costo de la energía que debe afrontar La Rioja. Según explicó, en 2023 la Provincia pagaba alrededor de $1.500 millones a CAMMESA, mientras que actualmente el monto asciende a unos $17.000 millones.
“Hoy entre todos los riojanos pagamos 17.000 millones de pesos a CAMMESA”, sostuvo, al remarcar el fuerte crecimiento del costo energético y su impacto sobre las finanzas provinciales.
Respecto de las interrupciones del suministro, Herrera aclaró que podría existir algún caso particular en el que se registre una acumulación significativa de deuda. No obstante, remarcó que la decisión política del Gobierno provincial es evitar los cortes y analizar cada situación de manera individual. “Es una decisión política del Gobierno este tema de la suspensión de los cortes de luz”, enfatizó.
El secretario general también destacó que la Provincia busca acompañar a las familias que atraviesan dificultades económicas y amortiguar el impacto de las medidas nacionales sobre servicios considerados esenciales. Las medidas se mantienen mientras el Gobierno provincial evalúa cómo afrontar el aumento de los costos energéticos y el crecimiento del consumo, especialmente durante los meses de temperaturas elevadas.
La Rioja quedó entre las provincias con mayor caída del consumo eléctrico
Frente al severo ajuste económico impulsado por el Gobierno Nacional de Javier Milei, el Gobierno de La Rioja ratifica su compromiso de proteger el bolsillo de las familias riojanas. Mientras el impacto de los recortes se refleja en la caída del 3,63% en el consumo eléctrico, según datos de ADEERA, la gestión provincial de Ricardo Quintela implementa medidas concretas de contención y subsidio tarifario que lograron convertir al La Rioja como la provincia con la factura de luz residencial más baja de todo el NOA para usuarios con subsidio.
De acuerdo a las cifras publicadas en el Informe Mensual de Demanda de Energía Eléctrica que elabora la Asociación de Distribuciones de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), el consumo eléctrico en La Rioja bajó un 3,6 % en junio. La caída en la demanda es en relación al mismo mes de 2025. Según el índice, difundido esta semana, la provincia fue la quinta del país donde más disminuyó el consumo de electricidad. El relevamiento incluye el consumo residencial, no residencial y grandes usuarios del sistema eléctrico.
Este informe de ADEERA contempla los consumos eléctricos de las categorías Residencial (menor a 10 kw), No Residencial (menor a 300 kw), No Residencial igual o mayor a 300 kw y Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (no abastecidos por la distribuidoras).
El sector privado, el Gobierno y los representantes de los trabajadores se reunieron este viernes por primera vez en el año para definir una nueva suba del salario mínimo, hoy estancado en $ 376.600 mensuales. Sin embargo, el encuentro se levantó luego de que la CGT y las dos CTA rechazaran la propuesta empresaria que contemplaba un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril. Los gremios solicitaron un mínimo de $ 911.000, mientras que los empresarios ofrecieron $ 400.000.
