–El reconocimiento de patrones podría ser mi habilidad neurodivergente menos favorita. “Oh… Veo exactamente hacia dónde va esto. Seguro que todos los demás también lo ven, ¿verdad?”. Oh. No lo ven. Supongo que solo me sentaré aquí en un horror silencioso y veré cómo se desarrolla el desastre exactamente como predije.
El tuit citado por Santiago Caputo, acompañado por un “Verdadero”, grafica la situación que atraviesa el asesor en jefe del Gobierno de Javier Milei. Como anticipó Manuel Jove, hubo un take over de la comunicación oficial por parte del esquema más cercano a Karina Milei que derivó en un repliegue forzado de Las Fuerzas del Cielo. Con la comandancia de Santiago Oría y la validación política de la hermanísima, Bambi fue relegado hace al menos 30 días de sus funciones y mantiene, a juzgar por su actividad en X, una incomodidad que el tiempo dirá cuánto es tolerada por propios y extraños.
En cuestiones estructurales –y a pesar de los innumerables señalamientos de economistas que incluso apoyan al Gobierno y desean la reelección del presidente–, Milei parece no dar crédito al malestar que atraviesa una parte mayoritaria de la sociedad en su vida cotidiana. O, acaso más precisamente, considera que ese malestar existe pero no tiene la entidad suficiente como para convertirse en un riesgo electoral. La discusión no es menor: incluso economistas que reconocen los logros del programa económico advierten sobre las dificultades de la economía real y el deterioro que todavía sienten amplios sectores de la población.
Milei está tan convencido de ese diagnóstico que, según cuentan en el oficialismo, son manifestaciones que también realiza en privado y hasta con cierto fastidio por los números de los sondeos que les acercan consultores que hasta ayer se alegraba recibir. Una anécdota lo grafica: Agustín Laje expresó recientemente una preocupación bastante parecida a la que el propio presidente había deslizado en su discurso por el paso a la inmortalidad del general José de San Martín: “Si la libertad no consigue traducirse en bienestar y prosperidad, el descontento puede terminar erosionando el respaldo social al proyecto”, había dicho Milei. La diferencia es que, siempre según esas versiones, Laje recibió después el rigoreo presidencial por haber avanzado sobre ese argumento en un reportaje con Infobae.
El episodio permite comprender algo más profundo. La posición de Milei no parece ser simplemente una performance pública destinada a sostener las expectativas de sus votantes o evitar cualquier señal de debilidad. El presidente está convencido de su interpretación de la realidad: cree que buena parte del clima de malestar que se fue construyendo en los últimos meses — cada uno sabrá explicar desde dónde — no se corresponde con la situación efectiva del país o, al menos, está sobredimensionado. Y atribuye esa distancia entre percepción y realidad, en buena medida, a sectores de la oposición interesados en instalar la idea de que el programa económico comenzó a encontrar un límite social.
Para los oficialismos suele ser un problema discutir las percepciones de la población como si fuera a ser alterada por una presentación de datos del presidente o sus ministros. Un error recurrente cuyo riesgo es alimentar el enojo que se cuestiona y que en el caso de Milei tiene un problema adicional: los datos que cita no sirven para retratar la realidad que comenta. Una trampa que, en última instancia, se hace a sí mismo. Esta semana, expuso ante el Council of the Americas. Allí negó que existiera un problema de ingresos. Aseguró que el salario privado formal “está igual”, destacó la mejora de las remuneraciones informales y afirmó que “se crearon puestos de trabajo”.
Los propios datos oficiales ofrecen una imagen bastante menos tranquilizadora. Durante el primer semestre de 2026, los salarios privados registrados aumentaron 14,5%, frente a una inflación acumulada de 16,8% y en los últimos doce meses subieron 29,6%, contra 33,5% de inflación. La medición de aumento de los ingresos informales en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) indica que crecieron 29,4% durante el semestre, pero la metodología tiene problemas. El propio INDEC advierte que se trata de información que publica con cinco meses de rezago, es decir, no es una foto de datos actuales, sino de hace casi medio año. Por otro lado, varios investigadores señalaron oscilaciones en las declaraciones de ingresos que no tienen que ver con variaciones reales, sino con la naturaleza de la medición, que está basada en una encuesta, no en datos oficiales que surgen de registros. A fines de 2024, investigadores como Leopoldo Tornarolli o Daniel Schteingart atribuían parte de la mejora estadística a una optimización en la captación de datos cuyo resultado era una menor subdeclaración de ingresos.
La supuesta creación de empleo también tiene dificultades. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 desaparecieron 241.176 puestos asalariados privados registrados, una caída de 3,8%. La industria manufacturera perdió 85.561 empleos, equivalentes al 7,2% de su dotación y a más de un tercio de la destrucción total; la construcción sumó otros 62.747. Esos puestos de trabajo se trasladaron al sector informal, algo que, en toda América Latina es un indicador de precariedad y desprotección, no de mejora. Se trata de puestos protegidos que desaparecen, mientras crecen las alternativas de subsistencia. Presentar el resultado agregado como una creación exitosa de empleo exige ignorar precisamente aquello que distingue una mejora laboral de un deterioro. La respuesta presidencial frente al endeudamiento familiar rozó la arenga violenta. Allí, las dificultades de pago serían, fundamentalmente, un problema de quienes contrajeron deudas. El Banco Central informó que la mora bancaria de las familias alcanzó 12,8% en junio, difícilmente atribuible a una situación de normalidad.
En las usinas oficialistas compartían un análisis de Matías Fernández, cuyos resultados, bien leídos, eran muy malos para el oficialismo. Para todo el crédito bancario y no bancario, incluyendo bancos, fintech, casas de crédito y tarjetas no bancarias. Incorporando a estas entidades, la proporción de mora se eleva al 15,5%. Los números son de una complejidad elocuente. En Brasil, un país con serios problemas de endeudamiento, la mora es del 5,2%. En Chile, ese número es 3%. Si en lugar de montos adeudados se cuentan personas, el porcentaje de deudores con obligaciones impagas pasó de 13,6% en octubre de 2024 a 27,8% en junio de 2026. Semejante aumento del incumplimiento describe un problema económico y social evidente, pero el presidente lo atribuyó a la adquisición de televisores mundialistas.
El informe de Fernández se detiene también en el caso de Concordia, el aglomerado urbano más pobre del país. Allí, solamente 39,9% de los adultos accede al crédito, la proporción más baja a escala nacional. Sin embargo, el 13,7% del total está en mora, prácticamente igual al promedio nacional de 13,5%. La aparente igualdad esconde una diferencia decisiva: como quienes consiguen crédito son muchos menos, la proporción de aquellos con dificultades para pagarlo es mayor. Según el mismo estudio, la pobreza explica aproximadamente una cuarta parte de las diferencias de morosidad entre ciudades, uno de los factores más relevantes junto al deterioro del poder adquisitivo.
Que la deuda sea un contrato entre particulares no vuelve privadas sus causas, e impulsa a modificar cuestiones. El Banco Central hizo una admisión del problema esta semana, estableciendo un tope a las tasas de interés e impulsando a las entidades bancarias a refinanciar deudas de alto riesgo. Un primer paso para corregir una mala política que hizo coincidir un deterioro de ingresos con una expansión descontrolada del crédito. Como con toda política deficiente, toca lidiar ahora con quienes querrán convertir estos problemas en un rescate masivo a manos de los contribuyentes y dictar un nuevo pagadios en todas las deudas existentes, grandes y chicas, vulnerables o no, trasladando el riesgo al Estado o a todo el sistema financiero.
En el horizonte del presidente hay también otros problemas. No hay drivers claros para la recuperación económica de cara al año electoral fuera de los sectores extractivos y poco intensivos en empleo que siguen alimentando la estadística de crecimiento de la economía argentina. La inflación mayorista “que empieza con cero” que destacó en su discurso no incluye ni el salario ni el costo de los servicios, que sigue creciendo por encima de la inflación. Son costos de bienes que siguen, sobre todo, al dólar planchado.
De allí vino otra señal de preocupación. La brecha entre el dólar oficial y el financiero –el llamado contado con liquidación– alcanzó en algunas jornadas el 7%. Se trata de una señal de que hay inversores dolarizando cantidades grandes, que no pasan por el mercado oficial, donde la señal del gobierno fue clavar el tope del valor del dólar en $1.500. Estas señales de dolarización de cartera podrían acentuarse de cara al evento electoral, particularmente en un contexto en el que la mayoría de las medidas sobre el valor de la moneda indican una moderada apreciación del peso que probablemente resulte problemática si no se corrige lejos de las elecciones. Quizás a favor del gobierno, de producirse, la corrección podría ser gradual. A diferencia de Mauricio Macri, Milei no recibió 60 mil millones de dólares de inversión financiera que puedan ponerse en la cola para salir del país.
Last but not least, en los últimos días, dos decisiones de gobiernos peronistas volvieron a mostrar el pobrísimo estado del debate público –que contamina a sectores relevantes tanto de la militancia como de lo que Macri bautizó el círculo rojo– y el riesgo de que los intereses nacionales –del Estado y de la ciudadanía– se vean afectados por consignas y postulaciones ideológicas cuyo contenido no resiste siquiera un análisis superficial.
Por un lado, la provincia de Buenos Aires adjudicó a Huawei la provisión de baterías para reforzar su sistema eléctrico. La decisión fue presentada como una suerte de desafío a los Estados Unidos, luego de que el embajador estadounidense, Peter Lamelas, reclamara excluir a la compañía china de proyectos estratégicos en Vaca Muerta. Por otro, el exministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, debió dar explicaciones por los convenios de asistencia técnica que doce provincias firmaron con Mekorot –la empresa estatal de aguas israelí, especializada en gestión hídrica– durante su gestión. La acusación rozaba el surrealismo. Desde parte de la militancia kirchnerista, señalaban a Wado como parte de un plan para “entregar el agua”, una consigna que tuvo cierto predicamento con la campaña “Fuera Mekorot”, a la que se sumaron varios partidos de izquierda y algunas organizaciones relacionadas con el peronismo.
En ninguno de los dos casos aparecía la única pregunta relevante a la hora de un acuerdo vinculado a servicios públicos, que es si los mismos tenían el potencial de mejorar su provisión. La respuesta, si a alguien le importara, parece obvia. Huawei presentó la mejor oferta para equipar un sistema que va a reemplazar generadores a gasoil en cuatro localidades bonaerenses por un esquema limpio. Los equipos serán propiedad provincial y el sistema estará operado por una empresa pública. Los acuerdos con Mekorot contemplaban consultorías para mejorar la administración del agua en provincias sometidas a estrés hídrico, con proyecciones de oferta y demanda, evaluación de alternativas de desalinización, reúso de efluentes y planificación de infraestructura. Ninguno contemplaba transferir la gestión del servicio.
Argentina mantuvo una postura en materia de derechos humanos que, hasta la asunción del gobierno de Milei, tenía elementos de política de Estado. Sobre la ocupación de los territorios palestinos, apoyó –contra la firme oposición del gobierno israelí y a iniciativa de Michelle Bachelet– la creación de una instancia permanente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Una medida muy contundente, anterior a la ocupación militar de Gaza, sin antecedentes para otros países. Cómo llega alguien a creer que no hay que contratar a una empresa por una situación de violación de derechos humanos en su lugar de origen o por cuestiones de derecho internacional que no involucran a nuestro país es cualitativamente distinto. Supone, se intuye, aplicar un criterio que nadie sostiene para empresas estadounidenses, sauditas, chinas o incluso británicas.
Si alguien se tomara seriamente la vara de excluir a cualquier compañía por las políticas de su Estado de origen, la Argentina tendría que revisar más de la mitad de sus inversiones, importaciones y proveedores de tecnología. Huawei, sin ir más lejos, es un proveedor relevante del Ejército de Liberación Popular chino. A nadie se le ocurre que la provisión de baterías suponga quedarse con la energía de las localidades. Presumir que una consultoría sobre recursos hídricos implicaría quedarse con el agua tiene la misma densidad intelectual que afirmar que contratar un electricista pone en riesgo la propiedad sobre una casa: una confesión de inteligencia limitada.
Iván Schargrodsky | Cenital
