El Decreto 681/25 es inconstitucional y nulo de nulidad absoluta. Nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente. Mientras libera retenciones para calmar al dólar, dice que no hay presupuesto para la discapacidad. Esa maniobra es siniestra e inadmisible. La ley está para cumplirse y las personas con discapacidad necesitan respuestas urgentes.
