Los camaristas Llorens y Bertuzzi aceptaron como querellante a una ONG macrista que pide revocar el sobreseimiento a Cristina Fernández de Kirchner en esta causa armada por Lanata, Comodoro Py y los servicios de inteligencia durante el gobierno de Macri.
Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, designados por Mauricio Macri (el primero por concurso y el segundo a dedo), hicieron una doble maniobra para mantener a flote la acusación a Cristina Fernández de Kirchner en «La ruta del dinero» que no era K. Por un lado aceptaron como querellante a la Asociación Civil Bases Republicanas, una ONG de ex funcionarios macristas que se metió en el caso al día siguiente del pedido de sobreseimiento de la ex presidenta; en paralelo, ordenaron que se tome en cuenta el planteo de esta ONG contra el sobreseimiento de CFK dictado por el juez Sebastián Casanello, que justamente había rechazado a esta ONG cambiemita como parte de este expediente. Un nuevo aporte de campaña de Comodoro Py.
La historia de esta causa es conocida: en 2013, el año del nacimiento del lawfare, mientras CFK mandaba al Congreso una serie de proyectos para una Reforma Judicial la triple entente de Comodoro Py-espías-Grupo Clarín armó este caso presentado por Jorge Lanata en un un show mediático con declaraciones guionadas de Leonardo Fariña y Federico Elaskar, donde afirmaban que Lázaro Báez era el testaferro de los Kirchner. A partir de entonces, le dieron mil y un usos a esta causa, utilizada para distraer la atención del desfalco que orquestó el gobierno de Juntos por el Cambio con el pago a los Fondos Buitre y el blanqueo para amigos y familiares. Los movimientos en el expediente coinciden con las decisiones económicas de Macri, tal como ya mostró El Destape. Ahora la vuelven a usar en medio de la campaña presidencial.
Una parte de este caso, la que involucra a Lázaro Baez, ya fue a juicio oral. Báez fue condenado por lavado de dinero. Nunca, en los 10 años que lleva este expediente, hubo ningún elemento que involucrara a CFK. Sin embargo, a pesar de que no fue enviada a juicio, mantenían abierta la causa. Recién a fines de mayo pasado el fiscal Marijuan pidió el sobreseimiento, concedido por el juez Casanello, que desde el primer momento dijo que CFK no estaba involucrada y fue víctima de un ataque mediático fenomenal que incluyó desde apodarlo «Tortuga» hasta inventarle una reunión con la ex Presidenta en Olivos.
Pero entre el pedido de Marijuan y la decisión de Casanello apareció la Asociación Civil Bases Republicanas y pidió ser querellante y que CFK no fuera sobreseída. El juez Casanello rechazó ambos planteos. Ahora los camaristas Llorens y Bertuzzi, jueces de Macri, revirtieron ambas decisiones.
¿Quienes integran Bases Republicanas? Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico de Macri; Pablo Nocetti, jefe de Gabinete de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad; Federico Pinedo, del PRO; Juan Curuchet, ex funcionario de María Eugenia Vidal; Jimena De La Torre, integrante del Consejo de la Magistratura por Cambiemos y ex funcionaria de su gobierno; entre otros. Es una Unidad Básica del PRO.
¿Por qué piden ser querellantes? Este caso fue impulsado en la era Macri por 3 organismos estatales que fueron puestos a disposición del lawfare: la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción (OA) y la AFIP. La OA hace tiempo que se bajó de este tipo de querellas; la UIF y la AFIP, ya sin funcionarios de Macri a la cabeza, coincidieron con el fiscal Marijuan en el sobreseimiento a CFK luego de 10 años de trámite. Como ningún querellante quería mantener la persecución a CFK aparecieron desde esta ONG para que el caso no se cierre, cosa que hace años debería haber ocurrido.
La cronología es la siguiente: en 2018 el juez Casanello dictó la falta de mérito en relación a CFK. Era el único expediente que no estaba en las manos de los jueces Claudio Bonadio y Julián Ercolini, impulsores de todas las farsas armadas contra CFK. El escriba de «La ruta del dinero» que no era K, Lanata, le puso el mote de «tortuga Casanello» porque no les daba el título que querían: Cristina procesada. Y hasta inventaron que Casanello visitó a Cristina en Olivos, operación armada desde las catacumbas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con testigos falsos. Lo insólito es que quien ahora revierte las decisiones de Casanello es el juez Llorens, que sí se juntó con Macri en Olivos.
En ese momento, pleno gobierno de Macri, apelaron la UIF, la OA y AFIP, organismos clave en la persecución desatada desde todas las áreas estatales durante la gestión cambiemita. Pero los mismos Llorens y Bertuzzi confirmaron la falta de mérito el 20 de marzo de 2019.
El 24 de mayo de 2023 el fiscal Marijuan, el mismo que agujereó la Patagonia en búsqueda de un PBI, pidió el sobreseimiento de CFK. La UIF y AFIP coincidieron y la OA ya no era querellante. Al día siguiente la Asociación Civil Bases Republicanas se presentó, pidió ser querellante y se opuso al sobreseimiento de CFK. El juez Casanello rechazó el pedido de ser querellantes y estos ex funcionarios macristas apelaron.
Serviciales, Llorens y Bertuzzi cumplieron con los reclamos de quienes los designaron. Llorens, que se reunió con Macri en Olivos, dijo que «es la última ocasión que tienen los habitantes de la República para verificar el alcance que tiene esta denuncia«. Bertuzzi fue llamado a desempatar ya que Eduardo Farah, el otro integrante de la Sala I de la Cámara Federal, votó por mantener el sobreseimiento a CFK. Bertuzzi, puesto a dedo por Macri y mantenido ahí por la Corte Suprema, apoyó la postura de Llorens.
El camarista Eduardo Farah votó en disidencia de sus colegas. No solo llamó la atención de que esta asociación macrista se presentara 10 años después de iniciado el caso sino que dice además que no pueden presentarse como particulares damnificados. También que este grupo de macristas alegó que se presentan en defensa de derechos de la sociedad pero que eso no puede ser aplicado en cualquier caso. Cita, de hecho, que se aceptaron asociaciones como querellantes en causas de lesa humanidad, que no es el caso de «La Ruta del Dinero» que no era K.
La aparición de la Asociación Civil Bases Republicanas coincidió con una maniobra del procurador interino Eduardo Casal que, tal como informó El Destape, busca controlar los sobreseimientos.
El Destape
