El gobierno de Kicillof creó una unidad especial de integración social y urbana. Fondos del BID y de la Provincia.
En busca de saldar una de las deudas sociales más importantes que tiene la provincia, el gobierno de Axel Kicillof puso en marcha hace tres años un plan para urbanizar los barrios populares del Conurbano y también del interior y llevar condiciones de vida digna a los miles de bonaerenses que habitan allí. La meta es llegar con distintas obras, que van desde agua potable y cloacas, a iluminación, viviendas o instalaciones eléctricas, a 180 villas antes del fin del mandato.
La problemática es compleja y para abordarla se creó un ente específico: el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), que supo estar bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete en el arranque de la gestión y que hoy pertenece al Ministerio de Hábitat y tiene su propia unidad ejecutora de obras. La titular es Romina Barrios, quien explica a Tiempo que hoy trabajan en 116 barrios con una inversión de 35 mil millones entre fondos provinciales y de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las intervenciones son variadas, de acuerdo a la complejidad de cada lugar, y alcanzan a más de 150 mil bonaerenses.
Según los últimos registros, en la provincia hay 1933 asentamientos y villas distribuidos en 89 municipios, que arrastran carencias de todo tipo como la falta de agua, cloacas, desagües, electricidad, apertura de calles, pavimento y titularidad de la tierra. El 70% de los barrios populares están ubicados en el Área Metropolitana. «En el primer y segundo cordón del Conurbano están las villas históricas, pero el mayor crecimiento de barrios populares se da hacia las terceras coronas, desde Campana hasta San Vicente», advierte Barrios. El 30% restante de los asentamientos se ubica en las grandes ciudades del interior como Olavarría, Bahía Blanca, Mar del Plata y la capital bonaerense. «La Plata ostenta el triste récord de ser el distrito con mayor cantidad de barrios populares de toda la provincia: tiene 162», puntualiza la directora ejecutiva del OPISU y entiende que esto se debe a un «crecimiento desigual» y a un desarrollo urbano «no planificado».
El OPISU tiene en marcha hoy 116 proyectos integrales de reurbanización en 46 municipios y el desafío es llegar a los 180 antes de fin de año. Hasta ahora se planificaron y ejecutaron 208 obras de agua potable, cloacas, desagües pluviales, instalaciones eléctricas, veredas y plazas, pavimentación, luminarias, viviendas y mejoramientos edilicios por un total de 35.767 millones de pesos. Parte de los trabajos se adjudican a cooperativas de la zona, lo que además promueve el empleo local: en 2022 se crearon 800 puestos de trabajo. «Además de la falta de acceso a agua y cloacas, hay barrios que requieren soluciones hidráulicas porque las casas fueron construidas sobre suelo de relleno, que no había sido pensado ni era apto para la construcción. También hay déficit en la calidad de la vivienda: están las irrecuperables y las que necesitan mejoras para ser dignas en términos físicos y de hacinamiento», explica la funcionaria, al tiempo que aclara que el ente sólo construye viviendas para «reasentamiento» y que hoy están en marcha 155 casas en barrios de Quilmes y La Matanza. El resto corre por cuenta del Instituto de la Vivienda que en 2022 licitó 10.900 casas en toda la provincia. En ese paquete están las 853 que corresponden a Guernica, en lo que fue la toma de terrenos que terminó en desalojo en plena pandemia.
Barrios asegura que muchas de las obras son históricas y pone como ejemplo el caso de Villa Itatí, en Quilmes, donde están en marcha 26 proyectos de reurbanización que beneficiarán a 20 mil personas. El último que se firmó es para llevar agua y cloacas, en conjunto con AySA, que reemplazará al viejo sistema de «canillas comunitarias». «Tiene gran dificultad técnica de ejecución, va a durar hasta 290 días. Es una obra difícil, pero es posible porque avanzamos previamente en las obras primarias de abastecimiento. Si no tuviéramos ya terminado el refuerzo de esa obra en Avellaneda y toda la obra de cloaca que bordea al barrio no tendríamos dónde conectar el servicio», explica.
Otro caso emblemático está en La Matanza, donde recién hace una semana las tierras sobre las que se levantaron los barrios 17 de Marzo, 17 de Marzo bis, San Petersburgo y Puerta de Hierro pasaron a estar a nombre de la Provincia. Esos terrenos habían sido cedidos por Nación durante la dictadura de Juan Carlos Onganía para erradicar villas de la Capital Federal. Con la tenencia de esas tierras, ahora el OPISU podrá iniciar los trámites de regularización dominial, que le permitirá a los 12 mil vecinos contar con su escritura, y también acelerar la llegada de los servicios básicos y la apertura de calles. «Casi todo lo que nosotros hacemos tiene el tenor de histórico porque estamos en una de la primeras experiencias en donde la voluntad política, institucional y técnica le ha dado a este problema la especificidad que necesita y la escala de intervención», remarca la funcionaria y aclara que es clave el trabajo con los municipios, pero especialmente con la comunidad que «conoce, sabe y viene empujando las soluciones de su barrio».
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