Aunque en los próximos meses se espere una leve recuperación, un informe privado advirtió que, al no considerar salarios y actividad, el nivel real podría ser menor que en el estallido de la convertibilidad.
Tras la implementación de los cambios en la fórmula de movilidad vía el DNU 274/2024 que determinó la actualización de los haberes en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) con dos meses de rezago, un informe alertó que “aunque en los próximos meses se espere una leve recuperación, el nivel real quedará muy por debajo del de 2023 y será menor que en las dos décadas previas”. En lo concreto, “el poder adquisitivo de julio de 2024 será equivalente al del año 2001” lo que impacta en la calidad de vida de las personas mayores que, además, podrían verse afectadas por la intención del oficialismo de eliminar vía las reformas en el Congreso el sistema de moratorias, en un país donde solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres en edad de jubilarse cuentan con los aportes para hacerlo.
Así lo advirtió un documento elaborado por el Centro CIFRA-CTA al que accedió este medio donde se indicó que desde el 2015 las jubilaciones y pensiones vienen enfrentando un “continuo deterioro” de su poder de compra, situación que se agravó “con la asunción del nuevo gobierno y una nueva escalada en el nivel inflacionario” sumado a que “se ha convertido en el principal pilar de la reducción del gasto público”.
Mientras la economía doméstica enfrenta un comportamiento crítico en indicadores clave vinculados a sectores industriales, a la construcción, las ventas minoristas y el acceso a préstamos por parte del sector privado, los ingresos en general de la población y en particular los haberes jubilatorios, sufren caídas alarmantes. En detalle, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024 la pérdida de poder adquisitivo de la jubilación mínima alcanzó el 21,5% en tanto que en el primer trimestre del año el poder de compra promedio fue menor que en 2002. Desde el centro de estudios, aseguraron al respecto que las medidas económicas actuales para las y los jubilados persiguen “un doble objetivo”. Por un lado, “reducir el gasto público real y liberar recursos fiscales para el pago de los intereses y el capital de la abultada deuda con el Fondo Monetario Internacional” y, por otro, “contribuir a la política general de licuación del poder adquisitivo de los ingresos”.
Jubilaciones a la baja
De acuerdo con el nuevo DNU desde julio se aplicará una nueva fórmula de movilidad que modifica mensualmente las jubilaciones y pensiones en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor, aunque con dos meses de atraso. De este modo, en julio se actualizarán de acuerdo con la variación del IPC DE mayo. “Esto implica que jubilaciones y pensiones quedarán congeladas en su poder adquisitivo al nivel que tengan en el mes de junio, sin que ese nivel pueda mejorar en el caso de que aumenten en términos reales los salarios y/o la recaudación de ANSES. Lo más grave es que ese congelamiento se produce a partir de un nivel que es un mínimo histórico”, advirtió Mariana González, economista e integrante de CIFRA.
Desde el centro de investigación analizaron en detalle la evolución de la jubilación mínima desde 1992. Al respecto, “durante la década de 1990, las jubilaciones fueron perdiendo gradualmente poder adquisitivo y la crisis del régimen de convertibilidad culminó con un deterioro de los haberes reales, como de los ingresos en general. Así en 2002 –devaluación e inflación mediante– el poder de compra de la jubilación mínima quedó en un nivel que era casi un tercio más bajo que el de 1992”. A partir de 2003 sostienen que “se produjo un acelerado proceso de recuperación –interrumpido entre 2007/2010– que implicó que para 2015 se llegara a un nivel que duplicaba el de 2001”, pero desde allí “la tendencia ha sido opuesta verificando un deterioro continuo del haber mínimo, ocurrido bajo distintas fórmulas de movilidad que, ante el decrecimiento de los salarios y la elevada inflación no preservan el poder de compra de los haberes”.
Más cerca en el tiempo, “con la asunción del nuevo gobierno y la escalada en el nivel inflacionario, la caída en el haber mínimo ha sido estrepitosa”, en relación, sobre la nueva fórmula de movilidad propuesta por el gobierno de Javier Milei, se señaló que “aunque en los próximos meses se espere una leve recuperación relativa –por el rezago en la actualización que implica la fórmula de movilidad–, el nivel real quedará muy por debajo del de 2023 y será menor que en las dos décadas previas”. De esa manera, “el poder adquisitivo en julio de 2024 será equivalente al del año 2001, un año que no es recordado por el elevado nivel de vida de jubilados y pensionados sino todo lo contrario”.
Asimismo, si se considera el impacto de los bonos extraordinarios, que recibieron en el tiempo las personas con menores ingresos, se advirtió que “la evolución de la jubilación mínima sin incluir el bono resulta más semejante a la de aquellas jubilaciones mayores a las que no se agregó esta suma, reflejando con contundencia el fuerte deterioro que tuvieron las jubilaciones y pensiones en general, más allá de la mínima”. En detalle, durante el gobierno de Cambiemos “se otorgaron en contadas oportunidades” así “mientras que entre 2015 y 2019 en promedio el poder de compra de la jubilación mínima cayó 18,9%, esa caída se reduce a 16,5% si se toma en cuenta también la percepción de bonos”. Durante el gobierno del Frente de Todos, este tipo de política fue más generalizada y desde septiembre de 2022 se mantuvieron todos los meses, “logrando compensar en su mayor parte las caídas en el poder adquisitivo que resultaban de la aplicación del índice de movilidad jubilatoria”. De este modo, la caída de 4,2% en términos reales de la mínima más bonos entre 2019 y de 2023 hubiese alcanzado “al 24,1% si sólo se hubiese percibido el haber mínimo”.
Este derrotero a la baja se agravó con el golpe inflacionario generado por la devaluación de diciembre pasado. “Una vez que asumió el gobierno actual, el descenso real de la jubilación mínima se aceleró, ya que la fórmula vigente indicaba que su monto se actualizara cada tres meses en función de la evolución de los salarios y de los recursos de la Seguridad social y la inflación se disparó y resultó muy por encima de ambas variables”, destacó González y explicó que entre noviembre de 2023 y marzo de este año el nivel general de precios acumula un aumento de 96% mientras que el haber mínimo aumentó, por aplicación de la fórmula de movilidad, sólo 53,7%, «de modo que se produjo una pérdida real de 21,5%”. La política de bonos se mantuvo, con un monto de $55.000 para los meses de enero y febrero y de $ 70.000 para marzo. Si se considera el total de la suma del haber mínimo y esos bonos, la caída en el período alcanza el 16,1%. Para el mes de abril, volvió a otorgarse un bono de $70.000 no obstante “hacia el futuro, no hay certezas sobre la continuidad de estas políticas de ayudas extraordinarias que han sido fundamentales para evitar que en la práctica los haberes mínimos efectivamente percibidos desciendan aún más”
Qué cambios introdujo el DNU
Mediante el DNU 274/2024 el gobierno nacional modificó la fórmula de movilidad jubilatoria: en abril se otorgó un aumento según inflación de febrero (13,2%) más una suba extra del 12,5%, llevando el mínimo a $171.000 más el bono mencionado. En mayo y junio habrá incrementos según inflación de dos meses para atrás como “pagos a cuenta», calculados del mismo modo que si la nueva fórmula estuviera ya vigente.
En el mes de junio, el procedimiento indica que se compense la diferencia que pueda existir entre ambas fórmulas (la previa y la nueva) y que se aplique el aumento que resulte mayor para ese momento. Desde julio -queda derogada la fórmula actual- se fija el cálculo según IPC de dos meses para atrás.
El Destape
