Por la muerte de ocho bomberos fueron acusados directivos de la empresa y exfuncionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control del gobierno porteño, como así también un empleado de seguridad de Iron Mountain que estaba en funciones cuando se inició el incendio.
Nueve años después de incendio de Iron Mountain, la jueza Fabiana Palmaghini elevó a juicio oral y público la causa en la que se investigan el incendio del depósito de la empresa, ocurrido en febrero de 2014 en el barrio porteño de Barracas. Dieciocho imputados, entre directivos y ex funcionarios porteños, llegarán al banquillo por el siniestro que provocó la muerte de ocho bomberos y dos miembros de la Dirección de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión de la jueza llega tras un fallo de diciembre pasado de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal que confirmó los procesamientos de todos los imputados. Entre los imputados, figuran directivos de la empresa y exfuncionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control del gobierno porteño, como así también un empleado de seguridad de Iron Mountain que estaba en funciones cuando se inició el incendio.
La investigación judicial desarrollada hasta el momento sostiene que hubo falencias gubernamentales en el control del funcionamiento del depósito de la empresa, aunque no se pudo determinar si el inicio del incendio fue intencional o un accidente. Entre las pruebas está el informe de los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que casi un año después del incendio, concluyeron que «el incendio podría haber sido intencional».
Iron Mountain -compañía de capitales estadounidenses dedicada a la administración de documentación empresarial- lleva siete incendios en sus depósitos a nivel mundial, que en cinco ocasiones fueron declarados intencionales. Pero solo en Argentina hubo víctimas mortales.
Durante la investigación, el exinspector de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, Edgardo Castro, reveló que previo a lo sucedido había denunciado en númerosas ocasiones el estado edilicio del depósito. También declaró luego del incendio que «le ordenaron no investigar» porque habían recibido un llamado del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri.
“Tanto las partes querellantes como la señora fiscal de la causa han requerido la elevación a juicio de estas actuaciones, no existiendo fundamento alguno para precluir el proceso a instancias anteriores, debiendo continuarse hacia la siguiente instancia”, resolvió hoy Palmaghini en una resolución de más de 174 páginas.
El hecho ocurrió en la mañana del 5 de febrero de 2014, cuando la propagación de un incendio desatado en el depósito que la empresa tenía en Azara 1245, provocó que la estructura metálica (columnas y cabriadas) que sostenía el techo comenzara a ceder por las altas temperaturas y derrumbara la pared de la calle Jovellanos.
Como consecuencia de esto, fallecieron el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anahí Garnica, los cabos Carlos Veliz, Eduardo Adrián Conesa y Maximiliano Martínez, el agente Juan Matías Monticelli (del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal), los bomberos voluntarios Sebastián Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi (cuartel Vuelta de Rocha) y los rescatistas de Defensa Civil, Pedro Esteban Barícola y José Méndez Araujo.
Entre les funcionarios porteños que llegarán al banquillo están la exdirectora general de Fiscalización y Control de la Ciudad, Vanesa Berkowski –quien ya fue procesada por el derrumbe del boliche Beara ocurrido en septiembre de 2010– y Rafael Roldán y Pedro Chapar, del mismo organismo. También serán juzgados el jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas, Luis Cogo; el exdirector de Industrias y Otros Locales, Roberto Chiesa; y la exjefa del Departamento de Programación Operativa, Silvia Hers.
Por la firma Iron Mountain están procesados los directivos Christian Castiñeiras, Héctor García, Guillermo Lockhart y Eduardo Sueyras Parra, sobre quienes pesa un embargo por 20 millones de pesos cada uno.
«El Poder Judicial es tan lento que tuvieron que pasar 9 años para que tengamos algo de justicia, tampoco va a ser completa porque los responsables reales no están dentro de los imputados», declaró Jorge Campos, padre del bombero fallecido en el incendio Sebastián Campos, cuando se cumplieron 9 años del trágico hecho. En sus palabra, Campos señala las responsabilidades de más altas esféras en el gobierno porteño, que alcanzarían al entonces jefe de gobierno porteño Mauricio Macri.
Página/12
