-Te voy a cagar la foto de unidad con el triunfo.
La chicana, entre risas, partió de Rodrigo de Loredo hacia Ignacio Torres en la previa de las elecciones por la intendencia de Córdoba. La historia es conocida: el oficialismo mantuvo la capital y el gobernador electo Martín Llaryora disparó contra “los pituquitos de Recoleta” generando la reacción airada de los pituquitos de Recoleta. Una semana después fue Torres el que logró, tras ganar la gobernación en Chubut, lo que De Loredo no: una victoria frente al peronismo con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich arriba del escenario.
Torres, a pesar de ser un dirigente de sociabilidad particular -una cualidad negativa destacada incluso entre quienes lo apoyaron-, logró unificar a la mayor parte de la oposición y mantenerse, hasta el cierre de esta edición, en un fino equilibrio entre ambos candidatos. Hasta las últimas horas del lunes, dirigentes cercanos a Rodríguez Larreta exigían la prueba de amor que, dicen, Torres había prometido para la campaña de H. La respuesta, según pudo averiguar #OffTheRecord, fue la de abstención. “Nacho ya ganó, no necesita jugarse por ninguno”, justificaron en su entorno.
Con el triunfo en Chubut -y asumiendo que ocurrirá lo propio en CABA, Mendoza y Santa Fe-, Juntos por el Cambio gobernará al menos ocho provincias sin contar el final abierto en Chaco y Entre Ríos. De sumar, en un escenario improbable, la Provincia de Buenos Aires, la hoy oposición pasaría a gobernar 11 provincias: algo que no ocurre desde el regreso de la democracia para una fuerza no peronista. Una reconfiguración que el espacio alcanza fuera del gobierno nacional y con paridad entre el PRO y el radicalismo en relación a los territorios gobernados. Un logro que tuvo varios ejecutores, pero uno coincidente en los triunfos de San Juan, San Luis y el domingo: Esteban Garrido. Hombre de la Ciudad, Larry fue los ojos y oídos del PRO en la política de alianzas de los tres distritos y gana volumen en la interna partidaria.
Mientras tanto, una declaración de Emmanuel Álvarez Agis en Futurock volvió a poner luz sobre una discusión que el oficialismo arrastrará durante un tiempo más: cuándo empezó la descomposición del Frente de Todos. Cristina Fernández y Máximo Kirchner lo sitúan luego de las PASO, producto del triunfo y la disolución de un proceso de toma de decisiones. Agis, tal vez involuntariamente, coincidió con ambos con una anécdota que lo involucra.
Luego del triunfo del peronismo en las PASO, el programa macrofinanciero de Mauricio Macri entró en crisis, el ex Presidente responsabilizó a los argentinos y su entonces candidato a vice, Miguel Ángel Pichetto, patentó una frase en el final de aquella recordada conferencia de prensa: “El Presidente está en control”. En la mesa de economistas que asesoraba a Alberto Fernández, la posición de Agis era topear el dólar y a cambio el gobierno debía poner un cepo y declarar el no pago de la deuda.
De la negociación se encargó Fernández. Luego del primer cepo decidido por el equipo económico de Macri, el entorno de Alberto le sugirió romper la mesa de negociación por lo que consideraban “una mojada de oreja”. La cronología fue la siguiente: el 15 de agosto, el entonces ganador de las PASO dice “el dólar a 60 es de equilibrio”. Macri decide el cepo de 10 mil dólares por mes el primero de septiembre y el BCRA perdió, en ese lapso, U$S 10.000 millones de reservas. Luego, el cepo de 200, el que realmente cortó la sangría, llegó recién el 28 de octubre. Para ese momento, entre que AF le puso techo al dólar y Macri puso un cepo razonable, Argentina perdió U$S 20.000 millones. La historia, recuperada por la pregunta de Gabriel Sued y la respuesta de Agis, desnuda varios aspectos. ¿Por qué esa decisión la tomó un asesor económico que ni siquiera iba a ser ministro? ¿Quién negoció las condiciones para que Fernández topeara el dólar en 60? ¿Discutió Fernández la decisión con Cristina Kirchner? ¿Es imaginable que Bullrich o Larreta actúen de la misma manera a cambio de nada?
Es en ese contexto que el viernes, Sergio Massa confirmó que contará con el acuerdo del staff del Fondo Monetario Internacional y despejó así las últimas dos semanas de campaña antes de las PASO. El gobierno recibirá 7.500 millones de dólares por la revisión vencida y por la próxima. Tal lo anticipado, las medidas sobre importaciones, con ampliación del impuesto país, van a tener un efecto y alcance devaluatorio muy acotado, en lo que se puede considerar el mayor triunfo del ministro junto con el levantamiento de la revisión de septiembre. Esto debería permitir transitar el ciclo electoral sin sumar un nuevo actor con protagonismo activo en la campaña, sin voto pero con sus propias candidaturas.
El otro logro, también interesante, es la concreción de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento, que junto al Swap chino, permitirá evitar incurrir en atrasos con el Fondo mientras se espera la aprobación del Board que, tal como anticipó #OffTheRecord, sólo tendrá lugar después de las PASO, cuando el directorio vuelva de su receso veraniego (boreal). Los dólares a recibir serán apenas menos que los montos a pagar, por lo que Argentina terminaría el año con pagos netos de unos pocos cientos de millones y podría aliviar algo el estado de urgencia de sus reservas.
Queda por saber qué significan “medidas secuenciales” y cómo la implementación “progresiva” del entendimiento alcanzado por el ministro afectará el programa fiscal, que más allá de los ingresos adicionales derivados de la extensión del impuesto país, requieren, para alcanzar los objetivos, de un programa si no de ajuste adicional, que prescinda de cualquier viso expansivo incluso en tiempos de campaña. Una perspectiva difícil ante una elección cuya importancia es casi imposible de exagerar.
Last but not least, la Corte de Distrito de Nueva York, donde Loretta Preska reemplazó a Thoma Griesa, traerá inevitablemente malas noticias -apelables ante la corte del Segundo Circuito- en el caso en que el Estado es demandado por dos empresas españolas del Grupo Petersen -controladas por la familia Eskenazi y hoy concursadas en España- y por dos fondos de inversión administrados por la empresa de inversiones estadounidense Eton Park Capital Management, L.P. En la causa, la jueza ya condenó a la Argentina a pagar una indemnización a las demandantes por responsabilidad derivada de la ley de expropiación de 2012, que autorizó al Estado nacional a iniciar el proceso de expropiación del 51% de las acciones en poder de la española Repsol y a ocupar temporariamente las acciones de Repsol hasta el pago de la indemnización en 2014, cuando se consolidó la estatización. Preska otorgó la razón a los demandantes, en una aplicación curiosa del derecho argentino al que apeló para resolver el caso. La sentencia señala que, al no haber hecho una oferta para adquirir las acciones restantes por un precio calculado del modo previsto en el estatuto, corresponde indemnizar a las demandantes en los términos del propio estatuto, al que otorgó una jerarquía superior a la Constitución Nacional y la ley general de expropiaciones. La sentencia de marzo difirió a estos momentos la determinación de los montos de los daños reconocidos.
Del lado de Argentina, representada por la Procuración del Tesoro y por el estudio Sullivan & Cromwell, se solicita que los daños e intereses sean determinados en un monto de 4,92 miles de millones de dólares, mientras los demandantes reclaman 16 mil millones. La petición legal de los demandantes está en poder de Burford Capital LLC, una de las empresas financiadoras de las disputas comerciales más grandes del mundo, que adquirió el control de los derechos litigiosos tanto de Petersen como de Eton Park.
Al igual que para la cuestión de fondo, la jueza Loretta Preska deberá aplicar el derecho argentino. Las cuestiones en disputa se relacionan con tres aspectos diferenciados. Desde cuándo debe considerarse que operaba la obligación de ofertar por la totalidad de las acciones, cómo debía calcularse el precio y cuál es la tasa de interés a aplicarse. El primer punto tiene que ver con el momento a partir del cuál debería considerarse operativa la obligación tiene que ver con los efectos del decreto de intervención temporaria que fue emitido en la misma fecha en la que el Ejecutivo remitió al Congreso proyecto de ley de expropiación. Mientras el Congreso discutía la expropiación, el gobierno dispuso la intervención temporaria de YPF a los efectos de evitar el vaciamiento y preservar el patrimonio societario.
Mientras los demandantes alegan que las obligaciones estatutarias se generaron al momento de la intervención, el 16 de abril de 2012, la defensa de Argentina sostiene que el control de las acciones no ocurrió antes del 7 de mayo del mismo año, cuando entró en vigor la ley de expropiación aprobada por el Congreso. La defensa argentina tiene allí un punto importante: el Congreso podía rechazar la expropiación y el resultado sobre la composición societaria hubiera sido que esta permaneciera inalterada. La intervención, como recientemente evidenció el caso de Edesur, no modifica los accionistas de una empresa. La diferencia de esos pocos días parece baladí, pero supone una diferencia en el cálculo de los daños de al menos 600 millones de dólares en base al método estatutario defendido por Argentina, que crecen a 3.430 millones de dólares con el cálculo de precio sobre beneficios realizado por los demandantes.
En cuanto a los intereses, las demandantes impulsan aplicar una tasa del 8% que sería, de acuerdo a sus informes periciales de parte, el que aplican habitualmente las cortes argentinas, algo que desmienten los expertos locales, que señalan la enorme discrecionalidad que tienen los jueces para fijar intereses. Asista o no la razón, el pedido de no aplicar intereses a partir del abultado monto reconocido como daño emergente -que significaría de por sí altas ganancias para los accionistas- y la propia discrecionalidad sería altamente inusual en casos judiciales tanto en Argentina como en Estados Unidos. Dicho esto, de aplicar intereses, la jueza deberá decidir si lo hace desde el momento de la demanda o desde el momento en que el país ocupó las acciones de YPF o incluso desde el momento que se intervino la compañía. El rango de resultados en términos de daños posibles podría ubicarse en cualquier lugar entre los 5 mil millones de dólares del alegato argentino, y los 16 mil de Burford, incluyendo cálculos de indemnización con premisas diversas.
La defensa del país considera que la presentación del fondo demandante no tuvo una solidez acorde al monto reclamado y destacan que, por ejemplo, sus expertos jurídicos no se sometieron a una interrogación en el estrado. Pase lo que pase, Argentina deberá, como mínimo, pagar 5 mil millones, equivalentes al monto acordado como indemnización a la española Repsol por el total del 51% de las acciones y el monto podría llegar hasta a triplicarlo, superando el tercio del valor ejecutado del préstamo con el FMI negociado por el gobierno de Macri.
Con el comportamiento de Repsol en el país, difícilmente pudiera desarrollarse un proceso que permitiera desarrollar Vaca Muerta, algo que requirió incorporación de tecnología de punta y grandes inversiones para lograr ser productivo a la par de los yacimientos estadounidenses. El comportamiento de los privados, que no fue nunca virtuoso, empeoró muchísimo con la “argentinización” que operó el gobierno de Néstor Kirchner al incorporar a la familia Eskenazi, titular del grupo Petersen. De la propia presentación nacional ante la Corte de distrito surge que, con la incorporación de Petersen, la compañía pasó a repartir hasta el 90% de sus ganancias. Un accionar predatorio.
Es difícil poner valor al desarrollo de Vaca Muerta, que por sí sólo tiene recursos que podrían superar los 300 mil millones. YPF no es hoy la única compañía operando allí, y el valor de mercado de la compañía no registra ni por asomo equivalencias con la riqueza del yacimiento. Desde la perspectiva del Estado Argentino, sin embargo, la medida principal de valor no es la compañía sino el desarrollo de los recursos energéticos, cuya disponibilidad o no suele inclinar la balanza de pagos local en las distintas etapas.
¿Era imprevisible que Argentina fuera forzada a pagar judicialmente, incluso en exceso, por la parte no expropiada? Aquí, las respuestas son brumosas. El fondo Burford recibirá el 70% del resultado de un juicio que compró por 15.1 millones de euros. Un valor ínfimo en comparación a lo que recibirá.
Iván Schargrodsky | Cenital
