Este miércoles a las 14, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías se reunirá para analizar siete proyectos. Hay uno respecto a la regulación del empleo público con relación a erradicar los discursos de odio.
Presidida por Hugo Yasky (FdT), la Comisión de Derechos Humanos y Garantías convocó a una reunión informativa para este miércoles a las 14 para considerar delito al antisemitismo y negacionismo. El encuentro estará claramente enmarcado en el plano de la campaña electoral, pues se hará eje especialmente en declaraciones de la diputada nacional y candidata a vicepresidente de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel.
No será la primera vez en que Villarruel sea citada en esta comisión. El mes pasado, los integrantes de la misma se reunieron para dictaminar proyectos en repudio al acto “homenaje a las víctimas del terrorismo” organizado por la diputada libertaria el 4 de septiembre pasado en la Legislatura porteña, junto a Lucía Montenegro.
Juntos por el Cambio decidió no participar de esa reunión, alegando que “solo fueron tratados proyectos del oficialismo”, tal cual anunció al principio del encuentro el vicepresidente de la comisión, Sebastián Salvador (UCR).
De los siete proyectos a analizar este miércoles, está el impulsado por la diputada nacional Mariana Stilman (Coalición Cívica) para incorporar el antisemitismo en la Ley 23.592; y otro de la oficialista Mónica Litza para la modificación del artículo 213 del Código Penal, el cual establecería que “será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología del antisemitismo y el negacionismo”.
En esa línea, también hubo presentaciones de los diputados nacionales Eduardo Fernández, María Moisés, Gisela Marziotta y Estela Hernández respecto a la incorporación como delito del negacionismo y apología respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Finalmente, será tratada una iniciativa impulsada por la diputada nacional Blanca Osuna para la regulación del empleo público sobre la erradicación del negacionismo, discursos de odio y fortalecimiento de los valores democráticos en la función pública.
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