Tras la media sanción de la Cámara baja, Argentina se convierte en el décimo país en aprobar el tratado vinculante sobre información, participación y justicia ambiental para América Latina y el Caribe.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, celebró la aprobación del Acuerdo de Escazú para Argentina, luego de conocerse el resultado afirmativo de la votación de Diputados. “La ratificación de este instrumento era una deuda pendiente en el acceso a derechos en materia ambiental”, reconoció el ministro.
El acuerdo fue adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y firmado en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos; desde entonces se esperaba su aprobación en el país. La presente validación representa una garantía más del Estado nacional hacia la ciudadanía en relación a la adopción de acciones concretas tendientes a la equidad ambiental. En tal sentido, Cabandié afirmó: «Es de suma importancia la ratificación de este acuerdo regional porque se trata del acceso a la información y la participación pública, y repara en el acceso a la justicia ante determinadas circunstancias».
El ministro consideró al acuerdo como “sumamente enriquecedor para la agenda ambiental” y destacó el compromiso de la “militancia juvenil” como impulso para la aprobación de este instrumento. “Con Escazú, como sucedió con la ley de cambio climático, cumplimos con una demanda muy justa y creciente de la sociedad y de los jóvenes en particular”, dijo el ministro, quien fue convocado meses atrás para conversar sobre el tema en una reunión virtual de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado.
El acuerdo fue tratado en el recinto a mediados de agosto en la Cámara alta, donde fue aprobado por unanimidad. Con la media sanción obtenida hoy en Diputados, el Congreso Nacional ratifica el tratado regional vinculante, convirtiendo al país en el décimo en ser un Estado parte.
Así, Argentina se suma a los países que ya lo aprobaron: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Para que el tratado entre en vigencia debe ser ratificado por 11 de los Estados que adhirieron, por lo que solo falta la aprobación de un país más.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en los Estados parte de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
