“Numerius -Gobernador de Narbonensis- se hallaba sometido a juicio criminal y, habiendo asumido su propia defensa, negó su culpabilidad y señaló la falta de prueba en su contra. Delphidius, su adversario, previendo el rechazo de la acusación, se dirigió a Juliano: ‘Oh! ilustre César -dijo- si es suficiente con negar, qué ocurrirá con los culpables’; a lo que Juliano respondió: ‘Y si fuese suficiente con acusar, qué le sobrevendría a los inocentes’”. La cita es de un fallo del entrañable Enrique Petracchi con la que seguramente no acuerde Diego Luciani, un judicial de carrera a quien incluso en Juntos por el Cambio le critican su “sobreactuación”. No es la única causa en la que la justicia ya determinó qué suerte correrá la vicepresidenta: según pudo saber #OffTheRecord, Cristina sufrirá reveses en Hotesur y Memorándum de Entendimiento con la República Islámica del Irán.
La situación es interesante. Ignacio Mahiques, el fiscal que instruyó, lo hizo con la figura de defraudación al Estado. Fue Julián Ercolini quien modificó y elevó a juicio con asociación ilícita. En este artículo tiene que haber tres o más personas coordinadas de forma tal cuyo objetivo sea cometer delitos: eso es lo que la fiscalía no puede probar. No encuentra a Cristina dando órdenes hacia abajo o hacia los costados, además que la VP no tenía cargo en el Poder Ejecutivo Nacional. Quien lo puso en palabras fue Miguel Ángel Pichetto en un reportaje con Jonatan Viale y Pablo Rossi en el canal de noticias LN+: “No veo todavía elementos contundentes que puedan cerrar la figura. No es concebible pensar que el gobierno se constituye para delinquir. Que el gobierno sea una organización delictiva desde el primer día me parece un poco mucho”.
El escepticismo de Pichetto sobre la resolución judicial de problemas políticos precede su transición al espacio hegemonizado por el antiperonismo. A diferencia de algunos que con el tiempo regresaron al redil, mantuvo su posición de principio respecto del asunto y dio en la tecla al señalar el principal problema entre los muchos que tiene el proceso que, como titular de la vindicta pública, ha encabezado Luciani. La laxitud de la figura en la conexión con delitos determinados supone una apreciación estricta tanto de los tipos de lazos existentes entre los integrantes de una asociación ilícita como de la finalidad de cometer delitos.
Para aplicar ese estándar probatorio a las relaciones entre los acusados, a quienes la única relación probada que los unía era la que surgía del Poder Ejecutivo Nacional democráticamente electo, se necesita una acrobacia. Sin pruebas que permitan establecer que Cristina Fernández de Kirchner ordenó la comisión de un delito determinado, el resultado jurídico es, desde cualquier prisma, extremadamente desafortunado. La alternativa a considerar al gobierno democrático como una asociación destinada a cometer ilícitos supone la responsabilidad directa de quien encabeza el Poder Ejecutivo por cualquier acto de sus subordinados. Ercolini aplicó el vulgarmente conocido “no podía no saber” con CFK, pero no con Paolo Rocca. Algunos dicen que fue a pedido de esta administración por una advertencia del mandamás de Techint de levantar sus operaciones en el país. Rumores.
No es sustancialmente inédito siquiera en la forma. El ejemplo brasileño ha sido usado y abusado en estos días, acaso por la prisión efectiva a la que fue sometido Lula, a su favoritismo en la carrera electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales y al hecho de que Sergio Moro fue calificado como un juez parcial por una sentencia con fuerza de verdad legal, pasada en autoridad de cosa juzgada por el máximo tribunal brasileño. Sin embargo, hay un paralelismo que no se abordó -que no acerca la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner a las decisiones del Harry el Sucio de Curitiba sino a las del tribunal de apelaciones que confirmó la sentencia en segunda instancia. Anoticiados de la debilidad de la condena dictada por Moro, que imputó al ex-presidente sobornos pero no pudo establecer ventaja alguna obtenida de Lula por la empresa que los habría pagado, los jueces del tribunal de alzada se valieron de sobornos probados protagonizados por directores de Petrobras y otros funcionarios de tercera línea del gobierno -incluso algunos nombrados a propuesta de partidos que no eran el PT- y asignó a Lula responsabilidad en dichos delitos por ser la cabeza del Ejecutivo. Una receta perfecta para inmovilizar el funcionamiento del Estado.
Algunas de las reformas judiciales impulsadas reproducen el ejemplo de los Estados Unidos. Allí, la ausencia de requisitos de mayorías legislativas calificadas para confirmar a los jueces que elige discrecionalmente el Poder Ejecutivo y la posición del fiscal general -similar al procurador- como un oficial del Poder Ejecutivo designado por el Presidente, llevan a un ejercicio tanto de la judicatura como del Ministerio Público fuertemente ideológicos, como quedó de manifiesto con el reciente fallo sobre el aborto, decidido por la Corte Suprema con líneas divisorias claras y extremas entre los seis jueces republicanos y los tres magistrados demócratas. Se mantiene, sin embargo, la independencia técnica de la justicia y la acusación. Fueron un juez republicano y el FBI -la más ideológicamente conservadora de las agencias públicas y una de las más blancas, con un director elegido especialmente por el propio Donald Trump- los que validaron el allanamiento en la casa del predecesor de Joe Biden, flagrantemente olvidadizo en relación a sus prácticas de preservación de documentos altamente clasificados.
El modelo es el contrario al argentino, donde es muy difícil decir mucho sobre la orientación ideológica de la mayor parte de los jueces y fiscales. En cambio, es fácil señalar que varios de ellos y de diversas instancias practicaban deportes junto al ex presidente Mauricio Macri como ejemplo flagrante de inexistencia de independencia. La diferencia de tratamiento en la mayoría de los medios de comunicación entre esos ejercicios lúdicos y la visita imaginaria de Sebastián Casanello a la Quinta de Olivos -donde dos personas terminaron condenadas por falso testimonio en una operación de inteligencia que incluyó a algunos periodistas- habla por sí misma.
Ante al menos dos interlocutores, Alberto Fernández narró que, a pesar de sus enormes diferencias personales con CFK -a quien llama de maneras incalificables al igual que hace la vice con el jefe de Estado-, no hay motivos para condenarla en la causa mencionada. A las 11 de la mañana, Cristina mostrará imágenes y documentos inéditos hasta el momento. El Presidente, llegado el caso, evalúa el indulto.
Iván Schargrodsky | Cenital
