Hay momentos en la vida en que las cosas no salen bien y se retroalimentan. Te va mal en el trabajo, eso te pone ansioso, la ansiedad hace que te vaya peor. Un círculo vicioso. La única salida es encontrar la forma de romperlo.
La economía argentina lleva décadas atrapada en círculos viciosos de distinto tipo. Hoy hablamos de uno en particular: el del ajuste fiscal. Veamos de qué se trata.
El equilibrio fiscal es el ancla del programa económico. Sin superávit no hay desinflación sostenible; sin desinflación no hay recuperación. El problema no es el objetivo: es la trampa que aparece en el camino.
Cuando la economía no crece, mantener el equilibrio se parece cada vez más a correr en una cinta: el esfuerzo es constante y el punto de llegada no se acerca. Sin crecimiento, los ingresos públicos caen. Para no caer en déficit, hay que gastar menos. Pero gastar menos deprime la actividad, que a su vez reduce los ingresos. Y así.
Algunos dirán que no hay círculo vicioso porque la economía está creciendo. Pero no hay que confundir una economía en crecimiento con una economía básicamente estancada con algunos enclaves a los que les va bien y que, para colmo, no generan empleo.
Vale hacer una distinción importante. En 2024, el ajuste operaba sobre una economía con un faltante de dólares severo: cualquier expansión de demanda se filtraba a inflación, no a actividad. En ese contexto, el ajuste — si bien regresivo — fue más desinflacionario que contractivo. Hoy el escenario es distinto, la restricción externa cedió y la economía está frenada por demanda. Eso cambia todo. El ajuste fiscal ahora sí deprime la actividad, que deprime la recaudación, que obliga a más ajuste.
Lo que nos interesa hoy es mostrar que el círculo vicioso existe y que los datos lo avalan. Arranquemos por la recaudación.
La recaudación lo dice
Los datos de abril completaron el noveno mes consecutivo de caída en la recaudación en términos reales. El total recaudado creció 27,2% nominal respecto de abril del año pasado, pero la inflación de los últimos doce meses fue del 32,5%. Caída real. Otra vez.
¿Por qué cae? Hay dos razones que conviene separar.
La primera es la actividad. El IVA — que refleja el consumo — , los créditos y débitos bancarios — que reflejan la actividad económica general — y los aportes a la seguridad social — que reflejan el empleo formal — cayeron todos en términos reales. No porque se hayan tocado las alícuotas, sino porque hay menos consumo, menos actividad y un mercado laboral formal que no se recupera.
La segunda es una decisión política. Los derechos de exportación cayeron 37,5% real en el primer cuatrimestre, el peor registro desde la sequía de 2023. A pesar de que el volumen exportado fue récord. Parte de esa caída se explica por el programa de “Retenciones Cero” de septiembre pasado, que adelantó liquidaciones y dejó menos stock para este año. Pero parte también responde a la baja permanente de alícuotas decretada en diciembre: soja de 26% a 24%, trigo de 9,5% a 7,5%, maíz de 9,5% a 8,5%. Más exportaciones, menos impuestos. La diferencia la tiene que compensar alguien.
No era a la casta
El Gobierno prometió que el ajuste iba a ser a la casta. Veamos si fue así.
Desde diciembre de 2023, el gasto primario total cayó 32% en términos reales. Ese es el “ajuste más grande de la historia de la humanidad”, como dijo Javier Milei en Davos. Pero no cayó parejo. Al hacer el desglose se ve que la obra pública cayó 86,6%. No es una reducción: es una paralización. Las rutas sin terminar, los hospitales sin ampliar, las redes cloacales sin extender son también empresas que no contratan, trabajadores que no cobran, actividad que no ocurre y recaudación que no entra. Los comedores y merenderos, 74%. La Secretaría de Niñez, 72%. Las pensiones no contributivas — que incluyen las de discapacidad — cayeron 19,7%. La jubilación mínima más el bono perdió 12% de poder adquisitivo: el bono está congelado en $70.000 desde marzo de 2024; si se hubiera actualizado al ritmo de los haberes, hoy rondaría los $200.000.
La casta, por su lado, sobrevivió bastante bien. Si no, pregúntenle a Manuel Adorni: el jefe de Gabinete que explicó durante meses que el ajuste era inevitable y necesario enfrenta una denuncia judicial por enriquecimiento ilícito. Una casa sin declarar reformada por 245.000 dólares en efectivo, vuelos en avión privado, un patrimonio que habría crecido 500% en un ejercicio fiscal. Son denuncias, no condenas. La Justicia sigue su curso. Pero la imagen habla sola.
Ahora bien: después del “ajuste más grande de la historia”, ¿qué queda para recortar? Esa es la pregunta incómoda. La recaudación sigue cayendo y el equilibrio hay que mantenerlo.
La respuesta del primer cuatrimestre de 2026: más de lo mismo. Las transferencias a provincias cayeron 53,7% interanual en abril. Los programas sociales — sin contar la AUH — 37,3%. La obra pública, 15,7%. El gasto total acumula una caída del 4% real en el primer cuatrimestre respecto del mismo período de 2025. Sobre una base que ya era bajísima.
Y el lunes, el Gobierno anunció un nuevo recorte. A través de la Decisión Administrativa 20/2026 reasignó partidas por $2,5 billones. En salud, el recorte asciende a $63.000 millones: $5.000 millones menos para el programa de tratamiento del cáncer, $800 millones para el abordaje del VIH, hepatitis y tuberculosis, otros tantos para el INCUCAI –que financia los trasplantes– y más de $1.100 millones para el Instituto Malbrán. En educación, casi $79.000 millones menos: se eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente, recortes en infraestructura universitaria –justo en la previa de la marcha de ayer– y más de $21.600 millones en equipamiento y obras en escuelas de todo el país. Para las provincias, $27.600 millones menos en obras de infraestructura: acueductos en Tucumán y Chubut, agua potable en Concordia y una planta depuradora en Rafaela. Obras que no van a ocurrir, en provincias que además reciben menos coparticipación de la que la ley les garantiza. Y para el sistema científico, recortes al CONICET ($3.280 millones), a la CONAE ($4.400 millones) y a los proyectos de energía nuclear de la CNEA. No es austeridad. Es elegir quién paga.
El equilibrista
Recortar el gasto cuando ya se recortó tanto es cada vez más difícil. Entonces aparecen los trucos. El primero ya fue bastante discutido: los intereses capitalizables. El gobierno emite Lecaps y Boncaps que no pagan intereses en efectivo sino que los acumulan en el capital. Como no se pagan, no aparecen en el resultado financiero del mes. Pero la deuda crece igual. En marzo, si se incluyen los $2,32 billones de intereses capitalizados, el superávit financiero de $0,48 billones se convierte en un déficit de $1,84 billones.
El segundo es más reciente y menos discutido: la deuda flotante. Son los gastos que el Estado devengó — servicios recibidos, facturas llegadas — pero que todavía no pagó. En febrero el stock era de $1,95 billones. En marzo saltó a $4,04 billones: se duplicó en un mes. Sin ese incremento, el superávit primario de marzo ($0,93 billones) se habría convertido en déficit. Los proveedores del Estado financian al Tesoro sin quererlo.
El tercero es el menos conocido y, desde el punto de vista institucional, el más serio. La Ley de Coparticipación Federal establece que las provincias deben recibir no menos del 34% de la recaudación total nacional. Es un piso legal, no una sugerencia. En el primer cuatrimestre de 2026, solo el 32% de lo recaudado llegó a las provincias, dos puntos por debajo del mínimo legal.
Vale aclarar que este piso nunca fue demasiado respetado. Pero en años anteriores, las provincias recibían a cambio obra pública ejecutada en su territorio: rutas, escuelas, hospitales. Ahora ni eso: como ya mencionamos, la DA 20/2026 acaba de suspender otros $27.641 millones en obras provinciales. La obra pública nacional colapsó y la coparticipación tampoco alcanza el mínimo legal. Es un doble ajuste sobre las provincias, que son quienes financian educación, salud y seguridad.
En resumen: el Gobierno ajusta con la plata de los proveedores y de las provincias.
Y el círculo se cierra
La economía está estancada, con algunos sectores que crecen pero que no generan empleo ni tributan en proporción: los grandes proyectos del RIGI tienen una carga fiscal menor. Con el Super RIGI en camino, esa tendencia se profundiza.
Mientras, en el resto de la economía, la informalidad le gana terreno a la formalidad. Cuando una empresa o un trabajador pasan al sector informal, dejan de aportar al sistema. La base tributaria se erosiona por dos vías: la actividad que cae y la que migra a la informalidad.
El resultado es el círculo que describimos: menos recaudación, más ajuste, menos actividad, menos recaudación. Y en el medio, los que pagan la cuenta son los jubilados, los que dependen de programas sociales, los municipios y provincias que financian escuelas y hospitales.
La metáfora es demasiado elocuente para ignorarla: el ajuste no era a la casta.
Guido Zack | Cenital
