Recuperar dolares no registrados, corazón del proyecto del FDT para pagar la deuda, es una idea global contra la desigualdad.
En plena pandemia de la COVID 19 y con su consecuente impacto en la desigualdad, los líderes del mundo empezaron a plantear la necesidad de perseguir la fuga y la evasión para cubrir ingresos insuficientes vía esos dólares no registrados. Incluso, los organismos internacionales como el Fondo Monetario (FMI), la OCDE y Naciones Unidas, han elaborado documentos recientes en los que hacen hincapié en la necesidad de perfeccionar esquemas de recaudación fiscal de los países para captar divisas negras radicadas en paraísos fiscales o en bancos off shore. Ese escenario refleja que el planteo de senadores del Frente de Todos para recuperar divisas fugadas y usarlas para pagar una parte de la deuda con el FMI, no es descabellado sino más bien una regla gobal. En ese contexto se inscribe la disputa política que se viene, con todo el Gobierno Nacional alineado con la iniciativa y Juntos por el Cambio, la oposición mayoritaria, asegurando que la norma es inconveniente, una posición que es una excepción casi mundial.
La ley que buscan llevar adelante los senadores del oficialismo cuenta con el aval del presidente Alberto Fernández y hubo colaboración de organismos del Estado en la confección de la misma. También, afirman, tiene apoyo general del Ministerio de Economía. Fue el propio ministro Martín Guzmán quien llevó esa posición a diferentes foros internacionales. Naturalmente, quien más recorrió esa línea en la esfera pública fue la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien ya en 2019, en la presentación de su libro «Sinceramente», habló de avanzar en la recuperación de dinero evadido. Lo propio hizo el año pasado, en el acto por el Día de la Democracia en Plaza de Mayo.
En este contexto, los documentos de organismos internacionales echan luz a una problemática que aumenta la desigualdad y perjudica más a países de ingresos medios y en vías de desarrollo. A fines del 2019, el FMI publicó un trabajo titulado «El rastro del dinero», cuya portada se ilustró con un hombre de traje y rostro pícaro llevándose una parva de dólares en una carretilla. La editorial estuvo a cargo de David Lipton, ex número dos de la francesa Christine Lagarde en el organismo y actual asesor de Janet Yellen en el Tesoro de los Estados Unidos. Un cruzado del establishment y clave en el préstamo récord a Mauricio Macri, redactó así y todo un texto titulado «Sacar a la luz», en el que precisa que «con el dinero fuera de las sombras, mejora la gobernanza».
El informe del FMI, cuya línea viene siguiendo la actual conducción de Kristalina Georgieva, tiene artículos que plantean «taclear a los paraísos fiscales» y controlar «el costo de la corrupción». Hay «vastas sumas de dinero que podrían usarse para mejorar la vida de la gente, (y) son depositadas en paraísos fiscales o perdidas debido a la corrupción», describen. Y hacen uno de los tantos cálculos de impacto global. Afirman que, en conjunto, «se estima que el costo de los paraísos fiscales, medido como pérdida de recaudación del impuesto sobre sociedades, es de 500.000 a 600.000 millones de dólares anuales, por medios legales y no tan legales. De esa recaudación perdida, 200.000 millones corresponden a economías de bajo ingreso».
Las Naciones Unidas tienen un acercamiento más social al tema. «La evasión fiscal en América Latina, un obstáculo para la recuperación de la crisis del Coronavirus», se titula un artículo de la ONU fechado a mediados del 2020. Se plantea allí que «hay que recaudar más dólares con los que mitigar el impacto económico y social creado por el COVID-19, en lugar recurrir a una mayor endeudamiento». Y hacen un apunte preciso a la evasión de los grandes capitales al señalar que «la evasión del impuesto sobre la renta corporativa en la región es especialmente aguda. Los sistemas tributarios en algunos países generan menos de 50 por ciento de los ingresos por concepto de este impuesto que en teoría deberían generar, lo que resulta en brechas tributarias de entre 0,7 por ciento del PIB y 5,3 del PIB».
Por último, destacan en la ONU que «si el aumento de los gastos va acompañado por nuevos impuestos o modificaciones de las tasas actuales, podrían incrementarse los ingresos recaudados. En cambio, si se recurre al endeudamiento, el cambio en el nivel de gasto no conlleva una variación en los ingresos recaudados a corto plazo».
La OCDE apunta, en el trabajo «Transparencia Fiscal en América Latina», que los flujos financieros «sustraen grandes cantidades de recursos financieros de la región, con un impacto severo y negativo en el cumplimiento de la agenda de desarrollo latinoamericana». Asimismo, en el informe titulado «Acabar con los montajes financieros abusivos», destacan que «los avisos anónimos y las denuncias han dado lugar a investigaciones exitosas en muchos países, y siguen siendo una fuente útil de obtención de datos en un entorno de creciente descontento público con los evasores fiscales y aquellos que lo permiten». Citan dos casos: el de Australia, que creó un sistema de aviso accesible al público, y el de México, donde el Código Nacional de Procedimiento Penal, que permite que los denunciantes tengan inmunidad en los procesos, incluso cuando la persona haya participado en un delito fiscal o financiero.
Página/12
