Por acordada, mayoría desarmó secretaría general. Lorenzetti, duro en disidencia. «Informe Marchi»: 20 mil fojas con desmanejos en la obra social judicial. Interna estallada y jugada que alimenta a comisión de juicio político.
Ayer, el administrador general de la Corte Suprema Héctor Daniel Marchi presentó al presidente Horacio Rosatti un informe con 20 mil fojas con todas las irregularidades detectadas en el funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial, eje de las denuncias que está tratando la comisión de juicio político en Diputados.
El siguiente paso era presentarlas al Congreso. Hoy, en la reunión de acuerdo y con tres firmas, fue desplazado de su cargo y la secretaría que comandaba fue dividida en dos, por cuestiones de «mayor especialidad y autonomía». Más de 100 tomos con documentación fueron parte del relevamiento que Marchi hizo a pedido de la propia Corte que, con este movimiento y voluntario o no, agiganta un escándalo que fuerza a poner la lupa todavía más sobre el funcionamiento de la obra social que quedó atravesada por desmanejos mùltiples.
La única disidencia a la decisión adoptada por la mayoría fue plasmada por el juez Ricardo Lorenzetti también en duros términos hacia sus pares, lo que hace estallar la interna que venía al rojo vivo entre los ministros. Entre las conclusiones del informe de Marchi -que contiene 30 recomendaciones y pasos a seguir para corregir las irregularidades- aparece que se habrían perdido 30 mil millones de pesos por haber dejado fondos en cuentas al descubierto en lugar de optar por plazos fijos, y que se registra un faltante de 30 mil medicamentos, además de objetar que todas las compras fuesen directas.
Marchi había quedado en la mira de la mayoría luego de recusarlos, en este contexto, y a partir de la causa civil que le sigue a Elisa Carrió que lo había denunciado por enriquecimiento ilícito y que ahora es contra demandada por quien hasta hoy era el administrador general de la Corte desde hace 15 años. Su reemplazante es el secretario Damián Font, a cargo de la secretaría civil 1. El destino de Marchi es la Cámara de la Seguridad Social.
La aparición de este informe y su eventual incorporación incide no solo en la comisión de juicio político que puso este tema en prioridad para justificar la acusación contra los miembros de la Corte, sino en las dos causas penales abiertas en torno a las presuntas irregularidades en la administración de la obra social que atraviesa la dirección del ultra cuestionado Aldo Tonon, pero que también abarca el periodo de la actual gestión a cargo de Mariano Althabe. La Corte argumentó una reorganización general de su estructura para dotar de mayor autonomía y especialidad las áreas más sensibles.
Con la firma de Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz fijó como objetivo reorganizar «el órgano encargado de realizar el control contable, financiero y de gestión de la superintendencia». Así creó la Dirección de Control Interno y Auditoría que ahora reportará al pleno de ministros. Luego, creó una Secretaría jurídica general -independiente de la de Administración- abocada a los aspectos jurídicos de gestión.
Con esta jugada la Corte aspira a autonomizar su eventual defensa en causas. En la Acordada se crean múltiples direcciones, algo que en la disidencia de Lorenzetti es cuestionado como un accionar contra los actos propios, precisamente porque en 2015 se habían unificado funciones y Marchi había adquirido mayor poderío. El funcionario llegado a la Corte de la mano de Lorenzetti había tenido una zigzagueante relación con el resto de los ministros.
Cuando Rosenkrantz asumió la presidencia quiso desplazarlo para que ingresara un funcionario que venía de la Procuración del Tesoro pero se encontró con la resistencia de sus pares que lo sostuvieron. Creada la nueva mayoría, Marchi tomó distancia de Lorenzetti y se acopló a los tres jueces de manera fluida. Sin embargo, su situación comenzó a cambiar después de haber planteado en causa propia una recusación a todos los miembros de la Corte que deben resolver si Carrió se extralimitó en sus fueros legislativos al denunciar por una serie de delitos a Marchi que se juzgaron inexistentes. Es una contra demanda que inició el administrador y que ya ganó a una editorial que publicó una réplica de la denuncia de Carrió en formato de libro. Esa decisión, con fallos adversos para «Lilita» aguarda decisión del máximo Tribunal.
En esa instancia, Marchi los recusó y puso como argumento que mejor sería que se apartaran para que el tema no fuese incluido dentro del enrarecido contexto del juicio político. Para el interior del Tribunal se leyó como un desafío. Esta tarde subyacía una discusión acerca de cómo se asentaría la disidencia de Lorenzetti a la cual Ámbito tuvo acceso.»Con tristeza por esta Corte» inicia el texto del juez que dispara críticas -una vez más- a sus pares. El desacuerdo del juez señala la acordada y considera «grave sancionar» a un funcionario por el contenido del informe.
«Es un mensaje contrario a los principios que debe defender esta Corte, que es el respeto de la legalidad y la transparencia», fulminó dando a entender que es precisamente lo que no ocurre. Criticó el cambio de criterio, la falta de coherencia y de mantenimiento de los precedentes. «El poder y no la razón es la nueva costumbre en el proceso de decisión de esta Corte», disparó Lorenzetti. Trajo como antecedente su decisión de apartarse en el caso Marchi y su desacuerdo a lo que definieron los demás, «alterando las reglas del proceso» en algo que si lo definieran tribunales inferiores lo revocarían.
«Mera conveniencia» fue cómo describió la marcha atrás en las estructuras que vuelven al formato previo a 2015, lo que generará «más gasto público» y acrecentará brecha en la consideración social. También disparó hacia Rosatti por obviar «el procedimiento interno de control» en las acordadas de presidencia. En otro texto referido a la situación de Marchi, Lorenzetti expone una radiografía del estado de relaciones dentro de la Corte: «el enojo lleva a la irresponsabilidad institucional con grave perjuicio para el Poder Judicial».
«La verdadera razón es obviamente una sanción porque ha presentado un informe sobre la Obra Social que no parece gustar», apuntó Lorenzetti con sarcasmo. Pero enumeró también todos los efectos colaterales que implicaban los asuntos bajo control de Marchi que podrían verse afectados con su salida: negociación salarial de empleados judicial, asignación y mantenimiento de vehículos, manejo del fondo anticíclico, presupuesto, relación con bancos y cuestiones tributarias. Todo el poder que había acumulado Marchy y lo colocaba como onmipresente en todo lo que no fuera jurisdiccional. El «ruido» que genera esta decisión no hace otra cosa que colaborar con el escándalo dentro de la Corte y alimentar las sospechas sobre los alcances de las irregularidades ocurridas en la Obra Social. Ahora, el «Informe Marchi» pasa a ser, por efecto contrario, un imán de atención.
Ambito
