En segundo lugar, pero muy por detrás, están las pensiones no contributivas, que incluyen varios tipos. La gran mayoría (76% del total) son por invalidez, la reciben aproximadamente 1.100.000 personas y es por un monto de $26.300. Luego viene la que reciben madres con 7 hijos o más (20% del total), son unas 290.000 madres que reciben $37.500 cada una. El 4% restante incluye pensiones por vejez, graciables y a ex combatientes de la Guerra de Malvinas (unas 11.700 personas). Luego viene Potenciar Trabajo, un programa destinado a las cooperativas y los trabajadores informales, cuyo objetivo es aumentar la empleabilidad y la formación laboral de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad socioeconómica. Este programa está estrechamente vinculado con los movimientos sociales. Actualmente alcanza a 1.300.000 personas, por un monto individual de $22.800. Por detrás sigue la AUH, que la reciben unas 4.375.000 madres, cuyo monto actual es de $7.330. Acá se suma el programa Alimentar, que alcanza al mismo universo de personas y que otorga $9.000 (o $13.500 si tiene dos hijos o más). Finalmente tenemos la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que la reciben unas 230.700 personas que no alcanzan los aportes mínimos para jubilarse (y que no accedieron a alguna de las moratorias mencionadas previamente), por un monto de $29.600. Y las becas Progresar, destinadas a jóvenes en condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad para que puedan terminar sus estudios, que reciben alrededor de 1.000.100 jóvenes por un monto de $6.400. Como se puede ver, por lo general los programas apuntan a distintos segmentos de la población, tanto por edad, género o situación laboral, haciendo muy difícil que una persona pueda recibir varios al mismo tiempo. Por otro lado, los montos pueden servir como un refuerzo, pero es evidente que nadie “vive de los planes” (como referencia, la canasta básica, que define la línea de la pobreza, actualmente se ubica en $95.300). En la gran mayoría de los casos, el ingreso principal proviene de la fuente laboral. Como muestran los datos de la distribución del ingreso elaborados por el INDEC, en los cuatro deciles más bajos los ingresos provenientes de la fuente laboral representan en promedio el 70% del total, mientras que la ayuda del Estado representa el 30% restante. ¿Cómo evolucionaron en el tiempo? Para esta parte del análisis voy a utilizar el trabajo de Andrés Schipani, Rodrigo Zarazaga y Lara Forlino, “Mapa de las políticas sociales en la Argentina”, publicado conjuntamente por el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y por Fundar, donde llevaron a cabo la titánica tarea de rastrear todos los programas y políticas sociales de los últimos 20 años, de modo de poder cuantificarlos y poder estudiar su evolución en el tiempo. El gráfico a continuación refleja lo anterior. Para su mejor visualización, excluye el gasto destinado a las moratorias previsionales. Como se puede apreciar, durante el doble mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015) hubo una marcada expansión de las asignaciones familiares no contributivas, debido a la creación de la AUH, y de las pensiones no contributivas, explicado fundamentalmente por la moratoria previsional pero también por el notable incremento de las pensiones por invalidez (que pasaron de unas 230.900 en 2007 a 1.065.000 en 2015, es decir que prácticamente se multiplicaron por cinco). En el trabajo citado, dedican una sección completa para desglosar dicho incremento, advirtiendo aumentos muy grandes en algunas provincias como Santiago del Estero, Formosa, Chaco o Misiones, donde no parece corresponderse de acuerdo a su población. Por otro lado, en este período no se observan aumentos significativos en los programas vinculados con los movimientos sociales. Durante la gestión de Mauricio Macri se observa el fenómeno contrario. Las jubilaciones se redujeron de manera significativa, más que nada debido a la erosión de su poder de compra producto de la elevada inflación. En cambio, los programas destinados a las cooperativas y a los trabajadores informales se expandieron de manera notable. Como destacan en el trabajo, mientras que a fines de 2015 había 253.900 beneficiarios, para fines de 2019 ese número más que se duplicó, pasando a ser de 641.800. Por último, el trabajo analiza el primer año de la gestión de Alberto Fernández, atravesado por la pandemia. Es por ese motivo que en el gráfico se observan tres políticas con incrementos sumamente elevados: las asignaciones familiares no contributivas, a causa del IFE; los subsidios de promoción o preservación del empleo formal, debido principalmente a la implementación del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP); y las políticas alimentarias, como resultado del lanzamiento de la Tarjeta Alimentar.
Gasto en políticas sociales (en millones de pesos constantes de 2002) |
