Luego de la primicia de Data Clave, se formalizó una presentación contra Javier y Karina Milei, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y “Lule” Menem. Los audios que revelan maniobras de coimas con medicamentos son parte del escrito. El caso recayó en el juzgado de Sebastián Casanello.
La denuncia que golpea de lleno al oficialismo ya está en marcha. Luego de la primicia de Data Clave en Carnaval Stream, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal en Comodoro Py contra el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general Karina Milei, el operador libertario Eduardo “Lule” Menem, y el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. En el escrito también figura Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina.
Según la presentación judicial, los acusados habrían conformado un entramado para cobrar y pagar coimas vinculadas a la compra de medicamentos, lo que encuadra en delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
El caso se originó en los audios que involucran a Spagnuolo, en los que se describe un mecanismo de retornos que llegaba hasta la mismísima Presidencia. “De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia”, asegura el funcionario en una de las grabaciones. Y agrega: “A Karina le llega el 3 % y el 1 % se va en la operatoria”.
Dalbón fue categórico en sus declaraciones en redes sociales: “Lo que acaba de salir a la luz no es un rumor ni un comentario menor: es una prueba directa de cómo se negocia con la salud y con la dignidad de las personas con discapacidad”. El abogado apuntó contra la falta de acción del Ministerio Público Fiscal: “Ningún fiscal de oficio va a denunciar. Tenemos que hacerlo nosotros”.
La denuncia destaca que el circuito ilegal contaba con aval político en la cúpula del Gobierno. En otro fragmento de los audios, Spagnuolo reconoce: “Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los whatsapp de Karina… Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores”.
El escrito presentado en Py describe a la droguería Suizo Argentina como el canal obligado para materializar los pagos ilegales y a “Lule” Menem como protector del esquema. Según el detalle de los cálculos, el 3% que llegaba a la Secretaría General representaba alrededor de 800 mil dólares mensuales, a lo que se sumaban 30 mil dólares por mes en manos de intermediarios.
La maniobra, que según los audios condicionaba la entrega de medicamentos a prestadores dispuestos a pagar retornos, impactaba de lleno en las personas con discapacidad. En sus posteos, Dalbón remarcó: “El escándalo no es solo jurídico: es moral, es humano y es global. Le roban a la discapacidad”.
El expediente quedó por sorteo en el Juzgado Federal N°11, a cargo de Sebastián Casanello, con la intervención de la Fiscalía Federal N°5, encabezada por Franco Picardi.
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