En Argentina parece estar acelerándose el proceso de descomposición. Ya sea por generación espontánea o con colaboración externa. La agresión a Sergio Berni tiene varias tonalidades que hacen crujir el razonamiento monocromático. La inseguridad es la principal preocupación de quienes viven en los distritos más populosos del conurbano bonaerense hace muchos años. Crímenes como los del colectivero Daniel Barrientos -o ataques tenebrosos como amputaciones de miembros- son infelizmente frecuentes. La reacción, no. Del episodio de ayer, esa es la novedad.
El suceso es, como casi siempre, multicausal. El principal -y evidente-: el hartazgo social con un sistema que no cuida ni contiene. Allí es donde se explica el 20% de Javier Milei y no en que uno de cada cinco argentinos sea seguidor de Von Hayek y la escuela austríaca. Una sociedad activamente hastiada. Berni, que de acá en adelante probablemente tenga que cambiar sus métodos de apariciones en conflictos, corporizó un descontento con un todo. Si bien es lógico que la oposición haya querido acumular políticamente, creer que está ajena a esos reclamos sería un infantilismo peligroso. La hipérbole de esto fue María Eugenia Vidal. La ex gobernadora repite persistentemente que “la política es un circo sin gente”. La frase, como reveló en su momento Carlos Pagni, salió de un focus. Es una figura muy gráfica y útil, pero no para la trayectoria presupuestívora de Vidal. ¿En que parte de la carpa creerá que está?
La foto es elocuente. Un grupo de policías de la Ciudad de Buenos Aires en chomba intentaba evacuar al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a quien le pusieron un casco de bicicleta para protegerlo. No parecía un alud de autoridad estatal. Es evidente que el adiestramiento de un cuerpo de orden público que genere respeto sobre quienes tiene que generarlo es una deuda transversal que puede convivir perfectamente con la búsqueda del orden macroeconómico y de contención social. Argentina tiene, desde hace años, una de las tasas de robos más altas de la región y la tasa de homicidios más bajas. Una de las hipótesis más desarrolladas tiene que ver con que el gasto social oficia de analgésico para quienes se codean con los márgenes. El tema es interesante. Si esa inversión se corta, como promete Patricia Bullrich, el conflicto escala. Si no, colabora de manera tóxica con la situación fiscal e inflacionaria y le quita al ala más dura de la oposición uno de sus caballitos de batalla. Sin embargo -como viene destacando este espacio desde hace más de dos años-, quienes se encuentran más al límite no son los que reciben una o varias ayudas directas del Estado sino quienes se ubican un escalón más arriba. En su momento, en una reunión privada, Cristina Fernández de Kirchner lo ejemplificó con el dueño de un taller mecánico en Merlo. En este caso fueron los colectiveros.
Para esto, con las disculpas de ocasión, vale la autocita a una entrega anterior:
“El justicialismo habla hoy con un lenguaje que una porción significativa de la población no entiende. No es que no acuerda, simplemente no lo comprende. Hay un ejemplo que se explica solo. Un dirigente bonaerense encargó un focus group entre jóvenes de clase baja del primer cordón del conurbano. Una de las preguntas fue qué pensaban de la justicia social. A todos les parecía bien. Estaban de acuerdo “porque si uno te roba el teléfono tenés que ir y matarlo a piñas”. Para estos chicos, justicia social era justicia por mano propia. Para un sector de la sociedad, uno de los postulados históricos del justicialismo ni siquiera existe.”
El dato de pobreza del último trimestre de 2022, además, validó a los críticos más acérrimos de las teorías del derrame. Por primera vez en el siglo veintiuno se registró un crecimiento del empleo -formal e informal, con el desempleo ubicándose en mínimos históricos- y una suba del PBI per cápita que, sin embargo, derivaron en un aumento de la pobreza. El problema de la Argentina, mirado desde el puro resultado material, fue en 2022, primariamente distributivo. A esto se suma la particularidad de que, de los datos disponibles sobre distribución del ingreso, medida por el coeficiente de Gini, no surge un empeoramiento sino una mejora distributiva entre los percentiles de mayores y menores ingresos. Es entonces en la distribución funcional del ingreso, es decir, en la porción que se apropia el capital y en la caída de la que se apropia el salario, donde hay que buscar la fuente de la triste paradoja de la economía argentina.
No le faltaba razón a CFK cuando recomendaba “alinear precios y salarios para que el crecimiento no se lo lleven cuatro vivos”. El problema, con una inflación que ya supera los tres dígitos, y que fue más alta en alimentos que en lo que respecta al nivel general, es que los mecanismos tradicionales para alinear precios y salarios pierden su capacidad de proteger los ingresos. La utilización de las anclas tradicionales de los gobiernos kirchneristas -tarifaria y cambiaria- presenta, también, límites evidentes. Las tarifas, además de los cuestionamientos a la sostenibilidad del esquema de subsidios, explican una porción cada vez menor de la canasta de consumo -por la propia dinámica de su crecimiento por debajo de la inflación-, mientras la escasez de dólares en el Banco Central impide no ya fijar el tipo de cambio nominal, sino mantener el ritmo actual del tipo de cambio real, sujeto a niveles cada vez mayores de restricciones a las importaciones. Esto significa que, progresivamente, los insumos importados se fijen más cercanos a los tipos de cambio paralelos que a los oficiales, mientras los empresarios aumentan inversiones en bienes de capital como modo de hacerse de dólares baratos.
Las paritarias -y en menor medida también jubilaciones y asignaciones sociales, ajustados trimestralmente- están condenados a correr por detrás de la inflación, algo que en los trabajadores informales sólo no se agrava por la omnipresencia de la acción estatal. El panorama se agrava si se considera que este año la economía difícilmente mejore. El último trimestre de 2022, había dejado de expandirse, sin que se sintieran aún los efectos de la sequía. Con la inflación acelerándose aún antes de sentir ningún efecto de las políticas tarifarias y, en menor medida, cambiarias a las que obligan los parámetros del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, difícilmente haya una solución de corto plazo para las graves circunstancias argentinas.
Las perspectivas de salida, estructuralmente, tampoco aparecen alentadoras para las miradas progresistas. El dilema entre mejorar la distribución del ingreso y alcanzar un esquema de crecimiento sostenible que permita subir los salarios -es decir, aumentar la disponibilidad de dólares para superar el problema del bimonetarismo- supone muchas veces opciones excluyentes entre uno y otro objetivo al menos en lo inmediato. Por ponerlo en ejemplos concretos, no hay puntos de contacto posibles entre las propuestas de quienes postulan que hay que distribuir para crecer -incluyendo mayores restricciones a los giros de dólares para pagos de deudas y remisión de dividendos entre las empresas y sus casas matrices- y los reclamos de las empresas extranjeras que, para materializar cualquiera de las inversiones directas que el país necesita para desarrollar sus sectores extractivos -petróleo, gas y minerales, por no hablar de otros más especulativos, como la exportación de hidrógeno- y los servicios basados en conocimiento que operan formalizados, exigen dejar al menos una porción de los ingresos generados en dólares en el exterior. El camino no es sencillo y excede, con mucho, la voluntad o falta de ella de dirigentes políticos.
El diagnóstico social y económico es preocupante. Por fuera de estos datos, hubo -como siempre que ocurre una desgracia de esta naturaleza- un aprovechamiento político posterior en un país donde lo formal y lo informal se tornó borroso hace tiempo. El jueves 30, Bullrich organizó una reunión de mujeres en La Matanza. En el zoom in de la foto, que subió la titular del PRO a su cuenta de Twitter, se ve un cartel que dice “Nos quitaron tanto que nos quitaron ‘el miedo’”. El mismo cartel apareció en la protesta de los choferes de colectivo que agredieron a Berni. Por otra parte, Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, advirtió en su cuenta de Twitter la presencia de Gabriel Lombardo: “Era nombrado por efectivos del ex destacamento de Lomas del Mirador (donde fue torturado Luciano) como ‘El Jefe’. Me amenazó en la vía pública, mientras avanzaba sobre mí me decía en tono bajo ‘zurdita de mierda’”. Si el Plan Valquiria, ideado y ejecutado por la Wehrmacht, falló, creer que todo lo que ocurre en el conurbano es una gran conspiración no ayudará a resolverlo. Negar el aprovechamiento de sectores vinculados al hampa opositor, tampoco.
Es justamente en la oposición donde reina una tensa calma después del anuncio de Mauricio Macri. El ex Presidente recuerda habitualmente en los reportajes que, según su visión, el peronismo fue secuestrado por los Kirchner, que definen todo hace años en base a sus propios deseos sin ningún mecanismo de democracia interna. La crítica se parece bastante a la manera en la que Macri (M) impuso a Macri (J) como candidato a jefe de Gobierno. Los economistas de la oposición, mientras tanto, aseguran -cada vez con menos sigilo- que es ineludible un salto cambiario antes que termine la administración Fernández. En el gobierno, el cálculo para evitar ese mojón pasó de 9 a 7 mil millones de dólares. Comprometidos 2.500 del BID y otros 2.500 del Banco Mundial, Sergio Massa negocia otro tanto con Brasil y fondos de países árabes. Se lo dijo en una comida que compartieron ayer con el Presidente en la que el ministro de Economía le habló de un “escenario de tres tercios” entre el oficialismo, Juntos por el Cambio y Javier Milei.
Durante el fin de semana se generó un gran revuelo porque Horacio Verbitsky publicó en El cohete a la luna que “uno de los principales analistas conservadores, que no simpatiza con el kirchnerismo ni subestima a la Vicepresidenta, cree que Cristina (quien renunció a su postulación cien días antes que Macri), podría lograr el mismo efecto y hasta ganar la elección si propiciara la candidatura de un dirigente no mucho mayor a los 55 años, de identificación indudable con ella, bien considerado por los principales empresarios que lo conocen bien, pero de nula figuración pública en la ronda de postulantes que ocupan a medios y opinadores. Ni Massa, ni Coqui, ni Wado”. El nombre al que refería el analista citado por Verbitsky -presuntamente Rosendo Fraga- era el presidente de YPF, Pablo González. Según pudo averiguar #OffTheRecord, Cristina comparte el análisis, pero no el nombre. Básicamente porque, por fuera de lo que se ve, no hay ninguno.
Bonus track:
- En relación al clima de inversiones, una decisión de la Corte Suprema de Justicia encendió las alarmas entre provincias e inversores en el sector del litio. En un reclamo sobre la cuenca hídrica de Salinas Grandes, que abarca a las provincias de Salta y Jujuy, patrocinadas por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales que supo conducir el logorreico abogado Daniel Sabsay, comunidades originarias presentaron un amparo con medida cautelar para detener la exploración y explotación del área, que no tiene aún actividad. Una remake del conflicto por el petróleo offshore frente a las costas marplatenses con competencia originaria del Máximo Tribunal. Si bien sería un rutinario pedido de informes, antes de decidir sobre la admisibilidad de la acción de amparo, la lectura entre líneas viene con un pan de trotyl. Sin adelantar resultados, la Corte resaltó los principios “in dubio pro natura” e “in dubio pro aqua” al tiempo que cuestionó la preeminencia de la mirada “antropocéntrica” como algo inadmisible en el derecho constitucional actual.
Iván Schargrodsky-Cenital
