Que en agosto el Banco Central haya acumulado u$s 1270 millones de reservas no está mal. Pero es un dato que no sirve para celebrar demasiado, porque es menos del 10% que necesita el sector privado para ponerse al día con sus operaciones comerciales. Parte de esas divisas llegaron con el dólar agro y parte con la devaluación postPASO. La expectativa oficial era que la corrección cambiaria fuera más efectiva como estímulo, pero la realidad es que el Ejecutivo puso un tapón para evitar que la tentación de exportar dejara sin productos al mercado interno.
Algunos estímulos aplicados esta semana (que fueron parte del maratónico paquete de anuncios del domingo pasado) todavía requieren ser instrumentados. A los sojeros, por ejemplos, les ofrecieron que, de cada 100 dólares exportados, se puedan quedar con 25 para comprar oleaginosa en el exterior. La Argentina exporta harina y aceite de soja, pero por la sequía cayó significativamente la cantidad de porotos para procesar. Por eso hubo que habilitar importaciones que consumieron dólares, necesarias para mantener activas las platas. Ahora lo que se hizo fue formalizar la zanahoria: si Guillermo Moreno pedía exportar 1 dólar para recibir uno, acá la proporción es 3 a 1. El campo no quiere parches, pero los grandes agroexportadores podrían aprovecharlo.
El beneficio más fresco de todos lo anunció Sergio Massa ayer en Entre Ríos, en la picante celebración del Día de la Industria. El ministro sabía que iba a ser criticado con dureza por la dirigencia fabril, y por eso prometió liberar todos los permisos de compras de insumos (las famosas SIRA) presentados por pymes industriales. Habrá que ver qué tan larga es la distancia del dicho al hecho.
El último indicio positivo, adelantado por El Cronista el jueves, es que el equipo económico tiene la orden de pisar gastos no esenciales para compensar el paquete de recuperación del ingreso que activó Massa. Los reportes que hicieron los bancos de Wall Street para evaluar los anuncios fueron negativos, porque daban por hecho que la meta fiscal acordada con el FMI no iba a ser alcanzada, poniendo en riesgo el programa recalibrado.
Economía reconoció que el costo fiscal del paquete es de 0,4% del PBI. El objetivo acordado es reducir el déficit a 1,9%. La poda se sentirá sobre los gastos de capital y las transferencias a las provincias. Hay que tener en cuenta que quedan cuatro meses para cumplirlas, y que serán revisadas en noviembre, cuando se conozca quien será el próximo presidente de la Argentina.
Las acciones locales, para finalizar, siguen mostrando que son el refugio favorito de los inversores. En agosto, varios papeles mostraron un crecimiento mayor al dólar, lo que es mucho decir. Tracciona el sector energético, que además de tener la perspectiva de crecimiento en 2024 por delante, también se mueve con la expectativa de que se vuelvan a recomponer las tarifas en los próximos 30 días para achicar el nivel de subsidios.
El Cronista
