Muchos científicos están luchando para llegar a fin de mes y reconsiderando su futuro en la investigación.
Cerca de 400 investigadores argentinos se han quedado sin trabajo y con incertidumbre sobre su futuro en la ciencia tras un retraso en el proceso para obtener puestos de investigación permanentes en el país.
Los becarios posdoctorales habían solicitado un puesto permanente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la principal agencia científica de Argentina, y esperaban recibir respuesta a finales de este año. Sin embargo, en abril, el CONICET anunció que los resultados no se publicarían hasta agosto de 2027 debido a la acumulación de solicitudes y a la reducción de plazas disponibles. Cuando sus becas posdoctorales finalizaron el 31 de julio, se quedaron sin sueldo y tuvieron que buscar trabajo desesperadamente.
Los becarios posdoctorales organizaron protestas en todo el país el miércoles, incluso en el centro de Buenos Aires, donde vistieron camisetas de la selección argentina de fútbol. «Estamos tratando de hacer el mayor ruido posible», dice la limnóloga María Luz Padulles de la Universidad Nacional de Moreno. Pero algunos están considerando dejar la investigación o buscar oportunidades en el extranjero. «Me gustaría que irme del país fuera una opción, no una obligación», dice Pablo López, astrónomo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Este caso es una de las consecuencias más visibles de los recortes presupuestarios implementados por el gobierno del presidente Javier Milei, que han provocado la pérdida de miles de empleos en el sector científico. La inversión pública en ciencia y tecnología se encuentra en su nivel más bajo en 54 años.
En Argentina, una beca postdoctoral del CONICET tiene una duración de tres años, no prorrogable ni renovable. Para quienes finalizan su periodo de beca, el organismo realiza convocatorias anuales para puestos permanentes. Sin embargo, el número de plazas ofrecidas se ha reducido de 850 a 400, y en 2024 la convocatoria se suspendió por completo, lo que provocó una acumulación de solicitudes que llevó al CONICET a posponer las decisiones de este año.
Los becarios posdoctorales afectados han solicitado al CONICET que prorrogue sus becas hasta que concluya el proceso de nombramiento. Cinco de los ocho miembros del Consejo Directivo del organismo apoyaron esta medida, según Jorge Aliaga, representante de las universidades argentinas. Sin embargo, el director del CONICET, Daniel Salamone, designado por el gobierno, no estuvo de acuerdo, afirma Aliaga: «Si él no está convencido, no hay fondos».
Mientras tanto, muchos científicos intentan mantenerse dentro del sistema científico a la espera de saber si su solicitud será aceptada. Elvira Casagranda, bióloga de la Universidad Nacional de Tucumán, logró obtener una beca parcial de tres meses para colaborar en un proyecto financiado internacionalmente. Aunque motivos familiares la hacen reacia a dejar Argentina, está considerando postularse para un puesto en Brasil. «Lloro un rato cada día», dice Casagranda.
Padulles tuvo algo más de suerte: su universidad se hizo cargo de su salario, por lo que su investigación sobre la calidad del agua en la cuenca del río Reconquista no se vería interrumpida. Pero una de sus colegas, también investigadora postdoctoral, aceptó una oferta para continuar su carrera en Brasil. «Se cansó del trato que recibía del sistema científico», dice Padulles. «Decidí quedarme y seguir intentándolo». Otros han aceptado puestos docentes o están considerando hacerlo.
Argentina ya cuenta con muchos menos investigadores per cápita que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), afirma Diego Hurtado, investigador sénior del CONICET en la Universidad Nacional de San Martín. Las políticas de Milei están empeorando la situación, añade. Desde que asumió el poder en 2023, se han perdido más de 6400 empleos en el sector —incluidos más de 2000 en el CONICET— debido a despidos, jubilaciones anticipadas y renuncias. «Parece que la idea es que el déficit fiscal se puede solucionar expulsando a los científicos. Es un tanto absurdo», declara Hurtado. Se proyecta que el gasto público en ciencia y tecnología de este año caiga a alrededor del 0,14 % del producto interno bruto, equivalente a aproximadamente 1200 millones de dólares, el nivel más bajo en décadas. «Se está planeando la destrucción de la ciencia argentina», afirma Rocío Sánchez, bióloga de la UNC y una de las investigadoras en situación de incertidumbre.
Aún hay esperanza para Sánchez y sus compañeros becarios postdoctorales: se espera que el Congreso vote sobre asignaciones extrapresupuestarias en octubre y podría decidir extender las becas del CONICET, según Aliaga, aunque tal resultado está lejos de ser seguro. Una extensión costaría alrededor de 2 millones de dólares. Comparado con el presupuesto anual de la agencia, que asciende a 400 millones de dólares, es un precio bajo a pagar, añade: «Desde el punto de vista del país, estas son personas muy valiosas».
María de los Ángeles Orfila – Science
