El Gobierno relevó a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, de la obligación de guardar secreto y confidencialidad para que declare en una causa en la que se investiga si exagentes del organismo cometieron maniobras de espionaje ilegal durante la administración de Mauricio Macri.
A través del decreto 139/2022 publicado este martes en el Boletín Oficial, la funcionaria quedó «relevada de la obligación de guardar secreto y confidencialidad en los términos establecidos en la Ley de Inteligencia Nacional 25.520» para que pueda dar testimonio en la investigación que lleva el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
No obstante, la normativa aclara que «la dispensa no contempla la posibilidad de que se pronuncie acerca de nombres de agentes, datos del organismo, servicios colaterales y/o cualquier otra circunstancia que, por no guardar estricta vinculación con el objeto del proceso, pudiera vulnerar la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación”.
Leandro Araque y Facundo Melo son los exespías que están acusados de organizar seguimientos ilegales cuando la AFI estaba conducida por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
La interventora de la AFI estaba citada a declarar este martes, pero hizo saber al juzgado que hará uso de la prerrogativa de hacerlo por escrito y por eso se le enviará un pliego de preguntas, según informaron fuentes judiciales.
A Caamaño se la citó como testigo en relación a un reportaje publicado por el diario Tiempo Argentino el 25 de diciembre pasado y se le informó que para eso «deberá ser relevada de la obligación de guardar secreto en los términos de la Ley 25520», decisión que se adoptó mediante el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.
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