Una propuesta en el presupuesto que Sergio Massa enviará al Congreso supondrá una novedad inesperada para el Régimen especial de Tierra del Fuego que el gobierno prorrogó hace un año hasta 2038 y que beneficia en forma directa a las firmas Newsan, de Rubén Cherñajovsky, y Mirgor, de Nicolás Caputo.
De acuerdo a la propuesta, las empresas, cuya actividad es el ensamblaje de partes importadas -altamente deficitaria en materia de divisas, aunque con un correlato de miles de empleos industriales en la provincia-, reducirán en algo el monto de beneficios que reciben del Estado en forma de exenciones. Las compañías, que se benefician de privilegios en IVA y Ganancias por la importación de productos desde el Área Aduanera Especial de la isla, sufrirán un aumento del 50% de la alícuota de impuestos internos. Esto reducirá el diferencial con los productos importados terminados y, también, el costo fiscal del régimen, que ronda el 0,35% del PIB. La modificación, suponen en Economía, no debería redundar en menores empleos en la isla y esperan que se pague con aumentos de eficiencia, productividad y alguna reducción en los márgenes de las empresas beneficiarias del régimen de promoción más caro del país.
No es este, de todos modos, el mayor dilema del ministro. La liquidación récord del dólar soja permitió sumar algo de tiempo frente al ahogo de reservas con el que el tigrense asumió el cargo y algo de fortaleza ante la debilidad en el mismo rubro que, de no corregirse, hubiera dado lugar a una devaluación desordenada, precipitada e inevitable aun con mayores controles. El éxito del planteo, como suele suceder cuando algo sale bien, es también la antesala de sus propios dilemas. La soja que se liquidó ya no se volverá a liquidar. El Estado adelantó quizás decisivamente la percepción de recursos pero no logró el milagro cristiano de multiplicar panes y peces. Hacia adelante, de no querer incurrir en brutales pérdidas contables que impliquen revender a 150 pesos para una maniobra financiera lo mismo que acaba de comprar a 200, deberá encontrar un camino de reducción de la brecha cambiaria que supone en sus versiones menos traumáticas una devaluación acaso más ordenada y limitada que la que se hubiera producido sin reservas en el Banco Central, un plan de estabilización más o menos agresivo o una combinación de ambas. En el entorno de Massa lo niegan. “Todos necesitan una bomba económica, pero lo que menos necesitamos después de lo que dejaron Kulfas y Guzmán son bombas”, lo escucharon decir en privado.
Tampoco es un dilema sencillo. En el actual panorama de controles de cambios y capitales, nadie tiene demasiado claro cuántos precios se están fijando al oficial y cuántos al resto. La experiencia del macrismo, donde el ministro Alfonso Prat-Gay consideraba que los precios que heredó se fijaban al paralelo y el presidente del Banco Central suponía un nulo efecto inflacionario para un aumento de tarifas, es elocuente sobre las dificultades y los riesgos de la autocomplacencia. Un informe de la consultora Analytica estima que el 57% de los bienes y servicios del índice de precios al consumidor sigue la variación del tipo de cambio oficial. Esa estimación supone un piso de traslado a precios por vía de costos que se agrava en sus riesgos en la medida en que no haya herramientas para una recomposición de reservas más agresiva aún que la alcanzada hasta el momento, una caída en el nivel de actividad y herramientas que sumen credibilidad en relación a la posibilidad de sostener el tipo de cambio luego de que la devaluación sucediera. Cerca de Massa descartan, al menos de momento, un desdoblamiento cambiario, pero repiten como un mantra una frase del ministro: “La crisis no pasó”.
La situación social que existe como correlato del escenario inflacionario supone otros problemas. “Paz social y acceso al MULC”, resumía ante #OffTheRecord uno de los principales actores del mundo de la energía: “Si hay quilombo nosotros perdemos plata”. Habitante de la galaxia antikirchnerista, pero de buen diálogo con Máximo Kirchner y Wado de Pedro, fue uno de los que acercó su solidaridad luego del atentado contra la vicepresidenta al que hoy el diario La Nación califica como “un grupo delictivo escasamente profesional al servicio de sectores interesados en generar un particular clima o determinadas consecuencias políticas favorables a una líder política a quien la Justicia ha puesto contra las cuerdas”. El artículo del diario no es la opinión de un columnista: está en la sección Editorial, donde la familia Saguier expone los puntos de vista institucionales del matutino.
Si a algunos hombres de negocios el mandato de Mauricio Macri les hizo ver que el único lubricante político para las reformas que ellos entienden que el país necesita es el peronismo, el conflicto en el sector del neumático los debe hacer mirar con cariño a la dirigencia sindical peronista y con preocupación el ascenso de la izquierda en distintas actividades gremiales. El conflicto sindical, que se prolongó por más de cinco meses de negociación salarial y más de una treintena de audiencias, cuya última manifestación fue una forma de lockout patronal como lo es el cierre de las tres plantas de producción -una de capitales nacionales y dos multinacionales- tiene características inéditas y preocupantes para la Argentina reciente. La Lista Negra que hegemoniza el Partido Obrero y que mantiene la conducción gremial -mucho más fuertemente desde que el actual Secretario General, Alejandro Crespo, fue refrendado el último año- viene cuestionando las formas de concertación en la discusión paritaria que encontraron para funcionar los sindicatos industriales en la Argentina mucho más allá de la conflictividad lógica derivada de las disputas salariales.. El conflicto tiene un problema extra: la interlocución con el gobierno está muy deteriorada. Claudio Moroni aparece como la última herramienta posible de resolución del conflicto y las terminales políticas del kirchnerismo en la izquierda están en el PTS. En todos lados se cuecen habas: los interlocutores en ese espacio anticiparon su no intervención para no ser señalados como kirchneristas.
Si el último acuerdo entre el SMATA y Toyota, que significó un aumento de salarios reales y permitió la incorporación de más de mil trabajadores a la empresa a partir de una modificación que habilitó un aumento de la productividad de la planta, marcó un camino posible para las relaciones sindicales y patronales, el reclamo de duplicar el monto extra que ya pagan las horas extras, del 100% al 200%, en una actividad industrial donde el funcionamiento del capital es continuo, supone la mirada opuesta en la relación entre el salario y la productividad y excede el reclamo coyuntural del salario en el que le asiste la razón a los representantes de los trabajadores.
La dirección que precedió a Crespo en el Sindicato del Neumático, encabezada por Pedro Wasiejko, había inaugurado una mirada diferente en tiempos de enormes dificultades para las fábricas en Argentina. Como condición para aceptar una reducción salarial y evitar una tanda de despidos masivos y posible cierre en el año 2001, el sindicato negoció con la empresa Bridgestone una cláusula permanente de participación en las ganancias de la empresa. Los trabajadores, que siempre sufren en momentos difíciles, podrían participar de los resultados en los momentos virtuosos. La cláusula de participación significó, el último año, un pago de cerca de un millón de pesos por trabajador. Que sea en este rubro donde no aparezca una salida creativa que supere un conflicto coyuntural en el que los montos salariales “habituales” no constituyen el problema principal deja en evidencia una conflictividad en la que la inflación podría llegar a tener un peso cuanto menos similar al de la política de cara a un año electoral como el que comienza y a un gobierno debilitado.
El aumento de la conflictividad y el deterioro social en un contexto en el que la derecha se constituyó como principal opción de recambio político alimenta los riesgos vinculados a una radicalización de la que el ataque a la vicepresidenta es, apenas, una punta. La reacción del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires ante las tomas de algunos colegios, con denuncias penales y civiles ante un reclamo social bastante ordinario, da cuenta de un ánimo social al que Horacio Rodríguez Larreta no muestra voluntad de enfrentar. Las recientes elecciones en Italia, un país desarrollado, pero donde el producto por habitante no crece desde hace más de veinte años, echa por tierra cualquier hipótesis sobre el carácter necesariamente progresivo del descontento. La victoria de la neofascista Giorgia Meloni en un clima generalizado de apatía muestra los resultados de un estado de ánimo que luego tiene consecuencias concretas. Haría mal el jefe de Gobierno en mirar apenas resultados electorales de las orientaciones de gobierno. Difícilmente quienes concibieron la salida de Dilma Rousseff en 2016, por una causa que esta semana el Ministerio Público descartó que constituyera siquiera una falta administrativa, hayan esperado una victoria de Jair Bolsonaro en 2018. El favorito de los analistas era el moderado Geraldo Alckmin, que articuló tras su candidatura a casi todos los espacios partidarios de centroderecha. Alckmin no llegó al 5% de los votos, Bolsonaro fue electo presidente y la democracia brasileña se degradó como no lo había hecho desde la vuelta de los gobiernos civiles. Alckmin es hoy candidato a vicepresidente de Lula y espera enmendar la plana el próximo domingo en primera vuelta.
Alberto Fernández reapareció en la escena local y se rompió a la CGT. ¿Un anticipo de lo partidario?
Iván Schargrodsky | Cenital
