El proyecto del Gobierno restringe derechos adquiridos y favorece la precarización, según análisis de sindicatos y especialistas. La CGT lo define como regresivo y fragmentado. A continuación, 12 puntos críticos: Reduce las indemnizaciones por despido sin causa, excluyendo del cálculo bonos como aguinaldos y vacaciones, lo que disminuye la compensación económica en un contexto de inestabilidad laboral. Extiende el período de prueba de 3 a 6 meses, permitiendo despidos más fáciles y con indemnizaciones menores, aumentando la vulnerabilidad inicial de los empleados. Elimina la ultraactividad automática de los convenios colectivos, obligando a renegociar cláusulas sin protección continua, lo que debilita la continuidad de derechos negociados. Prioriza la negociación salarial por empresa sobre la sectorial, fragmentando el poder de los sindicatos y reduciendo la capacidad para lograr aumentos uniformes y justos. Introduce salarios dinámicos variables por productividad individual, lo que puede bajar los ingresos base y generar desigualdades internas en el lugar de trabajo. Crea un banco de horas que evita el pago de horas extras, obligando a compensar con tiempo libre diferido y afectando el equilibrio entre vida laboral y personal. Limita las vacaciones solo al período de verano, eliminando flexibilidad para tomarla en otros momentos, lo que impacta en la conciliación familiar y el descanso. Restringe el derecho a huelga con mínimos de cobertura obligatoria (75% en servicios críticos, 50% en trascendentales), violando estándares de la OIT y limitando la protesta colectiva. Reduce aportes patronales, aliviando costos para empresas pero disminuyendo contribuciones a la seguridad social, con menos fondos para jubilaciones y prestaciones. Permite pago de indemnizaciones en cuotas o planes regulados, demorando el acceso inmediato al dinero y exponiendo a los trabajadores a riesgos financieros durante transiciones. Borra la antigüedad en contratos sucesivos con el mismo empleador, afectando el cómputo para licencias y beneficios acumulados, como maternidad o enfermedad. Facilita la informalidad al no generar empleo registrado, según críticos, agravando la precarización en un mercado con alta desocupación y caída de la masa salarial.
El Portavoz Argentino
