“No voy a entregar mi reputación y legado histórico haciendo la barrabasada que hizo el kirchnerismo”, dijo convencido el presidente Javier Milei respondiendo a la pregunta sobre si el Estado debía intervenir ante la alta morosidad bancaria y en billeteras Fintech que creció en los últimos meses hasta alcanzar niveles récords. Milei agregó: “No voy a hacer populismo. Voy a morir con las botas puestas. Si yo me meto entre los privados, le voy a tener que tocar el bolsillo a otro, y eso me parece que está mal. Además, ¿les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?” preguntó con ironía sobre la decisión de cada persona que tomó un crédito personal.

En los últimos 18 meses, la morosidad del sistema financiero creció de manera desmesurada y volvió a aumentar en el último trimestre impulsada principalmente por el deterioro en los préstamos otorgados a las familias. Según el Monitor mensual de crédito a las familias, elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral junto con la consultora EcoGo, la mora total del crédito a las personas en la Argentina -que incluye el crédito del sistema financiero y no financiero- se quintuplicó. La irregularidad en los créditos de los hogares trepó al 12,8% durante el quinto mes del año, el nivel más alto de los últimos más de 20 años y ya absorbe el 24% de la masa salarial.

Comienzan a aparecer datos estadísticos que muestran que el problema de la mora en créditos personales o deudas con tarjetas de crédito no solo se circunscriben a los bancos y a las billeteras virtuales -que aplican tasas usureras a usuarios que no pueden acceder a un crédito bancario formal- también llegó con fuerza a los sistemas de créditos de grandes supermercados, donde hay moras superiores al 50 por ciento. Las cadenas de supermercados otorgan sus propias tarjetas de crédito, utilizadas por las familias para comprar alimentos, acumulando deudas que también se volvieron incobrables.

En estos momentos, Argentina quedó al frente de un ranking en América Latina sobre morosidad en los créditos al sector privado, con una cartera irregular equivalente al 7,6% del total, según datos de la Consultora 1816, elaborado con información del Banco Mundial que compara la situación crediticia de 98 países con un Producto Interno Bruto superior a US$20.000 millones. Eso ubica a la Argentina como el país con mayor retraso de pagos de la región, seguido por Ecuador (economía dolarizada) que registra una mora de 4,5%, más de tres puntos porcentuales por debajo de la Argentina. Luego aparecen Perú, con 4%; Brasil, con 3,9%; Bolivia, con 3,1%; y Colombia, con 3%. Más abajo se ubican Chile, Panamá y Guatemala, todos con 2,4%, Paraguay y México, con 2,2%.

Milei, consecuente con su ideario libertario, siempre sostuvo que la economía debería regularse sola, sin intervención estatal, y las deudas privadas no están exentas de ese principio. Pero no se actúa así en todos los casos. Existen muchos ejemplos donde el Estado no está ausente según la actividad, incluso para desviar fondos para financiar el Tesoro que se recaudan con impuestos al combustible destinados a mantener las rutas, del que solo se utilizó para tal fin una cuarta parte, según reveló el colega Hugo Alconada Mon el domingo pasado, lo cual constituye una utilización ilegal de fondos públicos, hecho que llevó a la oposición a realizar una denuncia penal. Milei creó beneficios -que podrían llegar a los dos mil millones de dólares- que otorga el estado a través del RIGI o la “inocencia fiscal” y sostuvo los beneficios impositivos a la “economía del conocimiento” que venían de gobiernos anteriores. Además, según revela un informe financiero realizado por el investigador del Conicet Gustavo García Zanotti, el gigante Mercado Libre, de Marcos Galperín, un entusiasta defensor del gobierno libertario, recibió beneficios e incentivos fiscales del Estado por un total de $68.000 millones de pesos durante la primera mitad del año. No está mal apoyar emprendimientos que generan trabajo y riqueza, Mercado Libre lo hace, el problema es que, en un contexto de crisis creciente, para las deudas familiares se aplica una teoría económica inapelable de “no intromisión”, pero la misma resulta mucho más flexible con los que más tienen que, en algunos, casos, además suelen ser sus acreedores.

Este endeudamiento se viene dando en los últimos dos años conjuntamente con la caída del consumo, es decir, la macroeconomía tiene responsabilidad sobre esta realidad. “Ahora, frente al sobreendeudamiento de las familias, Milei, Caputo y Bausili dicen que no van a intervenir porque es un conflicto entre privados. Pero hay un problema: la macroeconomía, diseñada y ejecutada por ellos, ya se metió entre esos privados. No pueden darles la espalda a millones de personas”, dijo esta semana en Radio República Hernán Reyes, dirigente de la Coalición Cívica encargado de llevar adelante el tema en ese espacio político mientras prepara proyectos para llevar al Congreso. El otro gran problema, que es difícil de medir, es el endeudamiento “en negro” que toman muchos vecinos de asentamientos o barrios populares, incluso de aquellas zonas afectadas por la caída del empleo industrial, especialmente del conurbano bonaerense, que toman préstamos informales generalmente de parte de los “capangas” barriales que administran dinero del narco o del juego clandestino. Allí no solo es un tema económico, sino que también afecta la seguridad. Se trata de un problema imposible de resolver con prácticas económicas puntuales y que se añade a un panorama alarmante para esas familias.

La situación actual convoca la atención de muchos economistas y consultoras que creen que el endeudamiento es consecuencia de la caída de los ingresos, las tasas, las condiciones del crédito y la falta de regulaciones adecuadas. Es por eso que el gobierno no puede comportarse como un mero espectador, porque fueron sus decisiones macroeconómicas las que, también, construyeron las condiciones por las que hoy están endeudadas millones de familias. Y acá aparece un gran problema, que puede ser más grande aún si no se ataca a tiempo: hoy el Banco Central se desentiende del tema porque todavía cree que no está frente a una crisis sistémica, pero nada ni nadie puede garantizar que no lo sea en un futuro cercano. Existen varias razones para pensar que ese escenario es inevitable. La pregunta es entonces qué va a pasar si el sobreendeudamiento empieza a comprometer al sistema financiero, es decir, cuando los bancos o las fintech empiecen a tener problemas de “caja” con su cartera de clientes ante las deudas incobrables. ¿Seguirá el gobierno libertario respetando su ideología porque cree que también se trata de un problema entre privados? ¿O acudirá a salvar a los bancos para evitar una crisis financiera? Hacer esto último sería lo más probable -y necesario- con una conclusión bastante clara: mientras las deudas atosiguen a las familias, es un problema “entre privados”; ahora, cuando el problema llegue a los bancos, ¿pasará a ser un problema de todos?

Finalmente, como en muchos otros temas, vuelven a colisionar las teorías libertarias con las posibilidades concretas que les otorga una realidad inevitable. Simplificar esta problemática en que a las familias les hace falta “educación financiera” para no endeudarse, parece una broma de mal gusto. Sin caer en el populismo, que tanto teme el gobierno -aunque sí lo hace y con creces en otros temas como la comunicación y el reparto discrecional de fondos a las provincias- se pueden buscar alternativas. Hay países con economías liberales que lo hicieron: en Islandia en 2008 se reestructuró la deuda privada de los hogares mediante quitas y creación de agencias especiales de asistencia, en Suecia en 1992 y en España en 2008 se establecieron medidas para reestructurar deudas y aplicaron quitas a los hogares más vulnerables, hasta en EE.UU. el estado intervino en 2009 con planes estatales para bajar las tasas y reducir capitales, todos con problemas más graves, porque se trataba en la mayoría de deudas hipotecarias.

Si la idea libertaria de la no intromisión del estado en los acuerdos entre partes privadas es la única propuesta a la sociedad en el actual contexto económico, donde la gente se endeuda para sostener sus necesidades básicas como alimentarse o mantener servicios esenciales, pero dispone del mismo estado para ayudar a algunos sectores, más que una sociedad de libre mercado se terminará construyendo un modelo de país con privilegios para unos pocos elegidos. De algún modo, se instituirá una “casta”, como suele llamarse.

Por Daniel Santa Cruz – La Nación