La novedad implica un acuerdo con la oposición en la Cámara alta y una respuesta al pedido de la Suprema Corte.
El gobernador Axel Kicillof descongela el frente judicial y avanza por primera vez desde que asumió el cargo con el nombramiento 31 jueces, fiscales y defensores, propuestos durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.
La novedad implica un acuerdo con la oposición en la Cámara alta y una respuesta al pedido de la Suprema Corte, que había marcado el aumento de las vacancias en el poder judicial de la provincia.
Este primer lote comprende los pliegos enviados por la exgoberandora al final del año pasado, que fueron primero retirados por Kicillof, luego revisados y ahora aprobados.
Se trata de 13 fiscales, 8 Jueces de Tribunal Oral en lo Criminal, 5 Defensores/as, 1 Asesora de Incapaces, 1 Defensora Civil Comercial y Familia, 1 Juez de Cámara Civil y Comercial, 1 Juez de Familia, 1 Juez de Garantías.
Al mismo tiempo, la Comisión de Asuntos Constitucionales aprobó otra tanda de 31 jueces, la mitad de los cuales pertenecía a tanda que había propuesto Vidal y la otra mitad a las ternas que envió Kicillof hace un mes.
Sin embargo, el Gobernador no dio el visto bueno para el pliego de Francisco Pont Vergés, actual Secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General y aspirante a uno de los cargos del Tribunal de Casación Penal.
Se trata del hombre más cercano al procurador general, Julio Conte Grand, sobre el que recaen varios cuestionamientos de parte de organismos de Derechos Humanos de la Provincia.
Es preciso recordar, que el proceso de selección de jueces y funcionarios del Poder Judicial consta de varias etapas en las que «dialogan» los tres poderes del Estado.
Comienza con el concurso que celebra el Consejo de la Magistratura, un organismo compuesto por representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de las instituciones que regulan la matrícula de los abogados en la Provincia.
En el Consejo de la Magistratura se seleccionan los postulantes «mediante procedimientos que garanticen adecuada publicidad y criterios objetivos de evaluación que privilegien la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos», según indica la web del organismo.
El Consejo eleva una terna de candidatos y la eleva al Gobernador, que elige a uno de ellos, cuyo pliego envía al Senado para que de acuerdo. Una vez que esto ocurre, el Poder Ejecutivo tiene una nueva instancia de revisión, luego de la cual puede emitir o no el decreto de nombramiento.
Diputados Bonaerenses
