El ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, reclamó que la Comisión de Juicio Político investigue qué “sectores del Poder Judicial fueron permeables”.
Luego de que la interventora de Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentara pruebas del armado de una Mesa Judicial para perseguir al sindicalismo, el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, salió a reclamar que la Comisión de Juicio Político investigue a los sectores del Poder Judicial que fueron “permeables a estas operaciones”.
“Existió un accionar coordinado que buscó perseguir opositores políticos y gremiales en la provincia de Buenos Aires”, dijo Alak, luego del hallazgo de videos en los que quedaron registradas reuniones del exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, en las que se promovía el armado de causas contra dirigentes gremiales.
Asimismo, Alak sostuvo que “el video con declaraciones del exministro de Trabajo de (la entonces gobernadora María Eugenia) Vidal, Marcelo Villegas, demuestra una vez más la existencia de un accionar coordinado e ilegal entre el Ejecutivo y sectores del Poder Judicial en el gobierno de Cambiemos, para perseguir opositores políticos y gremiales”.
La denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, se basa en un material fílmico que refleja una reunión entre ex funcionarios bonaerense y empresarios que tuvo lugar el 15 de junio de 2017 en el Banco Provincia de La Plata. La imagen de la Mesa Judicial generó un verdadero escándalo en la dirigencia política y sindical de la provincia.
Durante el encuentro los funcionarios les aseguraban a los empresarios que tenían armada una mesa judicial y una estrategia coordinada con el Poder Judicial y avalada por “Nación y Provincia” para avanzar contra los sindicalistas.
El objetivo era impulsar una investigación judicial en la que se logre sentar en el banquillo de los acusados a diversas personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción. Una de las víctimas fue, Juan Pablo “Pata” Medina, titular de la UOCRA platense, que finalmente terminó tras las rejas.
“Acciones como estas están severamente penadas por la ley, violan el principio republicano de la división de poderes y exigen una investigación penal seria e independiente”, apuntó el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, uno de los primeros funcionarios en salir a expresarse de manera pública.
En este sentido, Alak reclamó que “los legisladores que integran la Comisión de Juicio Político deberían evaluar qué sectores del Poder Judicial fueron permeables a estas operaciones y actuar en consecuencia”.
Diputados Bonaerenses
