Son datos del informe ejecutivo del 3er Censo Popular realizado por organizaciones sociales. Más de la mitad de las personas en situación de calle en la Ciudad afirma que es la primera vez que vive en estas condiciones. «No es un fenómeno aislado ni excepcional», denuncian.
Más de la mitad de las personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires afirma que es la primera vez que vive en estas condiciones. Además, el 38 por ciento lleva un año o menos en la calle. Los datos surgen del 3er Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado por organizaciones sociales y cuyo informe ejecutivo fue presentado en las últimas horas en la Legislatura porteña.
“El Tercer Censo Popular pone en evidencia que la situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires no es un fenómeno aislado ni excepcional”, denuncian las organizaciones en el informe ejecutivo. Se trata de una crisis habitacional estructural, vinculada a la desregulación de los alquileres, a la desidia del Gobierno nacional, y también a un modelo de gestión estatal en la Ciudad que dice abordar la emergencia pero no plantea soluciones a largo plazo para esta población vulnerable.
Según el relevamiento, 11.892 personas sobreviven en la calle hoy en la Ciudad. Un número que implica un crecimiento del 64 por ciento en relación al último censo popular realizado en 2019 y, más aún, una diferencia del 163 por ciento con la cifra otorgada por el gobierno de Jorge Macri, que es de 4.522 para este año.
Además, hay 11.832 familias que se encuentran en riesgo habitacional. Esta población está compuesta por quienes reciben el subsidio habitacional a través del decreto 690/06 y por los 1.1194 desalojos planificados por el Gobierno de la Ciudad.
El momento de actuar es ahora
Uno de los números más alarmantes que surgen de este relevamiento es que alrededor de 4.500 personas quedaron en la calle por primera vez en el último año. Y 162 de ellas afirman tener más de 60 años. Esto pone en evidencia una de las peores consecuencias de la crisis económica y social que se vive en el país, pero también la falta de respuestas integrales por parte del Ejecutivo porteño.
Si bien como medida de emergencia existen 56 Centros de Inclusión Social (CIS) y el subsidio habitacional que se otorga a través del decreto 690/06 que pretende cubrir el costo de un alquiler de una habitación de hotel de 4 a 6 meses, las iniciativas son acotadas y segmentadas. “No están orientadas a garantizar de manera efectiva y permanente el derecho a la vivienda, desatendiendo la problemática mediante un abordaje integral, perpetuando así todos los derechos vulnerados que representa la situación de calle en sí misma”, explican en el informe.
Según las respuestas del censo, 6 de cada 10 personas encuestadas afirman que tener un trabajo (o uno mejor) y tener una vivienda permanente serían las mejores opciones para cambiar sus condiciones. El 12 por ciento dice que lo haría si saliera de situaciones de consumo problemático. Sin embargo, estas oportunidades no están garantizadas por el Estado.
La legisladora porteña de Unión por la Patria, Berenice Iañez exige políticas concretas para este sector: “Está comprobado que cuanto más tiempo una persona o una familia pasa en calle, más difícil es lograr los mecanismos necesarios para su reinserción. Nosotros desde el legislativo proponemos, proponemos y proponemos, pero es necesario que el Ejecutivo recoja el guante”.
Iañez reconoce que el Gobierno de la Ciudad tiene algunas propuestas, como la apertura de nuevos Centros de Inclusión Social destinados a poblaciones específicas, pero son insuficientes. “Igual hay un universo de 7.800 personas que queda por fuera”, dice refiriéndose a aquellas que no tendrían espacio en los CIS.
Los problemas de fondo para que una persona termine en situación de calle
La diputada propone distintas líneas de acción que no solo reconocen que se trata de un problema complejo, que debe ser abordado desde distintas aristas, sino que buscan dar respuestas a los problemas de fondo que originan que una persona termine en situación de calle.
En primer lugar, una política de salud orientada a los consumos problemáticos. “Si el Gobierno no tiene una política activa con respecto a la salud mental y a las adicciones, va a ser muy difícil que esa población tenga las herramientas para hacer frente a su situación habitacional”, sostiene Iañez.
Por otro lado, entiende que el decreto 690/06 –aquel que brinda un subsidio habitacional en la Ciudad– es una política que media entre la respuesta de emergencia, que son los Centros de Inclusión, y el largo plazo. Por eso, buscan convertirlo en ley: “Fundamentalmente para dotarlo de mayores herramientas para hacer el seguimiento de estas familias o estas personas y que no solamente sean una erogación de plata”.
Pero también son necesarias políticas de inclusión laboral, de vivienda para los sectores medios y populares, la suspensión de los desalojos, la regulación de los alquileres, entre otras medidas: “La situación de calle es la punta del ovillo para reconocer que hay un problema de emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires”.
Violencia institucional: las dos caras de un mismo Gobierno
Otro de los datos impactantes que reveló el 3er Censo Popular es el aumento de la violencia hacia la población en situación de calle. Según el informe ejecutivo, 8 de cada 10 personas coinciden en que hubo un recrudecimiento en los últimos dos años y quienes más la ejercen son las fuerzas públicas (en un 52 por ciento).
Para Iañez, el Gobierno tiene “un abordaje bifronte” de la emergencia habitacional en la Ciudad. Por un lado, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat plantea la inauguración de nuevos Centros de Inclusión Social. Pero por el otro, el Ministerio de Seguridad junto con Espacio Público desaloja las ranchadas, tira las pertenencias, maltrata y criminaliza a las personas en situación de calle. Sin contar las campañas de “limpieza” del Jefe de Gobierno.
El gobierno porteño también justifica la violencia institucional diciendo que muchas personas que están en la calle no son ciudadanos porteños, sino que vienen de la Provincia de Buenos Aires. Las cifras del censo lo desmienten: el 45 por ciento de los encuestados nació en la Ciudad de Buenos Aires y casi el 60 por ciento vivió siempre en este distrito.
Todo esto se encuentra respaldado por las políticas del Gobierno nacional que, por ejemplo, desmanteló las políticas sociales a cargo del Ministerio de Capital Humano y estigmatiza a las organizaciones sociales que trabajan con sectores populares. Incluso el Estado Nacional, a través del decreto 373/25, limitó su intervención a la hora de aplicar la Ley Nacional de Situación de Calle (27.654), delegando así sus responsabilidades en las jurisdicciones locales.
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