Una nueva señal de la ya legendaria mala fortuna que aqueja al gobierno de Alberto Fernández terminó de confirmarse la última semana. La corrida sobre los valores paralelos del dólar -que llevó a alcanzar picos históricos antes de retrotraerse unos pesos el lunes- no pudo ser siquiera matizada por un apoyo político que el muy eficiente Jorge Argüello venía trabajando fuertemente desde, al menos, la última Cumbre de las Américas. El Presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden, que habría de recibir hoy mismo a su par argentino en la Casa Blanca, confirmó haber contraído COVID con cuatro dosis de la vacuna. La visita quedó postergada sin fecha, aunque la intención de la diplomacia nacional es reprogramarla a la mayor brevedad posible.
Mientras tanto, quien sí viajó a Washington fue Silvina Batakis junto a su segunda, Karina Angeletti. “El objetivo era que la conocieran y que la escucharan”, le dijo a #OffTheRecord un funcionario que acompañó a la ministra en su primer día. Batakis estuvo reunida durante una hora en el Departamento del Tesoro junto a David Lipton, Andy Baukol y Michael Kaplan, la línea de tres encargada del área internacional del Tesoro.
En la reunión, Batakis desmenuzó una por una las once medidas que anunció el día de su asunción. Están en sintonía con lo que el Tesoro cree que hay que hacer y el FMI espera que se haga. De las once, hay diez en ejecución. Falta la unificación de caja que está en proceso de firma. Si bien en la comitiva aseguran que no hubo conversaciones sobre aspectos en específico -como la posibilidad de solicitar un waiver-, la contrapartida de cualquier concesión que venga del organismo, si se fuera a conseguir, será con mucha probabilidad a cambio de un monitoreo aún más estricto.
La segunda instancia fue el FMI. La reunión entre Batakis y Kristalina Georgieva duró 20 minutos. Hubo un mitin previo de 40 minutos entre las propias Georgieva y Batakis, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello, y el director del organismo para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn. Con Goldfajn pasa algo singular: señalado por sus posiciones económicas como un halcón, según pudo reconstruir #OffTheRecord ha sido de ayuda para las autoridades argentinas. Durante el día de hoy, Batakis participará en un encuentro en la U.S. Chamber of Commerce donde expondrá sobre la potencialidad de sectores estratégicos de la Argentina y luego mantendrá reuniones bilaterales con el presidente de Chevron para producción y explotación en Medio Oriente, África y América Latina, Clay Neff. ¿Propondrá la ministra prevender energía para hacerse de dólares? Es una incógnita.
Sin embargo, la atención durante estas horas en el Frente de Todos está puesta sobre un aspecto que quedó sobrevolando el fin de semana de la renuncia de Martín Guzmán: la necesidad de realizar cambios en el gabinete y relanzar el gobierno. Ese diagnóstico es compartido entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Tal vez sea el único punto de coincidencia. Esto empieza a hacerse más difuso cuando empiezan las preguntas sobre a quién cambiar, por y para qué. Las versiones de las últimas horas daban cuenta nuevamente de un posible desembarco de Sergio Massa como jefe de Gabinete -acompañado por dos virtuales vicejefes, uno que reporte a Alberto y otro de CFK- o como una suerte de superministro de Economía y Producción.
Es tan difícil pensar que Massa aceptaría ingresar al gobierno sin tener el control de la política monetaria como que el Presidente acepte soltarle la mano a su amigo Miguel Ángel Pesce que, además, co-conduce hoy las decisiones económicas junto con Silvina Batakis. En AFIP ocurre algo similar. Guillermo Michel, hombre de Massa y de un eficiente trabajo en Aduana, tiene el reconocimiento de Cristina y Máximo Kirchner. Sin embargo, el nombre que cobró fuerza en los últimos días en caso que se materialice el alejamiento de Mercedes Marcó del Pont fue el de Carlos Castagneto.
“Cristina no impugna para nada la entrada de Massa”, le confirmó una persona de extrema confianza de la vice a #OffTheRecord. Sin embargo, los posibles focos de conflicto podrían seguir si no hay una validación política conjunta previa. ¿Cristina aprobaría una suba de tasas? Si la respuesta es afirmativa, ¿a cambio de qué? Massa es condición necesaria, pero no suficiente. Lo resumió un ministro: “Hay que relanzar con nombres y con política. A Manzur, Scioli y Batakis se los comió la interna, puede pasar lo mismo con Sergio si Cristina y Alberto no están convencidos”.
El ex presidente Eduardo Duhalde solía repetir que, en una situación de crisis económica profunda, todos tienen razón. En C5N, Juan Grabois se refirió a la situación de los sectores más postergados de la Argentina e invocó la necesidad de equilibrar los miedos que existen en el gobierno entre estos sectores y los de privilegios. Grabois justificaba sus palabras de unas horas antes cuando había hablado de dejar “sangre en las calles”, una declaración compleja, aún cuando hablara de la propia. La situación social que denunció el dirigente social es de niveles crecientes de pobreza y de ajuste sobre los trabajadores asalariados, jubilados, y la economía popular. La descripción se condice con la realidad, pero excede la voluntad y la acción del gobierno. El gasto público y la política monetaria fueron en lo que va del año fuertemente expansivos. Un informe de la consultora PxQ, que dirige Emmanuel Álvarez Agis, da cuenta de un aumento del gasto público en términos reales -es decir, descontada la inflación- del 11,4% en el primer semestre de 2022, como ya se señaló en la entrega anterior, muy por encima de lo previsto en el acuerdo con el Fondo.
En cuanto a las tasas de interés, tampoco allí hubo ajuste. Las tasas fueron fuertemente negativas, una política monetaria expansiva y no cubrieron tampoco la tasa de devaluación del peso frente al dólar oficial ni paralelo. El resultado fue una inflación que, impulsada por los problemas políticos y los precios internacionales, se salió de control, con un piso de nominalidad que casi nadie ubica, para 2022, debajo del 80%. Cumplir lo que vaya a recalibrarse con el Fondo Monetario Internacional, evitar una corrida y una disparada del dólar e inflacionaria requerirá, de mínima, subir tasas y reducir el déficit. La posibilidad de ajustar “por el lado de los ingresos” es extremadamente reducida. No hay manta corta, hay un pañuelo. La dualidad entre una economía donde a la mitad de la población le cuesta sacar la cabeza de abajo del agua y sectores que crecen de manera sostenida encuentra ejemplos interesantes. Si lo sabrá Pía Astori, titular de la Fundación Mediterránea y una de las hacedoras del encuentro entre Carlos Melconian y CFK, que hace meses le demanda al BCRA que le apruebe importaciones para expandir su producción e incorporar personal en su empresa de ladrillos.
El miércoles se llevará adelante una nueva reunión de los gobernadores en el CFI. Las versiones difieren: algunos sostienen que habrá una declaración conjunta demandando acciones concretas al gobierno nacional y otros que será un episodio más de la serie de encuentros que se vienen llevando adelante. El síntoma sobre la situación económica de las provincias, que Batakis conoce especialmente bien, lo resumió un mandatario del norte grande ante #OffTheRecord con una crudeza inhabitual: “Las provincias en términos de las cuentas públicas estamos muy bien, el problema lo tiene la Nación que por los números que yo veo la única que le queda es ajustar a la gente”.
El ejemplo del Evo Morales de 2005, beneficiario de un mandato histórico que lo convirtió en el primer presidente boliviano electo con mayorías absolutas -que luego revalidaría- es irrepetible para un gobierno que no tuvo votos siquiera para el relativamente modesto proyecto de impuesto a las ganancias inesperadas. La situación, sin embargo, es mucho más grave. La nacionalización del gas boliviano fue, sobre todo, una reformulación de la renta hidrocarburífera donde el Estado pasó a apropiarse de una proporción mayor de los ingresos, sin expropiaciones ni expulsiones de empresas. El país vive, sin embargo, desde hace años, un declino de su producción de gas, que en 2020 era de 45 millones de metros cúbicos, contra 64 millones en 2014. El presidente Luis Arce ha intentado desde entonces atraer inversiones extranjeras otorgando condiciones más flexibles, particularmente en materia impositiva.
En Argentina no existen sectores con grandes inversiones ociosas a los que imponer. La carga sobre las exportaciones de soja, por ejemplo, incorpora -además de retenciones e impuestos directos que ubican la carga tributaria cerca de los niveles impositivos que pagan las exportaciones de gas boliviano- una desventaja cambiaria que es la que explica la ralentización de las exportaciones. Las opciones para impulsar la liquidación de la cosecha incluyen sobre todo medidas de estímulo, que podrían afectar la recaudación. Descartada la posibilidad de subir alícuotas, no aparece en el radar aún la posibilidad de amenazar con una restricción futura de las ventas al exterior, algo que podría ser eficaz pero pondría a los productores en pie de guerra. Las estimaciones sobre la cantidad de dólares de cosecha retenidos en silobolsas, sin embargo, difieren, y muchos especialistas la ubican muy lejos de los 14.000 millones de los que se habló públicamente.
El comunicado del bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos denunciando un intento destituyente o la demanda de que efectivos policiales custodien las casas de cambio dan cuenta de la falta de opciones. La debilidad del gobierno y del país agrava las vulnerabilidades y permite que se le animen personajes con posiciones rayanas en la ilegalidad. Mauricio Claver-Carone, el presidente del BID designado por Donald Trump tras fracasar en su intento de dar un golpe de Estado en Venezuela y elegido con el apoyo de Iván Duque y Jair Bolsonaro, escribió un artículo en el que anunció que él mismo, desde su propia y pura discrecionalidad, estaría reteniendo un depósito de más de 500 millones de dólares en préstamos ya aprobados en favor de nuestro país. Citó un riesgo de solvencia que, lógicamente, fue analizado por el directorio cuando se decidió otorgar el crédito para infraestructura y refuerzo del sistema de salud, y dio como único argumento de apoyo a sus dudas sobre la fortaleza institucional del país una nota periodística publicada en el Wall Street Journal que sobrevoló la cuestión del avión iraní que Argentina todavía retiene y por la que fue reconocida por las embajadas estadounidense e israelí.
La autora de la nota, Mary Anastasia O’Grady, es una editorialista que durante años, se posicionó como una furibunda opositora a Cristina Fernández de Kirchner y luego una entusiasta festejante del gobierno de Mauricio Macri. En cuanto a su compromiso con los datos, los hechos y la integridad periodística basta mencionar que, en las postrimerías de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que costaron la vida a miles de estadounidenses, publicó una opinión editorial dando crédito y pidiendo investigar versiones de que Fidel Castro fabricaba armas biológicas para entregarlos a grupos extremistas islámicos. Claver proviene del mismo lobby ultraderechista asentado en Miami que informa a O’Grady, pero la oportunidad -más allá de la debilidad del gobierno argentino- no sería baladí.
El directivo está acusado de quebrar las normas de conducta del Banco al relacionarse con una subordinada y se encuentra bajo una investigación formal que podría costarle el puesto. Los que conocen el BID dicen que esta no sería la única ni la más grave de las conductas anti estatutarias que cabría imputar al estadounidense y ponen foco en el manejo de los fondos. Acaso la cuenta del artículo sea que una acusación creíble de persecución política pueda actuar como blindaje.
De acuerdo a una nota de Ronen Bergman publicada en el New York Times, un informe elaborado por el Mossad -el principal servicio de inteligencia israelí en el extranjero- reconstruyó los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en los que murieron más de 100 ciudadanos y residentes argentinos. Las conclusiones del informe son impactantes: 28 años después del último de los ataques en nuestro país, el trabajo descarta la participación operativa de iraníes o argentinos y atribuye los atentados a la organización terrorista Hezbollah. Las motivaciones, en cada caso, se relacionan a “represalias” por la actividad israelí contra los operativos del grupo islamísta en Líbano. Es decir, un asunto desligado de la confrontación directa entre Irán e Israel.
El punto sobre la participación de Irán, aún matizado en los pronunciamientos posteriores de autoridades del gobierno israelí -donde reconocen la autenticidad del informe-, es el de mayor impacto. Si no hubiera habido participación operativa de autoridades iraníes, los ladrillos sobre los que se construyó el caso contra los diplomáticos que actuaban en el país también se debilitan, como lo hace también la hipótesis que -con apoyo del gobierno de Benjamín Netanyahu y de la derecha estadounidense- impulsó el difunto fiscal Natalio Alberto Nisman.
Un dato que no debería olvidarse: el TOF 3 absolvió a Carlos Telleldín y los demás acusados argentinos por el ataque tras la que fue considerada una investigación enormemente defectuosa del exjuez Juan José Galeano construida con hipótesis no muy alejadas a las de Nisman. Por otra parte, en 2003, la justicia británica rechazó un pedido de extradición del gobierno dictado contra el exembajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour, por considerar que las pruebas aportadas por la investigación judicial no resultaban concluyentes.
De todas maneras, ni las aclaraciones israelíes ni el propio informe -ni ninguna mirada más o menos informada el funcionamiento de Hezbollah- desligarían a Irán de los atentados. El grupo libanés no actúa en ningún caso fuera de su zona de influencia inmediata sin el visto bueno de Irán que es, a la vez, su principal patrocinador, proveedor de armamento y también de apoyo logístico. Si el contenido de la investigación nos acercara en alguna medida mayor a la verdad sobre los dos ataques sucedidos en nuestro país, los reproches al gobierno de Irán se mantendrían. Las imputaciones y las personas señaladas, no.
Es difícil especular por qué un servicio de inteligencia filtra -de forma claramente intencional, como mostraron pronunciamientos posteriores de diplomáticos israelíes en los Estados Unidos y en otras partes del mundo- un informe secreto sobre un hecho producido hace décadas, que contradice en parte la que era -al menos hasta antes de la pandemia- la posición oficial de su gobierno. Descartemos, al menos por ahora, un repentino amor por la verdad.
El trabajo coincide con algunas diferencias públicas en sectores del establishment de inteligencia y seguridad israelí sobre el mejor modo de aproximarse al programa nuclear iraní que podría convertir al país persa en una potencia militar nuclear y terminar de desmontar el esquema del Tratado de No Proliferación Nuclear. En una nota en la revista Time, el ex primer ministro y ex ministro de Defensa, Ehud Barak, abogó por algún acuerdo internacional entre los Estados Unidos y el gobierno iraní -acompañado de una amenaza creíble de uso de la fuerza en caso de ruptura de compromisos. El artículo previo de Bergman en el NYT daba cuenta de que varios altos mandos del Mossad y las Fuerzas de Defensa Israelíes prefieren un acuerdo para detener el programa nuclear iraní al status quo actual. El anterior entendimiento, suscrito durante la invasión Obama y abandonado por Donald Trump, fue torpedeado tanto por Netanyahu como por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.
La invasión de Ucrania y la crisis global en energía aportan a occidente un motivo adicional para la celebración de un acuerdo -del que hasta el momento no hay señales- que alivie las sanciones que pesan sobre el sector petrolero de la República Islámica de Irán. La noticia sobre el informe se produce cuando la embajadora Galit Ronen concluye su misión en el país y su reemplazante, Eyal Sela, no se incorporará hasta dentro de algunos meses.
Iván Schargrodsky | Cenital
