La quinta Marcha Federal Universitaria terminó ayer con incidentes y represión policial frente al Congreso y dejó un saldo de más de 30 detenidos y daños materiales por $90 millones, según estimaciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por qué importa.
Fue la primera marcha de este estilo con represión policial desde que empezaron las movilizaciones por el financiamiento universitario. El Gobierno denunció a 25 detenidos por los incidentes.
El conflicto de fondo – el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario- sigue abierto.
En números.
- Detenidos. El Ministerio de Seguridad informó al menos 31 personas detenidas (seis por la Policía de la Ciudad, incluidos menores de 14 y 17 años y 25 en cabeceras ferroviarias).
- Heridos: Unos ocho efectivos -cuatro de Gendarmería, dos de Prefectura, dos de la Policía Federal- fueron lesionados por elementos contundentes. El SAME asistió a dos manifestantes y uno de ellos fue trasladado al Hospital Ramos Mejía. Según la Comisión Provincial por la Memoria, al menos 550 personas fueron afectadas por gases y balas de goma.
- Los daños en la Plaza de los Congresos fueron estimados en $90 millones, según el Gobierno de la Ciudad.
El acto.
Durante el acto, las organizaciones convocantes como el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y otros repudiaron «la represión y la violencia» que obligó a suspender el acto. Señalaron que las cuatro marchas anteriores fueron pacíficas y sin control de las fuerzas de seguridad. «Vamos a terminar este acto con los gases, con la represión, pero le vamos a decir al presidente de la Nación que él va a terminar su mandato y se va a ir de la Casa Rosada, pero la universidad pública va a seguir existiendo», declaró uno de los oradores en el escenario al final del acto.
Además.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, criticó la movilización y apuntó contra los «violentos de siempre».
«Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley», escribió en X junto a un video con los incidentes durante la marcha.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, le contestó también por X. «Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la Policía debería poder identificarlos», respondió.
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