La gestión libertaria circula una versión y sostiene que reabriría la Sala de Periodistas de la sede gubernamental. No hay comunicación pública no oficial. La prohibición generó un amplio rechazo y motivó presentaciones judiciales como la de Tiempo junto a Sipreba y FM La Patriada.
Las puertas de la Casa Rosada amanecieron restringidas para todos los periodistas acreditados el jueves 23 de abril. La censura oficial despertó diversas reacciones, entre ellas un amplio repudio por la restricción, solidaridad con los más de 50 periodistas de distintos medios afectados por la medida y presentaciones judiciales como las de Tiempo Argentino, FM La Patriada y Ámbito Financiero. En ese clima de presiones, la gestión libertaria circuló la versión de que reabriría la Sala de Periodistas en Balcarce 50 e incluso podría haber una conferencia de Manuel Adorni.
La noticia trascendió el jueves, algunas horas después de la marcha convocada por la CGT en la previa del 1° de Mayo. Si finalmente se levanta la prohibición, habrán pasado 12 días sin periodistas en la sede gubernamental. La restricción se decretó el mismo día que el polémico magnate Peter Thiel, dueño de Palantir Technologies, se reunió con Javier Milei en una visita que, incluso, generó preocupación y rechazo en el Congreso.
La censura cosechó repudios desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Conferencia Episcopal Argentina, la CGT, el Foro de Periodistas Argentinos (Fopea) e incluso desde Adepa. A la vez, diputados de variados espacios entregaron una carta dirigida a Javier Lanari, secretario de Comunicación y Prensa, a quien le reclamaron el fin de la restricción y una reunión urgente. Además, periodistas y medios denunciaron en el Congreso una “escalada de agresiones” por parte del gobierno de Milei. Malena Winer, presidente de la cooperativa, y nuestra acreditada Tatiana Scorciapino participaron del encuentro en el anexo de Diputados.
Representado por SiPreba y junto a FM La Patriada, Tiempo presentó un amparo colectivo ante la justicia para revertir la conducta ilegal, inconvencional e inconstitucional del Poder Ejecutivo de prohibir el acceso a la Sala de Periodistas y a la Casa de Gobierno. El escrito argumentó que la medida restrictiva no responde a los derechos incluidos tanto en la constitución nacional como en estándares y tratados internacionales de derechos humanos sobre libertad de expresión y ejercicio del periodismo.
Basado en jurisprudencia nacional e interamericana, el amparo también recuerda que “el periodismo representa una de las manifestaciones más importantes de la libertad de expresión e información en una sociedad democrática”.
Amplio rechazo a la medida del gobierno
La iglesia también se había posicionado frente a la censura. El arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, Jorge Lozano, recibió a un grupo de periodistas acreditados y el lunes pasado los visitó frente a las rejas de Casa Rosada para darles su apoyo.
En el Senado también recogieron el tema y convocaron a una reunión de Libertad de Expresión para el próximo miércoles. Antes, presentaron un proyecto de ley que establece la obligación de crear “Salas de Prensa Institucionales” permanentes en los tres poderes del Estado. La iniciativa afirma que “no puede haber democracia con periodistas afuera y gobiernos a puertas cerradas” y, de aprobarse, obligará a mantener salas de periodistas en el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia.
Si no hay una comunicación oficial, habrá que esperar hasta el lunes para confirmar su el gobierno da marcha atrás con la restrictiva decisión. Nada lo habrá eximido de la historia como la primera gestión que cerró la Sala de Periodistas en los últimos 50 años de democracia.
Tiempo
