El Congreso aprobó dos leyes clave sobre financiamiento de universidades y para el Garrahan, mientras el Gobierno evalúa vetarlas.
El Congreso giró este jueves al Ejecutivo las dos últimas leyes aprobadas en el Senado y comenzó la cuenta regresiva. El Gobierno dispondrá de diez días hábiles, hasta el 11 de septiembre, para definir su implementación o avanzar con un veto presidencial.
Las iniciativas en debate son la emergencia en salud pediátrica, originada en los reclamos del Hospital Garrahan, y la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas obtuvieron un amplio respaldo legislativo. El proyecto universitario logró 58 votos afirmativos, 10 rechazos y 3 abstenciones. El de salud pediátrica alcanzó 62 respaldos contra 8 votos en contra.
El Ejecutivo anticipó su rechazo a ambas normas. De concretarse, se trataría del segundo veto de Javier Milei a una propuesta vinculada con el financiamiento educativo superior. El sector universitario ya evalúa una posible movilización durante la tercera o cuarta semana de septiembre.
Mesura en los siguientes pasos del gobierno
Aunque la Casa Rosada mantiene una postura crítica frente a las propuestas opositoras, analiza con más cuidado los pasos sobre los fondos destinados a la salud. En ese caso, un eventual veto podría acompañarse de un paquete de anuncios que intente amortiguar el impacto político y social de la medida.
En paralelo, el Senado planea convocar la próxima semana a una sesión para revertir el veto presidencial a la declaración de emergencia en discapacidad. La Cámara de Diputados ya había aprobado esa iniciativa con 172 votos afirmativos contra 73 negativos. Desde el Gobierno señalaron que aguardarán a que la oposición opte por la vía judicial para efectivizar la aplicación de la ley.
El proyecto de salud pediátrica, impulsado por trabajadores del Hospital Garrahan, establece la emergencia por un año. La norma reclama fondos para “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo”, así como “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud”. Además, exige derogar la resolución 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias médicas.
En cuanto a la Ley de Financiamiento Universitario, los rectores promovieron su aprobación para garantizar la reapertura de paritarias suspendidas desde octubre pasado. El texto también incluye fondos para gastos de funcionamiento, becas estudiantiles, desarrollo científico y la creación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC. Su objetivo es promover el acceso a carreras estratégicas y fortalecer el sistema académico.
El debate sobre estas leyes refleja la tensión creciente entre el oficialismo y la oposición. Mientras los sectores sociales y educativos presionan con movilizaciones, el Ejecutivo evalúa sostener su línea de recortes y vetos frente al Congreso.
Canal 12 Misiones
