Nos es indiferente si es pacto o acto. El Presidente tiene que saber que los estatales lo vamos a estar esperando. La Ley Bases y el pretendido pacto con las provincias son instrumentos para garantizar mayor explotación laboral, extractivismo sin límites y más ajuste. Los firmantes de ese posible acuerdo se obligan a un gasto público consolidado (Nación, provincias y municipios) de 25 puntos del PBI. Si tenemos en consideración que en diciembre de 2023 ese gasto público era del 40% y que
@JMilei ya ajustó un 5%, los gobernadores que firmen estarán aceptando ajustar más de 10 puntos de sus PBI. Los gobernadores serán cómplices y partícipes necesarios de esta estafa. Ya definimos protestar sobre las rutas en los ingresos al aeropuerto y del Complejo Ferial Córdoba, sobre Avenida Circunvalación.
Rodolfo Aguiar – ATE
