El Cottolengo Don Orione, lugar que visitó el papa León XIV durante su paso por el país, evalúa usar otra vez la vía judicial para obligar al Gobierno a reponer medicamentos, pañales de adultos y alimentos especiales adeudados para 122 personas del establecimiento que forman parte del programa Incluir Salud. «No podemos dejar pasar muchos días más porque nos vamos a quedar sin insumos de vuelta», explicaron ayer desde el Cottolengo a CORTA.
Por qué importa.
Según describió la institución de asistencia para personas con necesidades especiales a este medio, el Estado acumula una deuda de cinco meses por faltante de medicamentos.
El reclamo.
Desde Don Orione confirmaron que el Ministerio de Salud paga al día el módulo básico de internación, pero mantiene interrumpida la provisión de medicamentos, pañales y alimentos dietoterápicos desde julio de 2026. «La semana pasada nos pidieron los datos del director médico, pero solo eso por ahora, seguimos sin medicación. La prestación la vienen abonando normalmente, pero la medicación, insumos y pañales no», explicaron desde la institución. También agregaron que el Ministerio de Salud alega que sin facturación de los medicamentos ya comprados no pueden hacer ningún pago al cottolengo, algo que consideran «un artilugio» para no entregar los insumos.
La respuesta de Salud.
En la cartera dirigida por Mario Lugones ya se preparan para la judicialización del caso, pero alegan que ese es el «curso normal» de las cosas. «Cada vez que el cottolengo hace la presentación, el juez dispone el pago. Va a pasar siempre lo mismo, como está judicializado entonces la manera de cobrarlo es cuando lo disponga la Justicia», sintetizaron ante la consulta de CORTA.
A raíz de las complicaciones judiciales explicaron que se había abierto una mesa de diálogo con la institución y autoridades del Ministerio. «Pero después el abogado de ellos metió un embargo para aprovechar que venía el papa», describió una fuente con conocimiento del diálogo entre ambas partes y agregó que eso aceleró el pago de lo adeudado tras el embargo al Ministerio.
Contexto.
La situación judicial del cottolengo se retrotrae a 2017, cuando presentaron un amparo contra el Ministerio de Salud con el fin de obtener la cobertura de prestaciones de salud del régimen de asistencia obligatoria para personas con discapacidad bajo el Programa Federal Incluir Salud. El objetivo era evitar la interrupción del servicio a los residentes internados en Claypole.
La sentencia definitiva llegó en 2022. Se hizo lugar al amparo y se ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) garantizar el pago de las prestaciones y la continuidad en la provisión de la totalidad de los insumos requeridos por los afiliados a Incluir Salud. El mecanismo de pago consistía en completar planillas con insumos y tratamientos, tener la firma del director médico de la institución, presentar una lista de pacientes de Incluir Salud y enviarla por correo electrónico. Una vez aprobada, se enviaría lo necesario cada tres o cuatro meses.
Por los incumplimientos en el pago y provisión de medicamentos, el juez de la causa, Juan Pablo Auge, trabó dos embargos al Ministerio de Salud por $753.371.035,51 y $828.708.195,16 para los períodos de noviembre de 2025 a febrero de 2026 y de marzo a junio de 2026, respectivamente, la deuda fue por un total de $1.582.079.230,67 y abonada en dos tramos. El segundo pago se hizo el 29 de octubre, una semana antes de la llegada del sumo pontífice.
Profundizá.
Qué dice el último fallo judicial.
La resolución del 30 de octubre ratificó la obligación impostergable de la autoridad pública nacional de garantizar el derecho a la salud, sin perjuicio de las obligaciones de las jurisdicciones locales, y advirtió que la falta de provisión afecta directamente el derecho a la vida y a la integridad física de 122 residentes vulnerabilizados.
El magistrado no hace mención a la necesidad de contar con una facturación previa del cottolengo para que Nación disponga los fondos, pero sí aclara que la manera de saldar la deuda es con «provisión en especie» y que el único requisito es el envío de la planilla firmada por el director médico de la institución con el padrón de beneficiarios.
«Cabe aclarar que el mecanismo administrativo estipulado entre las partes resulta ajeno a la presente acción, ya que la misma resulta de naturaleza especialmente restrictiva, teniendo por objeto el aseguramiento de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad», había escrito Auge para rechazar la apelación del Gobierno al amparo y había agregado que la Corte Suprema había ratificado la «obligación impostergable» del Estado para garantizar la cobertura médica.
Corta
