El Observatorio del RIGI presentó su segundo informe sobre los alcances del RIGI: inversiones concentradas en un puñado de provincias que consolidarán una Argentina balcanizada.
La geografía del saqueo de los recursos naturales en el contexto del RIGI se concentra en un puñado de jurisdicciones. Las provincias de Neuquén, San Juan, Río Negro, Catamarca y Salta reúnen más del 95% de la inversión comprometida bajo este régimen. El resto del país se verá perjudicado por la baja en la recaudación impositiva producto de las exenciones fiscales y la caída en la coparticipación federal. El RIGI es una apuesta por la balcanización del país.
El 90% de las iniciativas se concentran en el sector de los hidrocarburos (Vaca Muerta) y la minería (litio y cobre). El saqueo también viene con violencia. Este miércoles se profundizó el desalojo en dos comunidades mapuches de Neuquén (Lof Kinxikew y Melo), mientras que en el poder judicial de Salta ingresaron este año más de 150 expedientes. En Jujuy y Chubut también se avanza con los desalojos en los territorios.
La creación de empleo es una quimera. Los 37 proyectos con información disponible proyectan 14.240 empleos directos y 30.713 empleos indirectos durante la etapa de operación, lo que representa un total de 44.953 puestos de trabajo. Tres empanadas.
Todos estos datos fueron presentados en el segundo informe del Observatorio RIGI, una iniciativa colaborativa que reúne a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG-UNSAM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Transnational Institute (TNI), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS).
La balcanización
“La distribución territorial de las inversiones constituye otra dimensión central para comprender el alcance del RIGI. En Argentina, las provincias poseen el dominio originario de los recursos naturales y son responsables de administrar las regalías, evaluar los estudios de impacto ambiental y gestionar buena parte de los conflictos asociados a estos proyectos. Por ello, la expansión del régimen no solo modifica la política económica nacional, sino que también reconfigura dinámicas locales”, escribió Mariano Novas, coordinador del Observatorio RIGI.
Este plexo normativo del saqueo forma parte de un capítulo más de la provincialización de los recursos naturales y el sálvese quien pueda. Según la descripción realizada por Novas, las provincias de Neuquén, San Juan y Río Negro reúnen el 80% de toda la inversión comprometida bajo el RIGI. Al incorporar Catamarca y Salta, las cinco primeras provincias concentran el 95% del total.
“Neuquén lidera ampliamente con 63.701 millones de dólares (46,1%), impulsada principalmente por los proyectos vinculados a Vaca Muerta. San Juan ocupa el segundo lugar con 27.466 millones (19,9%), con un peso destacado de los grandes proyectos de cobre, mientras que Río Negro concentra 19.589 millones (14,2%), asociados principalmente a infraestructura para el transporte y la exportación de hidrocarburos. Catamarca, con 10.158 millones (7,4%), y Salta, con 9.459 millones (6,9%), completan este patrón de concentración territorial, principalmente a partir de las inversiones vinculadas a la minería de litio”, puede leerse en el texto Radiografía del RIGI a dos años de su implementación Inversiones, empresas, provincias y empleo.
Para el investigador Alejandro Gaggero, un tema central del RIGI tiene que ver con la regresividad fiscal. “El Estado nacional resigna recursos coparticipables por los beneficios fiscales otorgados a estos proyectos, mientras que las provincias que concentren la mayor cantidad de iniciativas van a recaudar más. Es un esquema de desintegración”, explicó el investigador. En 1993, el Banco Mundial fijó los criterios ideológicos para la provincialización de los recursos naturales, cláusula que se incorporó al año siguiente con la reforma de la Constitución Nacional. El RIGI sigue el camino de la provincialización y la balcanización del país.
El verso del empleo
Los 37 proyectos con información disponible proyectan 14.240 empleos directos y 30.713 empleos indirectos durante la etapa de operación, lo que representa un total de 44.953 puestos de trabajo. La distribución territorial del empleo directo en la etapa de operación también evidencia una fuerte concentración. San Juan concentra 5.208 puestos de trabajo (36,6%), seguida por Salta (1.915; 13,4%) y Catamarca (1.756; 12,3%).
En conjunto, estas tres provincias reúnen más del 60% del empleo directo estimado por las empresas. Aunque los hidrocarburos reúnen la mayor parte de la inversión comprometida, el 77,2% de esos puestos corresponde a la minería, frente al 12,3% de la infraestructura y apenas el 8,3% del petróleo y gas.
“Las estimaciones oficiales solo contabilizan los empleos generados por los proyectos pero no aquellos que podrían verse desplazados por la expansión extractiva en actividades como el turismo, la pesca, o las economías regionales. Tampoco consideran los impactos diferenciados sobre mujeres y diversidades, asociados a la masculinización del empleo extractivo, el desplazamiento de economías locales y el aumento de la carga de trabajo de cuidado en los territorios afectados”, puede leerse en el segundo informe del Observatorio RIGI.
El RIGI forma parte de un plexo normativo del saqueo que se complementa con otras normas, como la amputada “inviolabilidad de la propiedad privada”, la modificación de la ley de glaciares o la derogación de la ley 26.160 que frenaba los desalojos en las comunidades mapuches. No por nada en las últimas horas recrudecieron los avances territoriales en Neuquén, uno de los epicentros de las inversiones made in RIGI. Es decir, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones no genera empleo sino que además expulsa comunidades.
El CIADI golpea la puerta
Los 40 proyectos presentados involucran a 46 empresas provenientes de 11 países, pero la participación del capital nacional es significativa, sobre todo por la presencia de YPF. En términos del capital comprometido, los proyectos extranjeros concentran el 45,8%, frente al 38,5% de los nacionales y el 15,7% de composición mixta.
Los proyectos de litio y cobre son impulsados principalmente por grandes corporaciones transnacionales. En el caso del litio se destacan empresas chinas, junto con Rio Tinto y POSCO, mientras que los megaproyectos de cobre están liderados por compañías con sede en Suiza (Glencore) y Canadá (McEwen Copper, NGEX Minerals y Lundin Mining). Dentro de Glencore y Rio Tinto sobrevuela el pulpo financiero BlackRock.
Para Luciana Ghiotto, investigadora del CONICET y la UNSAM, la Argentina corre el riesgo de caer bajo los tentáculos del CIADI. La “garantía de seguridad jurídica” del RIGI hace que, si en algún momento el Estado nacional decidiese regular, por ejemplo, los usos del agua, cualquiera de las compañías que participan del Régimen de saqueo podría alegar una modificación de su contrato.
“La empresa Glencore es la que hace un uso intensivo del arbitraje internacional en casos de modificación de normativas. Este tipo de empresas no tienen el mínimo interés por los derechos humanos ni el cuidado del agua”, afirmó Ghiotto.
Los Tratados Bilaterales de Inversión con cesión de soberanía y jurisdicción son una herencia de la década menemista. En el país hay 48 TBI vigentes.
El Destape
