La denuncia había sido presentada por un abogado penalista en Comodoro Py; el fiscal Carlos Stornelli pidió archivar la causa porque consideró que los elementos que dieron lugar a la denuncia son ilegítimos
El colaborador del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Silvio Robles, fue sobreseído por el juez federal Sebastián Ramos en una de las causas iniciadas a partir la filtración de sus chats con el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’alessandro.
Robles había sido denunciado por Gastón Marano, el abogado penalista que representa a Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe de la banda de “los copitos” en la causa por el atentado contra Cristina Kirchner. El fiscal del caso, Carlos Stornelli, optó por no impulsar la acción penal y pidió el archivo de la causa con el argumento de que el elemento en el cual se basa la denuncia es una comunicación obtenida sin el consentimiento de sus interlocutores. Robles también pidió archivar el caso a través de su abogado, y Ramos hizo lugar. Sin acusación, no puede avanzar la instrucción del caso.
Robles es director general de la vocalía del ministro de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti. Acumuló más de una denuncia penal -también lo denunció el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora– cuando fueron difundidos supuestos chats entre él y el ministro D’Alessandro, actualmente en uso de licencia. Las conversaciones mostraban que supuestamente Robles le brindaba información judicial al ministro de Horacio Rodríguez Larreta, en particular relacionada con el conflicto por la composición del Consejo de la Magistratura.
Con el argumento de que los chats fueron obtenidos de manera ilícita, dado que D’Alessandro habría sufrido un hackeo en su celular, Stornelli optó por no hacer avanzar la acusación. El juez Ramos coincidió y en el fallo al que accedió LA NACION dijo: “El único motor de arranque de esta investigación penal, sería, en rigor, una conducta presuntamente ilícita, lo que iría directamente en detrimento de las más básicas garantías constitucionales de nuestro país, como lo vengo sosteniendo”.
“Es inadmisible e insostenible, que un proceso se inicie con prueba violatoria a las mínimas garantías constitucionales, y/o lo que es peor aún, que pueda ser iniciada a través de la comisión de un delito penal”, agregó el juez Ramos.
Stornelli participaba de la investigación judicial porque el fiscal original del caso, que es Carlos Rívolo, se excusó por figurar entre los contactos frecuentes de D’Alessandro.
LA NACION
