La causa que investiga el espionaje sobre jueces, entre ellos miembros de la Corte Suprema, avanzó en las últimas horas  a raíz de los pedidos del fiscal federal Gerardo Pollicita, que incluyeron indagatorias, allanamientos y pericias.

En ese contexto, se solicitó la ampliación de la declaración del espía detenido Ariel Zanchetta, quien según una pericia informática tendría contacto asiduo con el diputado oficialista Rodolfo Tailhade, uno de los impulsores del juicio político a los jueces del Máximo Tribunal. Además, la investigación develó que tenía diálogo con Fabián «Conu» Rodríguez, actual subdirector general de Servicio al Contribuyente de la AFIP

Sin embargo, si bien la causa se inició por el presunto espionaje ilegal sobre funcionarios judiciales, Zanchetta, el expolicía bonaerense detenido, elaboró informes de inteligencia sobre los principales actores de la vida política argentina, además de sindicalistas, periodistas y artistas.

El dictamen

Para el fiscal Pollicita, se debe investigar «la posible existencia de una organización criminal que, en forma coordinada y sostenida en el tiempo, habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, obteniendo datos personales para suplantar sus identidades, tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería e incluso -en un supuesto- haciendo requerimientos de dinero a su nombre».

Asimismo, en su dictamen, el magistrado afirmó que Zanchetta «obtuvo y reunió información personal de miles de personas, entre ellas, políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros, la que luego sistematizó y analizó en, al menos, 1.196 informes de inteligencia».

El listado de personalidades espiadas

Pollicita consignó que Zanchetta elaboró informes de inteligencia sobre el procurador interino Eduardo Casal; el exjuez Rodolfo Canicoba Corral;  el magistrado Sebastián Casanello; el fiscal Carlos Stornelli y su colega de Mercedes Juan Ignacio Bidone, hoy suspendido y condenado por actividades junto al falso abogado Marcelo D’Alessio.

No obstante, los espiados abarcan todo el espectro político. La lista es extremadamente extensa e incluye Alberto Fernández, Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Manuel Urtubey, Axel Kicillof, Gustavo Bordet, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gerardo Zamora, José Alperovich, Jorge Capitanich, Antonio Bonfatti, Omar Perotti, Gustavo Valdés, Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Graciela Caamaño, Diego Santilli, Carolina Píparo, Florencio Randazzo, Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, Julio Garro, Néstor Grindetti, Máximo Kirchner, Martín Insaurralde, “Wado” de Pedro y Jorge Macri.

El dictamen también menciona a los periodistas Jorge Fontevecchia, Claudio Savoia, Luis Novaresio, Roberto Navarro, “Baby” Etchecopar y Pablo Duggan y a los empresarios Angelo Calcaterra, Ernesto Clarens, Marcelo Tinelli, Alfredo Coto y Hugo Krajnc.

Entre los personajes vinculados con el mundo de la cultura y el espectáculo aparecen el ministro Tristán Bauer, Teresa Parodi, Alfredo Casero, David Adrián Martínez (“el Dipy”).

Asimismo, figuran los dirigentes sociales Juan Grabois y  Milagro Sala; y dirigentes del ámbito deportivo, como Daniel Angelici, Rodolfo D’Onofrio, Juan Sebastián Verón, y el titular de la AFA,  Claudio “Chiqui” Tapia.

Finalmente, la lista también incluye a sindicalistas como Hugo Moyano, Roberto Baradel, Pablo Micheli y Omar Plaini.

El Canciller

La abogada defensora de Brenda Uliarte, Sabrina Mansilla, reveló detalles de la declaración de la imputada como coautora del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner que apuntó al vínculo del atacante, Fernando Sabag Montiel, con el diputado del PRO Gerardo Milman y la agrupación Revolución Federal. 

«No se compromete a confirmar si (Gerardo) Milman financió el atentado, porque ella no hizo ninguna negociación con él, pero tiene conocimientos, a través de Fernando (Sabag Montiel), que financiaba la operación de Revolución Federal«, indicó Mansilla en declaraciones a la AM750.

Además, reveló que Uliarte declaró que «durante el tiempo que estuvo con Fernando lo escuchaba hablar con una tal Carolina (no fue confirmado el apellido, pero podría tratarse de López Mónaco) pero era un tema de escena de celos por esta mujer que con él hablaba». «Después de la declaración, podría llegar a coincidir con la secretaria de Milman«, aseguró la abogada ante la consulta de Mediodía750. 

En este marco, la letrada sostuvo que Uliarte iba a vender copitos a las marchas pero que no tenía relación con Revolución Federal, mientras que Sabag Montiel sí, al tiempo que éste le pagaba a ella para que vaya a las movilizaciones en contra de la vicepresidenta.

«El día del atentado ella estaba muy asustada»

Mansilla señaló que, en la declaración de este martes ante la Justicia, Uliarte «fue muy contundente» y que «nunca se imaginó que él iba a hacer una cosa así». «En el momento en el que se desencadenó el hecho, ella trató de frenarlo y cuando él entró en la multitud, ella se fue, estaba muy asustada«, dijo.

Asimismo, la imputada declaró que Sabag Montiel «le comentó» ese día más temprano sus intenciones atentar contra la vida de Cristina kirchner, pero «él varias veces hacía chistes con este tema pero no creyó que era capaz de hacerlo».

Por último, explicó que Brenda Uliarte «denunció varios hechos de violencia» de género en contra de Sabag Montiel. «(Sabag Montiel) es una persona bipolar, muy soberbio, muy manipulador. Estamos atrás de investigar unas fotos en su celular, donde ella estaba golpeada unos días antes del atentado«, indicó.

«Muchos meses después ella ella entendió la envergadura de lo que había sucedido. Estuvo medicada. Tuvo muchos ataques físicos dentro de la unidad y costó mucho estabilizarla«, cerró.

Página/12

El sábado 3 de junio de 2023 en la localidad de Villa Giardino partido de Lanús, el funcionario municipal Diego Gabriel Kravetz persiguió y aprehendió a un joven de 16 años portando un arma de fuego. Tras el episodio hizo declaraciones públicas en las que reconoció y reivindicó su accionar basado en todo tipo de prejuicios disfrazados bajo un discurso de supuesta prevención.

“El hecho reviste de suma gravedad ya que implicó la participación abusiva de un funcionario público en una situación donde se vulneraron derechos fundamentales de un adolescente” explicaron desde la CPM y presentaron la denuncia ante el Fiscal General del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, Guillermo Castro, para que se investigue lo sucedido.  

La intervención del Secretario de Seguridad Diego Kravetz representó la asunción de funciones policiales que no le están legalmente atribuidas por la función que cumple y en consecuencia representaron la privación ilegal de la libertad de un joven de 16 años. Kravetz no es funcionario policial y en función de esto, no está investido de ninguna atribución especial para privar de la libertad a las personas y mucho menos de realizar procedimientos policiales. En su rol de Secretario de seguridad sólo tiene atribuciones para diseñar y coordinar políticas de prevención de manera conjunta y articulada con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, pero bajo ningún concepto esto lo inviste de las funciones y atribuciones policiales.

Según trascendió en los medios de comunicación y fue reconocido por el funcionario en sus redes sociales, Kravetz se encontraba conversando con vecinos, uno de ellos le advirtió que por la esquina estaba pasando una moto que venía robando en la zona hace unos días. Ante esta comunicación, el Secretario de seguridad lo persiguió con un arma de fuego y lo detuvo impartiendo la voz de alto y luego de forcejear lo detuvo. Más grave aún, alegando estar habilitado para la portación de armas, excediendo la eventual autorización de trasladar el arma que esto implica, la usó para una finalidad y en un supuesto que no se encuentra autorizado, ya que la única hipótesis que permite el empleo del arma es la legítima defensa.

Toda la secuencia de su accionar quedó registrada en las cámaras de seguridad: la persecución armada y la aprehensión hasta que se hizo presente un móvil de la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Patrulla de Respuesta Inmediata-PRI- del municipio. Según la información periodística, con motivo de la aprehensión, se habría iniciado una causa contra el adolescente a cargo de la UFI N° 5 de Responsabilidad Juvenil que no tomó temperamento y lo liberó.

En la denuncia presentada por la CPM se solicitó una serie de medidas de prueba sobre los hechos, que se oficie a las dependencias responsables de hacer cumplir la normativa vigente y que se proteja a la víctima con medidas consensuadas. “Resulta de suma importancia investigar todas las hipótesis posibles de comisión de distintos ilícitos: la privación ilegítima de liberad de un adolescente, la tenencia/portación ilegal de arma de fuego, el abuso de autoridad y las amenazas, entre otras (…) En este caso el funcionario no intervino ante un supuesto de legítima defensa sino que realizó un uso abusivo, desproporcionado e injustificado del arma de fuego”, detallaron.    

Kravetz, lejos de registrar la gravedad de su accionar, lo celebró de forma pública: “me gustaría decir que donde los cruce, voy a tratar de agarrarlos. Son ellos o nosotros”, concluyó en una entrevista. En ese mismo diálogo contó que participa en varios grupos vecinales de Whatsapp sobre seguridad y que en uno de ellos se conversaba sobre la presencia de personas en motos que cometerían ilícitos en Villa Giardino.

No es la primera oportunidad en la que el funcionario Diego Kravetz realiza intervenciones ilegales y discriminatorias contra jóvenes y niños. En 2017 la CPM ya lo había denunciado ante el Intendente Nestor Grindeti, en esa oportunidad se trató de la intervención en el caso de un niño de 12 años de nombre Thiago, apodado el Polaquito. Según trascendió públicamente el Secretario de Seguridad y personal a su cargo habrían instigado al niño para que realice una entrevista en el programa Periodismo Para Todos, conducido por el periodista Jorge Lanata. En este sentido, el propio Kravetz refirió que tomó conocimiento del niño durante un operativo de seguridad en el puente Alsina, allí fue detenido por cinco o seis policías y trasladado en patrullero a la comisaría. En ese momento, el funcionario afirmaría que: “vive en una casa en hacinamiento con hermanos, primos y su mamá, es una casa muy complicada. (…) Después entras en un sistema enmarañado para sacar a un menor que tiene a su mama, lo devuelven a la misma casa… se repite una vez por semana. Si el juez no ordena una medida coercitiva para llevarlo a un reformatorio nosotros no tenemos más remedio que seguir el camino que siga libre. El polaquito no tuvo oportunidades en la vida, pero es obvio que no puede estar en la calle. Ese nene no puede circular con el resto de la sociedad… debería estar en un reformatorio (…) si tenía una orden de captura me lo llevaría encantado”.

Algunos años después, en este nuevo operativo ilegal, volvió a reivindicar públicamente su accionar: “es una imagen que otros lo asocian con cuestiones relacionadas con el proceso, con el autoritarismo”, pero él considera que “la prevención necesita algunas cuestiones que no todos se bancan políticamente hacer. (…) Eso que es todos contra la pared, todos cacheados, que sé yo, eso lo mismo cuando están todos en la esquina, acá yo lo hago hacer”.

La intervención del funcionario además de ser ilegal, da cuenta de un pensamiento autoritario que estigmatiza a los sectores más pobres, llevándolo a justificar acciones violentas, banalizar esta violencia y arrogarse funciones no sólo policiales sino también judiciales.  

Desde la CPM reiteraron que esas medidas que Kravetz actúa y reivindica, además de ser inútiles para prevenir el delito, vulneran los derechos humanos elementales y las garantías constitucionales. Y los funcionarios tienen una responsabilidad mayor de actuar dentro del marco legal respetando los principios republicanos de gobierno. 

Comisión Provincial por la Memoria

Sergio Maldonado denunció complicidad judicial en el marco de la causa en la que se investiga la desaparición y muerte de su hermano, Santiago Maldonado, luego de que la Justicia sobreseyera a cuatro gendarmes imputados.

Maldonado apuntó directamente contra la ex ministra de Seguridad macrista Patricia Bullrich y aseguró que «el juez Gustavo Lleral juega a la política partidaria de Juntos por el Cambio (JxC)». Asimismo, afirmó que existe «un pacto de impunidad» para Bullrich, y la Gendarmería nacional.

«Hoy se acaba de confirmar el pacto de impunidad para Patricia Bullrich y la Gendarmería Nacional. El Juez Lleral sobreseyó a los gendarmes responsables de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en la represión del 1° de agosto», publicó en su cuenta de Twitter. Para Maldonado, el juez federal de Rawson «juega a la política partidaria» en favor de la coalición opositora, y comparó este fallo con el mismo que dio en la antesala de las elecciones legislativas de octubre de 2017.

«Como lo hizo en el 2017, el juez Lleral juega a la política partidaria de JxC. Horas previas a las elecciones de octubre de ese año, y luego del hallazgo del cuerpo, afirmó que Santiago se había ahogado sólo. La historia vuelve a repetirse. A horas de las PASO, después de la represión y el asesinato de Facundo Molares cierra por segunda vez la causa liberando de responsabilidad a la Gendarmería de Bullrich», dijo.

De esa manera, Maldonado estableció un paralelismo entre la muerte de su hermano con la del militante social que ayer perdió la vida durante la represión a una protesta a manos de la Policía de la Ciudad, en cercanías del Obelisco porteño:«La policía de Larreta es responsable del asesinato de Facundo Molares y la Gendarmería de Bullrich es responsable de la desaparición forzada y muerte de Santiago. Son lo mismo», resaltó. Además, criticó a la Justicia al afirmar que «desde un principio se garantizó la impunidad al verdadero poder».

La decisión de la Justicia: sobreseen a 4 gendarmes

La decisión judicial benefició al gendarme Emmanuel Echazú, que estaba acusado por la supuesta desaparición forzada de Maldonado, y a los agentes Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra, quienes eran señalados por haber cometido los delitos de daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público.

Para justificar la medida, el juez Lleral afirmó que a los gendarmes investigados y todos sus compañeros que participaron del operativo de desalojo «ni siquiera se les puede dirigir el reproche de un hipotético abandono de persona en perjuicio de Santiago Andrés Maldonado, pues, tal como se dijo, no existe elemento de prueba alguno que permita sostener ese juicio de tipicidad y esa atribución penal».

Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 durante un operativo de Gendarmería en el que fue reprimida una protesta de la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen en Chubut, por el reclamo de tierras ancestrales ubicadas entre la ruta 40 y el río Chubut: su cuerpo apareció 78 días más tarde 400 metros río arriba de donde había sido visto por última vez.

El Destape

La joven Policía de la Ciudad, fuerza de choque de los gobiernos de Juntos por el Cambio que acaba de cobrarse la vida del militante popular Facundo Molares Schoenfeld, llegó a ser más letal que la denominada «Maldita» Policía bonaerense. «En seis años y medio, la Policía de la Ciudad superó a la bonaerense en materia de gatillo fácil; entre el 10 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2022, la Policía de la Ciudad fusiló 63 personas y la Policía Bonaerense 109», explica a Página/12 la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). «Pero –advierte– la Policía de la Ciudad tiene poco más de 25.000 efectivos, mientras que su par provincial supera holgadamente los 100.000. Es decir, con una dotación cuatro veces menor, la Policía de la Ciudad cometió casi el 37% del total de fusilamientos de ambas fuerzas». La organización que integra Verdú sistematiza cada año desde 1996 las muertes ocurridas a manos del aparato represivo del Estado.

La historia

El macrismo, que gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde hace 16 años, tuvo la oportunidad de crear una fuerza desde cero, pero no le importó hacerla sin los defectos de fábrica de las anteriores. La antecesora de la Policía de la Ciudad fue la Metropolitana, que a poco de su creación en 2008, protagonizó feroces represiones en la Villa 31, la sala Alberdi, el hospital Borda y el Parque Indoamericano, además de ataques a la prensa. En el caso del Indoamericano –en 2010, cuando Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro fueron asesinados en un operativo de fuerzas de seguridad de la Ciudad y la Policía Federal Argentina–, el jefe de la fuerza policial porteña era el actual ministro de Seguridad Eugenio Burzaco, emblema de la mano dura con su defensa de las Taser y como asesor del exgobernador de Neuquén Jorge Sobisch cuando en 2007 fue asesinado el maestro Carlos Fuentealba, también en una protesta.

La Metropolitana estuvo conformada por exintegrantes de la Federal, Gendarmería, policías provinciales y hasta de las Fuerzas Armadas. La mayoría estaba en actividad y se pasaron porque el sueldo básico era superior. Los dos primeros jefes, Jorge «el Fino» Palacios y Osvaldo Chamorro, ambos expolicías federales, fueron desplazados de sus cargos en medio del escándalo por espionaje ilegal. De aquellos 52 altos mandos, 38 habían tenido actuación en fuerzas de seguridad durante la dictadura. Y de los legajos revisados para los puestos de conducción, 9 habían pasado a disponibilidad en 2004 como parte de una purga. La mitad de los oficiales separados tenía alguna causa judicial o sumario abierto. A finales de 2010, la Metropolitana reclutó a varios de los oficiales de la Federal que el Ministerio de Seguridad había pasado a retiro. Los perfiles de formación de varios de los agentes incorporados presentaban antecedentes en áreas de inteligencia, capacitación en «lucha antisubversiva» y «guerrilla urbana» en la época de la dictadura. Las impugnaciones de los organismos de derechos humanos en la Legislatura jamás fueron escuchadas por el gobierno porteño.

El 1 de enero de 2017 comenzó a operar en la CABA la nueva fuerza de uniformes bordó y celeste, fusión de la Metropolitana con la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. Quedó constituida como una megafuerza de 25 mil efectivos y en su debut, opacó los 22 casos de asesinatos por gatillo fácil de su antecesora, entre 2011 y 2016: a noviembre de 2020 eran 91 los casos de la Policía de la Ciudad, desde enero de 2017.

El escritor y periodista especializado Eduardo Silveyra en su libro La Gorra, prontuario de la Policía de la Ciudad (Ciccus 2022), da cuenta de la doble vara del macrismo respecto a las diversidades, los casos de femicidios de uniforme, las implicancias de portar el arma fuera de servicio, el fenómeno de los «polichorros» y el racismo intrínseco de la fuerza, desplegado en el recuerdo del asesinato de Massar Ba, uno de los líderes de la organización senegalesa humanitaria Daira, de las primeras en asumir la defensa de los vendedores ambulantes ante los ataques policiales, de todos los colores de uniformes.

Es probable que el joven policía de origen armenio, Arshak Karhanyan, haya visto algo turbio o haya quedado en medio de la feroz interna que perdura tras la fusión de la Metropolitana y la Federal, porque está desaparecido desde el 24 de febrero de 2019. Casi ningún candidato lo recordó en esta campaña. A excepción de Victoria Montenegro y Leandro Santoro, que llevaron a la Casa Rosada a su madre Vardush Karhanyan, el tema no integra la agenda política.

El caso Molares

Sobre la última muerte violenta donde aparece la Policía de la Ciudad, Verdú sostiene que «en vísperas de las PASO, después de una campaña electoral signada de promesas de pérdida de derechos y más, mucha más represión, la muerte de un militante a manos de la policía es usada por el responsable directo, sus aliados y sus ocasionales competidores para echar más leña al fuego de la mano dura y el punitivismo, lo que nos muestra con prístina brutalidad lo que nos espera, recargado, a partir de diciembre, si no somos capaces de frenar esta oleada reaccionaria y antidemocrática». Para la abogada de Correpi, al gatillo fácil se suman «los impactantes hechos represivos que a diario protagoniza la policía porteña, especialmente contra los sectores más vulnerables de la sociedad», por caso los operativos contra manteros o los violentos desalojos de viviendas ocupadas.

En tanto, Silveyra sostiene que «si hay algo que caracteriza a las políticas represivas de Cambiemos es la sistematización de la muerte o asesinatos, como en el caso de Molares, donde la maquinaria de encubrimientos siempre está disponible». Consultado por Página/12 indica que «cuando no es la justicia y/o los medios, son otros aparatos, como el SAME, donde su referente sale a declarar que la muerte fue por un infarto, sin aclarar qué lo provocó». Para Silveyra, «Horacio Rodríguez Larreta se auto victimiza y hace referencia a la militancia de Facundo, pero no asume la más mínima responsabilidad en el hecho». Y agrega: «Nada es casual, en sus discursos de campaña dicen que van a exterminar la protesta y dos días antes del acto electoral, se despachan con un asesinato, para mostrarles a sus electores lo cierto de sus promesas. Siempre hacen un uso político de las muertes, ya sea ‘carancheando’ como ocurrió con Morena en Lanús o con una muerte selectiva como ocurrió con Facundo».

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que los últimos momentos de Molares, «nos permiten verlo rodeado de funcionarios de seguridad que tampoco estaban capacitados para asistirlo». El organismo expresó que «participar de una protesta no puede implicar riesgo de vida y el Estado tiene que cuidar a quienes protestan porque cualquier otro camino hace más frágil la democracia». Además, destacó que «el gobierno de la Ciudad, antes de que cualquier investigación judicial haga su trabajo, salió a instalar la versión de que Facundo murió por causas que nada tienen que ver con el operativo, y ya hemos visto este tipo de respuestas en otras ocasiones».

Página/12

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario resolvió absolver a los 19 policías y un civil que llegaron a juicio por el delito de desaparición forzada de persona agravada, entre otros, en el caso de Franco Casco. El presidente del Tribunal, Otmar Paulucci, leyó el fallo –que no fue unánime– pocos minutos después de las 14 y ordenó que los agentes que permanecían presos recuperen la libertad.

Durante el debate oral, que comenzó en diciembre de 2021, el fiscal de juicio Fernando Arrigo y los querellantes habían solicitado prisión perpetua para catorce de los policías imputados, y penas que iban desde los 14 años y diez meses a los 3 años de prisión para otros cuatro agentes y un civil.

Tras un año y medio de audiencias y de haber evaluado las pruebas, el tribunal integrado por los jueces federales Otmar Paulucci, Eugenio Martínez Ferrero y Ricardo Moisés Vázquez dio a conocer el veredicto.

El comisario Diego José Álvarez, los agentes Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco y la agente Cecilia Rut Elisabet Contino fueron absueltos de los delitos de “desaparición forzada de persona agravada por la muerte de la víctima e imposición a una persona privada de su libertad de torturas seguidas de muerte”.

También fueron absueltos Enrique Nicolás Gianola Rocha, el jefe de sumarios César Daniel Acosta y los agentes Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández, Esteban Daniel Silva, Romina Anahí Díaz, Ramón José Juárez y Franco Luciano Zorzoli, quienes habían llegado a juicio como “coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima”.

Lo mismo resolvió el TOF 2 para Belkis Elisabet González y Rodolfo Jesús Murúa, quienes llegaron al banquillo como “partícipes secundarios penalmente responsables del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima”. Los dos integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Internos Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, que estaban acusados como “coautores del delito de encubrimiento doblemente agravado”, también fueron absueltos. El vecino que fue acusado de formular una falsa denuncia con la que –según la acusación– se intentó justificar la detención de Casco, Alberto Daniel Crespo –señalado como autor del delito de falso testimonio– también fue absuelto.

Sobre el agente Walter Ortiz no hubo controversia, ya que la Fiscalía había pedido su absolución por falta de pruebas que acreditaran dolo.

Álvarez (45), Acosta (43); Silva (42) y Benítez (44) se encontraban alojados en el penal federal de Marcos Paz; Gianola Rocha (48), en la sede de la PSA. Y Gysel (41); Guerrero (47); Contino (43); Greiner (38) y Blanco (42) se encontraban en prisión domiciliaria. Todos recuperaron la libertad. Habían sido procesados con prisión preventiva en octubre de 2017.

Los fundamentos del fallo se conocerán el 25 de septiembre, indicó el Tribunal. El juez Paulucci tuvo una “disidencia parcial” en el fallo y optó por la condena a prisión perpetua de Álvarez, Zorzoli y Díaz, y la pena de seis años de prisión a Benítez, Acosta, Greiner, Guerrero, Gysel, Hernández, Silva y Juárez. Mientras que para Contino, Belkis, Murúa, Síscaro, Escobar y Crespo votó la absolución por el beneficio de la duda.

La larga causa

Franco Casco, de 20 años, llegó a Rosario en septiembre de 2014 para visitar a sus familiares en barrio Empalme Graneros. Según la acusación, el 6 de octubre, cuando emprendía el regreso a la localidad bonaerense de Florencio Varela, Casco fue detenido por efectivos de la comisaría 7ª. El 31 de octubre, el cuerpo de Casco fue encontrado en las aguas del río Paraná.

Antes del hallazgo, el tomar conocimiento de que Franco no había vuelto, se presentó una denuncia en la comisaría 20ª de Rosario y se inició una investigación por averiguación de paradero. Al día siguiente, su papá viajó hacia Rosario y se presentó en la comisaría 7ª, donde le dijeron que Franco había estado el 6 a la noche, pero le negaron toda otra información.

El 12 de octubre, Elsa fue a Rosario desde su hogar en Florencio Varela para buscar a su hijo. En la seccional 7ª (Cafferata 342), logró hablar con un comisario, pero en la denuncia refirió que mientras el funcionario policial le formulaba un relato bastante extraño sobre el motivo por el cual fue detenido Franco. El responsable de la comisaría argumentó que el joven había sido aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad, que “estaba drogado, como perdido, y que esto lo había corroborado un médico de la policía que lo había atendido”, y que finalmente fue liberado. El fiscal que había intervenido por el Ministerio Público de la Acusación fue Guillermo Apanowicz, por búsqueda de paradero.

Los policías de la comisaría 7ª aseguraron que Casco no había sido detenido el 6 de octubre sino el 7, luego del llamado de un vecino que había alertado por una persona sospechosa cerca de la seccional. Esta versión sostuvo que Casco fue liberado esa misma noche y que los policías nada tenían que ver con la muerte del joven bonaerense.

A fines de octubre, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) promovió que la investigación por la desaparición y muerte del joven se desarrollara en el ámbito de la justicia federal.

El 16 de diciembre, el juez federal Carlos Vera Barros aceptó la competencia para intervenir en la causa por la muerte de Franco. Esto sucedería un día después del pronunciamiento de la Cámara Federal de Rosario. Antes, el juez federal Marcelo Bailaque se había declarado incompetente.

Para octubre de 2017, Vera Barros procesó a 30 policías, la mayoría de la seccional 7ª y de Asuntos Internos, ya que consideró que existían elementos suficientes para acreditar la responsabilidad no sólo en la muerte de Casco, sino también “en la intencionalidad de esconder u ocultar el verdadero estado de cosas sobre los motivos de la desaparición”.

Desde entonces, abogados y familiares de los policías acusados nunca dejaron de asegurar de que se trataba de una «causa armada» y aseguraron que ser inocentes. A 8 años y 9 meses de la última vez que Casco fue visto con vida, el fallo de la Justicia Federal, que dejó el sabor amargo de la impunidad en los allegados a Casco, liberó de responsabilidad a todos los policías involucrados.

Rosario 3

El Tribunal Oral Criminal 25 porteño dará a conocer este martes 11 de julio el veredicto contra los 14 Policías de la Ciudad imputados por el crimen de Lucas González, el joven de 17 años asesinado en noviembre de 2021.

Desde la querella como la fiscalía ya pidieron prisión perpetua para los tres oficiales acusados de ser autores materiales del homicidio y otras diversas condenas para los 11 oficiales restantes, que son imputados por delitos que van desde torturas hasta encubrimiento del crimen. Por su parte, los defensores de todos los policías acusados solicitaron las absoluciones porque «actuaron en cumplimiento de su deber» y en legítima defensa.

La audiencia comenzará a partir de las 10 en el auditorio AMIA de los tribunales federales de la avenida Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, con mayor capacidad para la asistencia de público y donde se desarrollaron las dos primeras audiencias del debate oral, que comenzó el 16 de marzo y en el que se recibió la declaración de más de 50 testigos a lo largo de cuatro meses que tuvieron 18 audiencias distintas.

El veredicto del tribunal genera expectativas en los familiares y un país entero que busca saber si la Justicia encuentra culpables o no a los efectivos de la Ciudad por otro caso de «gatillo fácil». Los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño, darán a conocer el veredicto luego de que los imputados hagan uso de su derecho a expresar sus últimas palabras. 

El cumpleaños de la madre de Lucas y la marcha a Tribunales

Mañana es un día muy cargado de emociones para la familia de Lucas González, no sólo porque terminará el juicio, sino que es el cumpleaños de su madre, que espera como regalo que se haga Justicia. La mujer tuvo varios episodios de intentos de suicidio por la depresión que sufrió tras el crimen de Lucas. 

Héctor «Peca» González, padre de Lucas, señaló que ese mismo día es el cumpleaños de su esposa Cinthia, por lo que consideró que «el mejor regalo sería la condena para estas personas». «Lucas se sigue manifestando, como siempre, porque el mejor regalo se lo va a hacer él y darle el alivio que necesita su mamá para poder seguir y dar lucha en esta vida», dijo a Télam «Peca», a horas del veredicto.

Familiares y amigos del joven informaron que este martes a las 9:00 habrá una marcha frente a los tribunales y pidieron ir “con una camiseta de fútbol y una bandera de Argentina”, porque “el fútbol era lo que más amaba Lucas”.

A quiénes se investiga en el juicio por el crimen de Lucas González

Fueron 18 audiencias en las que se extendió el debate oral, y donde se juzgaron las actuaciones del inspector Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Juan José López (48) y del oficial Fabián Andrés Nieva (38), miembros de la División Brigadas y Sumarios 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, imputados por el crimen de Lucas (17) y la tentativa de homicidio de sus tres amigos, Joaquín Zúñiga (19), Julián Salas (19) y Niven Huanca (19).

Asimismo, se debatió sobre la participación de otros 11 efectivos porteños de distintos rangos en el encubrimiento de hecho y las posteriores torturas para los tres sobrevivientes.

Las penas que pidieron la fiscalía y Dalbón, abogado de la familia de Lucas

En su alegato, el fiscal general Guillermo Pérez de la Fuente solicitó que los tres miembros de la Brigada 6 de la Comuna 4 sean condenados como coautores del delito de «homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial y por placer, en concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad, y falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad» en perjuicio de Lucas, y por la «tentativa de homicidio» de sus tres amigos.

El representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que los tres policías porteños «actuaron como cazadores que esperan a una presa«, ya que los «emboscaron y les tendieron una trampa», al tiempo que señaló que «no les dieron a las víctimas ni la mínima capacidad de defensa».

«Encuentro los motivos en los prejuicios. Fueron los tres, todos actuaron, todos dispararon, lo que demuestra es que todos tenían la decisión de matar. Los vieron salir de un asentamiento precario, salir vestidos de una determinada forma, con un color de piel que quizás a alguno de los policías no le gustó, manejando un auto siendo jóvenes. Se convencieron de que los chicos eran delincuentes y que debían morir. Con esos prejuicios actuaron, con prejuicios de clase, de edad, de vestimenta«, argumentó.

El pedido fue apoyado por el abogado de la querella, Gregorio Dalbón, quien en su alegato describió a Isassi, López y Nieva como «tres mafiosos asesinos», que «vieron bajar a Lucas con una gorrita blanca» y que, en ese momento, «lo eligen por el color de piel«, para luego seguirlos hasta interceptarlos y dispararles «de frente, oblicuo y de atrás, a zonas vitales». «El agravante por el odio racial debe ser incluido al momento de dar sentencia. Los imputados fueron a la caza y posterior extermino de uno de ellos», consideró. 

Por su parte, el fiscal también solicitó penas de prisión de entre los 4 y 17 años de prisión para los policías imputados por el encubrimiento del hecho, la privación ilegal de la libertad de los adolescentes y el abuso de sus funciones como funcionarios públicos.

«Tengo acreditado que los comisarios Daniel Alberto Santana (53), Rodolfo Alejando Ozán (54), Fabián Alberto Du Santos (52), Juan Horacio Romero (51); el subcomisario Ramón Jesús Chocobar (49), Roberto Orlando Inca (47); y el principal Héctor Claudio Cuevas (51) privaron ilegítimamente de su libertad a Lucas, Joaquín, Julián y Niven abusando de sus funciones, actuando de manera arbitraria», aseguró el fiscal.

Para los imputados de más altos rangos, solicitó la pena de 11 años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, excepto de Cuevas, de quien pidió cuatro años al considerar que su testimonio durante el debate oral sirvió para determinar que los comisarios y subcomisarios sabían que no se trató de un enfrentamiento armado con delincuentes, como lo habían modulado los policías de la Brigada.

Y para los oficiales Jonathan Alexis Martínez (35) y Ángel Darío Arévalos (34) pidió 6 años, para Daniel Rubén Espinosa (33) 5 años y para Sebastián Jorge Baidón (28) 17 años de prisión, ya que lo consideró autor de las torturas que padecieron las víctimas.

En cambio, Dalbón solicitó que todos los comisarios, subcomisarios y los oficiales Martínez, Arévalos y Espinosa sean condenados a 20 años de prisión al considerar que, además de ser coautores de los delitos de encubrimiento, privación ilegal de la libertad y el abuso de sus funciones, omitieron las torturas que sufrieron los adolescentes.

El también letrado de la vicepresidenta Cristina Kirchner solicitó la pena de 30 años de cárcel efectiva para Baidón, ya que afirmó que fue él uno de los que torturó a los amigos de Lucas, luego de que Zúñiga lo señaló en una de las primeras audiencias como quien lo esposó, lo puso boca abajo y le dijo «¿Así que sos de Varela, pedazo de villero? Mirá cómo mataste a tu amigo«. 

Por último, el abogado de la familia de Lucas solicito al TOC 25 la condena a tres años y medio para Cuevas, a quien no acusó por la omisión de torturas a los pibes. El testimonio de Cuevas durante el debate oral derivó el pasado el 3 de junio en la detención del oficial Facundo Matías Torres, a quien acusó de haber sido quien en su moto fue a buscar a la comisaría y trajo junto al policía Isassi el arma de juguete plantada en el auto de las víctimas con el fin de simular un enfrentamiento con supuestos delincuentes.

Finalmente, las defensas de los 14 policías porteños imputados en la causa solicitaron las absoluciones de todos al considerar, en el caso de los acusados del encubrimiento, que no participaron en dichas maniobras, mientras que los señalados como autores del homicidio aludieron que «obraron en cumplimiento del deber, en legítima defensa y sin ningún dolo previo».

El crimen de Lucas González

Lucas y sus tres amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran y fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 a la altura del cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield. 

Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y dos balazos impactaron en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela. Los amigos, en tanto, fueron esposados y trasladados en calidad de detenidos al instituto Inchausti, donde fueron liberados al día siguiente tras determinar que no se trataba de delincuentes sino de adolescentes que habían salido de un entrenamiento de fútbol.

JD / ds/Perfil

“No quieren que hablemos ni denunciemos nada”, sintetiza una mamá de la comunidad educativa de la Escuela Dorrego N° 6 DE 10, del barrio de Saavedra. En la frase que lanzó la mujer, que pidió no ser identificada, se resumen años de hostigamiento y persecución a la comunidad educativa porteña por parte de la gestión de Rodríguez Larreta y, en especial, del ministerio de Educación comandado por Soledad Acuña. En los últimos años, las escuelas de la Ciudad vienen sufriendo un doble vaciamiento: el que ejecuta la administración porteña con el recorte de presupuesto y el que, por ausencia del Estado, ocasionan personas externas a los establecimientos, al saquear insumos, dispositivos electrónicos, material didáctico, etc. El fin de semana largo robaron la escuela de Saavedra, y esta madrugada la Primaria N° 15 Manuel Antonio Acevedo, ubicada en el barrio de Coghlan. Durante la tarde, cientos de familias, estudiantes y referentes de la comunidad educativa, realizaron un abrazo a esta última escuela.

Cuando las familias llegaban con sus hijos a la escuela N°15 DE 15, encontraron cuatro patrulleros en la puerta del establecimiento situado en la calle Tronador 2861, y fue ahí cuando se enteraron de que se habían robado las computadoras. Según la versión oficial, delincuentes ingresaron a la escuela durante la noche, la violentaron y vandalizaron. Rompieron varios mobiliarios del lugar como racks y armarios; y se robaron alrededor de 100 equipos tecnológicos, entre tablets, netbooks, notebooks, parlantes, equipamiento de oficina y varios elementos más.

Los delincuentes, también intentaron ingresar al jardín de infantes lindero, el N°2 Juan M. Coghlan, “pero por suerte no pudieron porque ahí hay más equipo tecnológico. Es una sensación de vulneración muy fuerte del espacio que habitan nuestros hijos e hijas, y es una escuela que va a cumplir 70 años, y en estos 70 años de historia lo que pasó ayer a la noche es la primera vez que sucede”, cuenta a Tiempo Agustín Barna, un padre de un alumno de cuarto grado de la Escuela Nº 15, DE 15 y de una nena que asiste al jardín.

Hasta el año 2021, la escuela contaba con una casera, Marta, que vivía en una casa contigua a al establecimiento educativo. Desde que Marta falleció hace dos años, la casa está deshabitada y ese cargo no ha sido repuesto pese a las reiteradas solicitudes, por parte de las familias y el equipo de conducción, para que se designe personal.

“Nos parece que ese es un elemento central para poder interpretar por qué en casi 70 años de historia nunca sucedió y ahora que hace dos años que ese cargo no está vigente y que no hay obviamente alguien que habite la escuela durante la noche, paso lo que pasó. Así que el principal planteo que tenemos es la reposición de ese cargo, también solicitamos la inmediata reposición de los equipos robados para que alumnos y alumnas de esta escuela no resulten las víctimas directas de esto”, agrega Barna

A la escuela primaria de Coghlan asisten más de 330 estudiantes y hay alrededor de 50 trabajadores entre personal auxiliar y docente. Las autoridades de la escuela realizaron la denuncia durante la jornada en la Comisaría Vecinal 12, y en este momento está actuando la justicia para intentar esclarecer el hecho y poder recuperar lo robado.

“Insisto”, agrega Agustín Barna, “al día de hoy los chicos se quedaron sin los equipos tecnológicos para seguir su proceso de aprendizaje, entonces nos parece urgente que se repongan esos equipos y dentro de lo posible, reforzar las medidas de cuidado y de seguridad en la vía pública”, termina.

Hay cada vez más robos a escuelas

Pero durante el fin de semana largo por el día de la bandera, ocurrió otro robo en un edificio escolar del barrio de Saavedra. Se trata de la Escuela Nº 6 DE 10 Manuel Dorrego. “Entraron y se robaron dos bombas de agua y unas llaves de bronces, y la escuela quedó, desde entonces, en varios sectores sin agua. Ya se realizó la denuncia y estamos esperando que se reponga todo para que la escuela pueda volver a funcionar como corresponde”, detalla a Tiempo Ani Meizoso delegada de Cooperadoras de la Comuna 12. “Estos hechos están ocurriendo en varias escuelas, lo vemos bastante seguido y a los que transitamos la lucha por la educación pública nos está resultando un poco raro todo esto, pero no vamos a estar acusando a nadie de nada. Lo que pedimos es que realmente se invierta en educación y que se cuide a las escuelas. Muchas de ellas quedaron si caseros luego de que se jubilaron y el gobierno porteño está sacando auxiliares”, termina Meizoso.

Tiempo

Comunidades originarias y organizaciones sociales que mantenían cortes de rutas al norte de Jujuy, reclamando contra la recientemente aprobada reforma parcial de la Constitución local, fueron reprimidos en la mañana del sábado por las fuerzas de seguridad local.

Las manifestaciones se llevaban adelante en distintas localidades; entre ellas, Purmamarca, donde las personas presentes en el corte, y que pasaron la noche en el lugar pese a temperaturas muy bajas, informaron que -poco antes de las 6 de la mañana- llegó un número importante de efectivos de Infantería para efectuar el desalojo.

En ese marco, la policía avanzó en reprimir la manifestación, que se mantenía en un cruce de ingreso al poblado quebradeño del norte jujeño.

«Es impresionante como está avanzando Infantería, golpea y golpea y la gente resiste, se queda en la ruta», fue uno de varios reportes desde el poblado quebradeño.

Mediante videos viralizados en redes sociales se podía observar también el avance de los efectivos sobre los manifestantes apenas amaneciendo.

Se difundió, en tanto, que varias personas resultaron heridas y fueron detenidos dos miembros de las comunidades de Coquena y de Collamboy.

Ayer, al norte de Jujuy, la policía local ya había intentado avanzar con el desalojo de manifestantes que se encontraban reclamando con un corte total de la ruta nacional 9, en la localidad puneña de Abra Pampa, distante a 212 kilómetros de la capital provincial.

Las personas, en su mayoría docentes e integrantes de comunidades indígenas, replicaron mediante imágenes el enfrentamiento producido, tras el cual no abandonaron el reclamo, pero decidieron abrir el paso cada hora.

«Nos quedamos para que se sienta el reclamo en toda la provincia y el país, no podemos permitir el atropello de las autoridades del Gobierno contra el pueblo», expresaron colectivos indígenas de la Puna jujeña.

Otro de los cortes de ruta se registra desde ayer en la ciudad fronteriza de La Quiaca, sobre la ruta nacional 9, por parte también de comunidades originarias e integrantes de distintos espacios.

Pese a intimaciones para abandonar la medida y una sostenida presencia policial, que generó momentos de tensión, en el lugar no se reportaron otros incidentes hasta el momento.

Tiempo

Un presunto “motochorro” de 16 años fue asesinado de un disparo en el cara cuando aparentemente intentaba asaltar, junto a un cómplice, a un policía que se encontraba vestido de civil en la localidad bonaerense de Luis Guillón. Debajo del cuerpo de la víctima encontraron la réplica de un arma.

Los efectivos de la comisaría 2da. llegaron este sábado a la escena del crimen, en el cruce de las calles Sardi y Almafuerte del sur del conurbano, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un enfrentamiento armado.

En el lugar los investigadores pudieron entrevistarse con un hombre de 55 años, quien aseguró que unos momentos antes habían tratado de asaltarlo dos personas que circulaban en moto.

De acuerdo a su testimonio, al que accedió y difundió Télam, uno de los ladrones se bajó de la moto y amenazó con un revólver a la víctima, que se identificó entonces como policía, sacó su arma reglamentaria y disparó dos veces.

Uno de los delincuentes logró escapar rápidamente del lugar mientras que su cómplice cayó herido a los pocos metros y murió poco después. Tenía una herida de arma de fuego en la cara a la altura de la nariz y, debajo del cuerpo, tenía una pistola tipo replica de color plateada. En tanto, la víctima del intento de robo se encontraba ileso y los efectivos incautaron el arma reglamentaria y dos vainas servidas calibre 9 milímetros.

En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 del Departamento Judicial de Lomas Zamora, quien solicitó la presencia de Médico de Policía y Policía científica para que realicen las pericias correspondientes.

Otro caso similar

En marzo, un motochorro de 19 años murió tras tirotearse con un gendarme al que había intentado robarle la moto junto a su cómplice. El otro delincuente, un joven de 20 años, resultó gravemente herido tras el enfrentamiento armado ocurrido en la localidad bonaerense de El Jagüel, municipio de Esteban Echeverría.

El hecho ocurrió en la esquina de Entre Ríos y Miguel Ángel. Un sargento ayudante de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), que trabajaba como chofer en el municipio de Ezeiza, fue sorprendido por dos jóvenes que se movilizaban en una moto sin patente y, al ser amenazado a punta de pistola, sacó su arma reglamentaria y respondió.

TN